Urturi: “Lo más sano sería que este DNU caiga, se retire y se debata verdaderamente en el Parlamento como se debe”

Ricardo Urturi, titular de la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco, visitó los estudios de CIUDAD TV y habló de la agenda trazada con el gobernador Leandro Zdero y su gabinete. Además, tras la reunión del Consejo Profesional de Abogados donde inició un trabajo de desglose del DNU 70-2023, sentó posición al respecto, al tiempo que explicó el procedimiento legal de este tipo de instrumentos. “Vemos con preocupación cuestiones regresivas en derechos al consumo, laborales, de las mujeres como la maternidad”, afirmó.

En relación al trabajo con el Estado, recordó que durante la campaña, el mandatario provincial había mantenido un encuentro con el sector en el marco de una reunión mensual de la FEPUCH y se comprometió a una articulación ser electo gobernador del Chaco.

La federación está integrada de 20 colegios y consejos profesionales de toda la provincia. “Varios de los colegios que lo integran como bioquímicos y farmacéuticos, psicólogos y odontólogos, ya empezaron a trabajar ni bien asumido el gobierno porque tenían un problema de cobro y nos reunimos con la presidenta del InSSSeP, Irene Dumrauf, e iniciamos los trámites para regularizar y parte de eso tratamos también este miércoles y ya fue cancelado lo que quedaba de deuda por InSSSeP”, detalló.

Con el ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Gómez, encararon cuestiones atinentes a lo registral: Castro, Inmueble, “que funcionan muy mal, de una manera muy deficiente porque si no están de paro igual no trabajan, hay un problema muy serio que lamentablemente en el anterior gobierno no se pudo solucionar. Y esto motivó que nos reunamos nuevamente y aportemos algunas ideas y el compromiso con la mesa de trabajo con las profesiones que tienen injerencia yen todo lo registral, que son agrimensores, arquitectos, escribanos, contadores, ingenieros y abogados”.

Comentó que la reunión del miércoles, de la que participaron la titular del InSSSeP, la vicegobernadora, el ministro de Hacienda, también llevó a que desde el Consejo de Ciencias Económicas se proponga una colaboración “con las auditorías que se están iniciando ahora respecto del Estado en que quedó la provincia”.

Otro punto de agenda es el de avanzar con “problemas que detectamos con operadores que se traducen a nuestros clientes y que implican eventualmente ingresos para la provincia. En el caso de Catastro, por ejemplo, el no funcionamiento implica que no se pueda hacer un plano o una escritura o una inversión inmobiliaria. Y es pérdida de impuesto para la provincia”.

Dijo que en el mismo sentido, buscarán trazar una agenda conjunta con la Municipalidad de Resistencia.

Otros cuatro colegios se reunión en los próximos días con la ministra de Educación, psicopedagogos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales, “por problemas vinculados a tecnicaturas”.

“Queremos que se siga con esta agenda de trabajo y la idea que nos planteó el gobernador es que nos volvamos a reunir, que trabajemos coordinadamente de los ministros bajo la órbita del Jefe de Gabinete y, seguramente, en 2024 continuaremos con estas reuniones”, sostuvo y recalcó: “No todos fueron pedidos, también llevamos soluciones”.

El DNU de Milei: “Entendemos que no es la forma de legislar”

Consultado sobre el paquete de medidas que se engloban en el DNU 70-2023, rubricado el último miércoles, recordó que se encuentra reglamentado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional como herramienta, “pero establece que se tiene que dar situaciones de necesidad de urgencia para que el Presidente pueda legislar con acuerdo general de todos sus ministros, estableciéndose un procedimiento que se hizo por ley durante la presidencia de Kirchner”.

“Entendemos que no es la forma de legislar. En lo particular, creo que el único DNU que verdaderamente respetó estas cuestiones de necesidad y urgencia fue el primer decreto del Presidente Fernández cuando estábamos en pandemia, porque el Parlamento no podía sesionar”, consideró.

El DNU debe pasar por la comisión bicameral del Congreso que tiene 10 días hábiles para emitir dictamen, que puede hacerlo o no y que no es vinculante. De ahí, a ambas Cámaras. Si una de las Cámaras lo aprueba se convierte en ley, “si no la rechazan continúa la vigencia del DNU que es lo que lamentablemente viene pasando con los más de 700 DNU que se han dictado en las últimas presidencias. Nunca fueron rechazados y muchos ni siquiera se trataron”. “Y así, la única forma de que el DNU caiga es que sea declarado inconstitucional por un juez, pero debe llegar luego hasta la Corte Suprema”, apuntó.

Comentó que en la jornada del jueves, mantuvieron una reunión como Consejo Profesional de Abogados para desglosar este instrumento. “ES un DNU gigantesco, no hay antecedentes. Es un paquete de leyes y vendrán sus decretos reglamentarios y probablemente otras leyes”. “El tema es que lo que corresponde constitucionalmente y hace a la República es que se debata en el Congreso. Es el Parlamento el lugar para discutir las leyes. Por eso es una concesión excepcional que se le da al Ejecutivo para ciertas circunstancias como puede ser (a modo de ejemplo) que se rompa el Yacyretá y haya que tomar una medida rápida porque no se puede esperar al Congreso”.

“Nadie discute que el presidente Milei tiene un respaldo y una legitimidad por los resultados electorales, pero esa legitimidad no implica un cheque en blanco”.

“Vemos con preocupación muchas cuestiones regresivas en derechos al consumo, laborales, de las mujeres como es el tema de maternidad, sostuvo.

“Lo que ha cercenado, por ejemplo, en derechos laborales, ameritará que el abogado que interponga, por ejemplo, una demanda por despido, plantee la inconstitucionalidad del DNU y será en definitiva un juez quien lo resuelva. Lo más sano sería que este DNU caiga, se retire y se debata verdaderamente en el Parlamento que es donde debe debatirse”, afirmó.

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