La aceitada maquinaria de quienes llegaron al gobierno para hacer negocios: el proyecto que propone legalizar las “cometas”; los leguleyos que gestionan contratos y licitaciones; la relación de la Secretaría Legal y Técnica con el estudio Cassagne, de estrecha vinculación con Santiago Caputo; y la escandalosa ostentación de lujos y bienes de quienes son parte de esta trama, donde se mezclan los intereses privados con el interés público.
Por Mauro Federico e Yvy Cángaro
Con el trumpismo como faro y la forma de construcción política estatal de los Estados Unidos, Javier Milei va por una medida más para emular el método y el fin. Esta semana el gobierno envió al Congreso el proyecto que ampulosamente denominó “Transparencia y Publicidad en la Gestión de Intereses”; o sea, una ley de lobby para legitimar aquello que hasta ahora era considerado delito, si además implicaba pago de coimas o tráfico de influencias; esto último prácticamente inevitable en el cabildeo básicamente porque consiste en la mediación entre partes influyentes de dos sectores, el público y el privado.
El método fluctúa en una zona gris: en 2003 y por el decreto 1172 se obligó a que los funcionarios de mayor jerarquía de gobierno registren sus audiencias y que esta información sea, como lo es actualmente, pública. De ese modo se dio visibilidad a los encuentros en los que se plantean intereses privados ante quienes toman decisiones públicas.
De todos modos ese registro no es completo y tampoco quienes piden encuentros necesariamente sean lobbystas, pues en el listado aparecen casos particulares de motivos circunstanciales.
En los albores del gobierno libertario ni siquiera se cumplió con ese decreto: durante los últimos meses en que el actual presidente estuvo en campaña y en los tres primeros de su mandato, vivió en un hotel donde ninguna visita quedó registrada. Del mismo modo, los hermanos Santiago y Francisco Caputo, al no tener nombramientos formales pero sí oficinas en la Casa Rosada, no dejan registro de con quién y por qué motivo se encuentran en sus despachos y ni siquiera serían alcanzados por la nueva ley que promueven por algo simple: no son funcionarios.
La actual medida propuesta, a contramano de sus propias acciones e incluso de las declamaciones de libertad, se asemeja a la “ley de Agentes Extranjeros” que rige en Rusia, Hungría o El Salvador, estos dos últimos países con Viktor Orban y Nayib Bukele como líderes admirados por Milei, que censuran todo financiamiento extranjero, algo frecuente en organizaciones no gubernamentales fundamentalmente vinculadas a la investigación de la corrupción o de promoción de los derechos humanos.
La razón es que el proyecto oficial promueve un “registro de gestores” en el que deberán anotarse obligatoriamente personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que un sindicato, un club de barrio, una asociación sin fines de lucro o un particular que pretende encontrarse con un funcionario por un caso puntual sería considerado un “lobbista”, a diferencia de la ley estadounidense que pone la barrera, para tal consideración, de que las gestiones sean remuneradas para quien las lleve adelante.
El artículo segundo es explícito en esto: “Toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas humanas o jurídicas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública”.
Para la ley de Milei no hay matiz entre el interés de un club de barrio por tener recursos para ampliar la canchita de fútbol o el de una empresa multinacional, representada por un bufete de prestigiosos abogados, para ganar una licitación o redactar una ley a medida.
Grandes empresas, negocios turbios y los mismos abogados
Al igual que durante el menemismo, volvió el fantasma de las privatizaciones, las adjudicaciones directas y las licitaciones signadas por el interés del sector privado por sobre los del estado. Los estudios de abogados, como en el gobierno de Carlos Menem y en el de Mauricio Macri, tienen más trabajo que nunca en este esquema.
Desde las oficinas de prestigiosos bufetes se redactan leyes y la letra chica de los pliegos de licitaciones y privatizaciones. Un caso finalmente admitido y reciente es el del estudio jurídico corporativo Bruchou&Funes de Rioja, liderado por la familia del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Desde sus oficinas se diseñó y redactó el apartado de reforma laboral incluído en la Ley Bases que introdujo los cambios en las contrataciones, períodos de prueba y régimen de indemnizaciones. Una vez aprobada la ley, el mismo estudio representa a empresas que son blanco de medidas cautelares al implementar las medidas.
