La disposición “prohíbe los servicios de IA para la generación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas”. La medida también alcanza a la pornografía infantil y el Parlamento Europeo trabaja en una enmienda similar, que podría aprobarse próximamente. Los países de la Unión Europea (UE) prohibirán los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que generan ‘deepfakes’ de carácter sexual, tras el escándalo provocado por las imágenes de este tipo producidas por Grok, el modelo propiedad del magnate Elon Musk. El proyecto hace foco en el consentimiento de las personas usadas en el contenido y en prevenir la pornografía infantil. Los representantes de los 27 países del bloque en Bruselas aprobaron una enmienda a un proyecto de ley sobre inteligencia artificial, cuyo objetivo es prohibir estos servicios en toda la UE. La disposición aprobada “prohíbe los servicios de IA para la generación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas o pornografía infantil”, según un comunicado del Consejo Europeo, el órgano de la UE que reúne a los Estados miembros. El Parlamento Europeo trabaja en una enmienda similar, que podría ser aprobada en comisión la próxima semana. El objetivo es prohibir los servicios de IA y otras aplicaciones que permiten a los usuarios “desnudar” a adultos o menores, o crear imágenes sexualmente explícitas de ellos sin su consentimiento, utilizando fotos o vídeos reales. Hace unos meses Grok introdujo una función que permite a los usuarios crear imágenes de personas simulando desnudez a partir de fotos reales, lo que provocó indignación en muchos países y dio lugar a una investigación de la UE. X, la plataforma donde está disponible Grok, declaró en enero su política de “tolerancia cero” ante los deepfakes sexualizados de niños y mujeres y afirmó haber tomado medidas para detener la creación de estas imágenes. “No se trata de tomar medidas contra escándalos individuales como el de Grok, sino de limitar el poder que otorgamos a la IA”, subrayó el eurodiputado alemán Sergey Lagodinsky, una de las figuras clave de esta iniciativa. Ámbito
Autor: Redacción General
El exministro de Hacienda del Chaco advirtió que la Argentina se encuentra “en la puerta de un proceso estanflacionario” y reclamó al gobierno nacional un giro urgente hacia políticas de crecimiento económico. El economista y exministro de Hacienda de la provincia del Chaco, Cristian Ocampo, fue entrevistado en Ciudad TV y ofreció un diagnóstico contundente sobre el estado de la economía argentina tras conocerse el dato de inflación de febrero, que se ubicó en el 2,9 por ciento mensual. Lejos de convalidar las proyecciones oficiales, Ocampo advirtió que los números confirman el fracaso del modelo económico del gobierno nacional. “El gobierno ya nos tiene acostumbrado a promesas irrisorias”, señaló el economista, recordando que el presupuesto oficial fijaba una inflación de apenas el 10 por ciento para todo el año, una cifra que, según sus palabras, “todos sabíamos que era inviable”. La realidad mostró otro panorama: la inflación interanual de febrero de 2025 a febrero de 2026 alcanzó el 33 por ciento. “Para que vos tengas una idea, Estados Unidos informó su inflación interanual en 2,4 por ciento”, comparó Ocampo, subrayando la magnitud del problema local. Un modelo que ya se agotó El exministro fue categórico al evaluar el rumbo de la política económica: “Con el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, esta inflación es muy alta. Esto está demostrando que el modelo no está funcionando, que este modelo económico antiinflacionario, recesivo, no está funcionando”. En ese sentido, señaló que la estrategia de subir tarifas “a cualquier precio” llevó el poder adquisitivo —tanto público como privado— a niveles que hoy se sienten en la actividad económica. Según Ocampo, el gobierno enfrenta hoy un dilema sin salida fácil: para reactivar la economía necesita aplicar políticas expansivas, pero eso generaría presión inflacionaria. “Si el gobierno las aplica, va a tener también un efecto expansivo inflacionario, porque va a generar una aceleración de precios. Y si se genera un proceso inflacionario, está detonando el capital político del gobierno, que era justamente bajar la inflación”, explicó. La guerra como factor agravante El economista también puso el foco en el impacto del conflicto bélico internacional sobre la economía local, al que definió como un golpe directo al corazón del modelo. “La guerra viene a agravar y, te diría, da en el centro del modelo político y económico del gobierno”. Ocampo advirtió que el dato de febrero no contempla aún ese efecto: “Esto es febrero y la guerra comenzó en marzo. Vamos a tener el efecto de la guerra en todo lo que va de marzo a abril y mayo”. Al no vislumbrarse una resolución rápida del conflicto, consideró que la presión sobre los precios y la actividad irá en aumento. Estanflación, pymes y trabajadores Con un cuadro de estancamiento económico combinado con inflación en ascenso, Ocampo afirmó que el país está “en la puerta de un proceso estanflacionario, que es muy complejo, porque eso te deja gente fuera del mercado”. Las consecuencias, sostuvo, ya son