El ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, reclamó al Gobierno nacional que garantice el cumplimiento de la Ley 26.509 ante las previsiones de un fenómeno climático de fuerte intensidad. Además, respaldó la defensa de la Ley de Tierras impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua.
A través de su cuenta en la red social X, el funcionario planteó la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención y asistencia al sector rural frente a los riesgos climáticos previstos para los próximos meses.
En su publicación, López Sartori sostuvo: “Es fundamental que el Gobierno nacional garantice el cumplimiento de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Hay leyes que no representan un gasto, sino una inversión para evitar pérdidas mayores”. De esta manera, vinculó la aplicación de la normativa con la necesidad de anticiparse a escenarios que podrían comprometer la producción agropecuaria y las economías regionales.
El planteo se produjo después de que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) difundiera nuevas proyecciones sobre El Niño. Según las cifras citadas por el ministro, el organismo advirtió una probabilidad superior al 83% de un fenómeno fuerte a muy fuerte hasta comienzos de 2027. Este pronóstico no implica que sus efectos sean iguales en todas las regiones.
En ese contexto, el funcionario provincial mencionó las advertencias del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre los riesgos para las zonas productivas. “No podemos pensar solamente en las tormentas de hoy, sino también en las consecuencias de mañana”, expresó, en referencia a la importancia de adoptar medidas preventivas que permitan reducir los daños económicos y sociales asociados a los eventos climáticos extremos.
La importancia de la Ley de Emergencia Agropecuaria
La Ley 26.509, sancionada en 2009, creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Su objetivo es prevenir o reducir los daños provocados por fenómenos climáticos y otros factores extraordinarios que afecten significativamente la producción y pongan en riesgo la continuidad de las explotaciones agropecuarias, tanto familiares como empresariales.
La normativa contempla mecanismos de asistencia y beneficios para productores de zonas declaradas en emergencia o desastre agropecuario, bajo determinadas condiciones. También establece procedimientos de coordinación entre las provincias y el Estado nacional para el reconocimiento de las situaciones de emergencia y la implementación de medidas destinadas a mitigar sus consecuencias.
Desde esa perspectiva, López Sartori planteó una discusión sobre las prioridades del Estado y la necesidad de considerar la protección de las actividades productivas dentro de las políticas públicas. “Un Estado no se mide únicamente por su superávit fiscal, sino también por su capacidad de proteger la producción y promover el desarrollo social”, afirmó.
El ministro cerró su mensaje con una definición sobre la responsabilidad de las autoridades frente a las amenazas climáticas: “Anticiparse también es gobernar”. Su posicionamiento se inscribe en un escenario en el que los fenómenos meteorológicos extremos representan un desafío para la planificación de las actividades rurales y la continuidad de los sistemas productivos.
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