En principio el bufete había negado su participación en la confección de la Ley, pero fue tan ominosa su participación, que cuando se hizo público que en el borrador del capítulo fiscal que el gobierno envió a las provincias aparecía el nombre del socio Ángel Kusa como autor del archivo, no les quedó más que admitir que desde el sector privado se diseñó una ley que solo debe ser diseñada y escrita por las áreas de legales del Gobierno. De más está decir que los cambios en la normativa que impulsó Milei favorecían a algunas de las principales empresas argentinas, casualmente representadas por Bomchill, Mairal y Bruchou&Funes de Rioja.
El caso de la concesión de peajes durante el macrismo es un claro ejemplo. Se autorizaron incrementos abruptos y acumulativos en los cuadros tarifarios desde el inicio de la gestión (algunos superaron el 200%-500% en el corto plazo) para reducir los subsidios estatales; el gobierno renegoció los contratos de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (CGO) en 2018. Se extendió la concesión de ambas trazas hasta el año 2030 (una década más de lo estipulado originalmente) a cambio de nuevas inversiones y se resolvió un juicio millonario que la empresa Abertis tenía contra el Estado en el CIADI.
Durante la renegociación, el Grupo Macri (Socma) aún poseía un porcentaje accionario en Autopistas del Sol. Tras los aumentos, el valor de las acciones se disparó, momento en el cual la familia del expresidente vendió su participación. Esto originó causas penales en la Justicia para investigar una presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
El estudio de abogados que representó a las empresas concesionarias (vinculadas al grupo español Abertis) fue Marval O’Farrell Mairal, que representó a la familia Macri en sus acuerdos con el Estado durante la gestión de Cambiemos; testigos de la causa declararon que los puntos de la concesión que aprobó el gobierno llegaron en un pen drive desde el bufete.
José Luis Manzano, hoy convertido en uno de los empresarios más poderosos del país a través de Edenor, Grupo América, minería y energía, opera históricamente con Marval, O’Farrell Mairal para auditorías, due diligence y análisis de pliegos vinculados a transporte eléctrico, hidrocarburos y activos energéticos estatales.
Eduardo Elsztain, uno de los empresarios de mayor llegada histórica al poder político y financiero argentino, suele apoyarse también en estudios como Beccar Varela y Marval, O’Farrell Mairal para sus movimientos vinculados al negocio inmobiliario, financiero, energético y de infraestructura. Vale recordar que Elsztain, además de ser la cabeza del imperio IRSA, que está detrás de los propiedades estatales que saca a la venta la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), muchas de ellas en las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país; es el dueño del Hotel Llao-Llao -donde suele reunirse el presidente con el “círculo rojo” empresarial y uno de los sitios en donde vacacionó Manuel Adorni con su familia- y del Hotel Libertador, donde vivió durante meses Milei, en campaña y como presidente, con todo su séquito, sin que al día de hoy se sepa quién pagó la estadía.
El Grupo Neuss, encabezado por Patricio y Juan Neuss trabaja principalmente con Tavarone, Rovelli, Salim&Miani, estudio que les estructura la ingeniería financiera, contratos de energía y el armado corporativo para avanzar sobre infraestructura eléctrica e hidroeléctrica. Los abogados participan activamente y a la vez en el análisis y redacción de marcos legales para el Estado, como el nuevo régimen de concesión de obra pública para el transporte de energía y asesoraron a la provincia de Córdoba en un acuerdo para el financiamiento sostenible de 250 millones de dólares del IFC, destinado a la Circunvalación de Río Cuarto.
En paralelo, la familia Román, histórica jugadora del negocio logístico, portuario y de dragado, se mueve con Salaverri, Burgio y Wetzler Malbrán, estudio que diseña UTEs, asociaciones transitorias y esquemas de participación junto a gigantes internacionales como Jan De Nul o DEME para competir por Hidrovía, puertos y logística ferroviaria vinculada al Belgrano Cargas.
Otro actor central de este entramado es el estudio Cassagne, uno de los bufetes más influyentes del país en Derecho Administrativo, regulación económica y contratos públicos.
