Un jurado popular declaró culpable en Juan José Castelli a un varón acusado de cinco hechos de abuso sexual que tuvieron como víctimas a tres niñas. El veredicto fue por dos hechos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar una enfermedad grave”, dos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y uno de “abuso sexual simple agravado por la guarda”. El juicio por jurados en la causa 89/2025-6 tuvo como jueza técnica a la camarista Gladis Regosky, el fiscal de cámara fue Carlos Fabricio Calvo, la defensa del imputado quedó a cargo del Gustavo Pablo Kleisinger, defensor oficial Nº 1 y la querella fue representada por Otto Bernardo Spinnenhirn, defensor oficial Nº 2. Además, intervinieron el perito intérprete de las lenguas wichi, Carlos René García, y qom, Mariela Carrasco. También participó la Oficina Judicial de Juicio por Jurados integrada por Alejandro Pellizzari, Víctor Meza y Natalia Morante. Durante la primera audiencia quedó definido el jurado y la jueza leyó las instrucciones iniciales. El martes fue el momento de los alegatos de apertura y la producción de la prueba con declaraciones testimoniales. El miércoles las partes presentaron los alegatos de clausura y Regosky impartió las instrucciones finales previas a la deliberación del jurado.
Autor: Redacción General
Se realizó la presentación oficial del Torneo de Fútbol Infantil Tricolor, organizado por el Club Defensores del Chaco, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de junio. La conferencia de prensa contó con la presencia del intendente, Víctor Machuca; el secretario de Gobierno, Ariel Eguiazabal; el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Chávez; la coordinadora de Deporte, Griselda Ristoff; y miembros de la dirigencia del Club Defensores del Chaco, quienes brindaron detalles sobre este importante encuentro deportivo destinado a las categorías infantiles. Durante la presentación, se destacó la relevancia de generar espacios de participación, integración y formación para niños y jóvenes a través del deporte, promoviendo valores como el respeto, la amistad, el compañerismo y la sana competencia y desde el Municipio se reafirmó el acompañamiento a las instituciones deportivas.
El contador Daniel San Cristóbal analizó el régimen simplificado de Ganancias impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que, aunque suele presentarse como un blanqueo, “técnicamente no lo es”. Explicó cómo funciona el sistema, cuestionó los controles sobre el origen de fondos y vinculó el debate con el caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la rectificación de su declaración jurada. El régimen simplificado de Ganancias volvió al centro del debate público luego de que funcionarios nacionales adhirieran al sistema previsto en la denominada ley de “inocencia fiscal”. Para el contador Daniel San Cristóbal, se trata de una herramienta pensada para incorporar dólares no declarados al circuito económico, aunque advirtió sobre sus implicancias fiscales y los interrogantes que abre en materia de control estatal. En los estudios de CIUDAD TV, San Cristóbal explicó que el régimen fue impulsado inicialmente mediante decretos y resoluciones, hasta consolidarse legalmente a fines del año pasado. Según señaló, la medida responde a un objetivo económico del Gobierno nacional: incentivar el ingreso al sistema formal de ahorros en dólares mantenidos fuera del circuito financiero. “El objetivo fundamental del Gobierno es que la gente saque el canuto, deje de ahorrar en dólares, lo ponga en el sistema y lo ponga en actividad económica”, sostuvo. El contador vinculó esta estrategia con la política monetaria oficial y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Como tiene una política contractiva de la emisión monetaria, ve como oportunidad que, en vez de emitir pesos, se active mediante la extracción de la gente del canuto y lo ponga a invertir”, afirmó. “Técnicamente no es un blanqueo” San Cristóbal indicó que, aunque el régimen suele ser presentado públicamente como un blanqueo, desde el punto de vista técnico tiene otro funcionamiento. “Se lo denomina como un blanqueo, se lo trata como un blanqueo, pero técnicamente no es un blanqueo. En realidad es un tapón fiscal”, explicó. Según detalló, el sistema simplifica la declaración jurada de Ganancias eliminando algunos componentes patrimoniales y, si el contribuyente cumple correctamente hacia adelante, genera una protección sobre períodos fiscales anteriores. “Si yo presento la declaración del 2025 simplificada y esa obligación la cumplo bien, produce un tapón fiscal, un bloqueo hacia atrás”, señaló. De esa manera, explicó que personas con dinero no declarado de ejercicios anteriores podrían exteriorizarlo sin que se revisen períodos previos, siempre que no existan inconsistencias posteriores. “Es un perdón fiscal en la medida que yo de acá para adelante cumpla”, resumió. No obstante, advirtió que el sistema aún presenta dificultades operativas y regulatorias. “Es inestable el sistema, tiene errores en su redacción”, afirmó, al señalar que todavía se discuten adecuaciones legales para resolver inconsistencias vinculadas al control del origen del dinero. El caso Adorni y la sospecha sobre funcionarios Durante la entrevista, San Cristóbal se refirió al impacto político del tema tras conocerse la adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al régimen y la rectificación de su declaración jurada patrimonial. “Es la primera vez que escucho que alguien va a rectificar esa declaración jurada. Rectificar quiere decir que mentí antes”, sostuvo. El contador consideró que la situación adquiere mayor relevancia debido al rol institucional del funcionario. “El jefe de Gabinete es el funcionario con mayor poder político del país y poder económico, porque administra el presupuesto del Estado”, afirmó. En ese sentido, planteó que la permanencia del funcionario en el cargo podría afectar la credibilidad de eventuales investigaciones, debido a la relación funcional de organismos de control con la Jefatura de Gabinete. “Aun pensando en la honestidad del funcionario, lo mejor que puede pasarle al país es que se corra y demuestre, sin ejercicio del poder, cuál es su situación”, expresó. San Cristóbal sostuvo además que la legislación ofrece cobertura tributaria sobre determinados impuestos, aunque aclaró que no protege posibles inconsistencias en declaraciones juradas previas ni otros aspectos vinculados con el origen de los fondos. Presión fiscal y caída de la actividad Más allá del debate político, el profesional también vinculó el régimen con la situación económica actual y advirtió sobre dificultades crecientes para empresas y contribuyentes. “Nuestras empresas, nuestros clientes, los contribuyentes y sus trabajadores están pasando un momento difícil porque hay un nivel importante de caída de la actividad económica”, afirmó. En esa línea, cuestionó la presión fiscal sobre sectores registrados y el incremento de ejecuciones por deudas impositivas. “El Estado va a ejecutar violentamente a miles y miles de contribuyentes”, sostuvo. Para San Cristóbal, existe un contraste entre el alivio ofrecido a quienes no tenían fondos declarados y las exigencias que enfrentan quienes cumplen regularmente con sus obligaciones. “El Estado está cazando en el zoológico, está atacando a las personas que están registradas hoy”, expresó. Finalmente, consideró que el debate en torno al régimen simplificado y las declaraciones patrimoniales de funcionarios nacionales no solo abre discusiones legales y tributarias, sino también interrogantes políticos sobre los mecanismos de control y transparencia del Estado.
