Pese a que el propio gobierno nacional aseguró que habría “contención para los caídos” del programa de ajuste fiscal y estanflación (recesión con inflación) planteado desde el inicio de la gestión, los recortes implementados en los primeros cien días de mandato agravaron desigualdades estructurales y profundizaron la pobreza extrema. De esa manera, un informe advirtió que, de continuar las políticas actuales sin ningún cambio, la pobreza infantil escalará al 70% en este primer trimestre de gobierno al tiempo que el país estará frente a una “crisis profunda” con repercusiones no solo en el corto plazo sino sostenida a lo largo de generaciones, y cada vez má difícil de revertir: en los últimos 40 años nunca se logró romper el piso del 30% de pobreza en este vulnerable grupo poblacional.
Según datos de UNICEF, de darse estos valores, la pobreza monetaria total habría crecido 15 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del 2023, mientras que la indigencia lo habría hecho en 21 puntos. Todo ello en un marco atravesado por fuertes recortes en el presupuesto público, con partidas con nula o muy poca ejecución, que hacen que las niñas y niños de Argentina estén entre quienes más sufren el modelo en marcha. Por ejemplo, con datos a febrero, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar apenas llegaron a representar el 40% de una Canasta Básica Alimentaria y el 20% de la Canasta Básica Total, para una sola persona, en un contexto de desregulación de precios en alimentos, medicamentos, transporte y alquileres a través del DNU 70/2023 que aún sigue vigente, y con una canasta de costos de crianza que midió -al menos- cinco puntos por arriba de la inflación.
Especialistas consultadas por ese medio señalaron que las consecuencias sobre la calidad de vida de millones de personas no son fáciles de revertir en lo inmediato a la par que destacaron que “existen otras formas” de ordenar las cuentas públicas siguiendo el objetivo planteado por el Ejecutivo, que pasan por “reducir gastos en privilegios injustificados, en lugar de recortar a las poblaciones más vulnerables”.
Ajuste en partidas para los hogares
Nuestro país enfrenta un problema estructural de pobreza infantil: “En los últimos 40 años nunca se perforó el piso del 30% de pobreza monetaria en niñez”, destacó un informe reciente sobre las desigualdades y brechas que se sostienen en el tiempo, pero respecto de las que las acciones y políticas de gobierno pueden tender a sostener, profundizar o reducir. De hecho, esta problemática está directamente vinculada con el modelo que desde la dictadura cívico-militar del ’76 se sostiene, con sus variantes, en la economía argentina, con foco en la valorización financiera del excedente por sobre el impulso de las actividades productivas, y que ha generado en las últimas décadas estancamiento, contracción de la producción industrial, desinversión y salarios de mínima subsistencia, a la par que crecen la pobreza y la indigencia de la sociedad.
Respecto de la situación actual, se advirtió que, en este primer trimestre de 2024 Argentina registró un fuerte incremento de la pobreza e indigencia infantil (tocarían un máximo del 70% y 35%, en cada caso) a la par que se redujo considerablemente el presupuesto nacional destinado a esa población (-75%), según advirtió una serie de documentos presentados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF. En detalle, se explicó que la pobreza monetaria (no llegar a cubrir la canasta básica de bienes y servicios – CBT) afectaba a fines del 2023 al 57% de las niñas y niños, lo que equivale a 7,1 millones, e incluso hay situaciones más extremas en hogares con menor nivel educativo (83%), en hogares monomarentales (68%) y cuando se trata de barrios populares (84%). Por su parte, la indigencia infantil aumentó al 14,3% en el primer semestre de 2023, lo que equivale a 1,8 millones de niños, y el escenario se agudizó a finales del año pasado hasta alcanzar al 19,4% de la población infantil (630 mil niños vivían en hogares que no cubren la canasta alimentaria -CBA).
Considerando esos datos, los actuales recortes presupuestarios y a partir de estimaciones macroeconómicas (evolución de salarios e ingresos, valores de la CBA y CBT, proyecciones de la inflación del Banco Central) el documento al que accedió este medio alertó que “de mantenerse las tendencias actuales, la pobreza total ascendería en el primer trimestre de 2024 al 71% y la indigencia a un 34%. En términos poblacionales, implicaría que 8,8 millones de chicas y chicos serían pobres y 4,3, indigentes”. En ese mismo sentido se advirtió también que “se estaría frente a una crisis profunda con grandes repercusiones en el bienestar no sólo actual sino también de largo plazo, a través de la denominada transmisión intergeneracional de la pobreza”.
