El Juzgado Federal número 2 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, reconoció el carácter colectivo del proceso contra la resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que liberó a las estaciones de servicio de la obligación de publicar sus precios de venta al público.
La resolución, ahora impugnada, era anulatoria de la 314/2019, emitida en tiempos de Mauricio Macri y llevaba la firma del entonces vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui.
La querella es impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la ONG platense que en 2016 obtuvo un resonante fallo contra los tarifazos de luz y gas.
“Cuando presentamos la demanda, no teníamos información reservada sobre el ataque de Trump a Irán”, bromea Federico Llorente, uno de los directivos de la organización, ante un comentario sobre la coyuntura y el aumento de los precios internacionales del crudo.
“La resolución, cuyos considerandos son absurdos, es de mayo del año pasado. Nosotros presentamos la demanda en noviembre, tras varios meses de trabajo y la resolución del juzgado es del 19 de febrero”, cuentra trazando una línea de tiempo.
El abogado destaca que la definición del juzgado no impacta aún sobre la cuestión de fondo, es decir, la obligación o no de las estaciones de servicio de cargar sus datos en un sitio oficial y someterse así al escrutinio público, ya que cualquier consumidor puede cotejar si lo informado coincide o no con la realidad.
Antes debían informar cada ocho horas, ahora apenas una vez cada 30 días. “Esto permite que haya distintos precios según la franja horaria y los estacioneros hagan una fortuna a costa del consumidor”.
“Es decir, no es el derecho del CEPIS a acceder a la información sino de todos los argentinos, porque el precio del combustible incide en un sinfín de cuestiones. La resolución indica que, al tratarse de un derecho colectivo, el ministerio tiene la obligación de publicar la convocatoria (N de la R: una suerte de edicto) durante 30 días para que otros se sumen al proceso en calidad de interesados”, explica Llorente.
Para el letrado, los procesos colectivos suelen recibir sentencia más rápido que los individuales y cuantas más personas se inscriban en el juzgado, de manera virtual, mayores chances de celeridad. “Además, es una causa de alto voltaje político, económico y social”, analiza.
La resolución original de 2019, en sus considerandos, afirmaba que “la disponibilidad de datos públicos en condiciones adecuadas para su uso y reutilización constituye un elemento esencial para la transparencia en la gestión administrativa. Que la adecuada protección de los derechos de los consumidores requiere de la disponibilidad de información cierta, clara y detallada sobre todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios provistos y sobre las condiciones de su comercialización, la cual constituye a su vez, uno de los pilares fundamentales para el fortalecimiento de la competencia en los mercados”.
Curiosamente, la más reciente, emitida por un gobierno que en el área económica repite muchos funcionarios, sostiene que “los consumidores ya acceden a precios en tiempo real a través de aplicaciones, redes sociales y páginas web de las mismas empresas expendedoras, resultando la tecnología y la competencia suficientes para garantizar la transparencia del sector, no siendo estrictamente necesario un sistema centralizado estatal que duplique información disponible por medios privados”.
Es decir, hace exactamente lo contrario, desconociendo deliberadamente la diferencia entre el valor de la información oficial y cualquier otra publicación circulante. La primera, según la Constitución Nacional, debe ser “verídica, veraz y adecuada”, mientras entre las segundas dominan las fakes.
La opacidad no sólo es contraria a los principios de libre mercado que dice defender el gobierno libertario en sus discursos pero no en sus decisiones administrativas.
Es tan funcional al negocio de algunos expendedores como al “apagón informativo” al que el oficialismo ya sometió a otras estadísticas, justo cuando se espera un aumento importante en todos los combustibles, fruto de la situación en Medio Oriente.
Página/12