Por Alejandro Bercovich
Al frente de una cartera de más de U$S 12.000 millones, sin simpatía alguna por el peronismo y con el antecedente de haber sido holdout, como el buitre Paul Singer, Zimermann concluyó que todos los planes de la oposición partían del mismo punto: un salto inflacionario de magnitud, una corrida cambiaria y una megadevaluación. Un horizonte repelente para cualquier potencial comprador que curiosea en el cajón de saldos de un país ya devaluado en un año electoral.
Así como la financista no preveía tal apocalipsis hasta que habló con los consultores de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el banco Morgan Stanley publicó el 1º de febrero un informe sobre Argentina titulado “arrastrándose a través de una sequía severa”, donde el equipo al mando de Fernando Sedano estimó pérdidas por unos U$S 5.000 millones por la falta de lluvias y un crecimiento menor al esperado (0,3% en vez del 0,8% previo), pero pronosticó a la vez una suba del 20% en dólares de las acciones hasta fin de año y recomendó comprar bonos de la deuda, especialmente el GD35.
El comunicado de este lunes donde la conducción de Juntos por el Cambio advirtió sobre “una bomba de tiempo al próximo Gobierno” por la deuda en pesos “ajustada en dólares con tasas de interés imposibles de pagar o en dólares a tasas usurarias” puso a la intemperie el corazón de la estrategia opositora: apurar un estallido que consideran inexorable para que el mercado haga un ajuste (otro más) que también juzgan inevitable.
La profecía se convierte en autocumplida: una oposición con buenas chances de ganar que advierte que no podrá afrontar la deuda en pesos “adelanta” esa crisis porque nadie querrá prestarle al Estado a plazos que superen el recambio presidencial y porque, incluso para hacerlo por menos tiempo, le exigirán una tasa de interés mayor.
Es exactamente lo que viene ocurriendo desde que, en junio del año pasado, los mismos economistas empezaron a decir en privado lo que ahora se hizo público. Las dudas que sembró la oposición sobre el tramo de la deuda más manejable (en moneda local y la mitad intra-estatal) se combinaron con la traumática eyección de Martín Guzmán y con el endurecimiento de las condiciones del Fondo Monetario para renovar el tramo menos manejable. Todo eso empujó al Banco Central a subir su tasa efectiva anual del 65% al 107%.
Pero más allá de la autoridad moral de quienes integraron la administración que devolvió al país al redil del FMI para hablar de deuda, de herencias y de tasas impagables, el comunicado del lunes introdujo una cuña entre Juntos por el Cambio y el establishment. Algo lógico porque la “bomba” que parecen querer detonar los dirigentes opositores amenaza con explotarles en la cara a los dueños de las empresas y especialmente de los bancos.
Según estimaciones de la consultora Eco Go, el sector privado local tiene en su poder un 35% de la deuda en pesos, por unos 7 billones. No son solo los depósitos de los ahorristas sino el capital de trabajo de las empresas y de cualquiera que procure colocar sus pesos a rendimiento para que la inflación no le coma un 5% mensual.
Golpes y golpes
El malestar con el texto cruzó por eso la grieta. “Esto puede redefinir el balance de cualquier compañía”, gruñó ante BAE Negocios un cotizado consultor privado que casi no durmió entre el lunes y el martes para contener a sus clientes. Analistas de agencias internacionales como Fitch y Moodys quemaron los teléfonos de sus interlocutores oficiales para pedirles precisiones sin ocultar su incomodidad.
La cuestión se coló incluso en las reuniones reservadas que toda la semana mantuvieron Sergio Chodos, Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein con los enviados del FMI que llegaron al país para autorizar o no el próximo desembolso trimestral.
La detonación, para peor, llegó justo cuando amainaba la interna oficial. Massa se ocupó de girarle a Axel Kicillof los borradores de todas sus últimas medidas, que el gobernador analizó en varios encuentros con Cristina Kirchner. Entre los tres contuvieron a quienes querían prolongar la pataleta de Wado De Pedro contra Alberto Fernández.
