El presidente brasileño firmó un decreto contra las “bets” y enviará al Congreso un proyecto para endurecer las penas. El sector mueve más de 220.000 millones de reales al año y los clubes advierten por el impacto económico.
A nueve días de las elecciones en Brasil, el presidente Lula da Silva firmó un decreto que prohíbe las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad de las empresas del sector. La medida deberá ser convalidada por el Congreso, al que Lula también enviará un proyecto de ley para incorporar la actividad al Código Penal y endurecer las sanciones contra las apuestas ilegales. La decisión generó el rechazo de los principales clubes de fútbol del país y reavivó el temor por un posible crecimiento del juego clandestino.
El anuncio lo realizó en un acto con varios de sus ministros en San Pablo, donde también anticipó una ampliación del programa de renegociación de deudas para las familias morosas. Ese plan de reducción de tasas, que lanzó el 1 de mayo pasado para hacer frente a un problema que también resuena en la Argentina, ya bloqueaba a los beneficiarios de los sitios de apuestas online.
Lula ha convertido en una de sus banderas electorales el combate a las “bets”, a las que atribuye el crecimiento del endeudamiento de las familias y acusa de “estar destruyendo millones de hogares” al transformar “el vicio en beneficios” económicos.
Actualmente, operan 85 empresas de apuestas en el país de forma legal. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños, en su mayoría de las capas más pobres del país, apostaron 220.600 millones de reales (42.500 millones de dólares / 37.150 millones de euros al cambio de hoy) en apuestas deportivas y casinos en línea, según datos oficiales.
El decreto que prohíbe las apuestas por internet entrará en vigor automáticamente cuando se publique en el Diario Oficial, aunque el Congreso tendrá que convalidarlo en un plazo máximo de 120 días para mantener su validez.
Lula realizó el anuncio a pesar de que la semana pasada, cuando la prensa filtró que el Gobierno barajaba una posible prohibición, varios clubes del Campeonato Brasileño, como Palmeiras y Flamengo, salieron en tromba para alertar del agujero que causaría en sus cuentas, en un comunicado conjunto que titularon “el fin del fútbol”.
Con esta medida, Lula busca dar un golpe de efecto en la recta final de una carrera presidencial muy ajustada, para la que las encuestas lo sitúan en empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro.
Las casas de apuestas en línea han experimentado un crecimiento exponencial en Brasil desde que fueron legalizadas en 2018 durante el Gobierno del liberal Michel Temer.
Operaron sin regulación los años siguientes, coincidiendo con el mandato de Jair Bolsonaro, hasta que en 2023, ya con Lula en el poder, se reglamentó el sector, con la concesión de autorizaciones y el pago de impuestos.
La prohibición provocará una pérdida en la recaudación tributaria del Gobierno y de cuantiosos ingresos para los medios de comunicación y los clubes de fútbol.
En 2025, la administración brasileña recaudó unos 9.000 millones de reales (1.700 millones de dólares), y en los ocho primeros meses de este año ya superó esa cifra.
En cuanto a los patrocinios de los equipos de fútbol, se estima que las casas de apuestas deportivas ingresan más de 1.000 millones de reales (casi 200 millones de dólares) al año. Los sectores que se oponen a la decisión de Lula argumentaron que el veto puede dar alas al mercado ilegal.
Página/12