Javier Milei y Ricardo Lorenzetti se reunieron el martes pasado y acordaron impulsar a dos nuevos jueces para completar la integración de la Corte Suprema, en un nuevo intento del rafaelino para conformar una nueva mayoría. Quiénes serían los elegidos. La reunión se realizó este martes en la Quinta de Olivos y no estuvieron ni Karina Milei ni Juan Bautista Mahiques. LPO reveló hace tiempo que el presidente tiene diálogo directo con el juez de la Corte, con quien chatea bastante seguido. Lorenzetti se aprovechó de ese contacto directo y convenció a Milei de que hay que avanzar ahora con la integración de la Corte. El presidente y Mahiques venían diciendo que la designación de nuevos cortesanos quedaría para el segundo mandato, cuando calculaban tener una mayoría más cómoda en el Senado. Pero Lorenzetti le hizo cambiar de idea, presumiblemente utilizando el dato de que el pliego de Coco Mahiques, padre del ministro, se aprobó con dos tercios y 14 votos del bloque peronista. En el Senado y Comodoro Py venían lamentando que el oficialismo no impulsara nuevos cortesanos teniendo a mano esa mayoría. Los nombres que surgieron en la reunión de Milei y Lorenzetti para ocupar los asientos vacíos de la Corte fueron los de Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, y el de Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Ambos son cercanos a Lorenzetti. El plan de Lorenzetti tiene varios puntos flojos. El principal es que deja afuera del juego a la oposición y los aliados que deberían darle los votos al gobierno para llegar a los dos tercios de los votos en el Senado. Para aprobar un juez de la Corte, La Libertad Avanza necesita negociar con el peronismo o lograr adhesión de todos los aliados, dos opciones muy difíciles sobre todo si no se les ofrece nada. En ese sentido, en la charla no hubo ninguna referencia a la posibilidad de meter en la negociación la designación del Procurador, un lugar que tienta al peronismo. Ese cargo también es codiciado por Ariel Lijo, que el año pasado fue designado sin éxito para la Corte. Lijo es una suerte de delegado de una parte importante de los jueces federales, a los Milei y Lorenzetti también están dejando afuera de la negociación. Ese es otro de los problemas del plan del rafaelino. Quien tampoco estaría dentro de la negociación es el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, hoy con buen vínculo con Mahiques y los primos Menem, es decir con Karina Milei. La Política Online
El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco continúa fortaleciendo las acciones de asistencia integral destinadas a personas en situación de calle, mediante dispositivos de alojamiento, recorridas permanentes y equipos interdisciplinarios que trabajan en la contención, el acompañamiento y la restitución de derechos. Las intervenciones incluyen asistencia social, abordaje psicosocial, capacitaciones en oficios y estrategias orientadas a promover la reinserción familiar y comunitaria de quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Gabriela Madzarevich, destacó que el Gobierno provincial mantiene un fuerte compromiso con los sectores más vulnerables, garantizando la atención integral y la articulación con distintas áreas del Estado para dar respuesta a las necesidades particulares de cada caso. En la misma línea, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, recordó que las personas que requieran resguardo pueden acercarse a la sede de la cartera social, ubicada en Vedia 352 de Resistencia, donde profesionales especializados evalúan cada situación y coordinan las intervenciones correspondientes. También pueden concurrir directamente al Parador Nocturno, que funciona bajo un protocolo de admisión específico. Además, se recordó que el ingreso a estos dispositivos es voluntario para las personas adultas y que la comunidad puede colaborar informando casos que requieran asistencia a los teléfonos 362-4337439 y 362-4336377, permitiendo así la rápida intervención de los equipos técnicos. Red de alojamiento y contención Para garantizar una respuesta inmediata y adecuada, la provincia cuenta con cuatro espacios de alojamiento en la ciudad de Resistencia: Desde el Ministerio remarcaron que todas las acciones se desarrollan respetando la autonomía y la voluntad de las personas asistidas, priorizando siempre el consentimiento y la dignidad humana. A través de estas políticas públicas, el Gobierno provincial busca fortalecer la inclusión social, promoviendo herramientas de asistencia, acompañamiento y oportunidades para que las personas en situación de calle puedan reconstruir sus proyectos de vida.
El Gobierno oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti, quien es hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, como juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, mientras que además nombró a otros dos magistrados para cargos en la misma provincia. “Nómbrase juez del Juzgado Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de Santa Fe, al doctor Emilio Rosatti”, señaló el Decreto 445/2026 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Según se informó, la trayectoria de Rosatti comenzó en 2007 cuando fue auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe y luego pasó progresivamente por distintas funciones, ya que, fue: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal. Además, a través del Decreto 447/2026 se informó que el juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela de la provincia de Santa Fe será el doctor Santiago Joaquín Saux y en el Decreto 446/2026 se indicó que se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe. Según se informó, las tres designaciones se concretaron después que el Senado aprobó un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión que se llevó a cabo la semana pasada. Por otro lado, en el Decreto 444/2026 se informó que se le aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B a partir del 1° de agosto de 2026.
