La iniciativa obtuvo dictamen favorable en tres comisiones de Diputados y busca dar seguridad jurídica para proyectar inversiones en el complejo portuario de Barranqueras. En diálogo con CIUDAD TV, el legislador también se refirió al dragado, un proyecto contra el vandalismo rural y otros temas de la agenda parlamentaria.
El diputado nacional Guillermo Agüero repasó el avance del proyecto de ley que propone transferir gratuitamente al Chaco el inmueble del Centro de Acopio y Embarque de la ex Junta Nacional de Granos, ubicado en Barranqueras. La iniciativa ya cuenta con dictamen unánime de tres comisiones de la Cámara de Diputados y fue incorporada al temario previsto para el 21 de octubre, fecha en la que el legislador espera conseguir la media sanción.
“Este es un proyecto que implica la transferencia a título gratuito de la propiedad del centro de acopio y embarque ex Junta Nacional de Granos”, explicó. Se trata de un complejo de seis hectáreas, con 117 silos y 58 entre silos, que cuenta con una capacidad estática de almacenamiento de 100.000 toneladas de trigo y una proyección de rotación anual de 500.000 toneladas.
Agüero señaló que durante años hubo gestiones de distintos gobiernos provinciales para obtener la propiedad del predio, pero no prosperaron. Por ese motivo, hace tres meses comenzaron a trabajar en los consensos para avanzar con un proyecto de ley que obtuvo el respaldo de todos los bloques en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Municipales.
“Es muy difícil conseguir unanimidad en un dictamen con 89 legisladores de todos los bloques”, destacó. En ese proceso, mencionó el trabajo conjunto con el diputado nacional de Unión por la Patria Sergio Dolce, a quien le planteó la necesidad de reunir el acompañamiento de ese espacio político.
El proyecto establece que, una vez aprobada la ley, se contará con un plazo de 180 días para concretar la escritura traslativa de dominio entre el organismo nacional encargado de administrar los bienes del Estado y la provincia del Chaco. Después de la media sanción en Diputados, deberá continuar su tratamiento en el Senado y, de ser aprobado, pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El diputado explicó que contar con la propiedad de la ex Junta Nacional de Granos permitiría planificar inversiones de mediano plazo, acceder a financiamiento e impulsar esquemas de participación público-privada vinculados con el desarrollo del puerto de Barranqueras.
“Realmente no podemos planificar inversiones que tienen que ver con la infraestructura y con el desarrollo de este complejo si no tenemos la propiedad”, sostuvo. Aclaró que, mientras la provincia tiene la propiedad del puerto, la administración del predio de la ex Junta de Granos está a cargo de Colono y depende de contratos que se renuevan periódicamente.
Uno de los principales objetivos es avanzar con el dragado del riacho Barranqueras, una obra que consideró pendiente y de alto costo, tanto por los trabajos iniciales como por el mantenimiento anual. Según detalló, el tramo comprende unos 14 kilómetros entre la embocadura y la desembocadura. YPF dragó ocho kilómetros hasta sus tanques, por donde actualmente recibe combustible mediante barcazas, pero quedaron seis kilómetros que incluyen el puerto y el predio de la ex Junta de Granos.
Agüero estimó que el dragado inicial podría demandar entre cinco y seis millones de dólares, a lo que se sumaría el mantenimiento periódico para contrarrestar la acumulación de sedimentos. “Esta integralidad, sumar la Junta de Granos al puerto de Barranqueras en plena propiedad, genera una unidad productiva a partir de la cual se puede proyectar una inversión privada con participación pública”, afirmó.
El legislador vinculó esta posibilidad con la operatividad de la Hidrovía y la necesidad de reducir los costos logísticos que afectan a la producción chaqueña. Actualmente, explicó, los granos se trasladan por vía terrestre hacia los puertos de Rosario, mientras que los contenedores se dirigen principalmente a terminales del Área Metropolitana de Buenos Aires.
“El costo logístico, que es verdaderamente un impuesto logístico, le quita una gran competitividad” a la producción, señaló. A su entender, el funcionamiento de los puertos provinciales permitiría retener una mayor parte de la actividad económica en el Chaco, generar empleo privado y ampliar las oportunidades para las empresas locales de transporte y servicios logísticos.
