El Gobierno libertario busca derogar la ley que fija un precio único de venta para cada libro. Librerías, editoriales, autores y distribuidores aseguran que la medida favorecerá a las grandes cadenas y las plataformas de comercio electrónico, y advierten que puede acelerar el cierre de pequeños comercios.

El sector de las librerías advirtió que está en peligro de supervivencia por la iniciativa del Gobierno de desregular el precio de los libros, lo que favorecería a los grandes comercios y la compra/venta virtual. La gestión de Javier Milei impulsa la derogación de la ley 25.542, que regula el precio uniforme de venta de los libros en Argentina, lo que lógicamente encendió la alarma en todo el sector editorial.

Según trascendió, libreros, editores y cámaras del libro comenzaron una ronda de contactos con legisladores para intentar frenar la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La norma establece un precio uniforme para los libros durante un período determinado desde su lanzamiento, para impedir que las grandes cadenas comerciales utilicen fuertes descuentos como estrategia para atraer clientes y desplazar a las librerías independientes. Para los libreros, derogar esta norma pondría en un punto “terminal” al sector.

Entre las voces que salieron a cuestionar la iniciativa estuvieron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en que la medida favorecería la “concentración” del mercado editorial.

Cecilia Di Gioia, dueña de Kokoro Libros, planteó a elDiarioAR que el Gobierno “busca derogar una ley de protección en la que todos los integrantes de la cadena del libro acuerdan cuidar desde su sanción”. “Me imagino lo jodido que debe ser para las pequeñas librerías de todo el país, porque la derogación de esta ley también las afecta; hay un montón de librerías de pueblo que son orgullo de amor al laburo y resistencia”, lamentó.

Cecilia además advirtió que “esto recién empieza” y que se iniciaron contactos con diputados de la oposición, buscando consensuar una estrategia de resistencia. El posteo concluyó afirmando que “es falso que el libro esté caro, nadie se hace rico vendiendo libros, (ya que) el margen de ganancia es mínimo. El libro no es caro, el poder adquisitivo del lector es cada vez menor”, en relación a la situación económica general.

Por su parte, Tamara Cefaratti, de Vuelvo al Sur, acercó a elDiarioAR un comunicado consensuado por el sector, que proclama, respecto de esta derogación, que “ninguno de los actores relevantes de la cadena –autores, editores, distribuidores, libreros, promotores de la lectura– lo ha solicitado, ni ahora ni antes. No hay un mercado cautivo esperando ser liberado”.

“El Estado no fija el precio de ningún libro. Lo fija el editor o el importador, en ejercicio de su autonomía, y la ley solo garantiza que ese precio se respete de manera uniforme en toda la cadena minorista. No es un precio administrado ni una planificación cultural: es una regla que impide que el libro se use como ”producto gancho“ para capturar el mercado. Es, además, la regla que rige en Francia, Alemania, España, Italia, Portugal, Japón y Corea del Sur”, aseveró.

El Diario Ar

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