En una conferencia de prensa en Congreso, mostraron el doble estándar de los jueces frente a los dirigentes populares y los peores criminales de la Argentina.
Alejandro D’Agostino, condenado a prisión perpetua por haber sido uno de los pilotos del avión que llevó a la muerte a tres Madres de Plaza de Mayo y dos monjas francesas, entra y sale de su casa cuando quiere. La fiscalía llegó a documentar más de diez violaciones de la prisión domiciliaria. Nada de eso impide que goce de una autorización para ir a practicar aquagym a una sede de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Cristina Fernández de Kirchner –dos veces elegida presidenta y una vez vicepresidenta–, en cambio, no puede recibir visitas durante más de cuatro horas por semana ni subir libremente a la terraza de su casa en San José 1111. A poco de que se cumplan 50 años del golpe de Estado, organismos de derechos humanos –con Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza– denunciaron que el Poder Judicial apaña a los peores criminales mientras persigue a los dirigentes populares y le reclamaron al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que condenó a CFK, que revea las condiciones de su arresto domiciliario.
–¡Tobillera! ¡Tobillera!– coreaban diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) mientras Javier Milei se acaloraba y prometía que CFK seguiría presa por siempre. Vaticinaba condenas en la causa de los Cuadernos, que acaba de comenzar, y en la del Memorándum con Irán, que ni siquiera arrancó, más allá de la sentencia que dejó firme la Corte Suprema en tiempo récord a mitad del año pasado.
Esa escena de la noche del domingo, que generó preocupación sobre el deterioro institucional, funcionó como un preámbulo para la conferencia de prensa que este martes al mediodía tuvo lugar en el anexo de la Cámara de Diputados para denunciar las condiciones en las que la expresidenta cumple la condena impuesta en diciembre de 2022.
“Todos los que estamos aquí entendemos que está injustamente presa”, tomó la palabra Carlos “Charly” Pisoni, referente de HIJOS Capital, desde el centro del escenario. “No hay ningún preso ni presa que tenga restricciones en su prisión domiciliaria. No hay ninguna norma que diga que tiene que haber restricciones”, añadió mientras resaltaba que, en el caso de CFK, se violaba el principio de igualdad y de no discriminación ante la ley.
Desde que ordenó su detención, el TOF 2 impuso una serie de medidas que agravaron las condiciones de detención. En la actualidad, CFK solo puede recibir visitas dos veces por semana. Esas reuniones no pueden prolongarse por más de dos horas. Los visitantes no pueden ser más que tres y, por supuesto, requieren autorización anticipada por parte del tribunal que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
A todo eso se le suma que los jueces decidieron colocarle una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. El dispositivo es directamente controlado desde el Ministerio de Seguridad. Según las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) difundió en diciembre pasado, solo el 45 por ciento de los represores en domiciliaria están controlados electrónicamente.
“Estamos aquí para defender a una persona que consideramos inocente, que es víctima del lawfare como lo fue Lula. Lo que pedimos es derecho e igualdad”, resaltó Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Para el dirigente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Milei solo responde a los poderes que buscan colonizar la Argentina. “Sacar a Cristina del medio es parte de ese proyecto”, denunció el dirigente de derechos humanos, que anunció que iba a pedir autorización en las próximas horas para reunirse con la expresidenta.
Guillermo Pérez Roisinblit tomó la palabra en representación de Abuelas de Plaza de Mayo y envió los saludos de Estela de Carlotto, que no pudo asistir. Él calificó las medidas contra CFK como inusitadas, dado que ella siempre fue una persona que estuvo a derecho. Para Pérez Roisinblit, las restricciones se tratan de una pena accesoria. “Está prácticamente incomunicada y sin visitas”, denunció.
Junto a los organismos estaban referentes de la cultura, como Pablo Echarri, Teresa Parodi, Liliana Herrera, Cecilia Rosetto, Raúl Rizzo, Marina Glezer, Teresa Donato y Marcelo Figueras. “Estando Cristina presa está presa la democracia. Están presos los derechos humanos, la patria profunda que somos”, arrancó Parodi. “Está presa, pero es inocente”.
A su lado se encontraba Liliana Herrero, que dijo que hablaba en nombre propio y en el de su compañero –Horacio González, fallecido en 2021–. “Siento la necesidad de decir: Cristina libre, (Julio) De Vido libre, Milagro Sala libre”, expresó.
Taty Almeida tomó unas fotos para mostrarle al público. Eran imágenes de la fiesta que había hecho el represor Jorge Olivera cuando cumplió 50 años de casado, pese a estar en arresto domiciliario. “Son tremendas las restricciones. Acá hay genocidas que tiraron vivas a las tres Madres, a las monjas francesas, que se apropiaron de bebés que gozan de todas las garantías. No puede ser esa diferencia”, se quejó la presidenta de Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora. “Tenemos que estar unidos. Hay que demostrarlo con los hechos, no con las palabras porque sabemos que un pueblo unido jamás será vencido”, insistió.
En la primera fila estaban algunos de los dirigentes kirchneristas: Eduardo “Wado” de Pedro, Mariano Recalde, Jorge Taiana, Horacio Pietragalla Corti, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Paula Penacca, Germán Martínez, Florencia Saintout, entre otros y otras. Más atrás se encontraba Andrés La Blunda, legislador porteño y uno de los nietos encontrados por las Abuelas. Myriam Bregman, diputada del FIT-PTS, mandó su adhesión.
A última hora de la tarde, los organismos de derechos humanos enviaron una nota al TOF 2 para que revea los criterios de detención domiciliaria a los que está sometida CFK. En la carta marcaban que no tenían las mismas restricciones que represores condenados por su actuación en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) que están bajo su tutela. “Esperamos que recapaciten. Muchas veces hemos pedido al Poder Judicial y hemos sido escuchados”, sostuvo Pisoni.
En el texto no solo aparecían casos de represores juzgados por el TOF 2 sino también otros que ya fueron relatados en este diario, como Randolfo Agusti Scacchi –condenado a prisión perpetua por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)– que suele salir a misa o pide permiso para ir a votar. Horacio Luis Ferrari también tiene autorización para ir a rezar. Hay otros casos, como el de Orlando González, que incluso tienen permisos para ir a “cazar” ofertas en distintos supermercados y verdulerías.
Ante la consulta de Página/12, Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dijo que había organismos de derechos humanos que estaban evaluando la posibilidad de denunciar a los integrantes del TOF 2 ante el Consejo de la Magistratura, aunque remarcó que no tenían demasiadas expectativas por la respuesta que podría dar ese órgano. “Queremos dejar cuanto menos una marca de un tribunal que viola todas las normas”, sostuvo Tavani, que también integra el colectivo de abogados y abogadas Mario Bosch que interviene en las causas de lesa humanidad. Esas causas que, pese al empeño del Gobierno por obstaculizarlas, siguen, como remarcó con emoción Liliana Herrero.
El cierre de la actividad quedó en manos de Teresa Parodi, que remarcó que las voces de las artistas se están levantando en el mundo para denunciar la crueldad. No lo mencionó, pero estaba fresco el recuerdo del discurso de Dolores Fonzi en los Premios Goya diciendo que venía del futuro para advertir que la ultraderecha había llegado para destruirlo todo.
“Si vamos a pelear, será sin miedo –afirmó Parodi–. Nos tiran a matar y florecemos”.