El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Taco Pozo en cercanías de la terminal de ómnibus de la localidad. La intervención tuvo lugar alrededor de las 00:20 sobre calle Belgrano, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Taco Pozo. Allí, los agentes antinarcóticos identificaron a un pasajero que acababa de descender de un colectivo de larga distancia proveniente de la provincia de Salta. Durante la inspección de sus pertenencias, los efectivos hallaron un envoltorio de nylon y un frasco de vidrio que contenían cogollos de marihuana. Tras las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, se determinó un total de 203 gramos de cannabis. Asimismo, encontraron un envoltorio transparente con una sustancia compacta de color amarillento que, sometida a reactivos químicos, arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína, con un peso de 5,6 gramos. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió al secuestro de las sustancias y a la aprehensión del involucrado por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Autor: Redacción General
La directora general de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, Angelina Bobadilla, destacó la reciente recertificación obtenida por la provincia como territorio libre de transmisión vectorial del Chagas, un reconocimiento otorgado en el marco de una reunión regional encabezada por autoridades sanitarias y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La funcionaria explicó que la certificación original fue alcanzada en 2018 tras un extenso trabajo territorial y que, posteriormente, se desarrolló un nuevo proceso de evaluación para verificar la continuidad de los resultados alcanzados. Según señaló, el certificado recibido reconoce la labor sostenida de vigilancia, control y prevención desarrollada durante varios años por los equipos sanitarios provinciales. Bobadilla recordó que la primera certificación demandó un intenso despliegue en las zonas históricamente afectadas por la enfermedad, donde se realizaron inspecciones domiciliarias, controles entomológicos y estudios epidemiológicos. “Corrientes certifica libre transmisión vectorial, o sea, de la Vinchuca a las personas”, afirmó. Asimismo, aclaró que la condición obtenida no implica la desaparición total de la enfermedad en el territorio provincial, sino la interrupción de la transmisión producida por el insecto vector. “No significa que no tengamos más chagas” y “lo que no tenemos más es chagas agudo”, precisó al diferenciar los casos históricos o crónicos de las infecciones recientes vinculadas a la vinchuca. La directora detalló que el proceso de recertificación incluyó una nueva evaluación realizada por especialistas internacionales de la OPS, técnicos del Ministerio de Salud de la Nación y representantes de otras provincias. Durante las inspecciones se visitaron viviendas, escuelas y comunidades de distintas localidades, especialmente en áreas que anteriormente habían sido consideradas endémicas. “Visitamos las casas, todo negativo”, indicó Bobadilla al describir los resultados obtenidos durante los relevamientos, los cuales permitieron elaborar el informe final que respaldó la nueva certificación otorgada a Corrientes. La nueva etapa: prevenir la transmisión de madre a hijo Al referirse al escenario epidemiológico actual, la funcionaria remarcó que la provincia continúa registrando diagnósticos de Chagas, aunque asociados a infecciones adquiridas en etapas previas a la eliminación de la transmisión vectorial. “No significa que no tengamos chagas, porque por ahí algunos dicen: ‘Yo tengo chagas y me diagnosticaron chagas’”, explicó. En este sentido, indicó que los casos detectados corresponden principalmente a formas crónicas de la enfermedad, que pueden persistir durante años y, en determinadas circunstancias, transmitirse durante el embarazo. Bobadilla señaló que el principal desafío sanitario actual consiste en interrumpir la transmisión vertical del parásito, es decir, el contagio de madre a hijo durante la gestación. “Esa es la otra etapa que estamos trabajando”, afirmó. La estrategia se orienta al diagnóstico oportuno de mujeres embarazadas, el seguimiento clínico y el fortalecimiento de las acciones preventivas destinadas a reducir progresivamente la circulación residual de la enfermedad en la población. La directora general de Epidemiología, además, advirtió que el riesgo de reintroducción del vector continúa siendo una posibilidad que obliga a sostener las tareas de monitoreo. “El riesgo de que se reintroduzca sigue siendo un riesgo en nuestra provincia”, sostuvo. En ese contexto, mencionó que jurisdicciones cercanas todavía trabajan para eliminar la transmisión vectorial y continúan registrando casos agudos de la enfermedad, situación que exige mantener activos los mecanismos de vigilancia sanitaria y control territorial. La funcionaria destacó que la experiencia acumulada por Corrientes durante los procesos de certificación y recertificación constituye un modelo de trabajo basado en la presencia constante de equipos técnicos en terreno, la participación comunitaria y la articulación entre organismos provinciales, nacionales e internacionales. El reconocimiento otorgado por la OPS, señaló, refleja no sólo los resultados alcanzados en materia epidemiológica, sino también la capacidad de sostener políticas públicas de largo plazo destinadas a proteger la salud de la población. Finalmente, Bobadilla remarcó que la eliminación de la transmisión vectorial representa un hito sanitario de gran relevancia para Corrientes, aunque insistió en que el trabajo no ha concluido. Momarandu
La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevas cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron esta noche una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce. Una de las alternativas que estudian que algunos casos donde un estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras o se trate lugares en la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional. De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados. En el resto de los casos será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuerte objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral. También se evalúa que se vote un proyecto que hoy obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales. Además consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.
