Olivares remarcó que el objetivo central de esta articulación es poder “materializar judicialmente aquellos procesos que se ponen en marcha, tanto para detener los desmontes ilegales tanto como para exigir a los responsables la restauración de los bosques que se afectan”.
Reconoció que hubo un importante avance en las tareas que se coordinan con la Fiscalía de Estado. “Para nosotros, el trabajo que está haciendo el Dr. (Roberto) Harlein junto con su equipo es importantísimo. Y establecimos un nuevo procedimiento para la exigencia judicial de aquellos infractores que no cumplen con sus sanciones pecuniarias, de dinero que tienen que pagar por haber cometidos las infracciones. Hemos avanzado muchísimo y tuvimos un año récord de recaudación, tanto en sede administrativa como los que provengan de acuerdos extrajudiciales o forman parte de la ejecución judicial. Pero sí nos vimos en la necesidad de dar un paso más para mejorar en la restauración”.
En ese sentido, explicó que la legislación, en materia de restauración del bosque que se destruye, es clara y son pasibles de recibir una sanción pecuniaria quienes destruyen, “y deben restaurar los bosques que se afectan”. “En el artículo 1 se aplica la sanción económica y en el artículo 2 se exige la restauración”. “Ya tenemos una experiencia muy positiva en lo que es la sanción económica, pero nos faltaba el elemento más importante que es la restauración de los bosques nativos”, aseguró.
“Nosotros no podemos permitir sustituir la obligación de restaurar por una obligación económica porque la ley exige que se reponga el bosque afectado. Por eso es importante la articulación con la Fiscalía y que nos haya recibido el procurador General, Jorge Canteros, para articular este mecanismo a través de la justicia penal”, sostuvo.
El mecanismo implica intimar al responsable a que presente un plan de restauración, con un profesional, dependiendo del daño y el lugar en la provincia en el que se haya realizado el desmonte ilegal.
