La presentación, realizada ante la justicia federal por un socio de la entidad, apunta a determinar si existieron conductas delictivas en la operatoria de la bolsa y si la posterior difusión masiva del caso afectó negativamente a la institución, a sus socios y a la confianza pública en general.
El abogado Víctor Ruiz Díaz, en su carácter de socio de la Bolsa de Comercio del Chaco, presentó una denuncia penal solicitando el inicio de una investigación preliminar contra la entidad, sus directivos y quienes resulten responsables por posibles infracciones a la ley de mercado de capitales y por los perjuicios que habrían sufrido inversores en operaciones que fueron publicitadas como “garantizadas” y que no habrían cumplido con lo prometido.
La presentación, realizada ante la justicia federal con asiento en la provincia del Chaco, apunta a determinar si existieron conductas delictivas en la operatoria de la bolsa y si la posterior difusión masiva del caso afectó negativamente a la institución, a sus socios y a la confianza pública en general.
El denunciante solicita ser admitido como querellante particular en el proceso y fundamenta la competencia federal en el hecho de que las operaciones investigadas involucran oferta pública de valores negociables, regulada por la Ley Nacional 26.831, y porque los instrumentos de deuda operados a través de la BCCH eran luego descontados en mercados de otras plazas financieras como el Mercado Argentino de Valores de Rosario, lo que introduce un claro elemento interjurisdiccional.
La denuncia apunta contra los miembros del Consejo Directivo y la alta gerencia por la responsabilidad ilimitada y solidaria que les cabría en los hechos, así como contra quienes hubieran omitido o sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes de dirección, administración y contralor.
Como elementos de prueba, el escrito incorpora una publicación del portal Diario Chaco del 30 de enero de 2026 que da cuenta de pérdidas por alrededor de 8.000 millones de pesos y de la sospecha de que se habría ofrecido a inversores un esquema similar al denominado “Ponzi”, además del comunicado oficial emitido por la propia Bolsa de Comercio el 1 de febrero y otras publicaciones periodísticas que dieron cobertura al caso.
El denunciante ofrece como prueba testimonial la declaración de miembros del Consejo Directivo y del personal vinculado a las operatorias cuestionadas, y solicita pericias contables sobre los libros de la institución, los registros de operaciones y órdenes, y las actas del órgano decisor para determinar si las transacciones fueron registradas regularmente y si contaban con las aprobaciones correspondientes.
La denuncia plantea como hipótesis principal la posible afectación de los recaudos inherentes a la protección al inversor, la seguridad jurídica de las operatorias bursátiles, la confianza pública, la transparencia y las obligaciones de compliance previstas en la normativa vigente.
En caso de que la investigación determine la existencia de infracciones a la Ley 26.831 o a otras normas aplicables, el denunciante solicita que se proceda al encuadre jurídico preliminar de las conductas y a la elevación a juicio de las actuaciones, reservándose expresamente la posibilidad de impulsar los recursos correspondientes hasta llegar, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.