Se trata de la comunidad El Tunal, que cuestiona una autorización provincial que beneficia a la empresa Agropecuaria Tomay S.A.
Las topadoras avanzan sobre el monte nativo en tierras de la comunidad indígena El Tunal, del pueblo Vilela, a unos 30 kilómetros de Quimilí, en el norte de Santiago del Estero. Sus habitantes denuncian que la Dirección de Bosques provincial autorizó a la empresa Agropecuaria Tomay S.A. a desmontar parte de su territorio sin informar ni consultar previamente a las familias que lo habitan.
El conflicto comenzó a fines de agosto, cuando integrantes de la comunidad lograron frenar el ingreso de una topadora que había empezado a trabajar en uno de los sectores de monte que todavía permanecen en pie. Días después, según denunció el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE-Vía Campesina), la maquinaria regresó con una autorización atribuida a la Dirección de Bosques y un grupo de personas que custodiaba las tareas.
La organización reclamó ante organismos provinciales, la policía local y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y advirtió sobre la presencia de personas armadas en el lugar. Del mismo modo, exigió que se detengan los trabajos.
El 19 de octubre, Greenpeace sumó su denuncia pública y señaló que las topadoras ya habían avanzado sobre cerca de 200 hectáreas de bosque nativo. La organización reclamó que se frenen las tareas y que las autoridades provinciales garanticen la protección del territorio y de las personas que lo defienden.
Un territorio reconocido por el Estado
Este conflicto por la ocupación de El Tunal tiene antecedentes oficiales. Mediante la Resolución 95/2020, el INAI dio por concluido el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la comunidad y reconoció su ocupación actual, tradicional y pública sobre una superficie georreferenciada de aproximadamente 3.132 hectáreas. La comunidad, además, cuenta con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas desde 2019.
El relevamiento forma parte del procedimiento previsto para identificar y documentar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. No equivale por sí solo a un título de propiedad comunitaria, pero constituye un antecedente oficial relevante para analizar el conflicto territorial.
Mientras un organismo nacional reconoció la ocupación tradicional de esas tierras, la comunidad denuncia que otra dependencia estatal habilitó trabajos de desmonte en ese territorio sin garantizar su participación.
El MOCASE-VC sostiene que la autorización fue otorgada sin consulta previa y cuestiona, además, la falta de estudios de impacto ambiental. La organización también denunció que la empresa no tendría títulos ni posesión sobre los lotes afectados.
Qué dice la legislación ambiental
La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos establece en su artículo 19 que los proyectos de desmonte o manejo sostenible deben reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente ocupan esas tierras.
La misma norma dispone, en su artículo 26, que antes de autorizar desmontes deben garantizarse los mecanismos de audiencia y consulta pública previstos en la legislación ambiental, además del acceso a la información sobre las autorizaciones otorgadas.
A esas obligaciones se suma el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incorporado a la legislación argentina mediante la Ley 24.071. Su artículo 6 establece el deber de consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
En su denuncia, el MOCASE-VC señaló que ya había presentado reclamos por desmontes en el mismo sector durante 2023 y que, en aquella oportunidad, las tareas se habían detenido. La organización cuestiona que el conflicto haya vuelto a producirse y exige que se revisen las autorizaciones actuales.
El caso se inscribe en un escenario de presión sobre los bosques nativos de la región. Según un relevamiento satelital citado por Greenpeace, durante 2025 se desmontaron 51.149 hectáreas de bosque nativo en Santiago del Estero, una de las provincias más afectadas por la pérdida de cobertura forestal.
Tiempo Argentino