La jueza Martha Altabe, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), calificó en los estudios de Radio Dos de “regresivo” el proyecto de Falsas Denuncias impulsado en el Congreso de la Nación, manifestó que busca “barrer a las víctimas” y que de aprobarse, “el propio Estado estaría cuidando el honor de violadores, pederastas y violentos”. Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de la provincia de Corrientes e integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), analizó en Radio Dos los proyectos de agravar el delito de falsa denuncia cuando se dan en contexto de violencia de género. Altabe consideró que el proyecto de autoría de la senadora nacional Carolina Losada (UCR), que ya cuenta con dictamen favorable de Comisión “se basa en la irrealidad, en un falso argumento y está vacío de contenido”. En tanto, cuestionó que la tendencia es considerar como falsa denuncia cuando hay faltas de pruebas, pero el delito existió y aludió a las estadísticas. “La Falsa denuncia, cuando el delito no existió, tiene un índice muy bajo, de acuerdo a las estadísticas de organismos del Estado, como el Observatorio de Violencia de Género”, refirió la letrada en diálogo con Radio Dos. Sobre los guarismos, la Jueza mencionó que el relevamiento se realizó en 17 provincias mandaron, en las que se relevaron más a de 8 millones de casos, entre 2023/2025 “y de allí surge el porcentaje de falsas denuncias, en contexto de violencia de género, laborales, patrimoniales, que alcanzan solamente al 0,09%, falso testimonio el 0,025%” y remarcó que en cuanto a falsas denuncias, se trata de un caso cada mil causas y sobre falso testimonio, un caso cada 4 mil causas. “Muchas víctimas no se e van a animar a denunciar”, dijo a Altabe respecto de una de las consecuencias de aprobarse el proyecto legislativo y agregó que se consideran “estereotipos de género, tanto en el Poder e Judicial y en la Policía con una serie de agresiones peyorativas y con esto, menos testigos se van a animar a denunciar y menos peritos se van a animar a intervenir”. “El propio Estado está cuidando el honor del violadores, pederastas y violentos”, cuestionó la doctora Marta Altabe. Y finalmente, la magistrada correntina, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) expresó respecto del proyecto legislativo sobre de falsa denuncia que es el “uso regresivo del Derecho Penal, para evitar que gente víctima de estos delitos, como abusos sexuales, no denuncie, y con esto estaríamos además, violando pactos internacionales”. Fuente: Radio Dos
La presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), Ana María Mitoire, destacó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 19 de Charata, una institución que durante más de 38 años funcionó sin sede propia. Además, repasó las políticas de inclusión educativa, el trabajo articulado con el Tren de Desarrollo Humano y la entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad. En declaraciones a CIUDAD TV, Mitoire calificó como una “verdadera fiesta” la inauguración de la nueva sede escolar, que recibe a 80 niños y jóvenes, de los cuales 17 asisten al área de estimulación temprana. “Es una institución que trabaja mucho con la prevención y la atención de niños pequeños, lo que permite que muchos de ellos puedan incorporarse luego a procesos de inclusión escolar”, explicó. La funcionaria recordó que la escuela atravesó una larga historia de esfuerzos comunitarios para sostener su funcionamiento. Inicialmente operó en un inmueble comercial donado por una familia de la localidad y posteriormente consiguió el terreno donde finalmente se construyó el edificio propio. Según detalló, la obra formaba parte de un programa financiado por Fonplata que había quedado paralizado. “Fue decisión del gobernador Leandro Zdero darle continuidad a este proyecto y terminar una obra que estaba inconclusa”, señaló. El nuevo establecimiento cuenta con espacios especialmente diseñados para la atención de estudiantes con discapacidad e incorpora áreas de taller y pre-taller destinadas a los jóvenes de mayor edad. Inclusión educativa en toda la provincia Respecto del acceso a la educación de las personas con discapacidad, Mitoire remarcó que el ingreso al sistema educativo es irrestricto y que las familias pueden elegir libremente la institución a la que asistirán sus hijos. Explicó además que las escuelas de educación especial reciben niños desde los 45 días de vida cuando existen factores de riesgo o necesidades de estimulación temprana, incluso antes de que exista un diagnóstico de discapacidad. La titular del Iprodich indicó que el sistema educativo chaqueño cuenta con unas 55 escuelas de educación especial distribuidas en toda la provincia, lo que garantiza la cobertura de servicios en las distintas localidades. “Todos los servicios pueden encontrarse en el interior. La diferencia es que en Resistencia existen algunas instituciones de referencia especializadas para personas ciegas, sordas o hipoacúsicas, mientras que en otras localidades esas prestaciones se brindan dentro de una misma escuela”, precisó. Trabajo conjunto con el Tren de Desarrollo Humano Mitoire también destacó la participación del Iprodich en el Tren de Desarrollo Humano que recorre distintas localidades chaqueñas brindando servicios sanitarios y sociales. Según explicó, la presencia del organismo permite asesorar a personas que necesitan gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), solicitar elementos de rehabilitación o realizar trámites vinculados a ayudas técnicas. La semana pasada los equipos del instituto trabajaron en Hermoso Campo y desde esta semana lo hacen en General Pinedo. “Muchas veces las personas no pueden avanzar con trámites porque no cuentan con especialistas en sus localidades. Estos operativos permiten resolver cuestiones como audiometrías para gestionar audífonos o la entrega inmediata de anteojos a niños y jóvenes”, afirmó. La funcionaria valoró además la articulación con otros programas provinciales y nacionales para acercar servicios a las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos. Entrega permanente de ayudas técnicas Finalmente, Mitoire aseguró que el Iprodich mantiene una política permanente de entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Explicó que algunos elementos se encuentran disponibles en stock, mientras que otros requieren una fabricación o adaptación personalizada, lo que puede generar tiempos de espera más prolongados. “Las sillas posturales y algunos audífonos suelen demandar más tiempo porque se confeccionan a medida. Pero a medida que llegan, se realizan las entregas correspondientes”, indicó. La presidenta del organismo destacó además que, siempre que es posible, los equipos del Iprodich trasladan personalmente los elementos hasta las localidades para evitar que las familias deban afrontar costos y dificultades de traslado.
La FATPREN, el SiPreBA y sindicatos de todo el país ingresaron formalmente la propuesta legislativa que actualiza la Ley 12.908. El texto de reforma reduce la norma a menos de 30 artículos, regula por primera vez el impacto de la Inteligencia Artificial, introduce un salario mínimo referenciado en la canasta básica e incorpora licencias por salud mental y violencia de género. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y organizaciones de base de todas las provincias, formalizaron este martes en el Congreso de la Nación la presentación del proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas. La propuesta surge como respuesta directa e institucional a la reforma laboral de la administración de Javier Milei, que intentó la derogación de la histórica norma de prensa. Actualmente rige una prórroga legal que resguarda la vigencia de la herramienta regulatoria hasta el 1 de enero de 2027, una ventana de tiempo que el sindicalismo utilizó para edificar de manera consensuada una estructura jurídica adaptada a las complejidades tecnológicas y sociales del siglo XXI. El nuevo Estatuto del Periodista La presentación se realizó en las dependencias de la Cámara Alta de forma conjunta con la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El cónclave exhibió un fuerte carácter transversal al convocar en una misma mesa a senadores de disímiles banderías políticas, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza y Fernando Salino (Unión por la Patria); Eduardo Vischi (UCR); Pablo Cervi, Juan Cruz Godoy, Enzo Paolo Fulone y Vilma Bedia (La Libertad Avanza); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Luisa Ávila (Partido por la Justicia Social) y Guillermo Andrada (Convicción Federal). Simplificación, áreas flexibles y fin de la matrícula obligatoria El texto presentado modifica de raíz la Ley 12.908. De una norma extensa que superaba los 80 artículos en su concepción original, la propuesta unificada sintetiza el andamiaje