De manera coordinada e insensible, el Gobierno nacional llenó las dependencias públicas de policiás uniformados y de civil, gendarmes y prefectos que no permiten ingresar a lxs trabajadorxs que al llegar del fin de semana largo se enteran de que fueron despedidos o cesanteados sin siquiera haber sido notificados formalmente de ello. El único que mensaje que envió la Casa Rosada es que si hay toma de edificios, habrá represión.
En algunos organismos, como la Jefatura de Gabinete, hay hasta personal de seguridad privada que merodea los ingresos cerrados y con las persianas bajas amedrentando a quienes comenzaron a concentrarse en los alrededores.
La crueldad de los despidos
Bajo la lluvia, los empleados hacen fila con su DNI para saber si fueron despedidos o no. La lista de dependencias tomadas por las fuerzas de seguridad es larguísima: Polo Científico (Conicet, Ciencia y Tecnología, y Servicio Meteorológico), oficinas de Desarrollo Social, secretarías de Trabajo y de Derechos Humanos, Jefatura de Gabinete.
En todas se repite la misma imagen: trabajadores y trabajadoras que lloran, caminan angustiados, hacen filas para saber cuál fue su suerte, se abrazan, gritan y aplauden en asambleas repentinas.
Hay personas que tienen llaves de oficinas y dependencias internas a las que no se les permitió el ingreso. Algunos pudieron entrar, pero al llegar a sus escritorios, encendieron sus computadoras y se encontraron con que sus usuarios fueron deshabilitados.
Hoy, las oficinas del Enacom amanecieron todas cerradas y vaciadas. Las puertas de ingreso a la exESMA, el espacio de la memoria donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, son custodiadas por policías de infantería.
En el Polo Científico del barrio porteño de Palermo las fuerzas de seguridad federales que se movilizaron fueron Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. La intención es reprimir al más mínimo chispazo.
La amenaza del Gobierno
El fin de semana de feriados relativos a la religiosidad que celebra el amor al prójimo y el patriotismo por Malvinas no inspiraron al Poder Ejecutivo para reflexionar sobre su política de vaciamiento y expulsión de trabajadorxs a la calle.
Desde la Casa Rosada, el Gobierno monitorea los movimientos de los trabajadores que se congregaron frente a los lugares donde hasta la semana pasada ocupaban un puesto de trabajo.
Según informó Noticias Argentina (NA), en Balcarce 50 anticiparon que, ante la toma de oficinas, la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, con jurisdicción para intervenir, no dudarán en reprimir y se realizarán denuncias penales.
“Si están despedidos ya no es más su lugar de trabajo. Que protesten en la vereda. Mientras se respete la ley, todos tienen derecho a protestar. Ahora, si alguien comete un delito, va a haber represión. Las protestas son válidas, lo que no es válido es el delito”, dijo una fuente del Gobierno citada por esa agencia.
Uno de los que se expresó a cara descubierta fue el ministro de Defensa, Luis Petri, quien en declaraciones televisivas advirtió que “los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente”, y desafió a los gremios a “que se hagan responsables” de lo que ocurra.
Hasta el jueves pasado, la cantidad de despidos y rescisión de contratos golpeó a 7 mil trabajadores. Pero en solo seis días más, esa cifra ascendió a 11 mil, tal como lo confirmó ATE. Los empleados despedidos no solo fueron contratados durante la gestión anterior. Hay quienes estuvieron bajo esa condición hace 15 o 20 años prestando servicios, lo cual echa por tierra la argumentación oficial de que los despidos apuntan solo contra la supuesta “casta política” que esgrime el Presidente.
“Están llenando de policías las dependencias públicas”
El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, denunció públicamente que “están llenando de policías las dependencias públicas”. “No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir“, cuestionó.
Responsabilizó de ello al secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien señaló como “gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos”, el Grupo Techint.
Con esta medida, continuó, “el gobierno de Javier Milei decidió tercerizar el ajuste. Ahora la motosierra la tiene Techint. Pero les vamos a dar pelea y se la vamos a sacar”.
Los gremios estatales tenían previsto para esta mañana asambleas adentro y afuera de los edificios públicos pero, debido a la ocupación policial estatal y privada, todo parece indicar que las convocatorias se realizarán bajo la lluvia.
Fuente: Página/12
