El sindicato que nuclea a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comenzará este miércoles un proceso de retención de tareas en todos los aeropuertos del país donde no existan condiciones operativas adecuadas. Denuncian un profundo desfinanciamiento: el organismo recauda más de $220.000 millones por la tasa aérea, pero menos del 10% vuelve en recursos para garantizar la seguridad.
La medida fue anunciada por el coordinador nacional de ATE ANAC, Marcelo Belelli, quien advirtió que la decisión de no prestar servicios en las áreas donde falten condiciones formales y adecuadas regirá a partir de mañana en todo el territorio nacional. “Las demoras y las cancelaciones que se llevan adelante serán producto de la falta de gestión para poder afrontar las tareas que tienen que ver con la ANAC y con los servicios que la ANAC presta en los aeropuertos de todo el país”, sostuvo el dirigente gremial a este medio.
El eje central del conflicto es la asfixia financiera que atraviesa el organismo. Según detalló Belelli, la ANAC recauda actualmente más de 220.000 millones de pesos anuales, pero “solamente poco más del 20% de esos recursos llega al organismo en capacidad operativa”. Esta situación fue profundizada en el comunicado oficial emitido por la conducción nacional de ATE, donde precisaron que menos del 10% de lo recaudado por la tasa aérea (el impuesto que paga cada pasajero al subir a un avión) vuelve a las arcas de la ANAC para fortalecer servicios críticos, dejando a los aeropuertos “al límite de su capacidad operativa”.
Uno de los puntos más sensibles que denuncian los trabajadores es el impacto sobre el Servicio de Extinción de Incendios, una tarea fundamental para la seguridad aerocomercial. Ante la falta de insumos, mantenimiento y herramientas, el sindicato sostuvo que la retención de tareas no solo es una medida legítima, sino que cuenta con un sólido respaldo normativo y jurídico. “Abstenerse de realizar tareas cuando no están dadas las condiciones necesarias no solo es una forma de protegerse, sino también de resguardar la seguridad de la comunidad”, señalaron.
Desde el punto de vista legal, ATE ANAC invocó el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo (deber de seguridad), los artículos 1031 y 1710 del Código Civil y Comercial (prevención del daño) y la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Argumentaron que los empleados pueden enfrentar responsabilidades penales y civiles si ocurre un accidente por negligencia al operar equipos o prestar servicios sin la estructura logística exigida por las normas. “Si ocurre un accidente por un mal funcionamiento que el trabajador conocía y, aun así, fue obligado a operar, puede quedar expuesto a responsabilidades”, advirtieron.
El conflicto deja en evidencia la tensión entre la recaudación del sistema aerocomercial y la inversión real en infraestructura y personal. Mientras el Gobierno nacional celebra superávits y ajustes, los trabajadores de la ANAC advierten que la falta de recursos pone en jaque la seguridad de miles de vuelos diarios.
“La seguridad operacional no se negocia. Defender las condiciones de trabajo es también defender la seguridad de todos y todas”, concluyó el comunicado, anticipando un escenario de demoras y cancelaciones que afectará a los usuarios de todos los aeropuertos del país.
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