Ya hay evacuados y crecidas en el noreste del país. El Plan ENOS prioriza la coordinación entre organismos, pero no asigna recursos propios. Especialistas advierten que no hay tiempo para nuevas obras y cuestionan que el Fondo de Infraestructura Hídrica permanezca invertido en deuda del Tesoro.
El Niño dejó de ser un pronóstico. El fenómeno ya se manifiesta en Argentina en zonas ribereñas con crecidas repentinas y familias evacuadas. Mientras las provincias se preparan y destinan fondos para la emergencia, Nación organizó para el próximo lunes una cumbre en Chaco junto a los gobernadores. “Esperemos que no sea solo una foto, lo que se necesita son fondos y recursos”, deslizaron desde una gobernación del NEA sobre el Plan Federal ENOS, la estrategia oficial para enfrentar a El Niño.
Sin embargo, el Plan –que reconoce que El Niño de 2015/16 dejó más de US$687 millones en daños directos y pérdidas económicas superiores a los US$3.065 millones– no destina presupuesto. La resolución 559/2026 que lo aprueba detalla que es un plan de “coordinación” que descansa sobre tres organismos que el propio gobierno vació: el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua y Vialidad Nacional. También el texto deja en claro el orden de prioridades. Avisa explícitamente que los municipios tendrán que hacerse cargo y, en caso que no puedan, tendrán que pedir ayuda a la provincia. Recién después pueden solicitar la intervención Nación.
En tanto, los especialistas aseguran que ya no hay tiempo para nuevas obras, previendo que en octubre comenzará el fenómeno con mayor intensidad. Igualmente, los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, establecido por Ley 26.181 en 2006 para la realización de obras que mitiguen inundaciones, actualmente tiene otro destino: están colocados en letras del Tesoro.
“El Fondo tiene $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP”, reveló al pasar el ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni a fines de abril en el Congreso. “Es una vergüenza que usen los recursos para la timba financiera y no para hacer obras urgentes”, se quejó la diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal).
A su vez, en el Gobierno se entusiasman con “la otra cara de El Niño”. En un país cuya topografía también produce desigualdad –donde en los bajos del NEA y en los barrios populares al borde de los arroyos habrá evacuación y pérdida–, alientan a los productores a invertir en las lomas bien drenadas de la región pampeana donde El Niño será un “aliado” que permitirá una buena entrada de divisas (las proyecciones privadas calculan unos US$37.000 millones para la campaña 2026/27, el mejor escenario desde 2020).
“Estemos preparados para invertir”, se entusiasmó el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, en la Exposición Rural, durante la charla “Excesos hídricos y oportunidades productivas: las dos caras de El Niño”, en la que expusieron integrantes del Plan de Coordinación Federal ENOS y de un Comité de Emergencia Niño 2026/27. “Este parece ser un año que nos va a devolver todo lo que le pongamos”.
El fenómeno ya empezó y las provincias se adelantan
El Niño es un calentamiento del océano Pacífico que ocurre cada dos a siete años y altera el clima de todo el planeta. El calor del mar cambia la circulación del aire, y el resultado se reparte al revés según la región: sequía en Australia y el sur de África, lluvias por encima de lo normal en buena parte de Sudamérica. En la Argentina significa más precipitaciones, crecidas de ríos y temperaturas altas, sobre todo en el Litoral y el NEA. La Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio del evento el 12 de junio y un mes después la NOAA estimó un 81% de probabilidad de que alcance intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre, lo que lo ubicaría “entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico”.
El fenómeno ya comenzó a manifestarse en Argentina. El 24 de julio el caudal del río Uruguay frente a El Soberbio, Misiones, pasó de 4.700 a 17.100 metros cúbicos por segundo en un día y 41 familias tuvieron que ser evacuadas. Esa misma jornada se cerró el acceso a la Garganta del Diablo y, del lado brasileño, la represa de Foz de Chapecó abrió de urgencia compuertas y vertederos. Cuatro días después la marca del puerto de Concordia rozaba los 9,90 metros y el agua cubría las playas de la costanera baja. En Colón el río casi duplicó su escala en una semana y llegó a 5,90.