visibles: despidos, cierres de empresas y una situación social que definió como “tensa”. Las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren esta coyuntura, según el economista. “Hoy estamos viendo con seria dificultad a las pymes poder mantener las puertas abiertas, porque están trabajando a pérdida”. A ese escenario se suman nuevos incrementos de tarifas y el aumento del combustible, que encarecerá la logística y el transporte. “Esto se está poniendo complicado”, resumió. En materia laboral, Ocampo reclamó una recomposición urgente del poder adquisitivo de los trabajadores. “Hoy se necesita recomponer poder adquisitivo urgente para que esto derrame en consumo y se puedan sostener las pymes, que son las que más están ligadas al consumo”. Descartó que la espiral salario-inflación sea un riesgo actual: “Esto ya no está ocurriendo, no hay ningún tipo de posibilidad de que la espiralización del salario sea contra inflación”. El peso del Estado en la región NEA-NOA Ocampo también alertó sobre el impacto particular que la caída de la recaudación tiene en las provincias del norte del país. “El sector público dentro de lo que es la región NEA-NOA es preponderante, es determinante en el desenvolvimiento económico. Acá cuando el Estado está bien, derrama en servicios, en comercio, en profesionales, en salud, y eso se nota”. Con una recaudación que en términos reales se ubica por debajo de la inflación, ese derrame está comprometido. “Hay que dar vuelta la página” Ante este panorama, el exministro reclamó un cambio profundo de orientación. “El modelo antiinflacionario ya no va por el lado del ajuste fiscal, no va por el lado del apretón monetario, no va por el lado del estrangulamiento de la actividad económica con altas tasas. Tiene que ir por el lado del crecimiento económico. Hay que dar vuelta la página y empezar a mirar a todos aquellos sectores —ya sea pyme, mediano o gran empresa— que pueden generar valor”, sostuvo. Ocampo también cuestionó las contradicciones del discurso oficial: “Te vas a pedir financiamiento al mundo y decís que los empresarios en Argentina son chorros. Esto es lo que no se entiende”. Y concluyó con una advertencia que sintetiza su visión: “La inflación es un termómetro y te marcó un número muy alto. Quiere decir que el modelo no está funcionando. Esta política ya se agotó”.
El piloto chaqueño salió al cruce de versiones sobre supuestos pagos irregulares y aseguró que todas las rendiciones están en regla. “Es imposible cobrar sin presentar facturas y comprobantes”, afirmó. El piloto de motociclismo Ramiro Gandola se refirió a la investigación que lleva adelante el Tribunal de Cuentas sobre el destino de 109 millones de pesos en el Instituto del Deporte Chaqueño, luego de que su nombre apareciera en planillas difundidas en redes sociales vinculadas a la ley de sponsorización deportiva. En declaraciones a CIUDAD TV, el deportista se mostró visiblemente afectado por la situación y defendió el funcionamiento del sistema de patrocinio, al tiempo que aseguró que todas las rendiciones vinculadas a su proyecto deportivo se encuentran en regla. “Me llegaron muchísimos mensajes cuando se difundió ese listado. Se usó políticamente información sobre montos que no son reales. A veces son pagos mensuales de un sponsor y otras veces hay meses sin pagos. Se prestó a confusión”, explicó. Gandola remarcó que la ley de sponsorización —creada en 2009 durante la primera gestión del entonces gobernador Jorge Capitanich— es una herramienta clave para el desarrollo del deporte en la provincia y que cuenta con un largo circuito de controles administrativos. Según detalló, los deportistas deben presentar cada año un proyecto deportivo que es evaluado por el Instituto del Deporte y luego por la Administración Tributaria Provincial (ATP). Una vez aprobado, los atletas deben conseguir patrocinadores privados, quienes realizan los aportes que posteriormente son rendidos ante el Estado. “No es que el Estado nos da la plata directamente. Nosotros tenemos que buscar las empresas que quieran apoyar el proyecto. Después de eso hay un proceso administrativo que puede demorar casi dos meses para que el sponsor pueda empezar a pagar”, explicó. El piloto también subrayó que cada gasto debe justificarse con documentación. “Tenemos que presentar facturas y rendiciones que después van al Tribunal de Cuentas. Si algo no coincide, te lo rechazan y tenés que corregirlo. Es un sistema con muchos controles”, sostuvo. “Duele que ensucien” Gandola, que lleva más de tres décadas compitiendo, expresó su malestar por la difusión de los datos y aseguró que se trata de una situación injusta para quienes viven del deporte. “Duele mucho que ensucien el nombre de los deportistas y de los clubes que representan a la provincia a nivel nacional e internacional. Nosotros entrenamos, trabajamos y buscamos presupuesto para competir”, afirmó. En ese sentido, recordó el esfuerzo que implicó sostener su carrera deportiva. “Mi papá llegó a fundir cuatro negocios acompañando mi proyecto y el de mi hermano. El deporte es muy caro y muchas veces el apoyo no alcanza”, relató. También aclaró que los fondos obtenidos a través de la ley de