La Auditoría General de la Nación pone la mira en su plan de auditoría 2027 sobre dos concesiones sensibles para el Gobierno. Una afecta directamente al holding que comandan Eduardo y Martín Eurnekian. Aparece la sombra del Grupo Neuss.
Mientras tardan en cicatrizar las heridas del último informe de la AGN sobre los envíos de oro al exterior y las operaciones con derivados que arrojaron pérdidas por más de u$s1.000 millones por parte del Banco Central, ahora el organismo decidió avanzar sobre dos temas muy sensibles para el gobierno que conduce Javier Milei.
Por un lado, la reciente y controvertida licitación de la Vía Navegable Troncal (Hidrovía) y, por el otro, la cuestionada prórroga de la concesión a Aeropuertos Argentina, tramitada mediante tres actas secretas por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
Ámbito accedió en exclusiva a la decisión tomada por la AGN como parte del Programa de Acción Anual correspondiente al ejercicio 2027. Si bien fue aprobado por el Colegio de Auditores, aún falta el paso final que debe dar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en el marco de la ley de Administración Financiera 24.156.
Dato que no se le escapará al Gobierno en medio de la puja pública que sostiene con el Organismo: ambas auditorías fueron propuestas por el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos.
Otro elemento que enturbiará las aguas es la posibilidad concreta de que la AGN presente antes de fin de año un informe de auditoría crítico sobre los envíos del oro al exterior. De acuerdo a la información a la que accedió Ámbito, el Banco Central que conduce Santiago Bausili ya agotó el tiempo y su correspondiente prórroga para responder.
A su vez, el Plan 2027 incluye la fiscalización sobre el ámbito universitario y el sector público descentralizado, a lo que se añadirán ocho proyectos específicos de auditoría sobre 12 universidades nacionales, acompañados por 27 informes dedicados a empresas públicas, fideicomisos y entes estatales.
La sombra de los Neus y EE.UU
A pesar de que el Gobierno cerró la concesión de la Hidrovía, registrando como ganador a la empresa belga Jan De Nul y la compañía argentina Servimagnus, agrupadas en la nueva firma Vía Navegable Argentina (VNA), el proceso estuvo envuelto en una serie de polémicas, que no dejaron al margen la hipótesis de socios ocultos como el Grupo Neuss.
Por caso, el Ministerio Público Fiscal avanzó con una investigación por omisiones de pasos o alteraciones concretas en el concurso que define quién se queda con la concesión de un negocio millonario, que involucra a capitales internacionales con intereses argentinos.
En su presentación, rubricada por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, la PIA constató “una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas”. Ante ello, consideró que la “ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria con posterioridad a la apertura de los sobres, lo cual lesiona directamente la libre competencia”.
Como informó Ámbito, se presentó un documento que, oportunamente, fue girado a uno de los consorcios participantes, que no solo integra la belga DEME NV, sino el fondo de inversión Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company (GLDD), la mayor proveedora de servicios de dragado de Estados Unidos.
Este circuló por despachos internacionales y tiene exacta sintonía con la presentación judicial que formalizó otra de las empresas que quedó en el camino, la brasileña DTA Engenharia, ante la PIA.
Estados Unidos también levantó la voz sobre la licitación, al mencionar que detectaron vasos comunicantes ocultos con China que el gobierno de Milei les había negado que existieran. En la superficie, el pliego específicamente excluyó a compañías que tuviesen algún componente de pertenencia a un Estado, lo que dejaba fuera de carrera a los chinos para la Hidrovía. Los republicanos hicieron especial hincapié en una serie de presuntas reuniones entre emisarios de la embajada china en Buenos Aires y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), a cargo de Iñaki Arreseygor.
Ahora, en medio de todas esas denuncias que levantaron polvareda durante el primer semestre de este año, la AGN llevará a cabo un trabajo de auditoría que incomoda al gobierno de Milei y, llamativamente, interesa particularmente a Estados Unidos.
En secreto
El otro contrato sobre el que posará su lupa la AGN e inquieta particularmente a la administración libertaria es la reciente renovación de la concesión que benefició a Aeropuertos Argentina hasta 2056, a pesar de que aún faltaban 12 años para que venciera la última ampliación.
Ámbito reveló que en menos de un año, entre el 26 de septiembre de 2025 y el 10 de junio de 2026, el gobierno nacional emitió tres actas secretas en las que quedó expuesto el movimiento pendular de la gestión de Milei respecto del reclamo de Aeropuertos Argentina, empresa insignia de Eduardo y Martín Eurnekian, para que se extienda el período de su concesión.
Inicialmente, el Gobierno utilizó como excusa la ley de Bases y Puntos de Partida para, silenciosamente y sin publicidad alguna, firmar el “Acta Acuerdo de Readecuación Contractual”, por medio de la cual buscaba extender la concesión de la administración de 35 aeropuertos en todo el país hasta el año 2066.
Ese acta había sido firmada el 26 de septiembre de 2025 entre el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal (hoy detenido e investigado por enriquecimiento ilícito y lavado), y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian, surgen una certeza y dos preguntas.
La caída de Leal retrasó todo. Su lugarteniente Noelia Ruiz fue quien quedó a cargo de avanzar en la ampliación contractual, lo que quedó plasmada en dos actas secretas más. Finalmente, cuando el debate parecía empantanado en torno del porcentaje de la tasa Interna de Retorno, el Gobierno tomó la decisión de avanzar.
En medio de todo esto, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, al denunciar lo que estaba ocurriendo en el ámbito del Congreso Nacional, relató que recibió diversas presiones.
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