Chaco declaró la Emergencia Hidrometeorológica hasta el 31 de agosto y habilitó un fondo especial de hasta $1.500 millones. Santa Fe anunció uno de $10.000 millones, sumó cuatro helicópteros y ordenó la limpieza de canales. Corrientes activó el 3 de julio un plan de contingencia con Defensa Civil, Obras Públicas, Salud y la Municipalidad de la capital: en Paso de los Libres estiman hasta 1.500 evacuados si el río alcanza los niveles de 1998. Misiones puso en marcha su Plan Provincial de Emergencia y Buenos Aires presentó un diagnóstico del escenario climático ante la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.
Un protocolo con organismos debilitados para un fenómeno que ya empezó
En paralelo, Nación aprobó un protocolo. El Plan ENOS alcanza a Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y la Ciudad, y rige hasta el segundo semestre de 2027. En la práctica hace cinco cosas: monitoreo semanal del fenómeno, mapas georreferenciados, alertas tempranas, mesas de coordinación con las provincias e informes operativos. Ante una emergencia confirmada habilita un comando unificado y un despliegue en tres niveles, de verde a rojo, según alcancen los recursos del municipio, los de la provincia, o haya que traer medios desde otros puntos del país.
Los tres organismos que sostienen ese esquema llegan en su peor momento. El Servicio Meteorológico Nacional acumula una caída presupuestaria del 39,7% real desde 2023 y despidió a 140 trabajadores en abril, en su mayoría observadores de las 125 estaciones del país. “La falta de mediciones redunda en falta de datos que se pierden y no se pueden recuperar”, explicó a elDiarioAR Silvina Romano, delegada de ATE en el organismo. Sin esos datos, advirtió, se debilitan los pronósticos y queda en riesgo “el Sistema de Alertas Tempranas, cuyo objetivo fundamental es salvar vidas y evitar pérdidas materiales”. El Instituto Nacional del Agua, que pronostica las crecidas, perdió su autarquía por decreto, redujo un 35% su personal y funciona sin director designado, con el presupuesto más bajo en veinticinco años. Vialidad Nacional, que despeja las rutas por donde se evacúa, fue disuelta por decreto en julio de 2025; la Justicia frenó la medida y el Gobierno apeló.
El fondo para obras hídricas, inmovilizado en Letras del Tesoro
El Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. La Ley 26.181 fija que el destino de los recursos son obras, mantenimiento, recuperación de tierras productivas y mitigación de inundaciones. Nada de eso incluye letras del Tesoro, pero actualmente esos fondos están invertidos en LECAP según confesó el propio Gobierno. Mientras el dinero rinde intereses, el Plan Maestro del Río Salado –que abarca 59 municipios bonaerenses y a más de 1,5 millón de habitantes– tiene el Tramo IV paralizado bajo responsabilidad nacional. “Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras”, reclamó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.
Bahía Blanca como antecedente
Bahía Blanca ofrece un antecedente reciente de la respuesta oficial frente a una emergencia climática. Tras el temporal que devastó la ciudad en marzo de 2025, el Congreso aprobó una ley que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción. El Gobierno la vetó y mantuvo un esquema de subsidios por vivienda. Se inscribieron 37.546 personas, pero nunca se informó cuántas cobraron ni en qué estado se encuentra la reconstrucción.
En febrero de 2025, Milei atribuyó el calentamiento global a “los ciclos naturales de temperatura del planeta” y calificó de “fraude” a la agenda ambientalista. Un año y cuatro meses después, la Organización Meteorológica Mundial declaró el inicio de El Niño. Su secretaria general es la argentina Celeste Saulo, exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, el mismo organismo que el Plan de Coordinación ENOS considera clave para el monitoreo del fenómeno y que perdió casi el 40% de su presupuesto real desde 2023.
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