en menos de 30 cláusulas esenciales, preservando los criterios protectorios de la estabilidad laboral, la jornada acotada y las indemnizaciones agravadas. Entre las principales reformas de fondo, el proyecto elimina definitivamente la matrícula obligatoria en desuso y la sustituye por un registro no obligatorio y voluntario de acreditación, el cual será administrado por las entidades sindicales de primer y segundo grado que posean personería gremial. Asimismo, para erradicar las rigideces contractuales que las empresas periodísticas suelen aducir ante los nuevos formatos digitales, el nuevo estatuto reemplaza las viejas categorías profesionales por seis “áreas de funciones más flexibles”. Bajo esta concepción, las tareas se clasifican independientemente del soporte técnico (prensa gráfica, portales web, televisión, radio o canales de stream) en las siguientes ramas: Salario mínimo atado al INDEC y cláusula de conciencia En materia de ingresos, el artículo 7° del borrador establece la fijación de un salario mínimo profesional mediante negociaciones paritarias. No obstante, impone un reaseguro legal de base: el piso remunerativo de la actividad de prensa no podrá ubicarse nunca por debajo del valor numérico de la canasta básica familiar que publica mensualmente el INDEC. Como variable de ajuste salarial, la ley autoriza a ponderar el incremento del costo de vida combinado con las variaciones reales del valor de la pauta publicitaria comercial medida en segundos de aire o centímetros de diarios. A su vez, se introduce la cláusula de conciencia. Esta herramienta faculta a los redactores y cronistas a resolver unilateralmente su vínculo laboral, percibiendo las indemnizaciones completas por despido injustificado (seis sueldos fijos más el preaviso), cuando el medio de comunicación ejecute un cambio notable, drástico u orientativo en su línea editorial que resulte incompatible con las convicciones morales del profesional. Estatuto del periodista: regulación de la Inteligencia Artificial y el teletrabajo El capítulo de los “nuevos derechos” se focaliza en las tecnologías automatizadas. El artículo 23 fija que el uso de la Inteligencia Artificial generativa sólo podrá ser considerado un asistente complementario del trabajo humano. Queda explícitamente prohibido que los algoritmos sustituyan o reemplacen de forma total la producción de noticias, o que las empresas utilicen la IA para suprimir puestos de mayor especialización o antigüedad en las redacciones. Además, el proyecto estipula que si las bases de datos de las compañías comerciales se alimentan del estilo, la voz, las imágenes o la impronta individual de sus periodistas, se considerará propiedad intelectual del empleado y se deberán abonar compensaciones salariales adicionales. Respecto al teletrabajo, la norma exige la firma por escrito de cláusulas de reversibilidad voluntaria a favor del dependiente, compensación de gastos conectivos y el pleno derecho a la desconexión. Salud mental, desconexión y protección ante la represión en exteriores En respuesta al preocupante cuadro de desgaste psicosocial en los medios de comunicación, el proyecto introduce pautas rigurosas para la preservación de la salud mental de los trabajadores de prensa. Queda taxativamente prohibido el envío de directivas o requerimientos laborales a través de WhatsApp, correos o plataformas digitales fuera del horario de la jornada legal de trabajo (fijada en un máximo de 36 horas semanales). El empleado tendrá el derecho inalienable a no responder sin que ello constituya falta disciplinaria. Para quienes realicen coberturas digitales de alta intensidad o monitoreo continuo de redes, se pautan descansos visuales obligatorios de 15 minutos cada dos horas. Asimismo, el personal asignado a coberturas de alto impacto o riesgo emocional tendrá derecho a pedir su reasignación a tareas livianas cada dos años de servicio, manteniendo la intangibilidad absoluta de sus sueldos y categorías. Por último, el artículo 18 recoge el reclamo gremial ante el incremento de la violencia institucional durante manifestaciones públicas. La ley dictamina que las fuerzas de seguridad apostadas en operativos de protesta tendrán expresamente prohibido entorpecer el registro de imágenes o testimonios, requisar materiales o agredir al personal de prensa antes, durante y después del acto. Obliga a los empresarios del sector a suministrar previamente los elementos de protección personal (chalecos, cascos, máscaras) necesarios para cuidar la vida de sus operarios en exteriores. La
El pedido ingresó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) esta mañana; su esposa también se adhirió al mismo esquema de regularización tributaria El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó hoy su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la “Ley de Inocencia Fiscal”, según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cotejó LA NACION. La solicitud fue presentada esta mañana, apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, también se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria. Ambos movimientos configuran una estrategia convergente dentro del mismo núcleo familiar en un contexto de creciente escrutinio público sobre su situación patrimonial. De acuerdo con la constancia de inscripción obtenida por este medio, Adorni requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El documento también indica que el funcionario ya se encontraba inscripto previamente en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, lo que plantea interrogantes sobre las razones que motivaron esta solicitud tardía de cambio de régimen. El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales. Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales. “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, escribió Adorni en su cuenta de la red social X el 26 de diciembre de 2025, elogiando la iniciativa impulsada por la gestión libertaria. Los registros de ARCA muestran que Adorni desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013. A ello se suman, desde junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, así como tareas de contabilidad y auditoría. Más recientemente, desde abril de 2023, incorporó actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información. El desfase entre el registro inicial de actividades —que data de 2013— y la regularización tributaria completa que ahora busca representa un intervalo de aproximadamente trece años. Durante este período, el funcionario operó bajo múltiples categorías económicas sin acceder, hasta 2020, al régimen de Impuesto a las Ganancias. La solicitud presente de cambio hacia el régimen simplificado sugiere un ordenamiento de la situación fiscal previamente compleja, y que ya se encuentra bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION. El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti, en tanto, corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cierre de ejercicio comercial se establece en diciembre de cada año. La decisión de Adorni refleja un patrón similar al adoptado por su esposa, aunque con cronología diferenciada. Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales, pero regularizó formalmente su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias recién en octubre de 2025 —tras casi ocho años de operación como monotributista—. Posteriormente, el 31 de mayo de 2026, se acogió al régimen de “inocencia fiscal”. Adorni presenta ahora una trayectoria similar: múltiples actividades registradas desde 2013, con formalización tributaria en Ganancias desde 2020, y solicitud actual del régimen simplificado en junio de 2026. La proximidad temporal de ambas solicitudes —diez días de diferencia— y el patrón de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales que observan los movimientos como parte de un proceso de ordenamiento fiscal integral del grupo, en momentos en que su evolución patrimonial se encuentra bajo análisis en tribunales federales. La secuencia será evaluada en contexto, indicaron las fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, particularmente considerando que ambos cónyuges integran la nómina oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP). En el plano político, la medida introduce una tensión evidente con el discurso público que el propio Adorni ha sostenido como uno de los principales voceros de la administración de Javier Milei. Desde su designación como jefe de Gabinete en diciembre de 2023, ha sido uno de los encargados de enfatizar los ejes de austeridad fiscal, control del gasto y transparencia en la administración pública. Sus conferencias de prensa han privilegiado la narrativa de probidad estatal y lucha contra la corrupción como marcas distintivas del gobierno actual. La solicitud de adhesión al régimen simplificado genera interrogantes sobre qué cambios en la situación de Adorni justificaron este movimiento. Una posibilidad es que la aceleración de investigaciones penales sobre su patrimonio —que se intensificaron en los últimos meses— haya generado presión para regularizar su posición fiscal preventivamente. Otra hipótesis, que fuentes judiciales no descartan, es que el cambio de régimen obedezca a una reorganización más amplia de su estructura patrimonial en respuesta al escrutinio creciente. Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que la adhesión será evaluada dentro del contexto más amplio de su situación patrimonial, con material solicitado a la ARCA y a la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos públicos y privados. En ese marco, los investigadores prevén contrastar la información fiscal disponible con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas, registros de movimientos financieros y adquisiciones de bienes realizadas durante el período de actividad económica no formalizada tributariamente. Cabe destacar que la utilización del régimen de “inocencia fiscal” ha ganado visibilidad en los últimos meses por su adopción por parte de distintos contribuyentes con perfiles de alta exposición pública, especialmente funcionarios y allegados al oficialismo. El caso de Adorni adquiere particular relevancia no solo por su posición institucional como jefe de Gabinete, sino por el impacto político de una decisión fiscal que tensiona su narrativa
La comunidad de Santa Sylvina incorporó un moderno equipo de Rayos X digital directo de última generación para el Hospital “Dr. Moreno Díaz Setuvi”, adquirido mediante el Convenio FonPlata con una inversión de $60.986.500. La entrega fue encabezada este martes por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por autoridades provinciales, municipales y sanitarias. La incorporación de este equipamiento permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud local, ampliando la cobertura asistencial y mejorando el acceso a diagnósticos oportunos, controles de calidad y tratamientos especializados para los habitantes de Santa Sylvina y de toda la región. Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de continuar dotando de tecnología a los hospitales de toda la provincia. “Estamos avanzando en cada rincón del Chaco con más equipamiento y más tecnología para nuestros hospitales. Este era un pedido muy importante de la comunidad porque el equipo anterior había quedado obsoleto. Hoy contamos con una herramienta de última generación que permitirá optimizar la atención y brindar respuestas más rápidas y eficientes a los pacientes”, señaló. Zdero remarcó además que la inversión forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario provincial. “Estamos equipando hospitales con tecnología de calidad, mejorando la infraestructura y optimizando los recursos disponibles. En estos dos años de gestión hemos logrado ordenar las cuentas de la provincia, recuperar la confianza de los organismos de financiamiento y avanzar con inversiones que impactan directamente en la calidad de vida de los chaqueños”, afirmó. Asimismo, destacó los avances alcanzados en materia sanitaria. “Hoy tenemos una red de salud que funciona de manera articulada, con compras racionales, mejor control de stock y una administración eficiente de los recursos. Nuestro objetivo es seguir incorporando tecnología y avanzar hacia la digitalización de las prestaciones para brindar un mejor servicio a toda la comunidad”, agregó. Por su parte, la directora del Hospital ‘Dr. Moreno Díaz Setuvi’, Gisel de la Rosa, expresó su agradecimiento por la incorporación del nuevo equipamiento. “Era una necesidad muy importante para nuestra localidad y para toda la zona. No solamente atendemos pacientes de Santa Sylvina, sino también de áreas rurales y de localidades vecinas, incluso de provincias cercanas. Este equipo representa un gran avance por la calidad de las imágenes que ofrece, la rapidez en la atención y la posibilidad de realizar estudios con mayor comodidad para los pacientes”, indicó. La profesional explicó además que el nuevo sistema permitirá optimizar la atención en situaciones de emergencia. “En casos de accidentes o pacientes con movilidad reducida, los estudios podrán realizarse de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de trasladar al paciente, lo que mejora significativamente la calidad de atención”, sostuvo. En el marco de la jornada, la Fundación Soy Chaco también realizó la entrega de pintura destinados al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del hospital. Este aporte contribuirá a la puesta en valor de los espacios de atención y trabajo, generando ambientes más adecuados, seguros y confortables para pacientes, familiares y personal de salud. La entrega del nuevo equipo de Rayos X forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para consolidar y modernizar el sistema sanitario chaqueño, garantizando mayor equidad en el acceso a la salud y mejores prestaciones para toda la comunidad.
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado Carlos Raca, defensor de uno de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González, brindó detalles de la situación procesal de su cliente, liberado pero aún bajo sospecha de encubrimiento. También reveló amenazas, críticas a la policía local y expectativas en la apertura de los teléfonos celulares a cargo de Gendarmería. El abogado Carlos Raca, defensor de Agustín Pucheta, uno de los imputados en la investigación por la desaparición de Axel González, brindó una entrevista a CIUDAD TV en la que explicó la compleja situación de su cliente, quien fue liberado en los últimos días pero continúa supeditado a la justicia. “Él fue liberado el día lunes porque la Fiscalía entendió que no había elementos de convicción suficientes para dictarle una medida cautelar como es la prisión preventiva”, sostuvo el letrado. No obstante, aclaró que “sigue imputado en el proceso, sigue supeditado y a disposición de la justicia para cuando así lo requieran”. Raca detalló que su cliente conoce a Axel desde la escuela, lo que permite explicar cómo pudo reconocerlo en una noche oscura. “¿Cómo no lo va a conocer si él fue a la escuela con Axel? Yo no tengo por qué no creer lo que él manifestó en su declaración”, afirmó. Según el relato del imputado, aquella noche solo vio a Axel correr mientras era perseguido por dos personas, entre ellas el padre de un tal Gómez y otro sujeto que no pudo identificar porque usaba gorra. Luego, el hijo de Gómez habría amenazado al testigo para que no contara lo visto. El abogado también se refirió a la decisión de la Fiscalía de apartar a la División de Investigaciones de la Policía del Chaco y convocar a fuerzas federales. “Me parece una decisión muy atinada. Al estar investigado parte del personal policial de la Comisaría Segunda de Fontana, pierde todo tipo de objetividad”, expresó Raca, quien además valoró que hoy se realice la apertura de los teléfonos celulares por parte de Gendarmería. “Ojalá que queden indicios claros, seguramente habrá algún dato que pueda ayudar a la investigación”, agregó con expectativa. Sobre la situación actual de su defendido, Raca reveló que tanto él como su familia han recibido amenazas. “Él estaba temeroso, por eso había pedido medidas estrictas de seguridad. Ahora que ya declaró está un poco más tranquilo, pero el temor de que se cumpla esa amenaza sigue latente, sin lugar a dudas”, confesó. Y resumió la angustia de su cliente con una frase contundente: “Él me dice: ‘Yo vi una situación, la quise contar y de testigo pasé a ser imputado y estuve preso’”. El letrado explicó que se acusa a su cliente del delito de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal), que prevé una pena de seis meses a tres años, y remarcó que no tiene ninguna vinculación directa con la desaparición del joven. “Él no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de este chico. Está imputado por un delito de encubrimiento nada más”, insistió. Además, defendió las acciones personales de su cliente ante las críticas: “Lo que él haga con su vida personal es una cuestión personal. A las 3 de la mañana puede estar comiendo una naranja, fumando un cigarrillo o jugando a las cartas fuera de la casa. Eso me parece que no tiene absolutamente nada”. Por último, Raca criticó el trato recibido durante la detención en dependencias policiales. “Cuando el abogado va a una dependencia policial, le tienen que dar intimidad con el cliente y eso nunca me lo dieron. Había cuatro o cinco efectivos queriendo escuchar lo que le decía a mi cliente. Eso no está bien”, denunció. No obstante, valoró la rápida corrección por parte del equipo fiscal y destacó su confianza en la nueva conducción de la causa. “Tengo grandes esperanzas en este equipo fiscal. Muy pronto, y ojalá así sea, se sepa la verdad”, concluyó.