Su socio fundador Juan Carlos Cassagne, tuvo estrecha vinculación con Roberto Dromi, el ministro de Obras Públicas de la gestión de Carlos Menem y estuvo fuertemente ligado por haber sido, junto a ellos, el artífice legal y político de la Reforma del Estado y las masivas privatizaciones de empresas públicas durante la década de 1990 en Argentina, cuando lideraron el desguace y la privatización de compañías como ENTEL, Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas. Tras diseñar el marco regulatorio para la privatización, Cassagne y otros asesores jurídicos pasaron a ocupar cargos directivos o de control en algunas de las nuevas empresas privatizadas. Por ejemplo, Cassagne presidió los directorios de concesionarias como Aguas Argentinas y Metrogas, y fue síndico de Edenor.
En la actualidad sus clientes son otros y variados pero con vínculos entre sí, políticos y de negocios como otrora. Asesora al grupo Neuss, y también al empresario asociado con ellos, el poderosísimo hombre de Tierra del Fuego y responsable de Newsan, Rubén Chernajovsky, asociado con los Neuss en el negocio de la energía. Como cereza del postre, también representa a la empresa encargada de la Hidrovía que pelea por la nueva adjudicación, Jan de Nul, en la que podrían tener intereses no solo los Neuss y Chernajovsky sino el mismísimo Santiago Caputo.
Al estudio lo dirigen además del fundador Juan Carlos, su hijo Ezequiel Cassagne y su socio Máximo Fonrouge, quienes según dicen en los corrillos de la Rosada y apelando a su larga experiencia de lobbistas, aparentemente pretendieron pasar por encima de las decisiones del Mago del Kremlin, quien no vaciló en “apretarlos” de la manera que mejor conoce: a través de la red social X.
Este bufete, de todas maneras, representa a la consultora Move, que tiene cuatro cabezas bien visibles:
- Guillermo Garat, actual vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF, señalado como el “repartidor de la pauta oficial” y que en paralelo es socio también en TAG Continental SRL, una firma especializada en microtargeting, segmentación electoral y comunicación directa. TAG se presenta como una empresa tecnológica, pero en la práctica funciona como una usina de datos para campañas electorales;
- Rodrigo Lugones, el hijo del ministro de salud y con peso propio, al punto que el periodista Hugo Alconada Mon dice que “es el asesor del asesor”, en referencia al Peaky Blinder del subdesarrollo. Quienes lo conocen remarcan que es brillante. Y otros sostienen que es, incluso, el ‘Roberto Galán’ de este Gobierno. Porque le buscaría candidatos a las empresas públicas que la Casa Rosada quiere privatizar, algo que sus allegados niegan, precisan o elevan a otro rol: ‘Rolo’ ayuda a pensar y a definir qué hacer con cada activo del Estado nacional del que quiere desprenderse. Pero todos coinciden en algo: “Lugones resulta clave para entender múltiples movidas del Gobierno, coincidieron una docena de funcionarios, empresarios y lobistas consultados”, dice el periodista.
Si alguien creyó que los vínculos del estudio Cassagne se limitaban al coqueteo con algunos funcionarios o a su representación, se quedó corto. Además, pusieron a una de sus socias en uno de los roles más preponderantes del gobierno: la Secretaría Legal y Técnica.
La mujer de la lapicera
María Ibarzábal Murphy llegó al Gobierno de la mano de Caputito. Ex funcionaria macrista y magíster en derecho administrativo, Ibarzabal Murphy asumió en abril de 2024, con solo 38 años, como titular de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, un área que fue creada una semana antes de su nombramiento, en un lugar que muchos ya daban por descontado que quedaría para Sturzenegger.
Su curriculum dice que trabajó previamente en Marval O’Farrell Mairal y que antes tuvo también un paso por otro importante estudio, Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer, especializado en derecho empresarial, corporativo y de inversiones extranjeras.
Más allá de que el grueso de su experiencia es en el mundo privado, Ibarzabal también tuvo su paso por la función pública. Fue en la presidencia de Mauricio Macri, cuando trabajó en la Procuración del Tesoro Nacional, la jefatura de todos los abogados del Estado, en tiempos de Bernardo Saravia Frías, En los registros oficiales también quedó asentado su paso por el Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2016, como directora de Relaciones Interministeriales de esa cartera, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Relaciones Parlamentarias e Interministeriales. El sendero hacia el Congreso no le era extraño.
