La fuerte crisis que atraviesa el sistema de salud y asistencia a personas con discapacidad llegó a tribunales. Este lunes se presentó una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei y varios de sus funcionarios por los recortes en pensiones y prestaciones vinculadas al área. Familiares de personas con discapacidad, organizaciones y prestadores los denunciaron a Milei por abandono de persona y abuso de autoridad.
La causa fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y cuenta con el patrocinio del abogado Javier Garín, quien representa a familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y prestadores de servicios.
Los denunciantes sostienen que el Gobierno incurrió en abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según el escrito, desde el inicio de la gestión libertaria se desplegó un ajuste sistemático que impactó en pensiones, programas de salud y medicamentos.
Los motivos de la denuncia
Garín señaló que el recorte presupuestario aplicado desde diciembre de 2023 afectó directamente a miles de familias. Los recursos de la ex Andis fueron reducidos, lo que repercutió en el valor de las pensiones por invalidez y en la cobertura de tratamientos médicos. El abogado indicó que el ataque del Gobierno se apoya en una ideología que desprecia la justicia social y la igualdad, y que se tradujo en suspensión de beneficios, incumplimiento de fallos judiciales y veto a leyes de emergencia en discapacidad.
En este contexto, el abogado asegura que las acciones constituyen, a juicio de los denunciantes, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
En paralelo a los argumentos centrales de la denuncia, las organizaciones sociales señalaron que la crisis se agravó con deudas a prestadores, dificultades para sostener programas y la aparición de un lenguaje discriminatorio en nuevas normativas. Cabe recordar que el decreto 843/24 y la resolución 187 de enero de 2025 fijaron requisitos estigmatizantes para acreditar invalidez laboral, con expresiones como “idiota” o “débil mental”, disposiciones que fueron ampliamente cuestionadas por organismos internacionales.
Impacto en la vida cotidiana
La denuncia también describe un “agravamiento generalizado” por la falta de atención en salud y la baja de pensiones, que dejó a muchos beneficiarios sin cobertura durante meses. El plan Incluir Salud sufrió demoras en pagos y el sistema público se saturó por la migración forzada de pacientes que perdieron obra social. El ajuste también alcanzó al Plan Remediar y a programas de cardiopatías congénitas y oncopediatría, generando un escenario de vulnerabilidad extrema.
Garín resumió la situación como un “genocidio por goteo”, al considerar que las políticas aplicadas ponen en riesgo la salud y la vida de las personas con discapacidad de manera deliberada. La causa judicial busca que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios y que se frene el ajuste en un sector que depende de la asistencia estatal para garantizar derechos básicos.
Diario Hoy