sponsorización representan solo una parte del presupuesto necesario para competir. “Lo que se consigue con la ley a veces es un 20 o 30 por ciento del presupuesto total para competir a nivel internacional. Pero es una ayuda muy importante para poder proyectar el año deportivo”, explicó. Agenda internacional Más allá de la polémica, el piloto confirmó que continúa enfocado en su carrera deportiva. Tras consagrarse tres veces campeón brasileño de Superbikes, Gandola anunció que este año competirá nuevamente en Brasil con un nuevo equipo. Además, adelantó que participará en el campeonato de Supermotard de Brasil y en el Supermotard mundial, con fechas previstas en Francia y España hacia fines de 2026. “Tenemos una agenda muy intensa. A mí me gustaría salir en los medios por ganar carreras y no por estas discusiones”, concluyó.
El caso se remontaba a una contratación realizada durante la gestión de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Según la hipótesis acusatoria, habría utilizado su cargo para direccionar la compra de herramientas y maquinarias por parte del municipio de Quitilipi hacia un proveedor en particular. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió ayer rechazar el recurso del Ministerio Público Fiscal y confirmar las absoluciones de Aída Ayala, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, quienes habían sido juzgados por una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio del municipio chaqueño de Quitilipi ocurrida en 2016. El fallo, firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, se adoptó por mayoría, con el voto en disidencia de Borinsky. El caso El caso se remontaba a una contratación realizada durante la gestión de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Según la hipótesis acusatoria, Ayala habría utilizado su cargo para direccionar la compra de herramientas y maquinarias por parte del municipio de Quitilipi hacia el proveedor Claudio Alejandro Tolosa, dueño de la firma Service Hogar, por la suma de $998.537, a precios supuestamente superiores a los de mercado. La Fiscalía sostuvo que Balmaceda Paiva y Vilte, quienes trabajaban en la municipalidad y tenían vínculos previos con Ayala a través de la Fundación Construir, habrían operado como engranajes de esa maniobra. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia había absuelto a los tres imputados en julio de 2025, al concluir que la acusación no logró probar el direccionamiento fraudulento de los fondos. Los jueces de primera instancia atribuyeron las irregularidades detectadas al entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien fue sobreseído en la misma sentencia por prescripción de la acción penal. Ese pronunciamiento fue el que el Ministerio Público Fiscal llevó a casación, argumentando que el tribunal había realizado una valoración parcial y sesgada de la prueba. El voto mayoritario de los jueces Carbajo y Hornos consideró que la sentencia absolutoria contaba con fundamentos suficientes y razonables. En su extenso análisis, Carbajo señaló que la tramitación del convenio que derivó en el subsidio de $998.537 había sido iniciada por el propio Casalboni, quien acompañó personalmente el presupuesto de Tolosa, y que el expediente había transitado por diversas oficinas del Ministerio del Interior sin que ninguna formulara objeciones jurídicas. Destacó además que, al momento en que Casalboni presentó la rendición de cuentas, la normativa aplicable ya había sido modificada y la SAM no estaba obligada a controlar el cumplimiento de la normativa local de compras. Sobre el alegado sobreprecio del 40%, la mayoría sostuvo que la Fiscalía no había aportado ninguna pericia técnica que lo acreditara de manera fehaciente, y que los informes de locales comerciales presentados como prueba solo podían considerarse de manera referencial. En cuanto al vínculo entre los imputados, los jueces entendieron que la relación política y funcional preexistente entre Ayala, Balmaceda Paiva y Vilte no era suficiente para acreditar una connivencia ilícita orientada a defraudar al Estado, en tanto no se demostró de qué modo esa vinculación tuvo incidencia concreta en los hechos investigados. El voto en disidencia El juez Borinsky, en cambio, votó en disidencia a favor de hacer lugar al recurso fiscal y anular la absolución para que el caso fuera juzgado nuevamente. En su voto, criticó que el tribunal oral había analizado los indicios de manera fragmentada e individual, en lugar de ponderarlos en su conjunto. Señaló que la relación preexistente entre los imputados, las irregularidades en el pago a Tolosa, la ausencia de inventario de los bienes y la violación de la normativa de contrataciones debían ser evaluadas articuladamente, y que hacerlo podría haber conducido a un resultado distinto. Con la decisión adoptada por mayoría, las absoluciones quedaron confirmadas y la causa fue archivada. El fallo cierra así una investigación que se extendió por casi una década y que involucró a una figura relevante de la política chaqueña, en el marco de una contratación que el propio Tribunal de Cuentas de la provincia había observado en 2017 por carecer de documentación respaldatoria adecuada.