“María es Santiago”, es la definición en las filas oficialistas para dar cuenta del vínculo entre ambos. Es la esposa de Alejandro Gonzalez Bosch, mejor amigo desde la infancia de Caputo, por lo que se conocen desde hace muchos años. A comienzos de 2024 era abogada senior en el estudio Cassagne y estaba a punto de convertirse en la primera socia mujer en la historia del mayor bufete especializado en derecho administrativo, cuando Caputo le pidió que se sume a las filas libertarias.
Al anunciarse la creación de la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, el por entonces humilde vocero Manuel Adorni la definió por sus funciones. “Nos ayudará a la modernización del Estado y a todos los cambios que queremos hacer en materia normativa”, afirmó, para agregar: “La Argentina es una infinita montaña de normativas que hay que regularizar y que hay que modernizar para poder seguir avanzando”.
Ibarzábal trabaja con un equipo de alrededor de ocho colaboradores que ella misma eligió. Lo hace en el primer piso de Casa Rosada, junto al despacho del asesor sin nombramiento. Las suspicacias sobre su rol se intensificaron a partir de un episodio reciente que dejó al descubierto las tensiones internas del oficialismo.
Tras el traslado de Sebastián Amerio desde la Secretaría de Justicia a la Procuración del Tesoro Caputo perdió una de sus principales palancas de influencia dentro del área judicial del Gobierno. En el lugar de Amerio asumió Santiago Viola. En ese contexto se evaluó la posibilidad de que la Procuración del Tesoro dejara de depender del Ministerio de Justicia y pasara a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica, el área que conduce Ibarzábal. Bajo su órbita y no del Ministerio de Justicia, Amerio habría tenido un margen mayor de autonomía. Por otra parte, algunas fuentes aseguran que Amerio sería un socio oculto del bufete al que también pertenece Ibarzábal, el de Casagnne.
Según cuenta la periodista Marina Celichini en La Nación, “la alternativa finalmente no prosperó. Juan Bautista Mahiques, flamante ministro de Justicia entronizado por Karina Milei, no estaba dispuesto a resignar el control del patrocinio jurídico del Estado el mismo día de su designación”. Tampoco en la Secretaría General de la Presidencia veían con buenos ojos esa opción, en un momento en que el sector que responde a la hermana del Presidente consolidaba posiciones dentro del gabinete.
El episodio quedó expuesto a partir de un comunicado difundido desde la Procuración del Tesoro, ya bajo la conducción de Amerio. Allí se informaba que el organismo “pasará a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, con el objetivo de fortalecer la coordinación estratégica en la defensa jurídica del Estado y acompañar, con mayor cercanía institucional a la Presidencia de la Nación, la estrategia jurídica de este Gobierno”. Once minutos más tarde llegó una rectificación. En un nuevo mensaje −con emoji de alerta y texto en mayúsculas− se aclaró: “La Procuración del Tesoro NO pasa a la Secretaría Legal y Técnica. Mantiene su condición actual”.
Desde entonces, el rol de la secretaria Legal y Técnica comenzó a ser observado con mayor atención por el equipo político que rodea a Karina Milei. El salón “Martín Fierro” del primer piso de la Casa Rosada, donde tienen sus oficinas Caputo e Ibarzábal hace unos días quedó bloqueado después de que un electricista se llevara la única llave por error y hubo a un cerrajero para abrirla, previo a que llegara el asesor presidencial.
El “mago del Kremlin” tras el “oro de Moscú”
Las últimas semanas Data Clave investigó y escribió profusamente acerca de Santiago Caputo y su hermano Francisco, quien tampoco tiene nombramiento alguno y sin embargo recorre los pasillos de la Casa Rosada como si fuese la propia, del mismo modo que administra el dinero de la Fundación Faro, institución que no ha presentado sus balances contables, ni el detalle del origen de sus fondos ante la Inspección General de Justicia y que sin embargo destinó solo para publicidad de actos de gobierno en Facebook e Instagram 821 mil dólares.
