Existe consenso para mayores sanciones a las actividades comerciales en Malvinas, pero no sobre las reformas de seguridad interior. Mientras la oposición gana adeptos para fragmentar el proyecto.
“Esta comisión pudo haber durado cinco minutos: sólo existe porque pensaban que llegaban a dictaminar, pero al final no les dio”, sintetizó una legisladora opositora a este medio sobre lo que el Gobierno pretendía que sea el último plenario en Diputados del proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”.
Desde La Libertad Avanza coincidieron: “Vamos a tenerla que cambiar porque sino no llegamos a sacarla”. Esa confesión se evidencia con la exclusión del tema en la convocatoria a sesión oficialista, para el 21 de octubre.
Aún así, el Gobierno conserva el optimismo para conseguir el dictamen este mismo mes y, según conoció Ámbito, al respaldo del PRO se le sumaría el de la UCR. “Yo creo que van a cambiar la ley porque nos necesitan”, señalaron desde otro de los bloques dialoguistas que pidió reformas a la redacción original. Hasta ahora, La Libertad Avanza sólo admitió dos: la conformación de una Comisión Bicameral parlamentaria y la remoción de la referencia a la “manipulación de la opinión pública”.
La oposición lo considera insuficiente mientras que el MID, representado por el bonaerense Eduardo Falcone, pide instancias de aprobación parlamentaria para la acción bélica.
El peronismo insistió con tener un debate exclusivamente sobre el primer capítulo de la ley, que representa 40 de los 133 artículos del proyecto. A su intención de fragmentar la ley se plegó la cordobesa Alejandro Torres (Provincias Unidas). La bonaerense Mónica Frade (Coalición Cívica) también manifestó su rechazo y apuntó contra la organización del plenario, al afirmar que las invitaciones al plenario informativo se giraron a última hora de la noche del martes, cuando el oficialismo reconoció que no llegaba al dictamen.
“Es un mamarracho todo esto”, le dijo minutos después una diputada de otro bloque.
Es por eso que el único invitado que pudo asistir fue Marcelo de los Reyes, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), quien consideró que “no es necesaria una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, parece esconder otros objetivos”.
A través de un documento, desde el CELS señalaron que “la definición de las amenazas a la seguridad nacional es laxa con graves problemas de legalidad” y que el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) es “un ejemplo de castigo administrativo arbitrario que pretende ampliarse”.
Ámbito