El ingreso mínimo para no caer en la pobreza de una familia tipo subió 38% en dólares desde que asumió el gobierno de Javier Milei y alcanzó los US$1000. Según los datos oficiales en diciembre de 2023 un grupo de dos mayores y dos menores necesitaba $495.798 para no ser pobre, lo que a un tipo de cambio de $800 representaban unos US$619. El INDEC informó que la Canasta Básica Total (CBT) -con la que se determina la línea de pobreza- alcanzó en febrero a $ 1.397.617, que equivalen a US$1.000. En consecuencia, de la comparación de ambas cifras surge que los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de un matrimonio y dos hijos en edad escolar aumentó 38% en dólares. Por su parte, la Canasta Alimentaria Total (CBA) con la que se mide la indigencia se ubicó en $ 644.088 para el mismo grupo familiar, que representa unos US$460. En diciembre de 2023 era de $ 240.678, equivalente a $ 300. Por lo tanto, la suba en dólares en este caso fue de 34%, según comprobó Agencia Noticias Argentinas. La diferencia radica en la composición de las canastas. La CBT contempla servicios básicos que no están incluidos en la CBA y el ajuste de las tarifas pegó de lleno.
Entre los temas que se abordarán se incluyen aspectos financieros, cuidados y contingencias en reservas; así como la elaboración de planes de gestión a corto y largo plazo. Además, se contará con la disertación del reconocido biólogo Claudio Bertonatti, uno de los referentes más importantes del país en materia de conservación de la naturaleza y patrimonio cultural. El gobierno provincial acompañó el lanzamiento oficial de la VI Edición del Encuentro Nacional de Reservas Naturales Privadas, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en la Casa de las Culturas de Resistencia. El evento reunirá a referentes, especialistas y organizaciones vinculadas a la conservación ambiental de todo el país. El encuentro, que se realiza cada dos años, es organizado por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNAP) y en esta edición prevé la participación de más de 100 asistentes provenientes de distintas provincias. De la conferencia de presentación participaron la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro; y el coordinador del Nodo Chaco de la RARNAP, Javier Cardeli. Durante las tres jornadas se desarrollarán talleres, presentaciones de reservas, charlas y conferencias con la participación de expertos nacionales e internacionales, autoridades, técnicos gubernamentales y profesionales vinculados a la conservación y al turismo de naturaleza. El coordinador del Nodo Chaco de la RARNAP, Javier Cardeli, explicó que desde julio de 2025 se viene trabajando para definir la provincia sede del encuentro 2026. “Es un orgullo para nuestra organización que Chaco sea la provincia anfitriona”, expresó, y destacó el trabajo conjunto con los institutos provinciales de Turismo y Cultura para la realización del evento. Asimismo, informó que las actividades del sábado 21 y domingo 22 serán abiertas al público, por lo que podrán participar ciudadanos interesados en conocer qué es una reserva natural privada y cómo pueden ser declaradas oficialmente y de manera legal. Por su parte, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, destacó el trabajo de los organizadores y celebró que la provincia haya sido elegida como sede. “Es un gusto que hayan elegido a Chaco, una provincia que se caracteriza por sus pulmones verdes y por el compromiso con la protección de sus espacios naturales”, afirmó. En ese sentido, valoró la importancia del encuentro para promover la preservación y la sustentabilidad ambiental, y llamó a acompañar el trabajo de las organizaciones que protegen y cuidan las reservas naturales. En tanto, el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, felicitó al Nodo Chaco de la RARNAP por impulsar la realización del encuentro en la provincia y remarcó que la actual gestión trabaja en el fortalecimiento de las áreas privadas protegidas. “Se trata de una articulación entre el sector público y el privado que tiene como objetivo mostrar un Chaco más sostenible”, señaló el funcionario. Moro explicó además que existen distintos tipos de áreas protegidas, entre ellas los parques provinciales y las reservas naturales privadas, donde los propietarios deciden otorgar un estatus especial de protección a sus tierras. Esto permite desarrollar actividades productivas compatibles con el cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad.