Un aspecto no menor es que “en el último año, subió más de 6 puntos la pobreza entre las chicas y chicos que viven en hogares liderados por asalariados formales”. Esto quiere decir que aún en familias con trabajo registrado resulta difícil hacer frente a las crecientes situaciones de pobreza. Se trata del fenómeno conocido como “trabajadores pobres” mencionado en el último panorama regional que presenta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a trabajadores que aún teniendo empleo con derechos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos y servicios, debido a “la aceleración inflacionaria y a su impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios”. Tal como lo muestra el gráfico más abajo, elaborado por la consultora Empiria, la evolución de un salario promedio registrado está por debajo del valor de la Canasta Básica Total para un grupo familiar de dos adultos y dos menores. A su vez, hay que considerar el permanente incremento de la brecha de pobreza entre los hogares formales y los informales, que creció 7 puntos en el período analizado. “La pobreza monetaria es altamente sensible a los movimientos del ciclo económico: aumenta en épocas de crisis y de recesión y se reduce durante las recuperaciones. Esta dependencia opera fundamentalmente a través del mercado de trabajo, dado que el salario es la principal fuente de ingresos de la población”, señalaron desde UNICEF.
En tal panorama, se analizó qué sucede con las partidas del presupuesto nacional para hacer frente a dichas situaciones. Al respecto, se indicó que el presupuesto destinado a niñez mostró una caída del 75% real (considerando impacto de la inflación) en el periodo 2024-2023. En detalle, el presupuesto para las infancias y adolescencias, prorrogado del 2023, asigna un total anual de $3,66 billones, lo que considerando las proyecciones de inflación para este año (ascienden a 308,7% en su medición promedio anual), implica una reducción que equivale a1,37 puntos del PBI, y que se suma a la caída de 17% en términos reales en 2023 con respecto a 2022 (-0,35 puntos del PBI) y del 1,8% en términos reales en 2022 (-0,1 punto PBI). “Algunas partidas presentan niveles de ejecución nulos o casi nulos como es el caso de Comedores escolares, Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, Apoyo para Construcción de CDI, Gestión educativa y políticas socioeducativas, Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantes, Conectar Igualdad, Transferencias al Hospital Garrahan, Acciones de Nutrición – Programa Mil Días”, detallaron y agregaron que “de no ampliarse las partidas presupuestarias implicará el incumplimiento a la Ley de Protección integral (Ley Nº 26.061), que en su Artículo 72 establece la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores”.
Por su lado, en cuanto a los programas sociales, se informó que la Asignación Universal por Hijo y la Prestación Alimentar “muestran niveles de ejecución elevados para el momento del año debido a que los montos previstos en el presupuesto actual no son suficientes para hacer frente a las necesidades de financiamiento que se requieren para dar cobertura a las familias a lo largo de todo el año”. En particular, devengaron alrededor del 20% de su presupuesto anual en el primer mes del año por “la necesidad de financiar los aumentos de 100% y 50% en el valor de las prestaciones que se implementaron en enero de 2024”. Sin embargo, durante los últimos años, la capacidad de compra de ambas prestaciones evidencia una significativa caída producto de la aceleración inflacionaria y actualizaciones por debajo del ritmo de los precios.
En la actualidad, la AUH representa apenas el 40% de la Canasta Básica Alimentaria y el 20% de la Canasta Básica Total para una sola persona: “hacia finales de febrero 2024 se anunció el aumento previsto por la fórmula de movilidad vigente, equivalente a un 27,2%, muy por debajo de la inflación prevista para este período, que rondaría el 65% en el acumulado enero – marzo 2024. Es decir, si los montos de la AUH no se actualizan al ritmo de la inflación, el poder adquisitivo de la prestación continuará decreciendo, volviendo a valores inferiores respecto a diciembre 2023”, se subrayó en los informes. Por su parte la Prestación Alimentar, que no está vinculad a actualizaciones automáticas sino a las decisiones del Ejecutivo, en diciembre 2023 el monto resultó un 56% más bajo que cuando se inició el programa en diciembre 2019, y pese a la suba por decreto de enero hoy solamente cubre el 17% de la CBT y el 35% de la CBA. Para comprender el impacto de estas políticas al interior de los hogares, se mencionó que “si no existieran estas políticas de transferencia de ingresos, los niveles de pobreza en hogares con niños serían 2 puntos porcentuales más elevados y, en el caso de la indigencia el impacto sería aún mayor, subiendo casi 9 puntos” En otras palabras, “implicaría sumar alrededor de 270 mil niñas y niños adicionales en la pobreza y más de 1 millón pasarían a ser indigentes”.
