Desde hace largos años, el Congreso no puede dar respuestas a la hora de activar protocolos para la prevención, detección y actuación ante cualquier tipo de violencias en niños y adolescentes. Por ese motivo es que la Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, reclamaron al Senado que, antes que finalice el período ordinario -fin de noviembre-, se apruebe un proyecto dictaminado el miércoles pasado que, incluso, cuenta con preferencia para la próxima sesión.
La iniciativa en cuestión fue empujada, en la Cámara alta, por la legisladora chubutense Andrea Cristina (PRO), quien responde al gobernador Ignacio Torres. En el plenario de las comisiones de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, se obtuvo un despacho con las firmas de, entre otros, las libertarias Patricia Bullrich (Capital Federal) y Nadia Márquez (Neuquén), los justicialistas Pablo Bensusán (La Pampa) y Fernando Salino (San Luis), los kirchneristas Mariano Recalde (Capital Federal) y Jorge Capitanich (Chaco), el radical Rodolfo Suárez (Mendoza) y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes).
Una de las firmas en disidencia parcial fue, a pesar del consenso general -y según la documentación oficial-, la macrista María Huala (La Pampa). La clave del texto se encuentra en su artículo segundo, que plantea que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social, recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, sea público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes deberá diseñar e implementar, en conjunto con las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencias que involucren niñas, niños y adolescentes, conforme lineamientos nacionales trabajados y aprobados en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Desde Red por la Infancia señalaron: “La historia del proyecto comenzó en 2018, luego de que salieran a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas Cámaras en distintas instancias de su recorrido y perdió estado parlamentario en dos oportunidades, sin llegar a convertirse en ley”.
La institución además advirtió: “Durante estos ocho años, nuevos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes volvieron a exponer las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta e intervenir oportunamente. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son algunos de los hechos que forman parte de la cronología”.
Por otra parte, desde allí se señaló que “la magnitud del problema también se refleja en las estadísticas oficiales”. En ese sentido, la entidad planteó que “entre 2018 y 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes y, en el 56% de los casos denunciados en 2025, la violencia ocurre a diario o semanalmente”. Y se aclaró que “se trata de registros de una sola jurisdicción, que no representan la totalidad de los hechos ocurridos en el país”.
“El 80% de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos para prevenir estas situaciones y, cuando se detecten o reciban denuncias, tengan procedimientos claros que permitan actuar a tiempo y brindar una respuesta adecuada a las víctimas”, manifestó la directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia, Paula Wachter.
Los referidos protocolos -enfatiza la norma propuesta- “deberán contar con la especificidad requerida y diferenciada para los distintos tipos de violencias, y se procurará como mínimo, que existan protocolos específicos para abuso sexual de niñas, niños y adolescentes; violencia física; violencia entre pares”; y “otros tipos de violencias, que determine la Autoridad de Aplicación, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia”.
Fuente: Infobae