Todos se desconfían – Kicillof le ha dicho alguna vez a Massa que “todavía está en probation” – pero las hostilidades cesaron. La sintonía es tal que el creativo Lisandro Cleri, mano derecha de Massa para temas financieros, habla casi a diario con Kicillof o con su ministro de Finanzas, Pablo “Bati” López.
La zancadilla opositora fue tan burda que la repudió incluso el historiador Pablo Gerchunoff, miembro del equipo económico de Raúl Alfonsín y luego del de Fernando de la Rúa. “No entiendo cómo radicales que vivieron la campaña de Menem y Cavallo en 1988 y 1989 terminaron firmando el comunicado bombástico de la mesa política de JxC”, escribió en Twitter.
Aludía al “golpe de mercado” que denunciaron sus correligionarios en aquella transición, mientras el austral se derretía. El gobernador correntino Gustavo Valdés, radical también y firmante del manifiesto, lo ninguneó: pocas horas después dobló la apuesta y dijo que la deuda en pesos “no es una bomba sino una bomba atómica”.
Massa evitó confrontar abiertamente pero delegó la respuesta en Rubinstein, su funcionario más cercano a la City. El que se mantuvo en silencio fue el propio Presidente, dueño ya de pocos resortes de poder en el Frente de Todos. Si bien su flamante jefe de asesores Antonio Aracre le advirtió por Twitter a Hernán Lacunza que “no se juega con fuego si no querés quemarte”, la orden que bajó rápidamente de la Rosada fue guardar silencio. “Hay que buscar puentes. No los podemos tener de culo todo el tiempo”, sintetizó otro de sus hombres de confianza.
Además de Lacunza, en la reunión de la cúpula de JxC el lunes estuvieron Eduardo Levy Yeyati y Luciano Laspina. Uno de los empresarios indignados con el comunicado hizo notar a BAE Negocios que Carlos Melconian no comparte ese diagnóstico tremendista ni la perspectiva de fogonear el caos y que por eso no había ido.
Cerca suyo dijeron que el exjefe del Banco Nación no asiste a esos encuentros por su rol como jefe de la Fundación Mediterránea: “Nosotros podemos juntarnos con todos pero no podemos ser partidarios. Nos juntamos con Cristina, con Patricia, con Mauricio, pero lo hacemos siempre desde la Fundación”. Creer o reventar.
La ucronía de Ceilán
Mientras tanto, a 15 mil kilómetros de Buenos Aires, el gobierno de Sri Lanka acaba de tejer un acuerdo con sus acreedores bilaterales para que apoyen un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, pero con 10 años de gracia y 15 para saldar su deuda con el organismo. La isla en el Océano Índico, con la mitad de la población de Argentina, entró en default y está al borde de otro desde el año pasado. La pandemia y una crisis con su principal cultivo (el té) pusieron a su economía contra las cuerdas. La inflación llegó al 80% en septiembre y hubo saqueos por la disparada de los alimentos.
Ante la perspectiva de un ajuste que la hundiría todavía más, el gobierno de Sri Lanka optó por involucrar a los países a los que les debe y consiguió algo inédito: que sean sus garantes ante el FMI.
“Hungría, Arabia Saudita e India, entre otros miembros del Club de París, continúan esperando trabajar juntos junto con todos los acreedores bilaterales y comprometerse con otras partes interesadas clave para proceder con una reestructuración de deuda lo antes posible”, escribió el martes el grupo informal de acreedores que integraron esos tres países.
Es lo que proponía a fines de 2021 Daniel Kostzer, veterano exdirector por Argentina en el Banco Mundial: negociar el repago de U$S 22.000 millones, lo máximo que le permitía al FMI su estatuto prestarle al país en 2018, y que el resto se discutiera con el G-7 o con los países más poderosos del mundo de manera bilateral.
La idea era mostrar vocación de pago y politizar a la vez la porción contenciosa, la que hace inviable de verdad la deuda argentina. Le respondieron que nunca había pasado. Quizá era cuestión de insistir.