Santiago, que visitó los Estados Unidos hace menos de dos semanas, puede que en su recorrida haya ido a ver alguna de sus propiedades en el país del norte, más específicamente un departamento en Miami, en el mismo edificio que en su momento Mariano Pastor – empresario futbolístico radicado en USA – y su socio Cristian Auguadra, que hoy dirige la SIDE bajo el patrocinio de Caputo, adquirieron una propiedad.
Pastor, es socio informal de Auguadra en Sparrow Investors LLC, creada el 8 de septiembre de 2016 con el agente Alex Sirulnik a quien muchos señalan como un testaferro de Pastor. Con esta empresa compraron un departamento de tres millones y medio de dólares en el complejo Continuum South, y que vendieron en 2021 con la firma autorizada de Auguadra. La empresa compradora es Finanzas 1101 LLC que, vaya casualidad, dirige desde 2022 el mismo Pastor. Además, como testigo de la operación firmó Gonzalo, el hijo de Auguadra de 24 años.
Lo curioso es que en el mismo condominio, y según fuentes calificadas, Caputo habría comprado una propiedad. El edificio se creó en 2002, tiene 42 Pisos y 318 residencias de una a cuatro habitaciones. Continuum está compuesto por dos torres rodeadas de paredes de vidrio y las residencias van desde 111 metros cuadrados las de un dormitorio, a 371 metros cuadrados las de cuatro. Ambas torres tienen vistas al océano Atlántico, el Puerto de Miami y Fisher Island, y también ofrecen vistas despejadas de la playa. Según la descripción de la página oficial, cuenta con restaurantes gourmet cercanos de clase mundial y fácil acceso a la Miami Beach Marina.
De los dos lados del mostrador: lobby, bufetes de abogados, empresarios y funcionarios que se enriquecen
Los precios de las unidades difieren un poco de lo que podría considerar una familia tipo argentina para pedir un crédito hipotecario destinado a su primera vivienda. Allí hay disponibles para la venta dieciséis unidades que van desde la más económica, de un dormitorio, a cuatro millones y medio de dólares; a la más cara, de cinco ambientes, a veintidós millones de dólares. El precio promedio del metro cuadrado es de 46.682 dólares. Si la opción es alquilar, hay doce unidades en oferta que fluctúan entre los once mil dólares a los veinticinco por mes.
Una ganga si se considera que el complejo cuenta con restoranes interiores y al aire libre, dos piscinas tipo laguna climatizadas, tres canchas de tenis de arcilla, un club de salud y spa de cuatro niveles, un gimnasio olímpico, clases de ejercicio individuales, spa con sauna, baños de vapor, jacuzzi y piscina de agua fría, sala de relajación y sala de ducha y tocador, seguridad las 24 horas y vestíbulos y zonas comunes revestidas en mármol.
Las residencias cuentan con una entrada de ascensor privado y otra semi privado, techos de tres metros de altura, ventanas de piso a techo resistentes a impactos de huracanes y polarizadas para mayor privacidad, amplios balcones, encimeras de granito y gabinetes de madera personalizados en cocina, suelos de mármol, encimeras, y cabina de ducha personalizados en baño, baño principal incluye bañera de hidromasaje y ducha cascada, y walk-in closets en dormitorios.
Esta descripción del agente de ventas, pormenorizada, es una muestra de la escandalosa ostentación de funcionarios de gobierno que cada día, a cada argentino, le dicen que “no hay plata” para jubilados, niños, trabajadores y personas vulneradas en sus derechos, y que no pueden de ninguna manera, como Adorni, justificar sus inversiones recientes.
Como no es funcionario, Caputo no está obligado a presentar su declaración jurada, pero las sospechas de un enriquecimiento exponencial durante los últimos dos años crecen día a día en el despacho de la Secretaria General de la Presidencia, que ya habría enviado gente de su confianza a los Estados Unidos para documentar las cada vez más fundadas versiones sobre la fortuna del Mago.
De todos modos, no es el único.
Nadie supera a los Kovalivker
El nombre de una de las familias más ricas de la Argentina saltó por primera vez para el gran público en medio del escándalo de coimas del caso ANDIS. Hasta entonces, los dueños de la Droguería Suizo Argentina eran reconocidos por las actividades filantrópicas de la mater familiae, Nicole, por los libros eróticos del patriarca Eduardo, o por las competiciones en autos de colección de los hijos Jonathan y Emmanuel.