A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen. La candidata derechista Keiko Fujimori volvió a situarse este juevees por delante del candidato izquierdista Roberto Sánchez al alcanzarse el 98,215% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebrada el pasado domingo. A falta de contar menos del 2% de los votos, Fujimori obtiene el 50,002% de los votos válidos al recibir 9.032.651 sufragios, frente al 49,998% de Sánchez, que suma votos 9.032.000, lo que deja a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) encaminada a ser la nueva presidenta de Perú por un estrechísimo margen. El lunes, el candidato de Juntos por el Perú había tomado la delantera y consiguió alcanzar una ventaja de hasta 42.000 votos, pero la candidata de Fuerza Popular ha logrado revertir esa diferencia gracias al voto del extranjero, donde es la más votada. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) puede, de esa manera, lograr el objetivo que había perseguido en las últimas tres elecciones donde había sido derrotada en la segunda vuelta (2011, 2016 y 2021) y que apunta a conseguir en su cuarta candidatura presidencial. Faltan por escrutarse los votos emitidos en el exterior Los votos que restan por escrutarse pertenecen a los emitidos en el exterior y a las actas impugnadas, la mayoría de la capital Lima, donde en ambos casos la derechista es la más votada, lo que previsiblemente puede darle el triunfo por unos pocos miles de votos sobre su rival, que compitió en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Se trata de la tercera elección consecutiva en Perú que se va a decidir por un margen exiguo de unas decenas de miles de votos, después de que Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo derrotaran a Keiko Fujimori por apenas 40.000 votos en 2016 y 2021, respectivamente. El probable triunfo de Fujimori en esta ocasión supondría el retorno del fujimorismo al gobierno de Perú después de 26 años de la dimisión de su padre por fax desde Japón, tras un decenio donde se afianzó en el poder con un autogolpe de Estado en 1992 y que terminó en medio de un gigantesco escándalo de corrupción. La candidata realizó una campaña de reivindicación total del legado de Alberto Fujimori al prometer gobernar como él, quien asentó las bases de la estabilidad económica y comercial que permitieron el crecimiento del país en últimas tres décadas, a la vez que derrotó a los grupos subversivos Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Más de 27,3 millones de peruanos estaban convocados el domingo a las urnas para escoger entre Fujimori y Sánchez a la opción que tendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política al haber tenido ocho presidentes, debido a una sucesión de destituciones presidenciales promovidas por el Parlamento. El Diario Ar
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y corrigió los ejercicios consecutivos de la declaración anual 2023 y la declaración anual 2024, lo que amplía el período que ahora deberá analizar la Justicia. La magnitud de las diferencias surge al comparar las presentaciones anteriores con las nuevas rectificaciones. Al asumir en diciembre de 2023, Adorni había declarado bienes por $61 millones. Un año después informó un patrimonio de $107,9 millones, equivalente a unos u$s90.000, con un crecimiento de 76% en pesos y cercano al 50% medido en dólares. Sin embargo, la documentación rectificativa presentada muestra una fotografía patrimonial completamente distinta. En la nueva declaración correspondiente a 2025, Adorni informa bienes por $944,5 millones y deudas por $317,3 millones, con un patrimonio neto cercano a los $627 millones. La diferencia respecto de los $107,9 millones informados al cierre de 2024 explica buena parte de la atención que hoy concentra el expediente judicial. Entre las principales incorporaciones aparece la declaración de uS$513.000 en efectivo, consignados como producto de venta de activos, además de depósitos en el exterior, inversiones financieras y activos digitales que no figuraban con ese nivel de detalle en las presentaciones anteriores. También fueron declaradas tenencias en criptomonedas a través de Binance, Lemon y Bitcoin, cuya valuación conjunta supera los $11 millones al inicio del ejercicio 2024. La rectificativa incorpora además el inmueble en el country en Exaltación de la Cruz adquirido en noviembre de 2024, declarado al 50%, y un departamento con cochera en la Ciudad de Buenos Aires incorporado durante 2025. A su vez, las deudas declaradas registran un fuerte incremento respecto de los ejercicios anteriores. Otro de los puntos que concentra la atención de los investigadores son los ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. En la declaración rectificativa de 2024, Adorni informó ingresos exentos o no alcanzados por $148,6 millones, además de bienes recibidos por herencia, legado o donación por más de $10 millones. En la documentación correspondiente a 2025 esos montos vuelven a ocupar un lugar relevante dentro de la explicación patrimonial. Los bienes declarados por Manuel Adorni en su declaración jurada Entre los bienes que aparecen declarados en las presentaciones rectificativas figuran: Fuente: Ámbito
Está abierta la convocatoria pública para personas dispuestas a adoptar juntos a una adolescente de 13 años y dos niños de 11 y 6 años con el objetivo de brindarle un ambiente familiar de amor y cuidado (expediente 4.435/2025-1-M). La adolescente cursa séptimo grado de la escuela primara, nada y toma clases de danza y en un taller de cocina. Es muy comunicativa y protectora con sus hermanos los momentos en que están juntos, puesto que residen en distintos establecimientos. El niño de 11 años asiste a quinto grado y cuenta con maestra de atención a la integración. Le gusta el básquet y recibe apoyo escolar y psicológico con su hermana. El más pequeño cursa primer grado y recibe estimulación temprana con orientación al lenguaje. Los tres añora integrar una familia junto a una o dos mamás que les brinden contención amorosa, cuidado, protección y garantice la continuidad de los espacios terapéuticos a los que concurren. Es importante que quienes expresen interés tengan dedicación para la construcción de un vínculo de seguridad afectiva y acompañen las necesidades singulares de cada uno con paciencia y amor. InformesQuienes estén dispuestos a cuidarlos, construir un vínculo para que sea sostenida, amada y acompañarla en su camino de la juventud a la adultez, respetando su individualidad, gustos e historia de vida pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870, internos 166 o 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 5 de Resistencia (03624-453805) de 7 a 13 en días hábiles. También pueden escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia5.rcia@justiciachaco.gov.ar.
