El abogado Ignacio Sinkovich, quien representó a los trabajadores de Exen Gym, cuestionó el despliegue judicial que derivó en el cierre de las sucursales y el secuestro de las máquinas, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara los procesamientos y dictara la falta de mérito de los imputados en la causa por presunto lavado de activos del narcotráfico. Advirtió sobre los perjuicios económicos para empleados, propietarios de los locales, proveedores y clientes, y sostuvo que una eventual demanda por daños podría terminar siendo afrontada por el Estado.
La revocación de los procesamientos de los imputados en la causa por presunto lavado de activos del narcotráfico vinculada a la cadena de gimnasios Exen Gym volvió a poner en discusión las consecuencias económicas y laborales del operativo judicial que terminó con el cierre de sus sucursales en Resistencia. Ignacio Sinkovich, abogado que representó a los trabajadores que reclamaban mantener abiertos algunos establecimientos, cuestionó la magnitud de las medidas adoptadas y advirtió sobre los daños que podrían derivar en futuras demandas contra el Estado.
En declaraciones a CIUDAD TV, el letrado se refirió a la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que revocó los procesamientos, dictó la falta de mérito de todos los imputados y ordenó su libertad. Según explicó, el tribunal entendió que no existían elementos probatorios suficientes para vincular el crecimiento patrimonial de los empresarios con un posible origen ilícito.
“Básicamente, la Cámara de Apelaciones dictó una falta de mérito, entendiendo que no hay elementos de prueba suficientes que vinculen el crecimiento patrimonial que tuvieron estos empresarios con un posible origen ilícito”, señaló.
La resolución dejó sin efecto los procesamientos y permitió la liberación de los involucrados, aunque la falta de mérito no equivale a un sobreseimiento definitivo ni implica el cierre de la investigación.
Para Sinkovich, el escenario obliga a revisar las consecuencias de las medidas que afectaron no solo a los investigados, sino también a los trabajadores, los propietarios de los inmuebles, los proveedores y los clientes que habían contratado servicios por adelantado.
“¿Quién paga el daño que se provocó? ¿Quién paga todo lo que no van a percibir estos giros comerciales?”, planteó el abogado, al advertir que la paralización de la actividad puede tener efectos que trascienden el tiempo que dure la investigación penal.
Los trabajadores que se quedaron sin empleo
Sinkovich recordó que, en una etapa anterior del expediente, se presentó en representación de los empleados para solicitar la reapertura de tres de las siete sucursales de Exen Gym. El objetivo era preservar, al menos parcialmente, los puestos laborales mientras avanzaba la investigación judicial.
La medida cautelar fue rechazada por la jueza federal Zunilda Niremperger y los trabajadores decidieron no apelar esa resolución. Por ese motivo, el abogado consideró que, en las actuales circunstancias, no sería prudente impulsar un nuevo reclamo en nombre de los empleados y que correspondería a los propios imputados gestionar la recuperación de sus bienes y la reanudación de la actividad comercial.
“Nosotros solamente pedíamos la apertura de tres de las siete sucursales para mantener los puestos de trabajo, por lo menos de forma reducida”, explicó.
El letrado describió el impacto que tuvo el cierre sobre los trabajadores, muchos de los cuales tenían jornadas completas y dependían de esos ingresos para sostenerse. Algunos consiguieron otras ocupaciones, pero no lograron recuperar el nivel salarial que tenían en los gimnasios; otros debieron recurrir a actividades informales para generar ingresos.
“Los empleados siempre destacaban que eran excelentes patrones y que era un clima muy lindo. Por eso, cuando se los entrevistaba, decían: ‘Nosotros queremos volver a trabajar’”, recordó.
Según relató, tras conocer la decisión de la Cámara de Apelaciones, se comunicó con uno de los trabajadores y encontró una reacción de alegría ante la posibilidad de que el caso pudiera encaminarse hacia una solución. Sin embargo, todavía persiste la incertidumbre sobre el futuro de las sucursales y la eventual recuperación de los puestos de trabajo.
Cuestionamientos al operativo y al secuestro de las máquinas
El abogado también cuestionó el alcance de los procedimientos que derivaron en el desmantelamiento de los gimnasios y el secuestro de sus equipamientos. A su entender, existían alternativas para controlar la actividad comercial sin paralizarla por completo.
“Parecía una película de Hollywood”, afirmó al describir el despliegue realizado. Sostuvo que se podría haber confeccionado un inventario de las máquinas, establecido controles sobre los establecimientos y dispuesto mecanismos para supervisar los ingresos, sin impedir que los negocios continuaran funcionando.
Como alternativa, mencionó la posibilidad de que las cuotas abonadas por los clientes se depositaran en una cuenta judicial, de modo que los ingresos quedaran bajo control mientras avanzaba la investigación.
“Resultaría desproporcionado e innecesario todo el secuestro de las máquinas que hubo, todo el despliegue”, sostuvo.
