La semana pasada, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 estableció que los juicios se realicen de forma separada, a pesar de que los procesos tramitaban juntos desde 2019. “La decisión adoptada modifica una modalidad de juzgamiento previamente establecida y afecta las condiciones en las que habrá de desarrollarse la actividad probatoria”, resaltó en su escrito el representante del MPF.
El fiscal Diego Velasco presentó hoy un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal contra la decisión que tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 la semana pasada de desdoblar los juicios en las causas Los Sauces y Hotesur. En esa resolución, se determinó que el primero de ellos comience el 23 de octubre próximo mientras que otro empiece el 19 de marzo de 2027. En ese sentido, la fiscalía requirió que se deje sin efecto la decisión y que se inicien ambos casos de manera conjunta en octubre de este año.
El 17 de septiembre pasado, los integrantes del tribunal José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni sostuvieron que las causas “tienen objetos procesales autónomos”, que las coincidencias entre ambas son parciales y que el juzgamiento conjunto podría ocasionar “demoras innecesarias”.
Entre los principales imputados en los casos figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la decisión causa “un gravamen concreto al ejercicio de la acusación pública”, ya que “fragmenta el juzgamiento de maniobras” que los propios requerimientos realizados en ambos expedientes describen como “entrelazadas”. Además, sostuvo que la medida se adoptó “sin oír previamente a las partes, pese a que modifica una modalidad de juzgamiento establecida hace más de seis años”. En ese sentido, recordó que el 14 de mayo de 2019, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la tramitación conjunta de las causas Los Sauces y Hotesur resultaba “ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia”.
En el recurso, destacó que el desdoblamiento no fue debatido tampoco en la audiencia preliminar realizada el 4 de septiembre de este año, cuando se fijaron las pautas para organizar la prueba y asegurar la continuidad del debate.
Para el fiscal, la decisión no se limita a fijar fechas de audiencia ni a disponer medidas de organización interna del tribunal, sino que “modifica la modalidad de juzgamiento de causas cuya acumulación fue oportunamente dispuesta y determina que dos acusaciones entrelazadas se examinen en debates independientes”. “El agravio no reside en que la fiscalía deba intervenir en dos juicios, sino en que la separación compromete la posibilidad de reconstruir integralmente las maniobras investigadas, de producir la prueba común en un mismo contexto de inmediación y contradicción y de obtener una valoración conjunta de elementos conexos”, recalcó.
Las maniobras investigadas
En esa línea, explicó que en los requerimientos de elevación a juicio realizados por el MPF se calificaron a las maniobras investigadas como delitos continuados, con períodos que se superponen entre 2009 y 2015. “La sentencia que se dicte en el debate que se celebre primero podrá ser invocada en el segundo como cosa juzgada respecto de los tramos que las defensas presenten como partes de ese mismo delito, con eventual extinción de la pretensión punitiva”, agregó.
Dentro del recurso, el fiscal repasó que en ambos requerimientos se describe un mismo mecanismo, que consistió en haber canalizado hacia el patrimonio de un mismo grupo familiar fondos que serían provenientes de la defraudación al Estado Nacional en la obra pública vial de Santa Cruz, por medio de sociedades del Grupo Báez y bajo la apariencia de contratos comerciales. Sostuvo que en la causa Los Sauces, ese mecanismo incluye a empresas del Grupo Indalo.
Dejó asentado también que cada causa tiene su foco propio. Mientras que en Hotesur se examina la utilización de la actividad hotelera y la intervención de la sociedad Valle Mitre como administradora y gerenciadora en la circulación de los fondos, en Los Sauces se debaten las operaciones inmobiliarias y hoteleras, los contratos de locación y las transferencias provenientes de empresas de los grupos Báez e Indalo. “Las maniobras difieren en sus mecanismos, sociedades y negocios jurídicos, pero comparten el origen de los fondos, los sujetos intervinientes y su incorporación al patrimonio de los mismos beneficiarios. Esas conexiones no desaparecen porque cada acusación pueda individualizarse formalmente”, puntualizó.
Recordó, además, que la imputación por asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal no se formuló en Hotesur, ya que se dejó constancia de que, respecto de quienes ya habían sido acusados por esa figura en las causas conexas, no se reiteraría la imputación en resguardo de la prohibición de doble persecución.
“De ese modo, la existencia, composición y extensión temporal de la organización —presupuesto del modo en que “Hotesur” describe la maniobra— quedará debatida y decidida en “Los Sauces”, casi cinco meses antes y sin que la prueba de Hotesur haya sido producida”, aclaró el fiscal con respecto a la decisión de desdoblar ambas causas.
“Las dos acusaciones son, por lo tanto, tramos de una misma imputación que el propio diseño acusatorio concibió de modo articulado, y así lo reconoció la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal al declarar la conexidad subjetiva y objetiva de ambas investigaciones”, puntualizó. “El desdoblamiento no obliga a esta parte a acusar ni se lo impide, pero determina, sin su intervención, con qué alcance podrá sostener cada una de sus dos acusaciones”, marcó el fiscal.
De esta forma, solicitó a la Cámara que sea el 23 de octubre de 2026 la fecha de inicio de ambos procesos. “La celebración de uno de los debates antes de que se resuelva el recurso podría tornar abstracta o insuficiente la revisión pretendida. Iniciada la producción de prueba en forma separada, el perjuicio comenzaría a materializarse y su reparación exigiría reproducir actos procesales de considerable complejidad”, concluyó.
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