La norma, dictada el pasado 3 de junio, dispone un “reempadronamiento” de los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad, una medida que el gremio calificó de manera contundente como “insólita, injustificable e inhumana”. En la mañana de este miércoles 10 de junio, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) presentó un reclamo formal ante el presidente del InSSSeP, Rafael Meneses y el Directorio del organismo, exigiendo la derogación de la Resolución N° 2623/26. La norma, dictada el pasado 3 de junio, dispone un “reempadronamiento” de los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad, una medida que el gremio calificó de manera contundente como “insólita, injustificable e inhumana”. Desde ATECH expresaron su profunda preocupación porque el propio Instituto reconozca ahora que habría otorgado esa cobertura “sin los fundamentos legales, científicos y siguiendo procesos administrativos incorrectos”. El gremio cuestionó duramente que las consecuencias de esa “irresponsabilidad institucional” recaigan sobre los afiliados, quienes deberán acreditar nuevamente identidad, afiliación, ingresos y hasta su historia clínica en un plazo perentorio de apenas noventa días corridos. “Un inhumano y costoso esfuerzo, precisamente a quienes han sido golpeados por patologías y enfermedades de mayor gravedad”, remarcó el comunicado. El sindicato docente consideró que, en lugar de cargar a los afiliados con este trámite, la obra social debería ajustar su funcionamiento interno y reordenar las áreas que intervienen en el otorgamiento y control del servicio de Alta Complejidad. “Aplicando la moderna tecnología e información que disponen las áreas de Gobierno y las instituciones de profesionales médicos”, planteó ATECH como alternativa viable. El comunicado también puso el foco en un aspecto económico que agrava la situación: los afiliados vienen realizando desde hace meses un doble esfuerzo contributivo. “Aportamos religiosamente —como si fuera poco además— con el doble de aportes impuestos de meses a esta parte, nada más ni nada menos que para el Fondo de Alta Complejidad… éste mismo, que hoy intentan restringir y dificultar su uso por parte de los afiliados que lo necesitan”, denunció el gremio con indignación. Frente a este escenario, ATECH hizo un llamado a la unidad de todos los afiliados al InSSSeP. “A estrechar filas para defender los servicios que merecemos y que nos vienen arrebatando a diario”, instó el sindicato, que anticipó que seguirá de cerca el desarrollo de esta medida y las respuestas del organismo previsional. La exigencia de derogación ya fue formalizada esta mañana, y ahora resta esperar la reacción del Directorio del InSSSeP ante el reclamo gremial.
El Equipo Fiscal Especial que investiga la desaparición de Axel González resolvió que cuatro fuerzas nacionales conduzcan las pesquisas. El Comité para la Prevención de la Tortura celebró la medida, pero advirtió que debió adoptarse desde el primer día. La Fiscalía de Cámara Primera, a cargo de Noelia Encinas, y el Equipo Fiscal N° 14, conducido por Julieta Arolfo, dispusieron la intervención de las fuerzas de seguridad federales en la causa que investiga la desaparición de Axel Alejandro González y ordenaron el cese inmediato de la Policía del Chaco en todas las tareas investigativas vinculadas al caso. La resolución ordena la actuación conjunta de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La medida fue adoptada tras el pedido del Procurador General, Jorge Canteros, que solicitó la incorporación de organismos federales al expediente. Además, se instruyó a la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), Paula Sánchez Ayala, para que designe la unidad de investigación federal que intervendrá en la causa, la cual deberá quedar a disposición del Equipo Fiscal N° 14 para iniciar las diligencias que correspondan. En simultáneo, la Justicia ordenó a la Dirección de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco —encabezada por el comisario Nelson Alvarenga— que cese toda intervención en la recepción de testimonios, recolección de pruebas y demás actos investigativos a partir de la fecha de la resolución. La dirección deberá remitir de manera inmediata al Equipo Fiscal N° 14 la totalidad del material probatorio reunido hasta el momento: evidencias, datos e informes. “Debió adoptarse desde el inicio” El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoró la decisión, pero fue enfático en señalar sus límites: la medida era necesaria y adecuada, pero llegó tarde. El organismo recordó que había solicitado el apartamiento policial desde los primeros días de la investigación —primero de manera informal ante el Fiscal Especial de Derechos Humanos, Luciano Santos; luego ante autoridades del Poder Ejecutivo provincial; y finalmente de forma formal en sede judicial—, sin que la petición fuera atendida en tiempo oportuno. “Las primeras horas y los primeros días son cruciales para la preservación de la prueba”, señaló el Comité en su comunicado, advirtiendo que la demora en excluir a las fuerzas potencialmente involucradas puede haber comprometido la eficacia de las medidas de prueba y dificultado la reconstrucción de los hechos. El organismo indicó que la resolución se ajusta a los estándares nacionales e internacionales aplicables a investigaciones en las que podrían estar involucrados agentes estatales, los cuales exigen que las diligencias sean conducidas por órganos independientes y ajenos a cualquier conflicto de intereses. Y ratificó su acompañamiento a la familia de Axel González, que se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de mayo.
Nuestro país conmemora este miércoles el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una fecha vinculada a uno de los principales reclamos históricos de la política exterior nacional. La fecha forma parte de una de las principales causas históricas de la política exterior argentina. La efeméride recuerda un hecho ocurrido el 10 de junio de 1829, cuando el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Luis Vernet como máxima autoridad en el archipiélago. Vernet ya residía en Puerto Soledad junto a su familia, colonos, gauchos provenientes de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones. La creación de la Comandancia es considerada uno de los principales antecedentes jurídicos e históricos que sustentan la posición argentina sobre las islas del Atlántico Sur. Sin embargo, el ejercicio efectivo de esa autoridad se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio. Desde entonces, todos los gobiernos argentinos mantuvieron el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, una postura que continúa vigente y que forma parte de la Constitución Nacional. Por qué se conmemora el 10 de junio La fecha fue instituida oficialmente por la Ley 20.561, sancionada por el Congreso Nacional en noviembre de 1973. La norma estableció que cada 10 de junio se realicen actos conmemorativos, clases especiales y actividades alusivas en establecimientos educativos y organismos públicos. Además, la legislación dispuso que la jornada sea considerada una expresión de soberanía argentina sobre las islas y los territorios australes vinculados al reclamo. A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, la conmemoración busca mantener vigente la memoria histórica sobre el archipiélago y reafirmar la posición argentina respecto de la disputa de soberanía que permanece abierta con el Reino Unido. NA