Ya cubiertos los cupos en la AGN, la entidad que conduce Bausili sigue haciendo caso omiso a los pedidos de los auditores. Según reveló Ámbito, los envíos no quedaron registrados en ningún contrato. Aunque ya pasaron casi dos años desde el primer envío del oro al exterior y a pesar de que la Justicia le ordenó al Banco Central (BCRA) que responda los pedidos de información, la entidad conducida por Santiago Bausili sigue impidiendo que se lleve a cabo el control por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN). En la sesión del jueves por la mañana, ya con la nueva composición del cuerpo, los auditores manifestaron no haber recibido ninguna novedad al respecto, ni, como señalaron fuentes autorizadas, nada hace pensar que las habrá. “Siguen sin darnos precisiones de donde está el oro, ni mucho menos nos permiten desarrollar la tarea de la auditoría”, dijeron fuentes calificadas a Ámbito. En una serie de artículos, Ámbito reveló la desconcertante respuesta del BCRA a la AGN: el envío del oro no quedó registrado en ningún contrato, sostuvieron. O en palabras del Central en las notas internas enviadas: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”. A fines de 2025, la conducción de la Auditoría, desempeñada por Juan Manuel Olmos, ante la no designación del cuerpo de auditores solo podía sugerir que la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso de la Nación tomase medidas legales, y es lo que hizo. Ahora, luego de los nombramientos, la AGN tiene nuevamente facultades plenas para impulsar medidas legales que exijan a la entidad que conduce Bausili que permita llevar adelante la mencionada y postergada auditoría. ¿Qué se sabe? Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según consta en la documentación oficial, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes. En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que entorpeció cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir Ámbito a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el Covid”. Asimismo, indicaron que “la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”. El enfrentamiento escaló En septiembre, en respuesta a la Nota N°1053, Bausili respondió insistiendo en que “la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados”. A su vez, el titular de la entidad sostuvo que el BCRA siempre brinda respuesta a las solicitudes de AGN, y que los expedientes se encuentran “a su disposición para su lectura”, subrayando posteriormente que, también, es objeto del BCRA “asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA”. Es a partir de analizar esta respuesta que el equipo de la AGN concluyó que “de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia”. En esa oportunidad, la AGN aceptó, de acuerdo con lo confirmado a este medio, parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno. “Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, afirmó el Central. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi dos años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse un año. No obstante, el cuerpo de técnicos de la AGN sostiene que en anteriores auditorías no se opuso a “practicar in situ la verificación”. Sin embargo, y a pesar de esto, creen que dicha situación no refleja la realidad de hechos anteriores, ya que las únicas veces en que la verificación ha sido aplicada en esos términos fue en el caso de auditorías financieras y no de gestión. El último argumento de la AGN data de 2024 cuando se aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”. En él, se auditó la totalidad de las reservas del Central y no solamente del oro. En esa oportunidad, se brindó toda la información requerida. El 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA que responda los pedidos de acceso a la información pública referida al traslado de lingotes de oro al exterior. No cabe duda de que esta historia continuará. Ámbito
En uno de ellos se investiga si utilizó su investidura para obtener información reservada de una causa en la que está imputado. En el otro se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos. El juez federal de garantías de Rosario, Román Lanzón, rechazó por “infundado e improcedente” el planteo de recusación presentado por la defensa de su colega el juez federal Gastón Salmain, quien es investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El magistrado consideró que el planteo tuvo un carácter “dilatorio” y también desestimó otros pedidos formulados por la defensa, entre ellos la invalidación del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025 en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, a cargo de Salmain. Además, rechazó la solicitud de no peritar y devolver los teléfonos y computadoras secuestrados durante esa medida. Por último, Lanzón desestimó un recurso de revisión del levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil en otra investigación penal en la que se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos. La audiencia Las resoluciones fueron adoptadas tras una audiencia oral y pública realizada el lunes pasado en los tribunales federales de