Irina Sternik, autora del reciente libro «Inteligencia artificial, el futuro llegó hace rato» dará una charla abierta sobre análisis y búsqueda de información, prompteo y chequeo de datos con inteligencia artificial. Será este jueves 18 de junio a las 17.30 en ComTuLab, Sargento Cabral 2001 (Corrientes), con entrada libre y gratuita. La inteligencia artificial aplicada en el ejercicio diario del periodismo puede ser una herramienta muy útil si es bien utilizada. La periodista y conductora de programas de televisión especializados en tecnología, Irina Sternik, abordará los modelos de lenguaje y cómo evitar perder la voz humana en la redacción de noticias. Además, brindará herramientas para la búsqueda, análisis de información y chequeo de datos. Y dará tips de cómo hacer buenos prompts y evitar las alucinaciones de la IA. En el marco del mes del periodismo, el departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la UNNE, organiza la actividad junto a Redacciones 5G. La charla será el jueves 18 de junio a las 17.30 en el aula 2 de ComTuLab, Sargento Cabral 2001 (Corrientes). Está destinada a comunicadores, periodistas, alumnos de la carrera y público interesado. La entrada es libre y gratuita. Sobre la disertante La periodista y autora del reciente libro «Inteligencia artificial, el futuro llegó hace rato» de Az Editora, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en tecnología, cultura digital e inteligencia artificial aplicada al periodismo. Trabaja como divulgadora y formadora de periodistas y comunicadores, para ayudar a entender la IA no como una amenaza, sino como una herramienta que, usada con criterio, mejore su trabajo. Dirige y escribe LadoBNews, un newsletter semanal sobre tecnología, sociedad y cultura digital con más de 7.000 lectores en Argentina, España y Latinoamérica. Periodista colaboradora en La Nación, Redacciones5G y otros medios nacionales e internacionales.
La vicepresidenta le exige al jefe de Gabinete que se ponga a disposición del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y le enrostró que desde su asunción no cumplió con lo establecido en la Constitución Nacional. El PJ y el Pro también reclaman la presencia del funcionario. Se armó la “hecatombe” en el Senado tras la exigencia de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se presente ante la Cámara de Senadores a brindar su informe de gestión en el mes de junio y no en julio tal como anunció este jueves el propio ministro. La titular de la Cámara alta presionó al funcionario a “ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Así, recordó que “esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo, el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”. La última visita a dicha Cámara fue en junio del año pasado, mientras que en el mes de abril del corriente año se hizo presente en Diputados. Villarruel le solicitó que “en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, procedió a transcribir lo establecido dicho articulado: “El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 71”. En el trascurso de este jueves, emitió una dura crítica contra el jefe de Gabinete por haber declarado que obtuvo ganancias de 300 mil dólares tras inversiones en Bitcoin cuyas sumas no estaban en declaraciones anteriores. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó la titular de la Cámara de Senadores en redes sociales. Así las cosas, la titular del Senado se adelantó a la jugada y convocó a Labor Parlamentaria a los titulares de bancadas oficialistas y opositoras el próximo miércoles 17 de junio a las 18 horas en el Salón Gris, a fin de definir una fecha para la Sesión Informativa Especial a efectos de recibir al jefe de Gabinete y acordar el tratamiento de otros temas. La exigencia de Villarruel vino a reforzar el pedido que ya habían realizado desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans – cuya solicitud cumplió un mes y quedó trunca – y del bloque Pro, a cargo de Martín Goerling Lara. Minutos antes del anuncio de Adorni, Goerling Lara le presentó una nota a la vicepresidenta para que se convoque al funcionario al mes de junio al argumentar: “Hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025. Desde que asumió, nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Los funcionarios están obligados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”. Parlamentario
La presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, junto a las diputadas Carina Botteri y Laura Bisonni, participó este jueves en el Domo del Centenario de la presentación y puesta en funcionamiento del Grupo de Operaciones Lince de la Policía del Chaco. El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero y contó con la presencia de autoridades policiales de la provincia y de la República del Paraguay. También participaron el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el jefe del Departamento de Operaciones Estratégicas Lince, comisario inspector Julio Denis Saavedra; el subjefe de Policía, comisario general Manuel Silva; el comandante de la Policía Nacional del Paraguay, comisario general César Roberto Silguero Lobos; y el cónsul paraguayo, Fabio López Rivero, entre otras autoridades. En el marco de las actividades previas al 73° aniversario de la Policía del Chaco, se presentó además el Grupo de Operaciones Estratégicas Lince de la República del Paraguay, unidad pionera en la región. Durante la jornada se exhibieron las 30 motocicletas que integrarán el equipamiento operativo y el personal que conformará esta nueva división. La incorporación de esta unidad permitirá fortalecer las tareas de prevención, ampliar la cobertura territorial, agilizar la respuesta ante emergencias y reforzar la presencia policial en la vía pública. Durante el acto, el gobernador Leandro Zdero destacó las acciones impulsadas para fortalecer a la fuerza policial mediante capacitación, equipamiento y mejoras en infraestructura, y valoró la cooperación con la República del Paraguay para la puesta en marcha de esta división especializada. Por su parte, Carmen Delgado señaló: “La seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía y requiere del compromiso de todos los poderes del Estado. Celebramos la incorporación de esta nueva unidad, que contribuirá a fortalecer la prevención y a brindar más herramientas a nuestra Policía para cuidar a los chaqueños”. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre instituciones: “Estas acciones reflejan una decisión de invertir en capacitación, equipamiento y coordinación para mejorar la seguridad pública. Desde la Legislatura acompañamos todas las iniciativas que contribuyan a una provincia más segura”.
