Página/12 pudo confirmar que un expositor integró la SIDE, al menos, entre 2002 y 2020. En la actualidad, mantiene un reclamo en el fuero de la seguridad social para que se le reconozca un plus por “trabajos extraordinarios”.
Más de 100 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas sobre la ley de glaciares —que se votará el miércoles en la Cámara de Diputados—, pero fueron pocas las que pudieron exponer. Entre los seleccionados estuvo un espía que se presenta como referente de una organización ambientalista de la zona sur del Gran Buenos Aires, según pudo reconstruir Página/12.
El 25 de marzo, la Cámara de Diputados empezó a discutir la reforma que plantea el Gobierno. Todo fue con un Congreso vallado. Habían pasado siete horas de exposiciones cuando llegó el turno de Hugo Maximiliano Monico. Se presentó como presidente de Green Marathon y explicó que la organización tiene sede en Guernica, provincia de Buenos Aires. Monico habló durante unos cinco minutos y cerró con un pedido para que se rechace la reforma de la Ley 26.639. “Sin glaciares no hay agua y sin agua no hay vida”, afirmó, y cosechó varios aplausos.
Horas después, Monico publicó su intervención en sus redes sociales personales y en las de Green Marathon, donde también recibió mensajes de aprobación.
Sin embargo, este hombre —que se presenta como experto en relaciones públicas, producción y fotografía— no menciona que integró durante años la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
Después de su intervención en el Congreso, empezó a circular la versión de que podría tratarse de un agente de los servicios. Página/12 pudo comprobar que una persona con su nombre y su Documento Nacional de Identidad (DNI) inició un reclamo ante el fuero de la seguridad social en 2022, en el que pretendía el pago de un retroactivo por “trabajos extraordinarios”. Allí se presentaba como retirado de la Secretaría de Inteligencia o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denominación que tenía entonces la actual SIDE.
El 7 de febrero de 2024, la AFI informó en ese expediente que Monico había percibido una compensación por “trabajos extraordinarios” desde el 15 de febrero de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2020. La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) del organismo también señaló que se le otorgó la baja el 1 de diciembre de 2020 y argumentó que ese ítem se encontraba incorporado a su jubilación. En el expediente —al que se puede acceder desde la web sin restricciones— figuran recibos de sueldo a nombre de Monico.
Es posible que Monico sostenga que se encuentra retirado de la SIDE. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio consideran que podría desempeñarse como inorgánico o prestar servicios para otros organismos de inteligencia. Llamó la atención que haya logrado un lugar para exponer cuando miles quedaron afuera, en medio de una fuerte tensión con el oficialismo.
En las redes sociales de Monico puede verse que su inserción en la militancia ambientalista se produjo cuando aún estaba activo en la AFI. Por ejemplo, en Facebook afirma que en 2017 ejercía como coordinador de “Elephants’ Helpers Argentina”. Para esa época también se presentaba como camarógrafo o fotógrafo del canal Crónica.
En esa misma red social puede leerse que se desempeña como presidente de Green Marathon desde 2024. La organización tiene publicaciones en Instagram desde octubre de 2023 y su sitio web está activo desde el año pasado.
Pocos días después de su exposición ante la comisión de Diputados, Monico fue entrevistado por el programa Enfocados, que se emite por La Radio de Korn (91.3). Allí le preguntaron por la historia de Green Marathon y situó su creación “oficial” en octubre de 2024.
“Hace muchos años que vengo haciendo trabajos ambientales, siempre como voluntario, nunca como protagonista. Estuve viviendo unos años en Capital Federal. Cuando vuelvo acá por cuestiones de la vida —se refiere a Guernica— me encuentro con que había cosas que no estaban muy resueltas y dije ‘bueno, empecemos a trabajar’”, afirmó durante la entrevista.
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que el Gobierno de Javier Milei envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) señalaba como grupos de interés para los servicios a los “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones”, según el documento que reveló en junio pasado la revista Crisis.
Con su intervención en la Cámara de Diputados, Monico se vinculó precisamente con grupos ambientalistas que inciden en la agenda pública nacional. Incluso, en la entrevista con el medio zonal, relató que tras su exposición se le acercó el diputado libertario Nicolás Mayoraz para pedirle los datos que había aportado.
Existen distintos antecedentes de agentes de inteligencia que se insertaron en organizaciones sociales. En 2020, el juez Alejo Ramos Padilla investigó el llamado “Proyecto AMBA”, implementado por la AFI en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. En esa causa surgió que los espías relevaban información sobre organizaciones sociales y que se dedicaban al espionaje político.
Ramos Padilla mencionó incluso el caso de un agente que se infiltró en una organización y prestaba un local para realizar reuniones. En la previa de un encuentro, mientras colocaba micrófonos y cámaras, cayó desde el techo y debió tramitar el accidente a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), lo que dejó documentada su actividad. Pese a la evidencia, la investigación sobre el Proyecto AMBA no avanzó tras la intervención de la Cámara Federal de Comodoro Py.
Existe otro caso de infiltración en un medio de comunicación alternativo que terminó en condena, luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de Américo Balbuena, integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quien se infiltró en la Agencia Walsh.
Balbuena se hacía pasar por movilero de la agencia. Tenía varias ventajas: horarios flexibles, disponibilidad de una moto para desplazarse e ingresos para cubrir gastos como el combustible —algo poco frecuente en la comunicación alternativa—. Esas condiciones eran posibles gracias a su pertenencia al cuerpo de inteligencia de la PFA, regido por una normativa secreta que aún se mantiene en democracia. Al dictar sentencia contra Balbuena y dos de sus superiores, el juez federal Daniel Rafecas sostuvo que el Congreso debería revisar si la vigencia de esa normativa resulta compatible con un sistema democrático que exige transparencia institucional.
En el caso del Cuerpo de Informaciones, sus agentes suelen caracterizarse por la infiltración en distintos ámbitos. Además de Balbuena, se conocen otros casos como el de José “Iosi” Pérez, infiltrado en la comunidad judía, y el de Isabel Correa, que se mezcló entre las Madres de Plaza de Mayo durante la última dictadura.
Página/12