El secretario general de la Asociación Judicial del Chaco, Martín Westtein, cuestionó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo provincial que modifica el esquema de actualización salarial de magistrados y funcionarios y advirtió que la iniciativa podría generar un “desenganche” entre las remuneraciones de la cúpula judicial y las de los empleados. Aseguró que el gremio no tuvo diálogo previo con el Gobierno y que, pese a los contactos posteriores al inicio de las medidas de fuerza, todavía no cuenta con “garantías ciertas” sobre el impacto de la iniciativa.
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El conflicto salarial en el Poder Judicial chaqueño continúa con medidas de fuerza de los trabajadores, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el gobernador Leandro Zdero que propone modificar el mecanismo de actualización de las remuneraciones de magistrados y funcionarios.
En declaraciones a CIUDAD TV, el secretario general de la Asociación Judicial del Chaco (AJUCHA), Martín Westtein, sostuvo que el principal temor del gremio es que la iniciativa termine alterando la estructura salarial vigente y genere una diferencia entre los aumentos que perciban magistrados y funcionarios y los que correspondan al resto del personal judicial.
“Trae un peligro para el futuro en la estructura salarial del Poder Judicial, principalmente de los empleados”, afirmó Westtein. Según explicó, el gremio no cuestiona los derechos salariales que la Justicia reconoció a magistrados y funcionarios, sino que reclama que cualquier esquema de actualización preserve la estructura salarial del conjunto del Poder Judicial.
“No estamos en contra de los derechos o de las garantías que reclaman y que por sentencias le fue reconocida a los magistrados y funcionarios”, aclaró. Y agregó que el reclamo sindical tampoco constituye una medida “en contra del Superior Tribunal de Justicia”, sino una forma de expresar el rechazo a una iniciativa que, a criterio del gremio, podría modificar el esquema vigente.
El reclamo por una estructura salarial común
Westtein sostuvo que, si existen derechos salariales reconocidos judicialmente a determinados magistrados y funcionarios, deberían alcanzar al conjunto de quienes se encuentren en situaciones similares y, a su vez, garantizarse su traslado al resto de los trabajadores.
“Si bien existen derechos reconocidos a los magistrados, tendría que ser amplio, ampliarse a todos los magistrados, no solamente a un grupo y que, por ende, también al mantener o sostener la estructura salarial que tenemos hoy día, tendría que trasladarse al resto del personal”, planteó.
Uno de los puntos señalados por el dirigente sindical es que el esquema actualmente reconocido no alcanza a todos los magistrados y funcionarios. Según explicó, la eventual aprobación del proyecto podría derivar en nuevos planteos judiciales de quienes queden excluidos.
“Los magistrados que quedaron fuera de esta ley generarían obviamente medidas como para estar incluidos. Obviamente nosotros, empleados, también recurriríamos a medidas”, afirmó.
Para AJUCHA, ese escenario podría abrir un nuevo ciclo de litigios salariales dentro del Poder Judicial.
“Durar 20 años”
Westtein también cuestionó la posibilidad de que las diferencias salariales terminen resolviéndose nuevamente en los tribunales.
“El tema es que tampoco queremos llegar al punto de empezar a generar causas judiciales que pueden durar 20 años como duraron estas dos últimas que tuvimos en el Poder Judicial”, sostuvo.
El dirigente recordó que existen antecedentes de conflictos salariales que terminaron en litigios de larga duración y que tuvieron consecuencias económicas para la provincia.
Según relató, uno de esos procesos se inició en la década del 90 y derivó posteriormente en un acuerdo de pago. Westtein sostuvo que, después de dos décadas de litigio, los beneficiarios terminaron aceptando una suma equivalente al 50% de lo reclamado inicialmente.
“Vemos también que tampoco te garantiza cobrar la totalidad de tu reclamo, y tampoco es la idea de entrar en este tipo de conflictos”, señaló.
En ese sentido, planteó que el gremio busca evitar un nuevo escenario de judicialización y reclama que se encuentren mecanismos que permitan preservar los derechos salariales reconocidos sin abrir nuevos litigios.
Paro, descuentos y falta de diálogo
El paro comenzó el viernes 18 de septiembre y, según Westtein, tuvo una adhesión “masiva”. El dirigente aseguró que las jornadas posteriores también registraron una participación importante, aunque al momento de la entrevista no contaba con cifras definitivas sobre la adhesión del día.
El secretario general de AJUCHA también se refirió a las advertencias del Superior Tribunal de Justicia sobre descuentos salariales por los días de paro.
“Obviamente que no cae bien la resolución”, afirmó, aunque reconoció que los trabajadores conocían las posibles consecuencias de una medida de fuerza.
Westtein adelantó que el gremio presentará los recursos correspondientes contra la aplicación de esos descuentos.
“Vamos a presentar todos los recursos que hagan falta en contra de la aplicación de esos descuentos”, aseguró.
Para el dirigente, sin embargo, el conflicto no se explica por los descuentos sino por el rechazo al proyecto impulsado por el Ejecutivo. “Puede más el malestar o la bronca que hay con este proyecto”, sostuvo.
El diálogo llegó después de la medida de fuerza
Uno de los principales cuestionamientos de AJUCHA está relacionado con la falta de diálogo previo al envío y tratamiento del proyecto.
Westtein afirmó que hasta el momento en que el gremio resolvió la medida de fuerza, el 18 de septiembre, no habían logrado reunirse con los sectores involucrados pese a haber solicitado audiencias.
“Hasta el viernes 18, donde aplicamos la medida, cuando disponemos la medida no habíamos tenido contacto con ninguna de las partes”, explicó.
Según relató, los contactos comenzaron después de que se decretara el paro. Desde entonces, hubo conversaciones con bloques opositores y representantes del Ejecutivo, aunque el dirigente sostuvo que todavía no existe una garantía concreta sobre el resultado del tratamiento legislativo.
“Independientemente de que empezamos a tener diálogo con las distintas partes, no vemos todavía una garantía cierta”, afirmó.
Por ese motivo, AJUCHA mantendrá la evaluación de nuevas medidas en función de cómo avance el proyecto y de las reuniones que puedan concretarse.
“No es nuestra intención escalar el conflicto, porque no beneficia a nadie”, sostuvo Westtein. Sin embargo, remarcó que mientras no existan garantías sobre el impacto de la iniciativa, persiste “una situación muy compleja”.
La advertencia sobre el efecto del proyecto
El reclamo de los trabajadores se concentra así en un punto central: qué ocurrirá con la estructura salarial del Poder Judicial si el proyecto establece un mecanismo de actualización diferenciado para magistrados y funcionarios.
Westtein sostuvo que el esquema actualmente vigente contempla mecanismos de porcentualidad y ajuste que deberían ser preservados.
“Creemos que hay otras formas de lograr lo que sí ya tienen reconocidos los magistrados y lo que tendría que hacerse extensivo para el resto, respetando las leyes que tenemos vigentes”, planteó.
Mientras el proyecto continúa su trámite legislativo, AJUCHA anticipó que evaluará la continuidad de las medidas de fuerza la próxima semana, de acuerdo con la evolución de las negociaciones y las garantías que pueda obtener el sector.
El conflicto, de este modo, no se limita a la discusión sobre un aumento salarial puntual: para los trabajadores judiciales, lo que está en discusión es el mecanismo mediante el cual se determina la evolución de las remuneraciones dentro de todo el Poder Judicial chaqueño.