En la misma sintonía, una investigación reciente realizada por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) sobre las brechas de género y el impacto del presupuesto ejecutado en el primer bimestre del 2024 en relación con igual lapso del 2023, destacó que “el gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad fue un 33% más bajo que el año pasado”. Puntualmente, se produjo una fuerte caída en la ejecución de los programas del sistema previsional: cayó 45,5% lo destinado a Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y 38,5% para Moratorias. Según datos de ANSES, 6 de cada 10 mujeres que están jubiladas, lo hicieron a través de la moratoria, al tratarse sobre todo de mujeres que dedicaron gran parte de su vida a tareas de cuidado no remunerado o trabajaron en el sector informal.
“En un contexto donde se agrava la crisis económica, con aceleración de la inflación y caída del poder adquisitivo del salario, ni siquiera hubo un aumento real del presupuesto de aquellos programas que el gobierno identificó como claves para paliar las consecuencias de las políticas económicas”, advirtieron las organizaciones y coincidieron en que la AUH cayó un 4% y la Prestación Alimentar no varió. “Es un círculo vicioso: un contexto de crisis exacerbada que se profundizó en los últimos meses de la mano de una retirada de la inversión del Estado, y se deja a gran parte de la sociedad sin protección en el momento en que más lo necesita. Cuando empezamos el análisis no esperábamos encontrarnos con recortes de esta magnitud y en todas las ramas, desde violencia de género hasta jubilaciones, infancias e infraestructura del cuidado” explicó Malena Vivanco integrante del programa Justicia Fiscal de ACIJ en diálogo con El Destape. Además, la economista señaló que el 95% de quienes cobran la AUH son mujeres por lo que la prestación favorece su autonomía económica y el reconocimiento de las tareas de cuidado que ya realizan.
En directa vinculación, también observaron significativas bajas en las políticas destinadas a fortalecer los ingresos laborales. El programa Potenciar Trabajo (hoy modificado en dos programas diferentes) tuvo una reducción del presupuesto ejecutado del 71%, y dos tercios de las personas beneficiarias son mujeres jefas de hogar. Asimismo, el programa Registradas diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares fue eliminado y también se redujeron los recursos para el Programa de asistencia económica Acompañar en un 69% en el bimestre. Desde su inicio en 2021, accedieron al programa 352.000 mujeres de todo el país y según una investigación de ELA, invirtieron los modestos recursos ofrecidos para acceder a una vivienda segura, retomar sus estudios, empezar capacitaciones técnicas e invertir en emprendimientos para su sostenimiento.
“En un contexto donde cada vez es más difícil encontrar trabajo, se suma un Estado que no está destinando inversión ni para atender a mujeres que sufren violencia de género, ni para acompañar una mayor autonomía económica necesaria para salir de esas situaciones, ni para infraestructura del cuidado, y allí lo que termina pasando es que recae más en las mujeres e incluso en las niñas, sostener los cuidados, agregó Vivanco. Mientras el jefe de Estado, Javier Milei, desconoció en declaraciones televisivas el rol de los cuidados y la crianza para el sostenimiento de la economía (datos oficiales muestran que este sector es el que más aporta al PBI: 16,8%), al mencionar que su madre, trabajadora ama de casa, debería ganar una menor jubilación que su papá porque “ella no trabajó y él sí”, la entrevistada aclaró que “las mujeres no solo no encuentran trabajo, sino que al tener que ocuparse de esas tareas tienen menos disponibilidad para ir a buscarlo, para formarse, para estudiar, para terminar sus estudios”, y sumó que las condiciones se agravan en familias sostenidas por mujeres y con hijos a cargo que “son las que más sufren la crisis, porque están más que sobre representadas en los deciles más bajos de ingresos”.
