A la luz de los resultados la reciente elección presidencial en la República Federativa de Brasil, el abogado Raúl Bittel propone la sanción de leyes de deepfake y trazabilidad electoral: que modifiquen el Código Electoral Nacional y el Código Penal y que rijan antes de la campaña de 2027.
Por Raúl Bittel*
Brasil eligió presidente el 25 de octubre. Lula, fue reelecto con alrededor del 52% de los votos y más de cuatro millones de diferencia, y el partido derrotado terminó reconociendo el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las urnas funcionaron. Lo que no pudo verificarse ocurrió antes, en las pantallas.
En las últimas semanas de campaña el TSE debió intervenir sobre las plataformas digitales. Pidió explicaciones a Meta por denuncias de “selectividad algorítmica”, le prohibió limitar el alcance de contenidos políticos sobre los candidatos bajo multa diaria de R$ 500.000 (unos 90 mil dólares), y exigió informes a X sobre el funcionamiento de su asistente de inteligencia artificial. También reclamó datos sobre 255 perfiles creados con IA que, según la denuncia, acumularon unos 58 millones de visualizaciones. Las acusaciones corrieron en ambos sentidos: los dos campamentos señalaron al rival por operar sobre los algoritmos.
Meta admitió fallas técnicas que afectaron a una de las campañas y negó todo sesgo. El tribunal aclaró que investigar no equivale a probar irregularidades. Ese es el punto: hoy no existe forma de comprobar, ni de descartar, desde afuera de la empresa, qué hizo el algoritmo.
Lo de Brasil no es un episodio aislado. Es lo que ocurre cuando la información que recibe cada ciudadano la decide un sistema cerrado. Se combinan tres piezas: los datos personales, que permiten segmentar mensajes con precisión individual; los algoritmos, que definen qué se muestra, qué se amplifica y qué se restringe; y la inteligencia artificial generativa, que abarata la fabricación de videos y voces falsas.
En Argentina ya lo vimos. En las elecciones porteñas de mayo de 2025 circularon videos falsos que anunciaban la renuncia de candidaturas, y en octubre la Justicia investigó nuevos videos con inteligencia artificial de dirigentes nacionales. Un estudio sobre el ciclo electoral 2025, de Damián Loreti y Luis Lozano, concluye que los deepfakes se liberan en ventanas de último momento, como el cierre de campaña y la veda, cuando ninguna corrección llega a tiempo.
La cuestión no es partidaria: es de poder. Quién puede ver el algoritmo, quién responde por él y quién paga cuando se manipula la voluntad popular. La encíclica Magnifica Humanitas, del papa León XIV, aporta un marco ético: la persona no puede reducirse a datos ni a algoritmos, y la tecnología requiere marcos jurídicos y supervisión independiente. Es un criterio de dignidad que cualquier democracia puede hacer suyo.
Brasil avanzó por dos vías. El TSE dictó en 2024 la Resolución 23.732, que un análisis comparado ubica entre los marcos más avanzados en propaganda electoral con inteligencia artificial. Y en junio de 2025 el Supremo Tribunal Federal declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, por 8 votos a 3: las plataformas pueden ser responsabilizadas sin orden judicial previa por ciertos contenidos ilícitos, incluidas las cuentas inauténticas, ante una falla sistémica. En materia electoral, las normas del TSE prevalecen.
Argentina no tiene regulación específica. Según ese mismo análisis, publicado en la Revista Jurídica Austral en junio de 2026, se aplica por analogía el artículo 140 del Código Electoral Nacional. La jurisprudencia llega tarde y por urgencia: en mayo de 2025 el Tribunal Electoral porteño ordenó a X eliminar un video falso hecho con IA a horas de la elección y remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. Varios proyectos en el Congreso reconocen en sus fundamentos el vacío legal. Y la ley de protección de datos personales, la 25.326, es del año 2000, anterior a las plataformas actuales.
Loreti y Lozano recomiendan priorizar medidas de proceso, transparencia, trazabilidad, preservación de evidencia y respuesta rápida, antes que el control de contenidos. Es una buena brújula: protege la libertad de expresión y obliga a rendir cuentas. Y conviene decir lo que la ciencia sí muestra: el estudio más citado sobre los algoritmos de Facebook e Instagram, hecho sobre las elecciones de 2020 en Estados Unidos con datos de la propia empresa, vio poca diferencia al modificar el feed. Es un argumento para exigir acceso independiente, no para descartar el riesgo.
Mi recomendación principal es sancionar leyes de deepfake y trazabilidad electoral: que modifiquen el Código Electoral Nacional y el Código Penal y que rijan antes de la campaña de 2027.
-Preservación de datos. Las plataformas deben conservar, y entregar a la autoridad electoral o judicial, los registros de anuncios, segmentación, cuentas y distribución de contenido electoral durante un plazo mínimo.
-Trazabilidad. Etiquetado obligatorio del contenido sintético y registro público de publicidad política, que identifique quién paga y a quién se dirige.
-Persecución de responsables. No alcanza con bajar la publicación. Hay que identificar y sancionar a quienes crean, financian y organizan la difusión, incluidas las redes de cuentas inauténticas, con trabajo coordinado entre justicia electoral y fiscalías de ciberdelito.
-Responsabilidad de las plataformas. Deber de cooperación y sanciones ante fallas sistémicas, siguiendo el criterio del Supremo brasileño.
-Algoritmos y datos personales. Auditoría independiente de los sistemas de recomendación y de IA durante las campañas, y límites al uso de datos personales para segmentar mensajes políticos.
Respuesta rápida. Un observatorio de integridad electoral con protocolos medidos en horas, no en días.
Las leyes deben proteger la sátira, la crítica y la opinión. Se sanciona la manipulación y el engaño, no el debate.
Brasil mostró que el voto puede ser limpio y la campaña, opaca. La democracia no puede depender de la buena voluntad de empresas que no rinden cuentas ni de la rapidez de un juez de guardia. Hay tiempo hasta la campaña de 2027 para legislar. No es un debate técnico: es la condición para que el voto siga siendo libre.
*Abogado. Magíster en Gobierno y Economía Política. Profesor en Cs. Juridicas