En ese esquema, también mencionó al puerto de Las Palmas, que obtuvo una habilitación provisoria. La infraestructura, construida con financiamiento del Fonplata y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuenta con un muelle de 201 metros, capacidad para operar con dos barcazas juntas, oficinas de organismos como Senasa, ARCA, ATP y Prefectura, además de una playa para contenedores.
Agüero indicó que se trabaja en alternativas para ponerlo en funcionamiento y ampliar su actividad. Entre sus ventajas, destacó su ubicación sobre el río Paraguay y las condiciones de calado, que no requerirían tareas de dragado ni mantenimiento de ese tipo.
“Nosotros tenemos que trabajar a toda velocidad para beneficiar a la producción chaqueña”, planteó, al referirse a la necesidad de aprovechar la Hidrovía como una vía para mejorar la competitividad y fortalecer los servicios vinculados al comercio exterior.
Un proyecto contra el vandalismo rural
Agüero también se refirió a una iniciativa impulsada junto con el diputado nacional Martín Ardohain, del PRO de La Pampa, y otros legisladores, que busca establecer penas para el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y para la destrucción de bienes vinculados con la producción agropecuaria.
El proyecto obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería, según informó el legislador, quien señaló que esperan avanzar próximamente con su tratamiento en el recinto.
Agüero explicó que la propuesta surgió a partir de reuniones con productores de distintas escalas y regiones del país. Identificó dos problemáticas: los ingresos a campos para cometer delitos y los ataques contra silobolsas e infraestructura rural.
La iniciativa contempla penas de hasta un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a una propiedad rural delimitada y alambrada. Según relató, los productores manifestaron preocupación por situaciones de merodeo que podrían preceder a robos y por el ingreso de personas para actividades de caza furtiva.
En tanto, para quienes destruyan silobolsas, tranqueras, cultivos, animales o infraestructura rural, incluidos paneles solares y bombas de agua, el proyecto prevé penas de hasta ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor de los daños ocasionados.
“Necesitamos brindar tranquilidad a la familia rural y, sobre todo, entendemos que quien atenta contra una unidad productiva no está atentando solamente contra esa familia: está atentando contra la producción argentina y la generación de divisas”, argumentó.
El diputado consideró que la protección de los establecimientos rurales es importante para sostener el arraigo de las familias, preservar las fuentes de trabajo y resguardar la actividad agropecuaria como uno de los componentes centrales de la economía nacional.
El DNU 70, endeudamiento y discapacidad
En relación con la sesión especial prevista para el 15 de octubre, en la que se buscará tratar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, el diputado nacional Guillermo Agüero advirtió que todavía no estarían reunidos los consensos necesarios para avanzar y puso en duda que se alcance el quórum para abrir el debate.
El legislador explicó que la discusión está vinculada principalmente con la Ley de Tierras y señaló que el oficialismo trabaja en una iniciativa para incorporar algunas cuestiones relacionadas con el régimen que regía antes del DNU. Según consideró, si ese proyecto prospera, el tratamiento del decreto en ese aspecto podría volverse abstracto y dejar de ser necesario.
Agüero también se refirió al proyecto de desendeudamiento familiar, que cuenta con un dictamen impulsado por el oficialismo, el PRO, la UCR y bloques aliados. La propuesta contempla medidas para mejorar las condiciones de acceso al crédito, con herramientas de transparencia y educación financiera, además de mecanismos que permitan a los usuarios arrepentirse de una operación o trasladar sus deudas a otra entidad.
En ese sentido, explicó que se busca facilitar que las personas puedan acceder a un crédito más conveniente y cancelar una deuda anterior en mejores condiciones, con el objetivo de mejorar sus perfiles de endeudamiento.
Otro de los temas mencionados fue la emergencia en discapacidad. Agüero indicó que se trabaja en una propuesta para dejar atrás el esquema de emergencia y establecer un régimen definitivo que brinde un marco estable para abordar esta problemática.