Seis días después del plenario entre las comisiones de Salud y Legislación General, la reforma en la Ley Salud Mental logró ser pasado a la firma. Si bien al oficialismo le faltaba una rúbrica, la presentación del despacho de minoría presentado por Convicción Federal habilitó a que el expediente pueda avanzar al recinto.
Fuentes confirmaron a parlamentario.com que el próximo martes 27 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para fijar la sesión ordinaria del jueves 29. Además de la modificación a la Ley 26.657, el temario tendrá al proyecto de creación de un marco regulatorio al mercado de carbono y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, acuerdo internacional suscripto por la República Argentina en 1970.
La semana pasada se llevó a cabo el plenario entre Salud, a cargo de Ivanna Arrascaeta, y Legislación General, presidida por Nadia Márquez. La Libertad Avanza logró el apoyo del Pro y de Carlos “Camau” Espínola de Provincias Unidas. También acompañaron la Unión Cívica Radical y el Movimiento Misionero, bancadas que anunciaron la firma en disidencia debido a la ausencia de un artículo que establezca las partidas presupuestarias.
A mediados de este miércoles, Convicción Federal presentó un dictamen alternativo y propició la llega del expediente al recinto. El despacho contó con la firma de Carolina Moisés (presidenta del bloque y vocal de Salud), Guillermo Andrada (integrante de Salud) y Sandra Mendoza (parte de Legislación General).
Sin participar del despacho, los representantes del interbloque Popular también elevaron la voz para reclamar que “si no hay partidas presupuestarias, esto va a ser letra muerta”. En la previa de la reunión plenaria, Patricia Bullrich, titular de bancada oficialista, anunció los puntos centrales de la reforma en conferencia de prensa.
Los puntos de la reforma
El principal punto diferencial con relación al actual marco normativo es el nuevo esquema de intervención judicial que esta reforma plantea: En este dictamen, es propuesto que las órdenes de internación voluntaria pasen a ser comunicadas y no autorizadas por un juez. De todos modos, cada juzgado puede exigir informes, peritajes o dejar sin efecto una internación si así lo considerase.
En segundo lugar, la ludopatía pasa a integrar la lista de conductas denominadas adicciones y la referencia general a parientes se limita a padres o hijos, manteniendo a representantes legales, cónyuges y convivientes. Se agrega, también, la conformación de equipos según los recursos humanos de cada provincia, dejando abierta la posibilidad de realizar teleconsultas por parte de psiquiatras.
Entre las modificaciones a la Ley 26.657, el dictamen del oficialismo y los aliados propone un régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos, autonomía progresiva, la garantía del derecho a ser escuchados, confidencialidad, un abordaje familiar y comunitario.
Por otro lado, el texto determina la prohibición de las prácticas manicomiales y, en consecuencia, será restituido el catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, las casas de convivencia, los hospitales de día y los centros de capacitación sociolaboral. También se establece el refuerzo de la promoción y prevención.
Por último, se define la internación prolongada por más de 180 días corridos o acumulados por reinternaciones en dos años, con intervención inmediata de oficio del órgano de revisión; se exceptúan los pacientes con problemática exclusivamente social; y se incorpora un registro de internaciones prolongadas. Finalmente, se incorpora el derecho a consentir o rechazar anticipadamente tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo.