Un informe global mostró que 8 de cada 10 argentinos de recortó gastos básicos para pagar los gastos de vivienda, esto es, ocho puntos más que el promedio mundial. El deterioro de la economía familiar expone la crisis en los proyectos de vida, agravada por la desregulación que impulsó el DNU 70/2023.
Mientras de este lado del océano vemos cómo miles de personas salieron en estos días masivamente a las calles de España para exigir una mayor protección frente a la crisis de vivienda, un informe global alertó por la grave situación en el acceso a este derecho y mostró que Argentina lidera el ranking de los países con peores condiciones para sus habitantes: solo en el último año, 8 de cada 10 inquilinos tuvo que recortar gastos básicos para llegar a pagar el alquiler, una cifra que superó al promedio global.
En otras palabras, nuestro país está 8 puntos peor que el promedio de los 22 países estudiados en el relevamiento en un marco en el que la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei vía el DNU 70/2023 habilitó condiciones cada vez más asfixiantes para las familias que necesitan acceder, ni más ni menos, al derecho a un techo dónde vivir.
Dentro de ese universo, casi 4 de cada 10 argentinos se vio en la urgencia de recortar alimentos y compras esenciales, a la vez que un número similar tuvo que echar mano de sus ahorros y 1 de cada 3 aumentó las horas trabajadas para reforzar ingresos golpeados por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años.
“La inseguridad habitacional en Argentina a menudo se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda”, alertó el informe internacional. De hecho, al observar la situación puntual de las personas que no son propietarias y que tampoco esperan llegar a comprar una vivienda, 6 de cada 10 identificó como los motivos principales los ingresos demasiado bajos y que las propiedades son muy costosas hasta para poder hacer un pago inicial.
Argentina, peor que el promedio global
En Argentina, más del 20% de los hogares vive en una vivienda alquilada (+70% desde el censo previo en 2010). Sin embargo, ese crecimiento se dio en un contexto de fuerte deterioro en la accesibilidad: desde fines de 2023, los precios de los alquileres aumentaron por encima de la inflación y, sobre todo, de los salarios, al punto de que alquilar se volvió inaccesible incluso para sectores con empleo formal.
Esto ocurrió en un escenario en el que la derogación de la Ley Nacional de Alquileres (N°27.551) en diciembre de 2023 vía el DNU 70/2023, aceleró el ritmo de suba de precios, acortó la duración de los contratos e impuso mayor frecuencia a las actualizaciones mensuales.
En este contexto, un informe internacional que comparó la situación de una veintena de países evidenció las consecuencias concretas de la desregulación del mercado inmobiliario en Argentina: el 83% de las personas encuestadas en nuestro país aseguró haber reducido al menos un gasto durante el último año para poder afrontar los costos de la vivienda, una cifra que incluso superó al promedio global (75%).
La investigación global sobre la vivienda elaborada por la organización Hábitat para la Humanidad se basó en una encuesta a más de 30.000 personas residentes en 22 países, y fue realizada entre abril y junio de este año. Las cifras permiten dimensionar una especie de efecto dominó sobre la economía familiar: altos costos de la vivienda, recorte en consumos esenciales, uso de ahorros, más horas de trabajo y desalojos crecientes.
En el caso de nuestro país, los recortes alcanzaron hasta lo más básico: el 38% gastó menos en alimentos y compras esenciales, el 37% recurrió a sus ahorros o fondos de emergencia y el 35% asumió trabajos adicionales o más horas laborales. Además, el 34% tuvo que elegir entre pagar la vivienda o cubrir necesidades como alimentación, vestimenta o medicamento, y el 19% limitó el uso de calefacción o aire acondicionado en sus hogares (casi el triple del promedio mundial de 7%).
“Estos sacrificios demuestran que el costo de la vivienda afecta no solo el lugar donde viven las personas, sino también su comodidad, nutrición y estabilidad financiera a largo plazo”, destacó el informe al que accedió este medio.
Asimismo, el relevamiento subrayó que el 57% de los argentinos teme que un “problema inesperado” pueda poner en peligro su capacidad para mantener su vivienda, en comparación con el 48% en los 22 países encuestados. “Estos hallazgos sugieren que la inseguridad habitacional en Argentina a menudo se desarrolla mucho antes del desalojo o la falta de vivienda. Los hogares conservan su vivienda solo a costa de sacrificar su estabilidad financiera, su salud, su comodidad y sus oportunidades futuras”, agregaron.
Inquilinos versus propietarios
La presión habitacional no afecta a todos por igual. Las y los inquilinos del país mostraron mucha mayor insatisfacción con su situación habitacional que en el caso de los propietarios (54% frente a 36%) y lo mismo ocurrió al ser consultados sobre su preocupación por contratiempos (68% frente al 51%).
Entre quienes alquilan, además, el 49% aseguró tener dificultades frecuentes para afrontar los costos de la vivienda (la proporción bajó al 31% entre propietarios) en tanto que el 66% de quienes alquilan consideró que el costo de los servicios hace que la vivienda resulte inasequible y 6 de cada 10 afirmó que la suba de tarifas, sobre todo en energía, afectan la posibilidad de pagar la vivienda.
“Estos hallazgos reflejan desafíos más amplios en el mercado de alquileres de Argentina, donde los costos de la vivienda y los ingresos familiares a menudo han evolucionado en direcciones opuestas”, indicó el documento internacional.
También se analizó la particular situación de quienes viven en condiciones habitacionales más vulnerables. Solo el 53% de dicha población declaró a nivel local tener suficiente espacio habitable en comparación con el 88% a nivel nacional. Un dato no menor es que 7 de cada 10 de dichos hogares declaró que el sistema de vivienda en Argentina “no funciona”, unos 10 puntos más que el promedio nacional.
“El desmantelamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la suspensión del financiamiento a través del Fondo de Integración Social y Urbana (FISU) han detenido muchos proyectos de mejora en los barrios populares. Para los hogares que ya enfrentan una peor calidad de vivienda y una tenencia insegura, la pérdida de estos programas corre el riesgo de agravar las desigualdades existentes”, alertaron desde la organización Hábitat para la Humanidad.
El Destape