Con la participación de 50 investigadores e investigadoras de todo el país, durante tres meses se realizaron encuestas que estuvieron disponibles a través de http://censodiversidad.ar/, donde ahora se pueden ver los resultados preliminares. El doctor en Comunicación señaló que la utilidad y la importancia que tiene este trabajo: “es la primera vez que se tienen números de estas características, de forma confiable y federal”.
El responsable del nodo NEA precisó que los resultados respaldaron las hipótesis iniciales sobre cómo la vulneración de derechos de esta población está relacionada con situaciones de discriminación y violencia, sobre todo para quienes se reconocen como trans/travestis. “Este trabajo justamente lo que busca es generar información certera para poder empezar a orientar políticas públicas específicas a atender a estos sectores, que por determinadas características no están pudiendo avanzar en sus trayectorias de vida”.
En lo que respecta al acceso al empleo, en diálogo con la 99.7 Silva detalló que “las personas trans tienen el doble de tasa de desocupación que las personas cis, aquellas que se identifican en con el sexo biológico asignado al nacer. Y ahí es donde encontramos respuesta a la pregunta de por qué tiene que haber una ley de cupo laboral trans”. Dicha normativa, Ley N° 27.636, establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población.
Otro dato que arrojan los resultados preliminares del estudio es que “4 de cada 10 mujeres o feminidades trans reportan haber sido desestimadas o despedidas de un trabajo por su identidad de género; entre varones y masculinidades trans el porcentaje es cercano al 30%. Por otra parte, más del 30% de las personas trans señalan haber recibido trato desigual respecto a beneficios, cargas o prestaciones laborales o ascensos a lo largo del último año”.
En el ámbito educativo, el relevamiento dio que “entre quienes asisten actualmente a un establecimiento educativo, un 16,7% señaló haber sido agredida o discriminada por profesores, directivos o personal de esta institución, mientras que un 20% vivió situaciones de agresión o discriminación por parte de compañeros de estudio”. El profesor adjunto en la UNNE explicó que “estos números son considerablemente más altos para varones y masculinidades trans, feminidades o mujeres travesti-trans y para no binaries”.
Silva enfatizó que estos índices desfavorables para la comunidad travesti/trans se repiten en el plano de la salud: “Cuando uno accede a un mayor nivel formativo puede aspirar a tener un trabajo en mejores condiciones, estar en blanco y tener una cobertura de salud. Cuando cruzamos los datos, vemos que las feminidades trans son aquellas a las que no permiten atravesar toda la trayectoria dentro del sistema educativo; por ende, también dependen casi de forma exclusiva del sistema de salud público”.
Así se refleja en el informe: “casi 20% de las personas encuestadas señalaron haber tenido una mala atención o sufrir maltratos por su identidad de género u orientación sexual en un centro de salud o por parte de profesionales de salud. Como ocurre con otros indicadores de discriminación y agresiones evaluados, las personas trans (sobre todo varones trans) y no binaries, reportan porcentajes que representan el doble de estas situaciones”.
En relación a la salud mental, se presentan niveles muy altos de estrés, depresión y angustia, miedo o ansiedad. La mitad de quienes respondieron la encuesta afirmaron que tuvieron depresión en el último año, alcanzando a uno de cada siete varones y masculinidades trans. Ellos son quienes también mayormente reportan angustia, miedo o ansiedad, con 88,6%, siendo los gays quienes presentan el menor valor, que de todas formas es muy alto (80,5%).
Discursos de odio y deudas pendientes
A 13 años del Matrimonio Igualitario y 11 años de la Ley de Identidad de Género, que han posicionado al país en la vanguardia en reconocimiento de derechos en América Latina, Silva alertó sobre el avance de discursos de odio sobre la población LGBT+ en el contexto electoralista; motivo por el cual consideró que “ningún derecho está ganado de forma definitiva”, y enfatizó en que las desigualdades por motivos de orientación sexual y de género se dan por motivos estructurales.
“Hay una candidata a vicepresidenta que dice que con la unión civil la equiparación de derechos estaba saldada; pero claramente no, porque construía una institución de segunda para un sector poblacional que ya venía históricamente siendo considerado de segunda”, señaló Silva. El investigador destacó que parte del proceso de este estudio también dio lugar a realizar entrevistas dónde se consultó a las personas qué consideraban que hacía falta con respecto a las políticas públicas vigentes y la respuesta general fue la expectativa de que las leyes tengan una aplicación efectiva.
“Cuando una mayoría está en condiciones de decidir sobre las minorías el Estado debe protegerlas, porque están en una situación de vulnerabilidad y por ende necesitan una atención específica. Uno puede decir que tal vez no importa el proyecto privado de otro, pero si no se generan condiciones más amistosas que empiecen a poner también en jaque el privilegio de personas heterosexuales que acceden a mejores puestos de trabajo, a mejores espacios en la educación, estos corrimientos siempre se van a ir cortando por lo más fino del hilo y generalmente es para aquellas personas que desde pequeñas vienen siendo violentadas”, recordó.
El doctor Silva forma parte de la Carrera de Profesional y Técnico de Apoyo de CONICET, como Técnico Asistente. Participa de proyectos de investigación con interés en el análisis de producciones audiovisuales de carácter regional y nacional en tormo a problemáticas de género, diversidades sexo–genéricas, feminismos y teoría queer. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales sobre análisis audiovisual de series documentales sobre diversidad sexo–genérico–identitaria.
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