La administración libertaria agranda la deuda del PAMI y agrava el acceso de los jubilados a la salud. Atrasos de hasta cuatro meses. Prestadores cortan servicios o cobran plus. Crece la presión sobre hospitales públicos y gobiernos locales.
La gestión del ministro Toto Caputo sigue agrandando la deuda de las prestadoras del PAMI, ya por encima de los $500.000 millones, y agrava el acceso a la salud de jubilados y pensionados, con servicios cortados, cobros indebidos y derivaciones al sistema público.
El ajuste es porque el “innegociable” equilibrio fiscal desfinancia a los proveedores del PAMI. Personal médico especializado “de segundo nivel ambulatorio” no está atendiendo a las personas afiliadas o les cobra en efectivo por la consulta y les pide que inicien un trámite de reintegro de la prestación, que reciben tarde y por menos dinero del que pagaron.
Fuentes del sector consultadas por Letra P aseguraron que un otorrinolaringólogo le cobró a un afiliado del PAMI $70.000 por la consulta y el organismo le reintegró $8200; mientras que un eco doppler de carótida cotiza $25.000 para quienes tienen la obra social nacional.
Profesionales de odontología también dejaron de atender por PAMI. Especialistas pueden tener contrato directo con el organismo o a través de las clínicas en las que trabajan.
Muchas clínicas y sanatorios privados, que cobraron parte de la deuda en enero y no tuvieron más novedades, tampoco admiten personas afiliadas al PAMI. En otros centros asistenciales, se redujeron las guardias médicas. La mayoría deriva a los hospitales públicos municipales y provinciales, que también reclaman los pagos atrasados.
Por ejemplo, unos 50 intendentes de localidades del interior cordobés presentaron un reclamo público al Gobierno por el pago urgente de una deuda de $400 millones de prestaciones vinculadas al PAMI. Las cámaras empresarias y los colegios de médicos negocian en silencio y prefieren, por ahora, no amplificar los reclamos.
El personal médico de cabecera cobra
El único pago que mantiene regularmente el PAMI es el que corresponde al personal médico de cabecera, en su mayoría clínicos, con lo que sostiene las prestaciones mínimas del sistema que atiende a 5,5 millones de personas. Sin embargo, algunos profesionales cobran un plus por la atención, práctica prohibida por el organismo.
Algunas prestadoras denuncian que el sistema informático del PAMI limita el número de pacientes que atiende un médico por día. Según explican, se trata de cupos encubiertos que restringen estudios y consultas, incluso cuando el paciente se presenta con una orden ya autorizada.
“Lo que está ocurriendo ahora con el PAMI no lo vivimos nunca en la historia, es peor que en 2001, cuando le enseñábamos a la gente a hacer la bolsa de colostomía con un sachet de leche”, dijo a Letra P Rosa Pan, consejera federal del PAMI en Bahía Blanca.
Ante una consulta de este medio, Reinaldo Kerschen, presidente de la Cámara Argentina de Óptica, advirtió: “Se cortó el servicio en todo el país, no queríamos dejar sin lentes a los afiliados, que incluyen jubilados y excombatientes de Malvinas. El problema es con el PAMI: las ópticas están en camino al quebranto, los profesionales venden sus autos para pagar deudas”.
“PAMI sigue sin pagar desde noviembre. Las agencias en todo el país no saben lo que pasa, pero no les están entrando insumos: stents, marcapasos, válvulas para el corazón, prótesis de cadera y otros implantables. Yo vendía sillas de ruedas y me dejaron de pagar”, explicó un proveedor a Letra P.
La Cámara de Salud de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), que reúne a más de 40 clínicas y dispone de 4500 camas de internación, advirtió que el PAMI les adeuda pagos de 2025; así se les hace inviable la atención y podrían “cesar la atención a los afiliados del PAMI, en cualquier modalidad”.
Capress también denunció que el nuevo sistema del PAMI “restringe el acceso efectivo de la población jubilada a las prestaciones médicas” y adelantó: “Estamos evaluando cobrar directamente a los afiliados por cada práctica ambulatoria requerida”.
Personas con discapacidad: deuda y quebranto
“Hace unos días pagaron dos vencimientos, pero se cumplieron los plazos de otros dos, por lo que persiste una deuda acumulada de cuatro quincenas. Además, se habían comprometido con un pago extra en marzo, pero no ocurrió”, afirmó Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.
Las prestadoras del PAMI para personas afiliadas con discapacidad también acumulan más de tres meses de deuda: centros de día, terapéuticos, clínicas de rehabilitación, residencias y escuelas de educación especial. Son más de 200 instituciones que cortaron la cadena de pagos y dejaron de afrontar cargas sociales, impuestos y proveedores. Otro ejemplo: en marzo, el PAMI dejó de entregar audífonos porque el proveedor no cobró las facturas atrasadas.
Ya se reunieron con la subgerente de Discapacidad del PAMI, María Romano, y con Mauro Arranz, de la Gerencia Económico-Financiera, quienes prometieron pagar en los primeros días de abril a las instituciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, y a fines del mes al resto del país.
Poca plata y muchas personas afiliadas
El presidente del PAMI es Esteban Leguízamo – médico pediatra que responde al ministro de Salud, Mario Lugones -. En reuniones privadas asegura que el organismo está sobredimensionado y reclama que las personas afiliadas “no paguen el plus a los médicos, no corresponde, lo tienen que denunciar”.
También sostiene que su gestión “no va a reconocer el pago de algunos insumos médicos que nos quieren encajar los sanatorios y los médicos, algunos vivos que piden cosas que el PAMI no provee porque no están incluidas en las licitaciones de compras”.
Leguízamo admite que “la actividad económica es baja y el PAMI recibe poco dinero, pero vamos a salir adelante”.
Letra P