Sinkovich también hizo referencia a los daños materiales registrados durante los procedimientos. Mencionó la rotura de una puerta de vidrio en una de las sucursales de avenida Las Heras y el estado en que fue restituido el inmueble de calle Santiago del Estero, donde se retiraron elementos que formaban parte de las instalaciones, incluido el piso de caucho.
En este último caso, explicó que el inmueble fue entregado a un familiar de los propietarios que lo alquilaban a la cadena de gimnasios, luego de que se presentara en el expediente para solicitar su restitución en carácter de depositario judicial.
El abogado cuestionó, además, el retiro de objetos que, según su interpretación, no tenían relación directa con la investigación penal. Entre ellos mencionó elementos de los sanitarios y otros artículos de los establecimientos. “¿Quién se hace cargo de todos esos daños? ¿Quién se hace cargo de todos los gastos?”, insistió.
El riesgo de una demanda contra el Estado
El planteo más contundente de Sinkovich estuvo dirigido a las eventuales consecuencias patrimoniales de la causa si, finalmente, no se logra sostener una acusación penal contra los empresarios.
El letrado sostuvo que los propios imputados podrían reclamar una reparación por los daños sufridos, especialmente por el tiempo que permanecieron detenidos, el bloqueo de sus cuentas bancarias, el cierre de los negocios y la exposición pública que acompañó la investigación.
“Lo más triste es que, de haber una mala praxis judicial, en el caso de que no se llegue a una sentencia condenatoria y finalmente estos imputados queden todos sobreseídos, no lo van a pagar el juez, la jueza ni el fiscal de su bolsillo, sino que lo vamos a pagar todos los argentinos en una demanda que podría ser la más grande en la historia por los perjuicios ocasionados”, advirtió.
No obstante, el abogado reconoció que cualquier eventual responsabilidad estatal dependerá de cómo evolucione el expediente y de las decisiones que se adopten en las instancias posteriores. La falta de mérito dispuesta por la Cámara no constituye por sí sola una declaración de responsabilidad judicial ni garantiza que prospere una futura demanda indemnizatoria.
Sinkovich también recordó que existen otros casos en los que se realizaron allanamientos y se dispusieron cierres temporales, pero luego se permitió que los gimnasios retomaran sus actividades bajo controles. A su criterio, esa experiencia demuestra que era posible explorar medidas menos restrictivas para preservar tanto la investigación como los puestos laborales y el patrimonio involucrado.
Clientes, proveedores y máquinas que todavía deben recuperarse
Las consecuencias del cierre también alcanzaron a los clientes que habían pagado planes mensuales, trimestrales, semestrales o anuales y no pudieron utilizar los servicios contratados.
“Hay gente que pagó todo el año. Si no se abre el gimnasio, ¿quién va a pagar eso?”, preguntó Sinkovich, al señalar que todavía no hay certezas sobre el destino de esos abonos ni sobre la posibilidad de que los usuarios recuperen el dinero o puedan retomar sus actividades.
A eso se suma la situación de los proveedores, algunos de los cuales habrían quedado con pagos pendientes por mercadería entregada para la venta en los gimnasios, que también comercializaban suplementos, alimentos y bebidas.
El abogado señaló que tampoco existe claridad sobre la ubicación de todo el equipamiento secuestrado. Según indicó, algunas máquinas se encontrarían en dependencias de la Escuela de Policía, mientras que otras estarían almacenadas en un galpón. Además, parte del equipamiento no pertenecería directamente a los imputados, sino que habría sido incorporado mediante contratos de leasing.
La devolución de esos bienes y la eventual reapertura de los establecimientos aparecen, así, como dos cuestiones centrales para destrabar el conflicto económico que dejó la investigación.
La expectativa de una reapertura
Pese al tiempo transcurrido y a las dificultades que enfrentan los trabajadores para recuperar sus ingresos, Sinkovich aseguró que todavía existe expectativa de que los gimnasios puedan volver a funcionar.
El abogado consideró que, tras la decisión de la Cámara, corresponde que los propios imputados soliciten la devolución de las máquinas y las autorizaciones necesarias para reanudar la actividad, mientras la causa continúa su curso.
“Hoy tienen quizá un derecho más legítimo. Esta investigación no avanzó ni para atrás ni para adelante. Ya tuvieron una sentencia contundente de la Cámara de Apelaciones que, si bien no está firme procesalmente, es aplicable por el momento”, expresó.
La resolución judicial abrió una nueva etapa en el expediente, pero no resolvió las consecuencias económicas y laborales del cierre. Mientras se define el futuro de la investigación, trabajadores, clientes, proveedores y propietarios de los inmuebles siguen a la espera de respuestas sobre quién asumirá los costos de una actividad comercial que quedó paralizada y si será posible recuperar, al menos en parte, lo perdido.