En diálogo con CIUDAD TV, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, analizó la media sanción del proyecto que baja la imputabilidad a 14 años y advirtió sobre las graves falencias estructurales, la falta de debate y las consecuencias de legislar sin preparación:
“No podemos resolver el tema de los adultos privados de libertad y queremos introducir un nuevo factor a esta situación”, reflexionó Sotelo, quién al mismo tiempo aseguró que la decisión de bajar de edad de punibilidad “es una respuesta de tribuna para ocultar o maquillar la realidad”.
En un análisis profundo y crítico sobre la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, expresó su preocupación por la celeridad del tratamiento y la ausencia de un debate serio que contemple las complejidades de la problemática. “Este proyecto obtuvo media sanción con una amplia mayoría, 149 votos afirmativos contra 100 negativos, pero la discusión en torno a la baja de imputabilidad no es un tema nuevo. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo un intento de bajarla a 15 años”, señaló Sotelo, quien destacó que si bien se logró modificar la edad de 13 a 14 años, persisten múltiples aspectos polémicos que no fueron abordados con la profundidad necesaria.
El entrevistado identificó cuatro ejes centrales en discusión: los estándares convencionales y el derecho internacional, las condiciones estructurales de alojamiento, el personal a cargo y las penas máximas establecidas. “La Convención de los Derechos del Niño, si bien no establece una edad específica, estima que sea alrededor de los 14 años pero con diversas medidas que tienden a la reintegración y la reparación. El problema es que nuestro proyecto no contempla adecuadamente esas medidas”, explicó.
Uno de los puntos más críticos que planteó Sotelo es la falta de infraestructura adecuada para recibir a los adolescentes que eventualmente serán privados de su libertad. “En Chaco tenemos un déficit estructural que ronda el 105%, 104,9% para ser específico. Ya tenemos un sistema penitenciario colapsado con adultos y ahora queremos incorporar adolescentes”, advirtió. El proyecto prevé que el personal penitenciario estará a cargo del cuidado de estos jóvenes, con una capacitación que debería realizarse en un plazo de seis meses a partir de la reglamentación. “Primero, hay una falta de personal en el ámbito penitenciario. Segundo, la capacitación en la temática de trabajar con niños y adolescentes requiere otra lógica, otra formación. Y tercero, las condiciones estructurales son absolutamente deficitarias”, enumeró.
Sotelo fue contundente al referirse a las consecuencias de esta decisión: “No podemos resolver el tema de los adultos privados de libertad y queremos introducir un nuevo actor, un nuevo factor a esta situación. Es un error pensar que el encierro es la solución”. En este sentido, recordó que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal están atravesados por situaciones de consumo problemático y marginalidad. “Quiere decir que el Estado ya llegó tarde para cubrir las necesidades de esa persona. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta que estaríamos brindando hoy es encierro, es punitiva, cuando debería ser inclusiva y reparadora”, reflexionó.
Consultado sobre el proceso de debate legislativo, el comisionado fue crítico: “La verdad que no hubo un análisis. Este tratamiento se está dando en el marco de sesiones extraordinarias, cuando la actividad ordinaria legislativa comienza el primero de marzo. Los proyectos deberían ir a comisiones, discutirse, involucrar a diferentes actores”. Mencionó que organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes lanzaron un documento conjunto advirtiendo sobre los riesgos y consecuencias de esta modificación, pero sus advertencias no fueron escuchadas.
En cuanto a la situación actual de los adolescentes que cometen delitos graves, Sotelo explicó que interviene la Justicia Penal Juvenil y que existen medidas de internación en centros como el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas. “Allí se trata de contener a la persona, se atiende la demanda vinculada a educación, salud, formación en oficios. Se trata de dar herramientas para poder torcer ese rumbo”, describió, contrastando este enfoque con el meramente punitivista que propone la nueva ley.
Sobre los ejemplos de países vecinos como Brasil y Uruguay, que tienen edades de imputabilidad más bajas, Sotelo advirtió que las realidades son muy distintas. “La cuestión demográfica, la cantidad de habitantes, incide en la tasa de criminalidad. Cada legislación responde a las necesidades de la sociedad y la realidad local. Pero lo que vemos es que esta es una respuesta de tribuna para poder ocultar o maquillar la realidad: la falta de asistencia en cuestiones de salud, económicas, laborales. Le damos seguridad pero le quitamos derechos”, afirmó.
Finalmente, Sotelo se refirió a la imposibilidad de adecuar las instalaciones en el plazo previsto. “Las dos grandes unidades penales son las de Resistencia y Sáenz Peña. La más moderna es la de Sáenz Peña, pero la Alcaidía, que data de muchísimos años, está en una condición muy precaria y tiene riesgo de caerse encima de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario”. Mencionó que probablemente se quiera adecuar el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, pero allí surge otro inconveniente: la titularidad del predio, que pertenece al Poder Judicial y fue cedido al Estado chaqueño, y actualmente el Servicio Penitenciario solo puede custodiar el perímetro sin intervenir directamente con los adolescentes. “No es un lugar que esté preparado, hemos visto que muchos chicos se terminan escapando. No es una cárcel con seguridad máxima”, agregó.
“La salida no es mayor punibilidad, sino mayor inclusión. Poder dar herramientas para torcer la comisión de delitos y sobre todo ir al fondo de la cuestión. Acá se está trabajando con sectores muy vulnerables, sectores empobrecidos, pertenecientes a barrios populares, con situaciones de consumo problemático. Si el Estado ingresa primeramente al barrio y trabaja en estas acciones, te vas a dar cuenta de cómo se va reduciendo la tasa de criminalidad”, concluyó Sotelo.