El encuentro se realizará el 16 de octubre en el Consejo Federal de Inversiones. Participarán mandatarios de distintas expresiones políticas y se espera la presencia de ministros nacionales. El oficialismo aún no tiene cerrados los respaldos para ambos proyectos.
En plenas y tensas negociaciones por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, un grupo de gobernadores animará un encuentro en CABA el próximo 16 de octubre, en el que también dirán presente representantes de Nación. Si bien todavía no están definidos los asistentes, la convocatoria está sobre la mesa y se barajan algunos de los nombres que participarían.
Se tratará de la segunda edición de la Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), donde se abordarán cinco ejes estratégicos: competitividad y desarrollo productivo; infraestructura y conectividad; facilitación y eficiencia operativa; transformación de las cadenas de suministro y multimodalidad; y los desafíos de sectores clave como la agroindustria, la minería, la energía y la industria.
Aunque restan las confirmaciones definitivas, es un hecho que habrá mandamases de todo el arco político, así como también representantes de importantes compañías y autoridades nacionales. Entre estas últimas, podrían estar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, de mejor vínculo con las provincias.
Las negociaciones con los Gobernadores
En el medio, se colarán cuestiones coyunturales. El Gobierno acelera para aprobar el Presupuesto 2027 y la reforma electoral. La eliminación o eventual suspensión de las PASO no termina por convencer a los caciques, que siguen pateando la discusión. Patricia Bullrich, mientras, juega su propio partido con Karina Milei y padece el desaire de sus compañeros de espacio.
Para entonces, los gobernadores norteños esperan que ya se haya implementado Zona Cálida, el régimen de alivio a las tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas, que regiría entre noviembre y abril. Se trata de un acuerdo con el oficialismo a cambio de aportar los votos necesarios en el Senado para recortar Zona Fría.
Por el contrario, se oponen Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis), Pullaro y el bonaerense Kicillof, quienes verían caer el beneficio en varios municipios propios.
En los últimos años, el CFI se convirtió en un punto de encuentro entre los gobernadores de pelajes variopintos. Allí, por ejemplo, se acordó la presentación conjunta de dos proyectos para coparticipar el impuesto a los combustibles y plantear un nuevo esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), en plena escalada entre los distritos y la gestión de Javier Milei.
En mayo pasado, los líderes norteños se dieron cita en sus oficinas con Santilli, a quien le acercaron un carpeta de reclamos, con la obra pública, las rutas nacionales y el abastecimiento energético como puntas de lanza.
El jefe de Gabinete, en tanto, abrió una nueva ronda de negociaciones para apuntalar los respaldos al Presupuesto 2027 y a la reforma electoral. Durante la última semana, recibió a ocho mandamases. El último fue el chubutense Ignacio Torres, quien se vio con el funcionario este miércoles en Casa Rosada. Las charlas continuarán el jueves, con la visita del chaqueño Leandro Zdero.
Desde distintas gobernaciones llegaron advertencias sobre el proyecto. Discapacidad y financiamiento universitario son dos de los tópicos que más resquemor generan. El cordobés Martín Llaryora, el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo son tres de los dirigentes que ya tomaron distancia del texto.
“No va a poder salir el Presupuesto si no se corrige el tema discapacidad” y “al tema del financiamiento de las universidades hay que corregirlo y ponerlo en consonancia con las necesidades reales que tienen las altas casas de estudio” son dos de los mensajes que transmitió Jaldo para la Casa Rosada.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sumó el mediterráneo Llaryora.
Más tajantes fueron desde Formosa, donde aseguraron que el proyecto es “populismo de derecha”, ya que la inversión pública queda en apenas 0,3% del PIB y las transferencias no automáticas a las provincias acumulan una caída real del 81,2% respecto de 2023. “Aun con las proyecciones oficiales, 16 de las 24 jurisdicciones recibirían menos fondos que en 2023”, indicaron.
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