La empresa Sameep, en conjunto con la Municipalidad de Fontana, continúa ejecutando la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio Banderas Argentinas, una intervención que beneficiará a alrededor de 70 familias y permitirá fortalecer el servicio en un sector en constante crecimiento. Los trabajos contemplan la extensión de 300 metros de cañerías, el reemplazo de tramos deteriorados de la red existente, la realización de nuevas conexiones domiciliarias y la instalación de válvulas de operación para optimizar el funcionamiento del sistema de distribución. La obra se desarrolla en el marco del Convenio de Colaboración Mutua y Asistencia firmado entre Sameep y la Municipalidad de Fontana, reafirmando el compromiso conjunto de ambas instituciones de ampliar el acceso a los servicios esenciales y acompañar el desarrollo urbano de la ciudad. El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de estas acciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Seguimos trabajando de manera articulada con los municipios para brindar respuestas concretas a las demandas de la comunidad. Esta ampliación permitirá mejorar la cobertura del servicio de agua potable y acompañar el crecimiento de un sector que requiere nuevas obras de infraestructura”, señaló. Asimismo, remarcó que la extensión de redes forma parte de una planificación integral orientada a fortalecer la infraestructura sanitaria en toda la provincia. “Cada obra representa más acceso, más inclusión y mejores condiciones para el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro objetivo es continuar llegando con soluciones a cada rincón del Chaco”, agregó. En cuanto a las responsabilidades de ejecución, Sameep tiene a su cargo la dirección técnica, supervisión y desarrollo de la obra, además de los empalmes, pruebas hidráulicas y la posterior puesta en funcionamiento del sistema. También es responsable de la aprobación de los materiales y procedimientos técnicos correspondientes. Por su parte, la Municipalidad de Fontana aporta los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos y llevará adelante la restitución de la infraestructura afectada, incluyendo calles, veredas y accesos, además de brindar apoyo logístico y acompañamiento comunitario.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Microtráfico Metropolitana en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Durante la tarde y noche del lunes, efectivos dependientes del Departamento Antinarcóticos Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio La Favelita de Resistencia, donde logró el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos vinculados a la comercialización de drogas. La medida judicial se concretó con la presencia de la Ayudante Fiscal interviniente y fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 5, en el marco de una causa investigada por la Fiscalía Antidrogas N° 1. Como resultado del procedimiento, los agentes secuestraron 46 envoltorios de polietileno tipo “bochitas” y dos envoltorios de mayor tamaño que contenían cocaína, con un peso total de 28,4 gramos. Además, hallaron una cuchara con restos de la misma sustancia, una balanza digital, dos teléfonos celulares, tijeras, recortes utilizados para el fraccionamiento y la suma de 384.500 pesos en efectivo. Asimismo, fueron aprehendidos un hombre de 26 años, señalado como principal investigado, y una joven de 19 años, ambos domiciliados en el lugar allanado. Las actuaciones fueron notificadas a la magistratura interviniente, que dispuso la aprehensión de ambos ciudadanos en la causa por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes. El operativo fue supervisado por autoridades del Departamento Antinarcóticos Metropolitana y contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas, que brindó seguridad perimetral durante la diligencia.
La intervención fue realizada por efectivos de la División Sustracción Vehicular del Departamento Investigaciones Complejas. En el marco de una investigación por un supuesto robo ocurrido días atrás en Fontana, personal policial logró recuperar una motocicleta Honda Wave que había sido sustraída a un joven de 26 años. La denuncia fue radicada el pasado 8 de junio en la Comisaría Tercera de Fontana. Según manifestó la víctima, mientras realizaba un viaje en su motocicleta durante la madrugada, fue interceptado por tres hombres que lo hicieron caer del rodado para luego sustraer sus pertenencias y escapar con la motocicleta. Entre los bienes robados se encontraban un teléfono celular, documentación personal y del vehículo, una billetera con dinero en efectivo, un par de zapatillas y la motocicleta Honda Wave 110 cilindradas. Durante tareas investigativas realizadas este lunes, los efectivos observaron una motocicleta de similares características circulando por inmediaciones de calles Rodrigo Lemos y N° 5 Sur,aproximadamente. Al intentar identificar al conductor, éste emprendió la fuga y, tras una breve persecución, abandonó el rodado en la intersección de avenida Guillermo Marconi y calle N° 5 Sur para internarse en una zona de monte, logrando escapar. Posteriormente, los agentes verificaron las numeraciones de motor y cuadro, constatando que se trataba del vehículo denunciado como sustraído y que registraba pedido de secuestro activo a solicitud de la Comisaría Tercera de Fontana. La motocicleta fue formalmente secuestrada y será entregada a la dependencia jurisdiccional para continuar con las actuaciones correspondientes. La División Sustracción Vehicular continúa con las tareas investigativas para identificar y localizar al autor del hecho.
El fiscal solicitó las penas para siete acusados ya declarados responsables por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en 2024. Entre los imputados hay dos efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, otros dos exonerados y dos aspirantes a esa fuerza. También requirió el decomiso de una vivienda utilizada como centro de operaciones de la organización y de tres camionetas empleadas para el traslado de la droga. Tenían un grupo de WhatsApp donde hablaban de su actividad ilícita y enseñaban cómo acondicionar la droga. El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta durante 2024. Entre los imputados, hay cinco gendarmes en actividad, exonerados o que estaban a punto de ingresar a la fuerza que, según reveló la investigación, por mensajes de la aplicación WhatsApp, enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas. El pedido fue formulado el 27 de mayo pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci, luego de que el 29 de abril se declarara la responsabilidad penal de los acusados. La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos. Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión. Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión. Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería Nacional) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional. Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía solicitó el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y como “coche puntero” en las operaciones de tráfico ejecutadas por la organización. El tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves. El debate se inició el 19 de diciembre del 2025 y es uno de los más complejos de la jurisdicción, tanto en materia de responsabilidad penal como respecto a la determinación de la pena, etapa que ya lleva más de un mes de litigio. Los hechos investigados El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. En esa oportunidad, el cabo primero Delgado fue detenido cuando transportaba 303 kilos de cocaína en una camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires. Según la acusación, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz en Posadas, Misiones, mientras que Richar Delgado financió el operativo. El cabo Batista fue el encargado de buscar el rodado y llevarlo a Buenos Aires, para que Delgado viaje luego a Orán a buscar el estupefaciente. El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Escarlata, quien trasladaba junto a su pareja 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok. La investigación determinó que Ruiz Apaza había provisto el estupefaciente y que, junto con Flores, realizó tareas de acompañamiento y vigilancia durante parte del recorrido en otro vehículo que actuó como “coche puntero”. Una investigación orientada a los niveles superiores Durante su alegato, Toranzos destacó que el caso permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia que dieron origen a la pesquisa. “El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal, quien señaló que se aplicó un “modelo de investigación inverso”, consistente en partir de los procedimientos de secuestro de droga para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal y avanzar sobre sus niveles de dirección y financiamiento. En ese sentido, remarcó la importancia de los mensajes extraídos de teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, los registros de cámaras de seguridad y la información obtenida a través de acuerdos de colaboración. También destacó la labor de la auxiliar fiscal Carolina Araóz Vallejo y del investigador Facundo Saravia, así como la colaboración de distintas dependencias de Gendarmería Nacional y de las fiscalías federales de Gualeguaychú, Hurlingham y Posadas. Asimismo, resaltó la participación de la PROCUNAR NOA, la PROCELAC y la DATIP. Una estructura estable y organizada con un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches” Al describir el funcionamiento de la organización, la fiscalía sostuvo que existía una estructura estable, con una división clara de funciones y una conducción ejercida por Ruiz Apaza, Richar Delgado y Ostapowicz. Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones. Los integrantes de la organización coordinaban sus actividades mediante un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde intercambiaban instrucciones de cómo ocultar la droga en los vehículos, organizaban viajes