El costo de criar
El Indec publica mensualmente el costo de la canasta de crianza (incluye costo de bienes y servicios y valorización del tiempo de cuidado) para niñas, niños y adolescentes. Los últimos datos de febrero de este año dan cuenta de subas mensuales por arriba de la inflación de ese mes y un incremento acumulado desde noviembre que, con la desregulación de precios mediante, supera en más de $100.000 los valores de un año atrás. Así, el costo de crianza de un niño menor de un año fue de $247.322, lo que implica una suba mensual de 18,6% (la inflación fue de 13,2% ese mes) y un valor 37% por arriba de un salario mínimo que se ubica en $180.000. A su vez, para infantes de 1 a 3 años la canasta se ubicó en $294.266, un alza mensual de 18,5% que lo pone 64% arriba de un ingreso mínimo, para la franja de 4 y 5 años la canasta es de $249.458 (+17,8% mensual y +39% que el mínimo) y en el caso del lapso de 6 a 12 años, el costo escala a $313.672 (+17,8% mensual, y 74% más que el mínimo).
A este escenario de suba acelerada de precios para la subsistencia cotidiana, se suma un aspecto que también explica por qué los hogares monomarentales tienen mayores tasas de pobreza infantil y se ven más afectados por el ajuste en políticas sociales y de ingresos: el incumplimiento de la cuota alimentaria por parte de los progenitores. Al menos 1.600.000 mujeres están a cargo de hogares con niños en nuestro país, de los cuales solamente dos de cada cinco reciben la obligación alimentaria en tiempo y forma, en tanto que el 92% de los hogares monoparentales a cargo de mujeres están bajo la línea de pobreza e indigencia. Estas mujeres trabajan cerca de 30 puntos más que los varones, ganan un 25% menos y sufren mayor informalidad laboral. Se suma que el 60% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% usa ese crédito para comprar comida o medicamentos, según la CEPAL.
La desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado se agrava con el déficit de servicios públicos para atender el cuidado de las infancias, a las personas mayores y para cubrir la falta de apoyos a las personas con discapacidad. El informe de ACIJ dio cuenta en ese sentido que “las políticas orientadas a la infraestructura de cuidado no muestran ejecución presupuestaria en 2024. El programa de Fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria -que anteriormente dependía del Ministerio de Obras Públicas y ahora del Ministerio de Infraestructura- no ejecutó ningún recurso mientras que el programa destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ejecutó $28 millones, un 98% menos que en 2023”.
Impacto generacional y medidas necesarias
La agudización de las condiciones extremas de pobreza infantil no solo empeoran la vida la vida de millones de niños en el corto plazo, sino que tienen repercusiones de largo alcance, que son difíciles de revertir con el paso de generación en generación.
En esta coyuntura, al ser consultadas, desde ACIJ evaluaron que “hay que entender este programa de ajuste social no es la única alternativa, si partimos de la base que se plantea sobre que hay que reducir el déficit, lo cierto es que no hay una única manera de hacerlo. Se pueden consolidar los ingresos por un lado y reducir gastos por otro, no hay por qué atacar directamente a la población que más necesita y privarla de sus derechos básicos”. En la misma línea ampliaron, “pudimos relevar todo lo que implica sostener hoy los gastos tributarios, que muchos son privilegios injustificados porque implican impuestos que dejan de pagar sectores de mayores ingresos, mayores riquezas, grandes empresas, y sobre los que se podría, por ejemplo, fortalecer la recaudación, por mencionar una propuesta concreta”. De la misma manera, analizando el paquete fiscal de la “ley ómnibus”, indicaron que “mientras se propone reducción del impuesto a los Bienes Personales (a la riqueza) se quitó la devolución del IVA de productos de primera necesidad entonces pareciera que, para que las cuentas den, solo se está pensando en términos de recortar a quienes menos tienen y más necesitan”.
Por su lado, desde UNICEF consideraron que “ante la vulnerabilidad social y los elevados niveles de pobreza infantil, es importante ampliar las partidas presupuestarias de las políticas de protección de ingresos a los hogares” sumado a que “es necesario un nuevo mecanismo de actualización de las prestaciones que integre la variación de precios y replantee el esquema de las condiciones vigentes”. Se mencionó también, “maximizar los esfuerzos para priorizar el presupuesto nacional y ampliar partidas para evitar que la pobreza infantil siga creciendo, eliminar la retención del 20% mensual de la AUH establecida por la certificación, ampliar la cobertura de la Prestación Alimentar para incluir a adolescentes de 15 a 17 años y unificarla con la AUH para tender a la universalización”.
El Destape
