El diputado provincial y presidente del bloque Justicialista, Nicolás Slimel, se presentó en Ciudad TV para aclarar los alcances de la denuncia que impulsó contra el presidente del Instituto del Deporte del Chaco, separándola del debate sobre la ley de sponsorización y reclamando una investigación penal por la transferencia de 109 millones de pesos a cuentas personales de funcionarios.
La entrevista comenzó con una valoración de la ley de sponsorización deportiva, que Slimel definió como “una ley extraordinaria”. El legislador destacó que desde su bloque han trabajado para perfeccionarla, incluyendo mejoras para deportistas con discapacidad a fin de que perciban un porcentaje mayor de los fondos. Equiparó el mecanismo con la ley de mecenazgo cultural: se trata de permitir que las empresas deriven parte de lo que tributan a la Administración Tributaria Provincial (ATP) para destinarlo al fomento del deporte.
Desde esa convicción, el diputado remarcó el valor social del deporte como política pública. “Entendemos el deporte como una herramienta también para la transformación social, para tratar de sacar a los chicos de la calle, para tratar de salir de las adicciones”, sostuvo. En ese marco, afirmó que su bloque apoya sin reservas todo mecanismo que promueva la actividad deportiva en la provincia.
La denuncia que originó la polémica
Sin embargo, Slimel fue enfático en separar el debate sobre la ley de sponsorización de la denuncia que él mismo impulsó. El legislador explicó que su acusación apunta directamente al presidente del Instituto del Deporte, a quien denunció por haber realizado “una transferencia de fondos públicos a la cuenta personal de dos secretarios, de 109 millones de pesos”. La denuncia fue presentada en la Justicia Penal, ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía de Investigación Administrativa.
Desde el oficialismo se argumentó que esos fondos estaban destinados al evento Chaco Juegas, realizado en el Impenetrable, y que la transferencia directa fue un mecanismo para eludir los tiempos de las leyes de contratación. Slimel rechazó esa justificación de plano: “Eso es una irregularidad. Uno tiene que tener la previsión necesaria para entender que cuando va a hacer un evento semejante como el Chaco Juegas, tiene que cubrir todos los frentes con los recaudos necesarios”. Y añadió la pregunta que considera central: “No estoy de acuerdo que se le transfiera plata a dos secretarios y que hasta el día de hoy no tengamos los números de que se rindió”.
El Tribunal de Cuentas y la recuperación parcial de fondos
El diputado destacó que la resolución del Tribunal de Cuentas, conocida el mismo día de la entrevista, representa un primer resultado concreto de las denuncias impulsadas por su bloque. Gracias a esa intervención, el Estado provincial podría recuperar inicialmente alrededor de 12 millones de pesos a través de un juicio de cuentas a clubes que no habían rendido fondos. Sin embargo, Slimel advirtió que ese monto es apenas una parte del problema: “Si reconocieron que se otorgaron mal esos 109 millones, ¿dónde está el proceso de recuperación? Porque no lo vimos todavía”.
Ante la consulta de si su postura puede incomodar al entorno oficialista, Slimel no dio margen a ambigüedades: “No sé si a alguno le molesta, pero lo voy a seguir diciendo”. El legislador también planteó que la polémica de los últimos días, alimentada por un flyer que circuló en redes sociales con montos que recibirían distintos clubes, fue utilizada deliberadamente para desviar la atención del verdadero foco de la denuncia. “Creo que todo esto sale para desviar el foco de atención a lo que hoy fue esta resolución del Tribunal de Cuentas”, señaló.
El flyer, los clubes y la información pública
Durante el programa se compartió el comunicado oficial del Club Regatas Resistencia, que salió a aclarar que los fondos recibidos corresponden a la ley de sponsorización —un mecanismo con controles formales de acreditación y rendición— y que la información difundida en redes no refleja correctamente su situación. Slimel coincidió con la aclaración del club: “Lo que dice el club es correcto. Esto es una ley provincial extraordinaria que lo que busca es fomentar el deporte y que una parte de los tributos que se recaudan vaya destinado a ese desarrollo”.
El diputado fue claro en que los montos que recibe cada club a través de la ley de sponsorización son información pública y que nadie debería tener reparos en difundirla. “Si quieren, desde el gobierno pueden sacar directamente lo que recibe cada uno, y listo. No hay problema. Eso es información pública y tampoco nadie se tiene que asustar”, afirmó. Al mismo tiempo, reiteró que ese debate es completamente ajeno a la denuncia que su bloque impulsó: “No tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros denunciamos”.
La crisis de los clubes y la ausencia de política deportiva
Más allá de la disputa judicial y política, Slimel también puso sobre la mesa una preocupación de fondo: la situación crítica que atraviesan los clubes de la provincia. En su diagnóstico, señaló que el gobierno provincial carece de una política sistemática para sostener y fomentar la actividad deportiva. Esa ausencia, dijo, se refleja tanto en los clubes de barrio como en los de mayor trayectoria e incluso en deportistas individuales, quienes dependen de decisiones discrecionales del conductor del Instituto del Deporte para acceder a una ayuda económica que les permita viajar o cumplir sus objetivos.
El legislador cerró su participación reafirmando el compromiso del bloque Justicialista con el deporte chaqueño y con la transparencia en el uso de los fondos públicos. “Todo lo que nosotros desde el Estado podamos fomentar y acompañar a esta cuestión de recreación y de fomento del deporte en la provincia del Chaco, lo vamos a seguir haciendo”, prometió. Y volvió a subrayar la línea que, según su visión, no debe cruzarse: “Lo que se le apunta es la supervisión de lo que hace el Instituto del Deporte”. La investigación, dijo, recién empieza.