Tras reunirse con Silvia Espinoza, Pía Cavana reclamó respuestas urgentes y advirtió sobre un grave cuadro de violencia institucional. La diputada provincial Pía Cavana se reunió con Silvia Espinoza, madre de Nelson Gusak, el joven que permaneció desaparecido durante siete meses y cuyos restos fueron hallados parcialmente en la zona sur de Resistencia. Durante el encuentro, Silvia relató el largo camino que atravesó la familia desde la desaparición de su hijo, marcado por la incertidumbre, la falta de respuestas y una búsqueda que, según denunció, debieron sostener en gran medida por sus propios medios. La preocupación volvió a crecer luego de que familiares encontraran nuevos restos óseos y elementos de interés en el mismo sector donde ya se habían realizado rastrillajes oficiales. “Nosotros encontramos más que los especialistas”, expresó la madre, quien también cuestionó la falta de información y acompañamiento durante distintos momentos de la investigación. Uno de los momentos más conmovedores del encuentro llegó cuando Silvia volvió a expresar un reclamo que repite desde hace meses: “Por favor, les suplico que hagan el ADN. Quiero enterrar a mi hijo. Quiero que tenga un lugar sagrado”. Tras escuchar el testimonio, Cavana manifestó su preocupación por lo que consideró un grave cuadro de violencia institucional y cuestionó la respuesta que recibió la familia durante todo este proceso. “Ninguna madre debería tener que recoger con sus propias manos los restos de su hijo. No hay excusas frente a tanto dolor ni argumentos que justifiquen semejante abandono”, sostuvo la legisladora. Para Cavana, las denuncias realizadas por la familia exponen la necesidad de revisar el accionar de los organismos que intervinieron en la búsqueda y la investigación. En ese sentido, reclamó una respuesta activa del Gobierno provincial, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia para garantizar el esclarecimiento de los hechos. “El Estado no puede mirar para otro lado. Tiene la responsabilidad de dar respuestas, acompañar a la familia y esclarecer qué ocurrió con Nelson”, afirmó. La legisladora advirtió además que cuando una familia denuncia que tuvo que sostener prácticamente sola la búsqueda de un ser querido y que continúa encontrando elementos vinculados a la causa en zonas ya inspeccionadas, existen interrogantes que las instituciones tienen la obligación de responder. Mientras la investigación continúa abierta, el pedido de la familia sigue siendo el mismo: conocer la verdad sobre lo ocurrido, avanzar con todas las medidas necesarias para esclarecer el caso y poder darle a Nelson el descanso que merece. Un reclamo que hoy también interpela al Estado y que vuelve a poner el foco sobre las respuestas que todavía esperan Silvia Espinoza y toda su familia.
La defensa del funcionario cuestionó la orden judicial que lo obliga a aportar muestras de voz para un cotejo fonético. Sostuvo que se vulnera la garantía contra la autoincriminación y afirmó que las grabaciones presentan signos de manipulación y origen incierto. La defensa de Diego Spagnuolo, uno de los procesados en la causa por delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un nuevo escrito ante la Justicia para reclamar la nulidad de la pericia ordenada sobre los audios incorporados al expediente y suspender cualquier medida destinada a obtener muestras de su voz. El planteo, firmado por el abogado Pablo Parera, cuestiona la decisión judicial que ordenó convocar a Spagnuolo para aportar material de comparación fonética y sostiene que esa medida vulnera la garantía constitucional que impide obligar a una persona a declarar contra sí misma. Según la presentación, la resolución dispuso que el imputado aporte “el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, lo que, a criterio de la defensa, lo convierte indebidamente en “sujeto de prueba”. “La orden fue emitida sin su consentimiento y lo ubicó como sujeto de prueba”, sostuvo el escrito. El propio Spagnuolo había pedido peritar los audios y ahora se niega a cumplir la medida. “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”, alegó el exfuncionarioUno de los ejes del planteo es que la toma de muestras de voz requiere una participación activa del imputado y, por lo tanto, no puede imponerse compulsivamente. La defensa afirmó que “los cotejos de voz configuran una especie de utilización del imputado como sujeto de prueba” y argumentó que la garantía constitucional prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional opera como un límite para ese tipo de medidas. Además, sostuvo que la citación de Spagnuolo para aportar su voz “sin haber requerido que previamente preste su consentimiento” constituye un “forzamiento de colaboración ilegal”. “Su intervención activa e inconsulta en aquella medida podría aparejarle un resultado desfavorable respecto de la acusación que soporta”, advirtió. La sospecha sobre los audios El escrito apunta directamente contra los audios que dieron origen a buena parte de la investigación. La defensa afirmó que las grabaciones presentan signos evidentes de manipulación y cuestionó su autenticidad. “Las características específicas de los audios permiten visualizar que se trata de un monólogo”, señaló el planteo, al remarcar que en los registros solamente se escucha una voz pese a que el contenido reflejaría conversaciones entre dos o más personas. Según la presentación, ese dato permite inferir que “los audios fueron manipulados previo a su ingreso al expediente por haberse suprimido la voz de uno de los interlocutores”. Incluso fue más allá y sostuvo que las grabaciones podrían haber sido construidas mediante “un ensamblaje de distintos fragmentos de diversas comunicaciones en un único documento”. La defensa también advirtió sobre una eventual hipótesis de provocación. “La ausencia del otro interlocutor abriría la hipótesis de que aquella voz fue suprimida, mediante una artimaña digital, para disimular una provocación o incitación que se le realizó al hablante”, afirmó. Una causa paralela investiga el origen de las grabacionesOtro de los argumentos utilizados es que la legalidad de los audios ya está siendo investigada en una causa paralela que tramita ante el Juzgado Federal N°12. Según recordó la defensa, allí se analiza si existieron actividades prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia consistentes en la “captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas”. El escrito destaca que el propio juez de ese expediente consideró que el peritaje destinado a determinar el origen y autenticidad de las grabaciones es “esencial para el curso de esta pesquisa”. “Del resultado de dicho estudio depende la verificación —o el eventual desvanecimiento— de las afirmaciones denunciadas”, citó la defensa. A partir de ello, sostuvo que resulta improcedente seguir utilizando los audios como prueba mientras su legalidad continúa bajo investigación. “Si la legalidad de un elemento se encuentra bajo investigación no corresponde utilizarlo, apresuradamente, como elemento de prueba en otro expediente”, afirmó. Con esos argumentos, Spagnuolo pidió que se declare la nulidad de la resolución que ordenó obtener muestras de su voz, que se excluyan los audios del expediente y que se suspenda cualquier pericia hasta que la Justicia resuelva los planteos pendientes. Además, reclamó que se invalide toda la actividad procesal posterior a la incorporación de las grabaciones, al considerar que se trata de prueba contaminada. “Quedó sin dudas advertida la realización de una pericia respecto de un material de dudosa procedencia y validez”, concluyó la presentación Los imputados habían cuestionado que no se había realizado la pericia. Luego la Cámara Federal ordenó la medida y el juez Ariel Lijo la dispuso. Los audios no fueron incluidos como prueba del expediente a la hora de dictar los procesamientos en un expediente que acumuló numerosa prueba. Ámbito