Cuando los audios de Diego Spagnuolo, director por entonces del organismo, dejaron expuesta una trama de corrupción que involucraba a funcionarios de estado y a empresarios y particulares, luego investigada por la justicia, los Kovalivker vieron cómo toda su vida pública y privada era expuesta con sus luces y sus sombras bajo la atenta mirada de ciudadanos que hasta entonces los ignoraban, así como ellos los ignoraron siempre. Porque negocios son negocios y si se hacen a costa de los sectores más vulnerables de la sociedad, para familias como la de Kovalivker, es solo un obstáculo de la estadística.
Hoy, la familia propietaria de la Suizo Argentina está bajo investigación judicial junto a otras 18 personas por cargos de administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, cartelización de compras y retornos millonarios. La fiscalía abrió en febrero el servidor secuestrado en la droguería, que habría recibido compras por 55.000 millones de pesos en un año, operando como “ventanilla de pagos millonarios”. Entre las pruebas figuran chats con referencias a “el helvético” y la bandera suiza, además de allanamientos en Nordelta donde se incautaron 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo.
El conglomerado de empresas de la familia comprende cuarenta y nueve sociedades en Argentina que no solo del negocio farmacéutico sino en inversiones en automotores y concesionarias de lujo, consultoras de salud y empresas constructoras; también poseen empresas off shore desde donde triangularían sumas millonarias en dólares a cuentas en Hong Kong, Nueva York, Ginebra, Seychelles y Andorra. El volumen de dinero es tal, que cuando en los allanamientos interceptaron a Emmanuel huyendo con la mencionada suma de dinero en efectivo, volvió a su casa quejándose de que con la incautación, no tendría efectivo disponible para sus gastos cotidianos.
Desde hace un mes y con tal de alejarse del escándalo público y judicial, Eduardo Kovalivker, de 86 años, dejó su departamento en la torre de Ramsay y Sucre -que le pertenecería en su totalidad- y con su esposa, de quien está separado hace más de 25 años radicada en París junto a su hermana, rentó un yate que ancló en el corazón del Mediterráneo para pasar un tiempo junto a su novia Florencia, una psicóloga de 26 años.
Nada le falta en su descanso, el yate cuenta hasta con una cancha de minigolf. Tampoco eligió pasar este tiempo en su fastuosa chacra de Punta del Este, en las últimas semanas un rumor comenzó a circular con fervor y tendría que ver con su afición a las jóvenes mujeres, las fiestas esteñas en casa del empresario farmacéutico Roemmers y su relación con Zoe B, una joven modelo que sería proxeneta.
Jonathan, mientras tanto, se pelea con sus vecinos del barrio privado que le reclaman porque su hijo de 14 años circula a 80 km/h por las calles del barrio, que no permiten más de 20 km/h; y programa un viaje con su nueva novia, la modelo Chloe Bello, a Milán, donde tiene en custodia experta sus sesenta autos de colección que incluyen Ferraris y Lamborghinis con las que compite junto a su hermano, poseedor de otros tantos coches, al igual que su padre.
En la justicia también deberán explicar algo que podría ser una dádiva: el alquiler del Movistar Arena para el evento musical de Milei y su banda presidencial. Según testigos de la contratación, el responsable de la editorial Hojas del Sur, Andrés Mego, editor también de los libros eróticos del patriarca Kovalivker, fue quien intermedió entre el estadio y su financista. Mego habría ido en persona a retirar los 70 mil dólares de la mitad del costo del alquiler para el show de octubre pasado.
El acuerdo era, también, que el líder de la familia y la Droguería Suizo Argentina subiera al escenario y presentara allí su último libro, en esa ocasión dedicado a los Granaderos de San Martín. No pudo ser: la denuncia judicial por las coimas en ANDIS hizo que sus hijos lo conminaran a no hacerlo, con él arriba del escenario y a los abrazos con el presidente, no habría forma de disimular no solo el apoyo explícito a Milei, sino el posible pago prebendario.
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