El informe de la Consultora Politikón señala que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región del NEA registró un alza del 2,6% en el mes de mayo de 2026, presentando una leve desaceleración respecto al mes anterior pero, aun con ello, volvió a ser la región con el mayor incremento de precios del país. A nivel acumulado (enero a mayo), los precios del nordeste crecen 17,6% y 35,3% en la trayectoria interanual; en todos los casos, el NEA se posiciona como la región con la mayor suba de precios del país. En el NEA, la suba mensual de mayo 2026 presentó una desaceleración de solo 0,1 punto porcentual respecto al mes previo (2,7% en abril 2026), cuando el total país lo hizo con más fuerza (0,5 p.p.). A nivel interanual, la suba de precios fue del 35,3%, en este caso acelerando contra el mes anterior y llegando al mayor nivel desde julio de 2025, quedado lejos del piso visto en octubre 2025 cuando había llegado a 27,5%. En la comparación con las otras regiones del país, el NEA presenta la mayor suba de precios de todo el país en los tres niveles comparativos: mensual, acumulado e interanual. Vivienda y servicios, nuevamente, empujó la suba en la región Desagregando por divisiones, durante mayo solo tres divisiones mostraron expansiones superiores al total general regional: la más fuerte se vio en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con +8,4% que estuvo explicado por fuertes subas en tarifas y en alquiler de la vivienda; le siguió Comunicación con +3,9% impulsado por subas en las tarifas de telefonía e internet; y completó el podio Restaurantes y Hoteles con +3,2%. A su vez, las divisiones que arrojaron alzas inferiores al nivel general regional fueron Recreación y Cultura (2,5%), Bienes y servicios varios (2,4%), Salud (2,2%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,1%), Prendas de vestir y calzado (1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), Transporte (0,8%), Educación (0,7%) y cerró Bebidas alcohólicas y tabaco (0,3%). En el análisis de la comparación interanual, la división de Vivienda y servicios mostró la mayor suba en mayo en el NEA con 67,4%, casi dos veces más que el nivel general regional (35,3%); le sigue Restaurantes y Hoteles (43,8%) y Educación (40,8%); en el extremo opuesto, Prendas de vestir y calzado (14,7%) muestra la menor suba año/año. Relevante: la división de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros no solo encabezó las subas mensuales e interanuales de mayo sino que, además, es la de mayor crecimiento acumulado en el 2026 en el NEA: en estos cinco meses registró un alza del 39,0%, dos veces más que el crecimiento del nivel general regional (17,6%). Por ende, se trata del principal factor que impulsa los precios en la región que explica, entre otras cosas, porque el NEA tiene las mayores subas del país. ¿Qué pasó con los alimentos? En mayo 2026, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas presentó un alza del 2,1%, desaceleró en 0,3 puntos porcentuales. En este marco, los rubros de mayor suba durante mayo dentro de este grupo fueron en Verduras, tubérculos y legumbres (+8,2%), Azúcar, dulces, chocolate, golosinas y otros (4,2%) y Leche, productos lácteos y huevos (3,1%); por el contrario, la Carne moderó su suba por segundo mes consecutivo y marcó +0,4%, la suba mensual más leve desde junio 2020. A su vez, las Frutas, motivada por factores estacionales, tuvieron caída de precios por segundo mes consecutivo (-2,2%). Importante: aunque la Carne tuvo una suba muy leve en mayo, sigue siendo el principal factor detrás del aumento de precios en alimentos en la región. En el acumulado enero a mayo, la Carne mostró un incremento del 23,8%, 6,2 puntos por encima del nivel general de la región y se constituye como el rubro de mayor crecimiento dentro de Alimentos en el NEA, solo detrás de las Verduras (+38,3%) que tienen alto componente estacional. Los Precios Regulados y Estacionales impulsaron el dato regional, pero los Núcleo lograron contenerlo parcialmente Al observar los resultados de mayo por categorías de precios, se ven tres particularidades claves: en primer lugar, se destaca que los precios Regulados fueron, por tercer mes al hilo, los de mayor crecimiento en el NEA con 4,8%, aunque desacelerando levemente (-0,2 p.p.); en segundo, los precios Núcleo volvieron a exhibir una importante moderación: la suba fue del 1,8% (-0,5 p.p. respecto a abril), lo cual permite pensar en un posible sostenimiento de la tendencia desinflacionaria. En tercer lugar, los precios Estacionales presentaron una importante aceleración: de 0,8% de abril a 3,7% en mayo, lo que traccionó con fuerza el resultado general de la región. Politikón Chaco
La nueva unidad táctica especializada comenzará a operar en el área metropolitana y forma parte del Plan Estratégico de Seguridad impulsado por la gestión del gobernador Leandro Zdero. Fue creada con el acompañamiento y capacitación de la Policía Nacional de la República del Paraguay. El acto fue encabezado por el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de Policía, Fernando Romero; autoridades provinciales y representantes de la Policía Nacional de la República del Paraguay, quienes acompañaron el proceso de capacitación y formación de los efectivos chaqueños. Durante su discurso, el gobernador Zdero destacó que la creación de esta unidad forma parte del Plan Estratégico de Seguridad que comenzó a ejecutarse en diciembre de 2023 y que contempla la recuperación institucional de la fuerza policial mediante más equipamiento, capacitación, infraestructura y recursos humanos. “Esta nueva división viene a sumarse para garantizar seguridad a los chaqueños. Es una decisión política que responde a un plan estratégico que busca seguir fortaleciendo a nuestra Policía y recuperar la confianza de la ciudadanía”, expresó el mandatario. Asimismo, agradeció especialmente la colaboración de la Policía Nacional del Paraguay y valoró la articulación permanente entre ambos países para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos complejos en zonas de frontera. Por su parte, el ministro Hugo Matkovich señaló que la puesta en marcha de la División Lince representa un nuevo paso en la transformación de la seguridad pública provincial. “Hoy es un día trascendente para la seguridad de los chaqueños. Seguimos incorporando personal especializado y herramientas modernas para brindar una respuesta más eficiente. Esta unidad táctica comenzará a operar en Resistencia y posteriormente se extenderá a otras regiones de la provincia”, afirmó. El funcionario recordó que desde el inicio de la gestión se impulsaron múltiples acciones para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza, entre ellas la incorporación de nuevos agentes, móviles policiales, tecnología aplicada a la investigación y unidades especializadas en diversas áreas. A su turno, el jefe de Policía, Fernando Romero, destacó que el Departamento Lince tendrá una misión específica orientada a la prevención y persecución del delito en las calles del área metropolitana. “Esta es una unidad operativa por excelencia. Sus integrantes tendrán la responsabilidad de actuar con compromiso, profesionalismo y vocación