Autoridades universitarias, docentes, no docentes, estudiantes y miles y miles de personas inundaron la Plaza de Mayo y alrrededores para reclamarle a Milei que cumpla la ley y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario: “No hipotequen el futuro”. Mientras el reclamo se replicaba en todo el país.
La multitudinaria movilización de la comunidad de universitarios y sus organizaciones colmó Plaza de Mayo en la CABA para exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocaron a una enorme multitud que inundó el centro porteño. La jornada constituyó la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente.
“No hipotequen el futuro”
Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, advirtió durante el acto: “Está en riesgo la democracia, la plena vigencia del estado de derecho”.
El rector sostuvo que “una sociedad empieza a quebrarse cuando deja de dolerle el sufrimiento del otro”, y denunció que restringir el derecho a protestar, emplear la represión policial y desconocer leyes aprobadas por el Congreso nacional constituyen amenazas directas a la democracia.
El reclamo incluyó un pedido explícito para que la administración nacional cumpla tanto con la ley de financiamiento universitario como con las decisiones judiciales. “Exigimos que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, la voluntad democrática del Congreso y las decisiones de la Justicia”, expresó Torres ante la multitud reunida. Rechazó la posibilidad de “condenar a millones de jóvenes a privarse del derecho a estudiar”, señalando que el ajuste y la crisis económica, aunque relevantes, no explican por sí solos el peligro que enfrenta el sistema educativo.
En su discurso, Torres mencionó que la jornada fue “un día histórico”, resaltando que “nos encontramos en la calle y dijimos que el otro sí nos importa. Nos importan los trabajadores, los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes”. El rector remarcó que limitar derechos, demorar acciones judiciales o discriminar por pensar diferente pueden dañar de forma irreparable la convivencia democrática.
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Página 12/Infobae