La conducción del fútbol argentino rechazó y llevará a la Justicia el pedido de veedores, negó irregularidades y acusó un trasfondo político. La entidad advirtió las contradicciones de la medida de la IGJ y dijo es parte de las “operaciones políticas” para imponer las sociedades anónimas en el fútbol. Anticipó que apelará hasta la Corte Suprema si avanza la medida. El antecedente del caso de Patricia Bullrich.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un extenso comunicado este jueves, rechazando la veeduría al organismo dispuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ). “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué la presenta como si lo fuera? ¿Por qué habla de ‘graves irregularidades’ si, según sus propios términos, sólo está recolectando información? La respuesta es sencilla: porque no es una medida técnica, es una operación política. Y las operaciones políticas no resisten el control judicial”, advirtió la AFA.
Cancha inclinada
Según denunció la entidad, detrás de la veeduría ordenada por la IGJ se encuentra la obsesión privatizadora del Gobierno de Javier Milei: “No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.
El duro comunicado firmado por Claudio “Chiqui” Tapia llega tres días después de una decisión del Comité Ejecutivo de la AFA que generó gran revuelo: la suspensión de toda la actividad del fútbol local entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo en protesta por la acusación de evasión impositiva hacia las máximas autoridades de la casa madre del fútbol.
El jueves 5 de marzo, primero del cese de actividades futbolísticas, es el día en el que está prevista la declaración del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico en la causa abierta el 12 de diciembre pasado, a partir de una denuncia del ARCA, el ente recaudador a nivel nacional, por una presunta omisión sistemática en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto estimado superaría los los 19 mil millones de pesos.
“La contradicción insoslayable: ¿es o no es una sanción?”
En el comunicado, Tapia advirtió que el Inspector General de Justicia dijo que la veeduría dispuesta contra la AFA “no implica sanción, ni interferencia en el manejo y administración de la entidad”, sino una mera “medida preparatoria”, un relevamiento de información para “determinar si corresponde adoptar medidas adicionales”.
Sin embargo, analizó el presidente de la AFA, “el comunicado oficial de la IGJ califica los hechos que se investigan como ‘graves irregularidades’, menciona ‘millones de dólares de origen y destino desconocido’ y habla de una ‘sede social falsa’. La pregunta es obligada: Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en ‘graves irregularidades’?“.
“Si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. Dice que ‘no es una sanción’. Entonces, ¿de qué ‘gravedad’ estamos hablando?“, se preguntó Tapia, que consideró la veeduría como un ”capricho” que surge de la “utilización política de un organismo de control”.
Trámites en curso y la mudanza a Pilar
En el texto, la entidad futbolística desmintió la acusación de la IGJ respecto a balances “no presentados desde hace más de ocho años”.
“Eso es falso. Los balances de los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados en tiempo y forma y se encuentran con ‘vistas pendientes’ de contestación, es decir, en procedimiento administrativo ordinario. La propia resolución de la IGJ lo reconoce cuando menciona las ‘vistas contables corridas’ y la ‘interpelación a auditores’”, remarcó la AFA.
Respecto al balance 2025, Tapia explicó que “no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2024, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires, por resolución firme de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (RESO-2024-9000-GDEBA)”.
En ese sentido, cuestionó la acusación de la IGJ, que “insiste en que la sede de Pilar es ‘falsa’ porque en el predio no hay oficinas” pero “omite mencionar que el cambio de domicilio fue aprobado por la autoridad provincial competente, y que la inscripción en la Provincia es un acto administrativo válido y vigente”.
El precedente de Patricia Bullrich
En el contundente comunicado, la entidad que conduce Tapia también le pidió explicaciones a la IGJ, para que aclare “por qué utiliza hoy contra la AFA el mismo libreto que en 2023 utilizó contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), presidido entonces por Patricia Bullrich, actual senadora nacional”.
“En aquel entonces, la IGJ también habló de ‘graves irregularidades’ y dispuso una intervención. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en fallo firme, anuló esa intervención por violación al debido proceso y ordenó suspenderla con efecto inmediato”, recordó Tapia.
Y advirtió: “Los argumentos que la IGJ esgrime hoy –falta de información, sospechas sobre el manejo de fondos– son los mismos que la justicia ya desestimó. Lo que antes fue persecución contra una dirigente opositora, hoy es ‘control institucional’ contra el fútbol argentino. La única diferencia es el destinatario. La metodología es la misma. Y la justicia ya habló: ese método es nulo”.
Las SAD, el objetivo del Gobierno
En su texto, la AFA llamó la atención sobre uno de los argumentos de la IGJ para ordenar la veeduría, que dice que “en la nueva Argentina del Presidente Javier Milei no hay privilegios”.
“Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”, denunció la AFA.
A esto se suma, además, la “escalada del conflicto entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la jurisdicción sobre nuestra entidad”.
“La AFA ha quedado en el medio de una disputa de poderes que nada tiene que ver con el control administrativo”, afirmó el organismo, que aclaró que no se someterá a una “veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”.
En ese marco, la AFA adelantó que en las próximas horas realizará las presentaciones judiciales correspondientes “para que esta medida sea desestimada, tal como ocurrió con el precedente Bullrich”.
“Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto”, indicó la entidad.
“El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”
Sobre el final del comunicado, la AFA sostuvo que “el fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas” y por lo tanto “no será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.
“Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas”, agregó el comunicado.
Y concluyó: “Quieren que seas cliente. Pero sos parte. Quieren que seas espectador. Pero sos protagonista. Porque sin vos no hay clubes. Sin vos no hay historia. Sin vos no hay fútbol. El fútbol argentino es del pueblo. Y el pueblo no se vende”.
Página 12