de servicio para proteger a los ciudadanos y reforzar la presencia policial en los barrios”, sostuvo. La nueva fuerza táctica está integrada por efectivos especialmente entrenados bajo el modelo operativo desarrollado por la Policía Nacional del Paraguay, reconocido por su efectividad en tareas de prevención urbana y combate al delito. Con esta incorporación, se continúa avanzando en el fortalecimiento integral del sistema de seguridad, con el objetivo de brindar mayor protección a los vecinos y consolidar una Policía más equipada, profesional y cercana a la comunidad. Acompañaron el acto, la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado; y autoridades policiales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este jueves que las provincias no pueden cobrar alícuotas diferenciales de Ingresos Brutos a empresas que no estén radicadas en sus territorios y condenó a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Así declaró la inconstitucionalidad de normas locales que fijaban esos impuestos, creando una suerte de “aduana interior” entre los distritos. Por un lado, la Corte Suprema analizó la causa “Deloitte & Co. S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”. La firma de servicios profesionales de auditoría, consultoría, impuestos y finanzas corporativas, registrada como contribuyente bajo el régimen de Convenio Multilateral en todo el país, fue a tribunales a raíz de que la Administración Provincial de Impuestos (API) de Santa Fe le reclamó una deuda impositiva por una alícuota más alta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por sus servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal durante el período 2012-2015, en base a que la empresa no tenía su radicación física dentro de la jurisdicción. La provincia defendió la medida amparada en su autonomía tributaria, en busca del desarrollo, fomento y promoción de la producción y el trabajo dentro de su propio territorio, y rechazó que se trate de una resolución discriminatoria. La Corte Suprema, contra las “aduanas internas” En base a su jurisprudencia, la Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que cobrar un impuesto más alto solo por estar radicado en otra provincia constituye una discriminación irrazonable ya que la medida implica habilitar “aduana interior” entre provincias. En el caso concreto, la aplicación de la normativa provincial que se cuestiona, al gravar con la alícuota del 4,5 % la actividad ya referida de la actora, obstaculizaba el desenvolvimiento del comercio entre las provincias –dijo el máximo tribunal-. En tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales” y de “los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el caso queda en evidencia la discriminación generada por la legislación provincial en función del lugar de radicación del contribuyente, en tanto se lesionaba el principio de igualdad (Constitución Nacional, artículo 16), y se alteraba la corriente natural del comercio (Constitución Nacional, artículos 75, incisos 13 y 126), instaurando así una suerte de ‘aduana interior’ vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos o servicios foráneos, en beneficio de los manufacturados o prestados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada”, se afirmó. Y en ese marco el fallo declaró la inconstitucionalidad del artículo 6°, tercer párrafo, de la ley 3650 – incorporado por el artículo 9° de la ley 13.286 – y el artículo 1° del decreto 2707/2012, todos de la provincia de Santa Fe, en cuanto establecían un régimen de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos brutos en razón del lugar de su radicación de la firma, así como la de la pretensión fiscal”, exclusivamente en cuanto atañe a la cuestión que fue materia de discusión en esta causa. Por otro lado, la Corte Suprema también condenó a la provincia de Entre Ríos en la demanda que inició la firma Inc S.A., la empresa propietaria de la cadena de supermercados “Carrefour”, por motivos análogos. El conflicto surgió a raíz del reclamo de deuda por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) le realizó a la empresa por los períodos fiscales de enero a septiembre de 2016. La provincia pretendía cobrarle a Inc S.A. un alícuota general elevada al 5%, en base a lo establecido por la Ley Provincial N° 9622, modificada por la Ley N° 10.270, ya que la firma se encontraba radicada fuera de la Provincia de Entre Ríos. La firma denunció que se la estaba obligando a pagar un impuesto más costoso por la sola circunstancia de tener su sede en otra jurisdicción, mientras que la provincia rechazó la demanda argumentado que la empresa había liquidado el impuesto con la alícuota menor y la provincia toleró esa situación sin iniciar acciones judiciales. También afirmó que la discusión se había vuelto abstracta debido a que posteriormente sancionó la Ley Local N° 10.557, la cual unificó las alícuotas sin hacer distinciones basadas en el domicilio o radicación. Los ministros analizaron el planteo y sostuvieron que la nueva ley no tenía efectos retroactivos sobre los períodos reclamados en 2016, por lo que la controversia seguía vigente. Y en ese sentido determinó que “la ley impositiva local 9622, modificada por la ley 10.270, al gravar la actividad comercial ya referida de la actora con la alícuota del 5 %, ha obstaculizado el desenvolvimiento del comercio entre las provincias” y generó una “discriminación” en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente. Ámbito
Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del anteproyecto modificatorio de la Ley de Inocencia Fiscal, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió a los presidentes de todos los bloques del Senado de la Nación que se incorporen los pedidos que la semana pasada la entidad pyme le solicitó al Ministerio de Economía de la Nación. La solicitud de CAME a los senadores nacionales se da en el marco del incremento de embargos y multas que está llevando adelante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Dichas circunstancias podrían subsanarse con las modificaciones que CAME solicita que se incluyan en la actual Ley de Inocencia Fiscal. Entre estos puntos que la entidad pyme le elevó a los legisladores se destacan: Reducción de multas: que no se apliquen sanciones durante el “Período de Espera” previsto por ARCA y que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a dicho período, la multa se reduzca en un 50%. La sanción total sólo debería aplicarse una vez vencido ese plazo sin cumplimiento.Suspensión de ejecuciones y embargos: establecer una suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.Plan especial de pagos: crear un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, con condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen debería abarcar deudas vencidas al 31 de mayo, así como planes vigentes y caducos. Cabe destacar que la demanda de CAME se da en un contexto de consumo deprimido, sumado a la propuesta realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una reforma tributaria que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y encarece la formalidad para los sectores de menores ingresos. “Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, dijo el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo. Desde CAME señalaron que se considera indispensable que el Senado de la Nación Argentina atienda la solicitud, a fin de promover las condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo sostenible en un escenario económico de transformación. Prensa CAME
