Un informe de la Auditoría General expone graves fallas en el contrato prorrogado en 2020 y deja al desnudo el apuro de la gestión actual de Javier Milei por sellar una prórroga hasta 2066 que beneficie al holding de Eduardo Eurnekian. Si se frena la maniobra, el control de las 35 terminales aéreas deberá volver a manos del Estado de forma obligatoria en febrero de 2028.
El 30 de junio de 2025, la Auditoría General de la Nación(AGN) publicó un informe que discute la prórroga actual de la concesión en beneficio de Aeropuertos Argentina. Con críticas severas, la Auditoría señaló las falencias detectadas en la extensión del contrato de 2028 a 2038, rubricada durante el gobierno de Alberto Fernández con la excusa de la pandemia por Covid-19.
Mientras la administración de Javier Milei busca extender la concesión actual a 2066, la anterior prórroga concretada hace apenas seis años, según la AGN, no cumplió con los estándares establecidos dentro del marco regulatorio para concesiones aeroportuarias. No se respetaron los pasos que impone la ley; no intervinieron los organismos idóneos ni se presentó toda la documentación. Por esto llama aún más la atención el apuro del Gobierno nacional ya que, en teoría, aún restan 12 años para que venza el contrato entre Nación y la empresa que controla Eduardo Eurnekian.
En 2028, todas las terminales y sus activos deberían regresar al Estado. ¿Cómo evitar una nueva licitación que obligue al concesionario a mejorar su oferta por la explotación de los aeropuertos? Con una extensión por 40 años.
Hay otro dato que es clave: la empresa argumentó que esos plazos son necesarios para comprometer u$s600 millones de inversión en obras. Pero el ORSNA es el organismo que define el plan de infraestructura, no Aeropuertos.
EL ORSNA en la mira
El informe de auditoría sobre el ORSNA comenzó a ser observado luego de que se conociera el acta secreta firmada en septiembre de 2025 entre el entonces presidente del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian. Ese documento cimentó el camino para anticipar la extensión de la prórroga que, desde 2020, concluye en 2038 y, de esa manera, llevarla hasta 2066. La detención de Leal en el marco de una causa por corrupción precipitó los acontecimientos y ahora, por motivos diversos, todo está entre signos de interrogación.
La AGN constató que el servicio se vio afectado notablemente el primer año, pero que, sin embargo, en la segunda parte de 2021 ya mostraba claros signos de recuperación. No obstante, la extensión fue de 10 años.
En esa ocasión, en medio de la pandemia, el ORSNA desplegó una serie de argumentos técnicos para sostener la extensión de la concesión, entre las cuales estaban inversiones, razonabilidad tarifaria y seguridad operacional.
A lo largo de más de 60 páginas, el informe de la AGN marcó diversas “irregularidades” en el proceso de prórroga de 2020. Lo primero que detectó la Auditoría fue la falta de un procedimiento específico que determinase la oportunidad de intervención de los órganos competentes y garantice, así, un adecuado circuito administrativo. En otras palabras, el recorrido monitoreado por el ORSNA no fue prolijo. Entonces, la AGN cuestionó si efectivamente ameritaba extender la concesión sin más. De fondo, se encuentra la permanente crítica de especialistas que subrayan que el ORSNA está “colonizado” por Aeropuertos Argentina.
Según la Auditoría, el ORSNA utilizó genéricamente la Ley de Procedimientos Administrativos, sin elaborar un circuito propio ni emitir un dictamen jurídico que analizara la prórroga en términos normativos.
Por otro lado, también hallaron debilidades “vinculadas a la debida documentación de las intervenciones de las dependencias y a la falta de un adecuado orden de los expedientes administrativos tramitados”. La AGN, en este tramo, reforzó la idea de que el proceso no sólo no contó con un procedimiento específico, sino que ese seguimiento por parte de diferentes áreas a las que se debía someter el expediente de prórroga se desarrolló de manera incompleta. Esa desprolijidad tiene múltiples hipótesis, pero ninguna respuesta oficial hasta ahora.
Luego, la AGN se refirió a uno de los puntos más sensibles: el plan de obras que, como consecuencia de obtener el plazo de 10 años más en la concesión, Aeropuertos Argentina quedaba obligado a realizar. En ese sentido, la AGN señaló falta de claridad y metas tangibles en la redacción de la Cláusula 2.1.2., que representa obras por u$s85 millones, y la 2.1.3, que significa una inversión de u$s124 millones. Sólo se le exigió a Aeropuertos “aportar sus mayores esfuerzos y aportes de idoneidad para alcanzar el máximo nivel de apalancamiento capaz de lograr un financiamiento antes del 31/12/21”.
¿Cómo se van a cumplir esos objetivos y qué criterios garantizarían su realización?
El ORSNA respondió de forma críptica, indicando que “que dichos compromisos han sido determinados en forma adicional a los expresados en el resto de las cláusulas y ha sido tratado en expediente específico”. La respuesta no convenció a la AGN que mantuvo el señalamiento, incluso remarcando que esos “criterios objetivos” de los que habla servirían para “evaluar el desempeño del concesionario”.
De esta forma, la AGN explicita que el ORSNA no tomó los recaudos necesarios para que quede en claro cómo va a exponer Aeropuertos Argentina que cumplió con su parte.
Por último, destacaron que Aeropuertos Argentina “efectuó la renuncia a reclamos, recursos y demandas entabladas contra el Estado Nacional en la forma y plazos previstos. No obstante, existen documentos internos del ORSNA, relacionados con el trámite, que no fueron incorporados al expediente”.
Si las objeciones de la AGN tumbaran la concesión extendida, Aeropuertos debería devolver todos los activos en febrero de 2028. Es por eso el apuro para que el Gobierno de Javier Milei le otorgue una nueva prórroga que pueda “subsanar” la cuestionada y asegurarse 40 años más de explotación de las 35 terminales aéreas, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16.45%, inédita en el mercado del transporte.
Las actas secretas
Como ya contó Ámbito, las actas secretas firmadas por el directorio del ORSNA fueron tres. La primera en septiembre de 2025, cuando se selló la extensión hasta 2066 y se elevó la TIR. La segunda acta secreta ratifica, un mes después, lo negociado por los mencionados Leal y Ketchibahian. En tanto que ya con Leal y su sucesora Noelia Ruiz investigados por la justicia, ésta firmó en junio de este año una tercera acta secreta en la que reabre las negociaciones entre las partes y convierte la constituida por Leal (y ratificada por la propia Ruiz) en un mero “antecedente de trabajo”.
Todo esto fue realizado de forma opaca y sin informar los motivos por los cuales no se proyecta un escenario en que se llame a una puja entre competidores.
Ámbito