Bettina Angeletti se registró el 31 de mayo en el mecanismo que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos; no se conoce el monto comprometido Días antes de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente su declaración jurada patrimonial, su esposa, Bettina Julieta Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria conocido como “inocencia fiscal”. Lo hizo el 31 de mayo pasado, según consta en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obtenidos por este medio. La constancia oficial −vigente hasta el 9 de julio− indica que Angeletti (CUIT 27-29865407-0) pidió acogerse a la Ley 27.799 para el período fiscal 2025, esquema que permite declarar ingresos y activos no exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos, y será un factor a tomar en cuenta en la investigación criminal que la pareja afronta en los tribunales federales de Comodoro Py. La Ley 27.799 funciona como mecanismo de sinceramiento para contribuyentes que operaron en la economía gris. Quien se acoge evita sanciones penales y antecedentes, aunque debe regularizar sus declaraciones y contribuciones impositivas. No es un perdón fiscal absoluto, sino una normalización sin castigo. En el caso de Angeletti, la adhesión al régimen y su formalización simultánea en impuestos al valor agregado (IVA) y ganancias en octubre de 2025 sugieren que durante años habría operado sin registración tributaria plena. El movimiento adquiere particular relevancia por la posición que ocupa Manuel Adorni. El jefe de Gabinete ha sido vocero central de la administración Milei en materia de políticas de transparencia estatal, control del gasto público y lucha contra la corrupción. Como portavoz oficial, fue el encargado de enfatizar el mensaje de austeridad y probidad. En ese contexto político, la regularización tributaria tardía de su cónyuge genera una tensión narrativa evidente entre el discurso y la situación patrimonial del funcionario. En ese sentido, el desfase temporal entre el registro como autónoma y la formalización tributaria es sustancial. Angeletti figura registrada en actividad como trabajadora autónoma desde abril de 2017, bajo el rubro “actividades profesionales, científicas y técnicas”, y se desempeñó durante años como monotributista. Sin embargo, la esposa de Adorni no formalizó su inscripción en IVA ni en el impuesto a las ganancias hasta octubre de 2025, casi ocho años después, cuando Adorni ya era funcionario público de primera línea, y ambos ya integraban la nómina de “Personas Políticamente Expuestas” (PEP). Para los investigadores judiciales, la decisión de Angeletti de acogerse al régimen de “inocencia fiscal” abre nuevos interrogantes sobre sus ingresos y movimientos de dinero, según reconstruyó La Nación, en tanto que esperan la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete. De acuerdo con la ARCA, Angeletti se encuentra categorizada como autónoma T2 −con ingresos desde $20.001 anuales− y presentó la solicitud de adhesión al régimen de inocencia fiscal el 31 de mayo pasado. Pero la constancia no detalla montos de regularización ni especifica qué activos fueron declarados bajo la Ley 27.799. Esa información permanece bajo secreto fiscal y no es accesible públicamente. Lo que permanece desconocido es sustancial. No existe registro público sobre la magnitud de los fondos regularizados, el origen de esos ingresos, ni las razones específicas por las cuales Angeletti decidió sincerar sus números de 2025, año electoral de alto escrutinio sobre el patrimonio de los funcionarios. Tampoco se conoce si la adhesión respondió a una revisión voluntaria de conciencia, a asesoramiento fiscal reciente, a presiones mediáticas o institucionales, o a consideraciones de riesgo reputacional por su vínculo con Adorni. La familia Adorni ha sido objeto de cobertura investigativa previa respecto a su patrimonio, propiedades inmobiliarias y operaciones financieras. Cuando se lo consultó a Adorni sobre la situación fiscal de su esposa, no proporcionó comentarios. Los bienes y gastos que se conocen El domicilio fiscal declarado por Angeletti ante la ARCA figura en Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, ciudad de Buenos Aires. Se trata del departamento que habitaba el matrimonio Adorni antes de adquirir el departamento en Caballito, en 2025, por el cual pagaron US$30.000 en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de US$200.000 por parte de las vendedoras, dos jubiladas, según las constancias de la causa en la que se investiga a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se analizan otras compras y gastos. Por caso, US$120.000 por la casa del country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, por la que el matrimonio pagó en 2024 US$20.000 en efectivo y tomó una hipoteca por US$100.000, esta vez con una policía retirada y su hija. Las mujeres declararon que Adorni aún les debe US$70.000 de esa operación. A su vez, el contratista Matías Tabar declaró que Adorni le pagó US$245.000 en efectivo, y sin facturar, por refaccionar la casa de Indio Cua. El ingreso a ese country insumió otros US$5000. Además, la Justicia investiga gastos por US$27.658 en viajes al exterior de la familia Adorni (Aruba, Punta del Este y España), más US$6000 en una escapada a Bariloche y otros gastos en destinos locales. A esas operaciones se sumó una deuda de Adorni por US$65.000 por un acuerdo de palabra con Pablo Martín Feijoo, según declaró en sede judicial el desarrollador inmobiliario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento de Caballito. Finalmente, Adorni y Angeletti acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito, sólo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista, según reconstruyó el medio porteño en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera. La Nación
Las obras incluyen la remodelación integral de los sanitarios y forman parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura escolar y garantizar espacios más accesibles e inclusivos para toda la comunidad educativa. El gobernador Leandro Zdero estuvo, este martes, en la Escuela de Educación Especial N° 20 “Norma Luisa Navarro” de Santa Sylvina, donde recorrió y supervisó las refacciones realizadas en los sanitarios del establecimiento educativo. Las obras ejecutadas permitieron mejorar las condiciones de accesibilidad, higiene y seguridad para estudiantes, docentes y personal de la institución, contribuyendo a generar espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas y de acompañamiento que brinda la escuela. El mandatario provincial, acompañado del intendente Diego Calderón, verificó el estado de los trabajos realizados y dialogó con directivos y docentes sobre las principales necesidades, proyectos y desafíos de la comunidad educativa. La intervención forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura escolar, promoviendo entornos inclusivos y accesibles que favorezcan una mejor calidad educativa y el bienestar de estudiantes y trabajadores. La directora de la institución, Fabiana Bustamante, expresó su agradecimiento por las obras concretadas y destacó la importancia de la respuesta recibida. “Nuestra escuela cumple 39 años y nunca se habían podido refaccionar los baños. Era una necesidad muy importante para nuestros alumnos y para toda la comunidad educativa. Hoy vemos que ese pedido se hizo realidad”, manifestó. Asimismo, señaló que las mejoras también incluyen trabajos en el techo y pintura exterior del edificio, y remarcó la necesidad de continuar avanzando con el mantenimiento integral de la institución. Bustamante valoró especialmente la presencia del Gobernador y el impacto que generó entre los estudiantes. “Los chicos estaban muy entusiasmados con la llegada del gobernador. Fue una experiencia muy significativa para ellos poder recibirlo en su escuela y compartir este momento”, sostuvo. Actualmente, la Escuela de Educación Especial N° 20 cuenta con alrededor de 30 alumnos que asisten en distintos turnos y participan además de talleres educativos y de formación, acompañados por un equipo cercano a los 30 docentes.