La auditoría detectó pérdidas por USD 1.023 millones en derivados respaldados por las reservas. El destino de los lingotes que Bausili envió al exterior sigue sin aclararse. Crece la preocupación por las responsabilidades penales. ”Les cabe responsabilidad penal no solo a Bausili, también a los miembros del Directorio”, aseguró el titular de la AGN.
La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que el Banco Central perdió USD 1.023 millones en operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas. El resultado quedó expuesto en la revisión de los estados contables de 2025 y abre un nuevo frente para Santiago Bausili.
Mientras el precio internacional del metal se disparaba, la conducción de la autoridad monetaria acumuló pérdidas millonarias con derivados financieros. Y todavía queda una pregunta sin respuesta: dónde están los lingotes que el Gobierno trasladó al exterior.
El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, informó que la auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025 concluyó con una opinión favorable sobre la razonabilidad técnica de los balances. Sin embargo, el organismo identificó un resultado negativo de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones, correspondiente a operaciones con derivados financieros vinculados a las reservas de oro. El contraste es notable.
Durante 2025, las tenencias de oro que el Banco Central había adquirido durante las gestiones de Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont y Federico Sturzenegger registraron una ganancia patrimonial superior a los 8 billones de pesos, impulsada por la suba internacional de la cotización del metal.
Se trata de una valorización de activos que ya formaban parte del patrimonio de la entidad y que no requirió nuevas operaciones para producirse. Pero la conducción de Bausili decidió utilizar parte de esas reservas como respaldo de operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura.
El resultado fue una pérdida de 1,5 billones de pesos. Es decir, mientras el oro se valorizaba, las operaciones financieras montadas sobre ese activo generaban pérdidas por más de mil millones de dólares.
Según el planteo difundido por Olmos, nunca se había utilizado semejante volumen de reservas físicas de oro para operaciones de riesgo desde que se auditan los estados contables del Banco Central.
La magnitud del quebranto introduce interrogantes sobre las decisiones de administración de las reservas, los riesgos asumidos y los mecanismos de control que debían supervisar esas operaciones.
Pero la auditoría contable no resuelve el otro gran interrogante. La AGN todavía no se expidió sobre el destino de los lingotes físicos que el Banco Central trasladó fuera del país. Como anticipó LPO al revelar las sospechas sobre la utilización del oro como garantía de operaciones financieras, la discusión excede el resultado de una inversión. También alcanza a la disponibilidad efectiva de una parte estratégica de las reservas internacionales.
Olmos aclaró que la AGN trabaja en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. Ese expediente deberá determinar por qué se decidió trasladar los lingotes al exterior, a qué destino fueron enviados, qué beneficio obtuvo el país y quiénes pudieron resultar beneficiados por esas decisiones. El informe ya fue remitido al Banco Central para que presente su descargo.
En el ámbito de los organismos de control advierten que el eventual daño al patrimonio público tiene varias dimensiones. La primera corresponde a las pérdidas registradas por las operaciones financieras. La segunda, al costo de oportunidad de haber trasladado físicamente el oro al exterior cuando numerosos bancos centrales reforzaban sus tenencias y algunos avanzaban en procesos de repatriación. También corresponde revisar los resultados de las operaciones realizadas durante 2024 y parte de 2026, aunque la auditoría difundida ahora permite cuantificar específicamente el quebranto de 2025.
La decisión de mover los lingotes también plantea un problema de soberanía financiera. El oro es uno de los activos de reserva que no depende de la solvencia de un emisor. Su utilización como respaldo de contratos financieros puede introducir riesgos de contraparte y condiciones de disponibilidad que no existen cuando permanece bajo custodia directa del Banco Central. Para determinar el alcance de esos riesgos resulta indispensable conocer los contratos firmados y las condiciones de las garantías.
En ese contexto, una fuente al tanto de las discusiones advirtió a LPO que los fondos que mantienen litigios contra la Argentina en Londres por los cupones vinculados al PBI siguen con especial atención las novedades sobre el oro. “Ahora están muy atentos los fondos que litigan en la Corte de Londres por los cupones PBI. Todos ellos patrocinados bajo un mismo bufete”, señaló.
La preocupación gira alrededor de la ubicación y las condiciones jurídicas de los activos, aunque su eventual exposición a medidas judiciales dependerá de su titularidad, custodia y protección legal.
La auditoría también abre interrogantes sobre la actuación de las firmas externas que certificaron los estados contables del Banco Central. El punto a revisar es si los dictámenes profesionales reflejaron adecuadamente los riesgos y resultados de las operaciones con derivados, y si correspondía incorporar alguna salvedad o párrafo de énfasis.
En el sector contable advierten que el daño reputacional para esas firmas podría ser considerable si se comprobara que omitieron advertencias relevantes. Pero también señalan una cuestión más delicada: la eventual existencia de responsabilidades penales si se acreditara que los balances contienen información falsa u omisiones deliberadas.
El artículo 300, inciso 2, del Código Penal contempla penas de seis meses a dos años de prisión para determinados responsables societarios que, a sabiendas, publiquen, certifiquen o autoricen balances falsos o incompletos en los supuestos previstos por la norma. Su eventual aplicación al caso del Banco Central requeriría acreditar los elementos del delito y determinar las responsabilidades concretas.
Fuentes vinculadas al análisis del caso sostienen que la investigación no debería limitarse a Bausili. “Les cabe responsabilidad penal no solo a Bausili, también a los miembros del Directorio”, afirmó una fuente consultada, que considera necesario reconstruir quiénes aprobaron las operaciones, qué información recibieron y qué advertencias formularon las áreas técnicas.
La reconstrucción de la trazabilidad del oro promete ser extensa. “Ahora empieza la arqueología contable”, resumió otra fuente familiarizada con los mecanismos de fiscalización. El trabajo deberá seguir el recorrido de cada contrato, las fechas de contratación, los resultados reconocidos y las decisiones administrativas que autorizaron el uso de las reservas como respaldo.
Sin embargo, existe una limitación institucional importante. Desde la sanción de la Ley 24.156, la Auditoría General de la Nación ejerce funciones de control externo, pero no cuenta con las facultades jurisdiccionales que tenía el antiguo Tribunal de Cuentas para determinar responsabilidades y aplicar determinadas sanciones a funcionarios. Sus conclusiones pueden dar lugar a investigaciones administrativas, parlamentarias o judiciales, pero la AGN no puede imponer por sí misma una condena penal.
Por ahora, la auditoría dejó dos cuestiones bien diferenciadas. Una ya tiene número: USD 1.023 millones de pérdidas contables por operaciones financieras vinculadas al oro durante 2025. La otra todavía espera una respuesta oficial completa: dónde fueron enviados los lingotes, bajo qué condiciones permanecen depositados y qué compromisos se asumieron sobre ellos.
La diferencia no es menor. El Banco Central conserva en sus balances el valor de un activo que se apreció fuertemente en el mercado internacional. Pero las operaciones financieras realizadas sobre ese patrimonio dejaron un quebranto considerable. La próxima auditoría deberá determinar si, además de perder dinero con el oro, el país resignó capacidad de decisión sobre una parte de sus reservas.
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