El secretario administrativo de la UNCAUS, Lucas Stegagnini, analizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Señaló que la reapertura de paritarias representa un avance político tras más de dos años sin negociaciones salariales, aunque advirtió que la recomposición es parcial y que persisten los reclamos por la ley de financiamiento universitario y la demora en el envío de fondos para funcionamiento. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y las universidades públicas abrió una nueva etapa de negociación salarial, aunque desde el sector universitario advierten que el conflicto de fondo continúa. Así lo expresó Lucas Stegagnini, secretario administrativo de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS), quien sostuvo que la reapertura de paritarias constituye un avance político luego de más de dos años sin instancias formales de negociación, pero remarcó que la recomposición salarial y presupuestaria no resuelve el reclamo estructural por financiamiento. En diálogo con CIUDAD TV, Stegagnini planteó que el análisis del acuerdo debe hacerse desde dos dimensiones: la política y la económica. “Por el lado político positivo es la apertura paritaria”, sostuvo, al recordar que “los trabajadores universitarios y las universidades no tienen paritarias desde hace más de dos años” y que los incrementos salariales previos “siempre fueron por decreto del Ejecutivo y por debajo de la inflación”. En ese sentido, consideró que la convocatoria a negociar representa “un triunfo para los trabajadores de las universidades y para las universidades”, aunque aclaró que el objetivo principal sigue siendo la sanción y aplicación de una ley de financiamiento universitario. “Lo único que nos interesó siempre fue la aplicación de la ley de financiamiento universitario”, afirmó. El dirigente universitario explicó que el acuerdo contempla una recomposición salarial del 21,33% para junio —que impactará en julio— y un 3% adicional previsto para octubre, a percibirse en noviembre. Según indicó, esto implica el reconocimiento del “50% del aumento que se estaba pidiendo”. Sin embargo, señaló que desde el punto de vista económico el escenario sigue siendo insuficiente. “De lo que se solicitaba, 50% fue lo que le dieron a los trabajadores”, afirmó, al tiempo que cuestionó el alcance del aumento destinado a gastos de funcionamiento universitario. Stegagnini explicó que el Gobierno nacional otorgó un incremento del 20% para cubrir gastos corrientes de las universidades, como servicios de luz, internet y mantenimiento, aunque advirtió que el monto perdería rápidamente capacidad de financiamiento frente a la inflación. “Para agosto la inflación va a estar cerca de un 20%. El aumento que nos dio el Gobierno para gasto de funcionamiento es un 20%. Por ende, volvemos a cero en agosto con respecto al gasto de funcionamiento”, sostuvo. Asimismo, rechazó interpretaciones que indiquen que el Ejecutivo ya comenzó a aplicar la ley de financiamiento universitario. Según explicó, la recomposición acordada no contempla el desfasaje acumulado desde 2023, uno de los ejes centrales del reclamo universitario. “En la aplicación que hizo de recomposición, el Gobierno no tomó el 2023”, afirmó. El secretario administrativo de la UNCAUS también se refirió al reclamo judicial que las universidades mantienen ante la Corte Suprema. Indicó que, durante las negociaciones iniciales con el Ejecutivo, una de las condiciones planteadas era desistir de esa presentación, algo que finalmente fue rechazado por sindicatos y federaciones universitarias. En esa línea, remarcó que no todas las federaciones nacionales acompañaron el acuerdo alcanzado y definió la resolución como una salida “parcial”, que no elimina la posibilidad de nuevas medidas de reclamo. “No termina de ser muy clara la solución total y tampoco elimina dudas de que alguna cuestión de conflicto o lucha se disuelva”, señaló. Stegagnini insistió en que la ley de financiamiento universitario permitiría dotar de previsibilidad al sistema, tanto en términos presupuestarios como académicos. “Lo que tiene justamente la ley de financiamiento universitario es dar previsibilidad, como cualquier familia necesita en su hogar para saber hacia dónde puede dirigir sus gastos”, expresó. Además, sostuvo que la falta de recursos afecta actividades centrales de las universidades públicas, como extensión, investigación, cultura y deportes. “Hoy todo eso está limitado”, indicó. Por último, alertó sobre la demora en la transferencia de fondos nacionales para cubrir los gastos correspondientes a mayo. “Hoy, 11 de junio, los fondos que hacen al gasto de funcionamiento de las universidades no han sido efectuados a ninguna universidad nacional”, afirmó, y remarcó que las instituciones continúan afrontando dificultades operativas mientras se desarrollan las negociaciones.
En los estudios de CIUDAD TV, el secretario Adjunto de la Unión del Personal Civil de la Provincia, Gustavo Gómez, se refirió al reclamo que llevan adelante ante la Dirección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, frente a “una serie de irregularidades que se han sostenido en el tiempo”. De manera puntual, mencionó que a través del decreto 1150/2024 se dispuso la intervención del organismo y se designó “a una persona ajena de esa dependencia”. “En ese entonces, la persona que fue designada era del Poder Legislativo lo que vulneró de manera grosera la carrera administrativa de los compañeros que hace años se desempeñan en esa función; hay muchos profesionales que cuentan con experiencia y están capacitados y apelaron a designar a alguien ajeno. Lo más grave de todo es que esa intervención se ha prolongado en el tiempo de manera infundada”, sostuvo el referente. Explicó que cuando se dispone de una intervención en determinada dependencia “es porque hay una irregularidad que se debe poner de manifiesto”. Sin embargo, dijo que hasta el día de la fecha y pese a los reiterados reclamos que se formularon desde la entidad sindical “no hemos tenido respuesta”. “Queremos saber en qué se avanzó, cuáles son las presuntas causas, quiénes son los presuntos responsables. Es ilógico que este organismo siga intervenido y como consecuencia trae aparejado la desfuncionalización del mismo”. Indicó que el organismo se encuentra intervenido desde principios de 2024, “dos años y medio con diversas personas designadas en el cargo de interventor. Se agota una figura, creo yo ante la incapacidad de poder resolver las cuestiones, designan un nuevo interventor y los reclamos que se formularon vuelven a foja cero. Tres interventores han sido designados y lo más llamativo es que ninguno pertenecía ala Dirección provincial del trabajo sino que transferían a personas con escasa experiencia en la materia porque se los justificaría si tuviesen un currículum que muestre a un especialista en derecho del trabajo