Rosario. La defensa del juez Salmain —ejercida por el propio magistrado y por el abogado particular Ignacio Carbone— solicitó la recusación de Lanzón al sostener que existían dudas sobre su imparcialidad. El planteo se basó en que el juez de garantías había puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura el contenido de la audiencia de formalización de la investigación realizada el 16 de diciembre pasado. Asimismo, la defensa sostuvo que el magistrado no podía revisar sus propias decisiones luego de que se planteara la nulidad del allanamiento realizado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario. Tomando como base la supuesta invalidez del allanamiento y del secuestro de los elementos, también pidió que se dispusiera una medida de no innovar para impedir el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados y que se ordenara su devolución. A su vez, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal en el trámite de recusación. Por el MPF participaron el fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario y titular del Área Investigación y Litigio Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina Litigio Oral Estratégico del Área Investigación y Litigio Casos Complejos; las fiscales coadyuvantes Soledad García y María Virginia Sosa y el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro —todos ellos de la misma unidad fiscal—; y el auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La postura de la fiscalía El Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo de la recusación. Entre otros argumentos, sostuvo que el planteo era extemporáneo, dado que el plazo previsto por el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para recusar al magistrado ya se encontraba vencido. Asimismo, indicó que la solicitud de apartamiento carecía de fundamentos suficientes y no cumplía con los requisitos de seriedad y razonabilidad previstos por la normativa procesal, por lo que evidenciaba una intención dilatoria. En relación con el pedido de no peritar los dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía señaló que esas medidas ya se habían realizado con la debida notificación a la defensa. La decisión del juez Al resolver, Lanzón consideró que el planteo de recusación era “infundado e improcedente” y sostuvo que, conforme al sistema acusatorio vigente, la participación del Ministerio Público Fiscal en la audiencia resultaba necesaria. También rechazó el pedido de nulidad del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025. El magistrado señaló que en esta instancia “no se rebatieron los argumentos ni se presentaron pruebas” que demostraran que la medida hubiera sido desproporcionada, ni acreditó perjuicios concretos derivados de su realización, requisito fundamental para la invalidación de los actos. Del mismo modo, desestimó la solicitud de no innovar respecto del análisis pericial de los teléfonos y computadoras secuestrados. Investigación por expedientes previsionales Por otra parte, Lanzón rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa en relación con la autorización judicial para levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil del magistrado en una investigación sobre el desempeño de Salmain vinculada con la tramitación de expedientes previsionales. Cabe recordar que en otra audiencia realizada el 27 de febrero pasado, a pedido del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF, el juez había autorizado la apertura de la investigación por el plazo de 90 días y habilitado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Salmain desde el 1° de abril de 2023 hasta la actualidad. Ese legajo busca determinar la posible comisión de conductas que podrían encuadrarse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la presunta existencia de un direccionamiento indebido de causas previsionales hacia determinados actores del sistema judicial. Fiscales
En medio de un conflicto que dejó a cientos de trabajadores con recortes salariales devastadores, el episodio protagonizado por el diputado provincial Iván Gyöker revela algo más profundo que un simple comentario desafortunado en redes sociales. Por Juan José Bergia Expone un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la banalización del sufrimiento social desde el poder. Mientras trabajadores del Ministerio de Producción denuncian reducciones de entre el 60% y el 80% de sus ingresos, una frase irónica publicada por el legislador en redes sociales – y posteriormente eliminada – desató una polémica que trasciende el episodio puntual. No porque una frase cambie la realidad económica de los trabajadores, sino porque muestra la forma en que parte de la dirigencia observa ese conflicto. El problema no es el comentario aislado, si no que es lo que simboliza. En contextos de crisis económica, las palabras de los dirigentes no son un detalle menor. Son una señal política. Cuando un representante público decide intervenir en un conflicto social con sarcasmo o ironía, lo que transmite no es fortaleza ni convicción ideológica: transmite distancia. Distancia con el problema.Distancia con los afectados.
El Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el territorio argentino fue oficializado este viernes por el Ministerio de Seguridad Nacional liderado por Alejandra Monteoliva. Se trata de la resolución 230/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas en la que se detalló: “Créase el Consejo Federal de Delitos Económicos, en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada con la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de este tipo de delitos”. Además, se detalla que el consejo tendrá por objetivo “asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos que se desarrollen dentro del territorio; recolectar y sistematizar información sobre los delitos económicos cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” También, “desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo de los integrantes del Consejo; elaborar un mapa de situación, tanto a nivel nacional, como regional y provincial, con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos económicos y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en la materia, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos económicos”. Otro de los objetivos serán: “Conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal y analizar las investigaciones en materia de delitos económicos a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, destacó, una vez más, el reinicio de obras en la localidad de San Bernardo, donde se ejecuta la construcción de viviendas que habían quedado paralizadas durante años. Las unidades habitacionales forman parte del Programa Provincial de Construcción de Viviendas y corresponden a un proyecto que se había iniciado hace más de 10 años con financiamiento del Estado nacional, a través del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, las obras permanecieron abandonadas por largo tiempo. Actualmente, el gobierno provincial reactivó los trabajos con el objetivo de finalizar el proyecto y brindar soluciones habitacionales a familias de la comunidad. El titular del organismo provincial, Fernando Berecoechea, señaló también que el objetivo central es “poner en valor estas viviendas y entregárselas a los vecinos de San Bernardo”. En ese sentido, recordó que se trata de una obra de larga data que atravesó múltiples paralizaciones por falta de financiamiento del Estado nacional, siendo la última a comienzos de 2023. “Siguiendo la premisa del Gobernador de administrar de manera responsable y ordenada los recursos de todos los chaqueños, hemos logrado financiar la continuidad de estas obras utilizando fondos del gobierno provincial”, afirmó el funcionario. Asimismo, Berecoechea indicó que la adjudicación de las viviendas se realizará mediante sorteo público, garantizando transparencia en el proceso de asignación. Por último, destacó que la finalización de estas obras permitirá que familias de San Bernardo puedan acceder a su casa propia, marcando un avance significativo en la recuperación de proyectos habitacionales que permanecieron abandonados durante años.
El hallazgo fue posible gracias a los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense, tras excavaciones realizadas en 2025 en el predio donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de la dictadura. La Justicia federal confirmó la identificación de los restos de Mario Alberto Nívoli, un militante secuestrado durante la última dictadura militar que permanecía desaparecido desde febrero de 1977. El hallazgo se produjo tras trabajos de excavación realizados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, uno de los principales sitios de represión ilegal en la provincia de Córdoba. La confirmación fue dispuesta por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, luego de los estudios genéticos efectuados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Nívoli se convirtió así en el primer nombre que se da a conocer entre las 12 personas identificadas recientemente a partir de los trabajos realizados durante 2025 en el predio donde operó ese centro clandestino. Los análisis forenses estuvieron a cargo de especialistas del EAAF, con la participación de Anaís Linares y Silvana Turner, y el apoyo de investigadores del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes colaboraron en las tareas técnicas que permitieron avanzar en la identificación. Nívoli, apodado “Tito” por sus allegados, había nacido en 1948 en la localidad cordobesa de Ucacha. Tras cursar la secundaria en Las Perdices, se trasladó a Santa Fe para estudiar Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. Durante su etapa universitaria comenzó su participación política en la Juventud Universitaria Peronista, vinculada a la organización Montoneros. Al momento de su secuestro, tenía 28 años, trabajaba como técnico electricista y era padre de dos hijos pequeños. De acuerdo con registros del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, fue capturado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 por un grupo de tareas que irrumpió en su vivienda del barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba. Tras el operativo fue trasladado al centro clandestino La Perla, donde permaneció detenido de manera ilegal. Décadas más tarde, los responsables de esos crímenes