o que ejerció la representación en alguna otra dependencia. Pero no, nada en absoluto, infundadas las designaciones”, rechazó. Aseguró que no es una cuestión que se circunscriba solamente a los trabajadores de la administración pública, dado que la Dirección provincial del Trabajo es un órgano de contralor que se ocupa de visitar o efectuar inspecciones en los diferentes establecimientos donde hay trabajadores del sector privado para controlar que cumpla con la carga horaria, que estén registrados, que no haya irregularidades y se garanticen las condiciones de seguridad, salubridad”. “El hecho de que esta dependencia hoy esté desfuncionalizada afecta a la comunidad de manera directa. Los trabajadores hoy, el sector privado, no cuentan con el organismo que debe velar por sus intereses. Esa es la gravedad de esta intervención”, sostuvo. Además de esta cuestión que calificó “de gravedad”, aportó que se dieron “múltiples hechos de igual gravedad porque se ha separado de sus cargos a Jefes de Departamentos, se iniciaron informaciones sumarias que tampoco tienen sustento o una base para sostenerlas. se llevan adelante traslados compulsivos de compañeros a otras direcciones o subsecretarías y no se brindan explicaciones a los trabajadores que son los que día a día sostienen a ese organismo”. Aseguró que “invocan formas genéricas para sostener estos actos administrativos, pero cuando uno formalmente solicita que se explique cuál es la presunta irregularidad no hay respuesta”. El dirigente de la UPCP, indicó que como gremio “hemos formulado múltiples reclamos al nuevo Ministro de Gobierno y también reiteramos los pedidos. En un primer momento manifestó que habría mayor apertura al diálogo y hasta el día de la fecha eso no se ha materializado. Hubo una sola audiencia en donde no se abordó tema prácticamente”. “Seguimos a la espera, formulando los reclamos, procurando visibilizar esta situación irregular porque no solamente afecta al empleado público sino que repercute de manera directa a los trabajadores de toda la sociedad de la provincia del Chaco”, aseguró. Hoy, en este organismo provincial, prestan servicio mas de 100 trabajadores. “La Dirección Provincial del Trabajo es un organismo que está disperso por toda la provincia, tiene dependencias en las principales localidades y se ocupa de estas labores de fiscalizaciones, se supone, en todo el territorio”, dijo y agregó que en esta coyuntura tampoco se provee a los trabajadores de las herramientas para poder llevar adelante su labor.
El senador nacional Jorge Capitanich presentó esta semana ante el Senado de la Nación un proyecto de ley para crear un marco regulatorio integral de activos financieros ambientales, que permitiría al Estado, a comunidades originarias, a productores y a personas físicas emitir instrumentos respaldados en los servicios ecosistémicos del territorio argentino. La iniciativa tiene un impacto potencial directo para el Chaco, que el legislador definió como un “acreedor ambiental” por la magnitud de sus recursos naturales. “Lo que proponemos es un marco regulatorio para la identificación y certificación de los servicios ecosistémicos”, explicó Capitanich. La propuesta abarca bosques nativos, humedales, glaciares, selvas, estepas y zonas costeras de todo el país, y establece principios de enfoque ecosistémico, monetización de externalidades y transparencia. En el caso específico del Chaco, la provincia cuenta con casi 4,7 millones de hectáreas de bosque nativo, 500.000 hectáreas de humedales y alrededor de 37.000 kilómetros cuadrados identificables digitalmente como zonas con aptitud para este tipo de servicio. El mecanismo funciona a través de la emisión de instrumentos financieros -incluyendo tokens de base digital registrados en blockchain – que las empresas incorporan a sus activos a cambio del pago por esos servicios ecosistémicos. Los recursos generados podrían destinarse, según Capitanich, a obras de infraestructura, redes de fibra óptica, energía solar, turismo ecológico y producción orgánica. “Las personas que más cuidan el ambiente, que más protegen el ambiente, que más aportan oxígeno al mundo son los más pobres”, señaló el legislador, y remarcó que el objetivo es revertir esa situación: “Deberían ser los que tengan vivienda digna, educación digna, salud”. El proyecto fue presentado también como parte de la agenda del Norte Grande, dentro de la cual Capitanich identificó cuatro vectores de desarrollo para la región: la economía ambiental, la economía del conocimiento, la economía productiva en veinte cadenas de valor y la economía energética. En ese marco, el senador por el Chaco mencionó que ya realizó presentaciones ante el Banco Mundial, el CAF y otros organismos multilaterales, y que en 2023 se trabajó para que la Comisión Nacional de Valores pueda emitir instrumentos de esta naturaleza. En cuanto al estado legislativo de la iniciativa, Capitanich indicó que solicitó a las autoridades de comisión la convocatoria a un plenario con expertos y que se comunicó con el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, para que el Ejecutivo nacional acompañe el proceso. “Acá tiene que haber política de Estado. Acá no tiene que haber partido político, no tiene que haber diferencia”, subrayó. La Voz del Chaco
El IPC tocó su menor nivel desde septiembre, aunque sigue bajo presión de alimentos, servicios públicos, comunicación y salud. Es la segunda baja consecutiva; el REM del BCRA esperaba un avance de 2,3%; se aceleró la interanual, pero la núcleo dio menos de 2%. La inflación de mayo se desaceleró por segundo mes consecutivo y se posicionó en el 2,1%, su nivel más bajo en ocho meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El impulso llegó de la mano de los precios estacionales que avanzaron 3,5% por el fuerte aumento de verduras, compensado apenas por la caída de las frutas. Así, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 14,7% en los primeros cinco meses del año, mientras que la variación interanual se aceleró al 33,2% desde el 32,4%.Los mayores incrementos estuvieron en la división Comunicación (3,4%), como consecuencia de los aumentos en servicios de telefonía. Le siguió Educación (2,9%). Los alimentos subieron 2,5%, según el Indec, y de hecho, hubo algunas bajas en cortes de carne y retrocesos de hasta 25% en frutas. La menor alza fue la de la ropa y el calzado, que en el mes avanzaron un 0,3%. A nivel de categorías, detrás de los estacionales quedaron los regulados con aumentos del 2,4% por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (+1,9%) tuvieron subas vinculadas a restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), una encuesta que engloba a los principales actores del sector privado, esperaba un 2,3% para mayo. La inflación ya había mostrado una desaceleración en la Ciudad de Buenos Aires (caída de cinco décimas), que había registrado un 2,1%. Se trata de una noticia que amplifica las buenas nuevas que llegan desde el mercado financiero, sobre todo en momentos en que la actividad económica sigue mostrando un andar muy volátil y la política está envuelta en una crisis alrededor del escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ámbito/La Nación