fueron juzgados en la Megacausa La Perla-La Ribera-D2, que concluyó en 2016 con condenas por delitos de lesa humanidad. La noticia del hallazgo llegó a su hija, María Soledad Nívoli, quien tenía apenas cuatro meses cuando su padre fue secuestrado. Según relató, recibió la confirmación a través del abogado Ramiro Fresneda mientras regresaba de buscar a su hijo en la escuela. La mujer expresó que la identificación de los restos le generó alivio y una sensación de paz tras décadas de incertidumbre. También sostuvo que conocer el destino de su padre implica un cambio profundo para su familia, ya que pone fin a años de búsqueda. Durante mucho tiempo, la figura de Nívoli fue reconstruida por su hija a partir de recuerdos, testimonios y fotografías. Ese proceso derivó en la muestra “Como miran tus ojos”, una exposición que reúne imágenes tomadas por él mismo en la década del 70 y que recorre distintos momentos de su vida. La exhibición propone un recorrido por los lugares que marcaron su historia —desde Ucacha y sus años de estudio hasta su paso por Concordia y Córdoba— y culmina en Rosario, ciudad donde actualmente reside su hija. Para la familia, el hallazgo no solo representa una respuesta largamente esperada, sino también un nuevo impulso para continuar con la búsqueda de otras víctimas que aún permanecen sin identificar. elDiarioAR
El analista político Marcos Novaro aseguró que “el argumento de Adorni es el de muchos corruptos” al referirse a la polémica por el viaje de la esposa del jefe de Gabinete en el avión presidencial a Estados Unidos. “Lo de Adorni no solamente lo que hizo con la mujer sino la explicación ridícula que dio, que como él se está deslomando por el país entonces puede hacer cualquier cosa, un razonamiento que lo complica aún más, porque justamente este es el argumento de muchos corruptos. ´Mire yo hice mucho bien por el país así que me estoy cobrando´. Está loco este tipo, es muy tonto “, sostuvo el politólogo. Además señaló que “cuando pusieron a Adorni de jefe de Gabinete ya uno sospechaba que eso iba a terminar mal”. “O sea un tipo que nunca coordinó a nadie, que nunca hizo política, que su único mérito era ponerle ´fin´ a sus declaraciones y hacerse el canchero. O sea jefe de Gabinete de un gobierno que tiene muchos problemas que resolver y que coordinar. Realmente fue un paso atrás, muy claro, después de Guillermo Francos que hizo más de lo que se esperaba”, agregó en declaraciones a Radio La Red. “Papelones” Novaro analizó también el comportamiento del presidente Javier Milei durante su estadía en Nueva York, donde el mandatario lanzó duras críticas contra figuras del sector empresarial. El especialista consideró que la falta de templanza del jefe de Estado afecta la imagen institucional, al señalar ” lo de Milei insultando a Madanes y a Rocca con nombre y apellido”. También expresó que el presidente “es un tipo que en algunos momentos es muy intuitivo y entiende en qué consiste el conflicto y sabe cómo tiene que dosificar sus estrategias y en otros momentos se va de mambo porque le falta autocontrol”. Perfil
La agenda del mandatario nacional además está plagada de encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal. Apenas aterrizado de su gira por Estados Unidos y de asistir a la asunción de José Antonio Kast en Chile, el presidente Javier Milei dará continuidad este fin de semana a su agenda internacional, ya que partió rumbo a España para participar, el sábado, del Foro Económico de Madrid. Esta es una oportunidad en la que Milei volverá a hablar de la batalla cultural que encaró desde que llegó a la Casa Rosada y del rumbo de la economía argentina. La agenda del mandatario nacional además está plagada de encuentros con referentes libertarios con los que posee una gran sintonía a nivel personal, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Uno de esos cónclaves será con Santiago Abascal, líder del partido de derecha VOX, para reforzar la alianza política que mantienen desde hace años. Ya compartieron distintos eventos desde que el economista saltó a la arena política y el Presidente confía en que el Diputado en las Cortes Generales por Madrid será el reemplazante de Pedro Sánchez. Habrá otra reunión de relevancia para el líder del Poder Ejecutivo: con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien considera uno de los máximos exponentes vivos de la Escuela Austríaca. Tal es la admiración que tiene por el español que el 27de abril del año pasado lo condecoró con la Orden de Mayo. El plato fuerte está concentrado en el discurso que ofrecerá frente a empresarios en el Foro, algo que se producirá el sábado a las 16 en horario argentino. Para esa actividad, el Presidente tiene planificada una exposición basada en su gestión, los cambios pendientes y fundamentalmente en dar cuenta de la batalla cultural que logró plasmar. En ese aspecto, no faltarán críticas al socialismo con detalles de cómo, desde su parecer, “empobrecieron” a las sociedades. Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda oficial no incluye reuniones con el presidente español Pedro Sánchez ni con miembros del Gobierno del PSOE. La relación diplomática sigue marcada por la tensión, y Milei ha optado nuevamente por un recorrido de carácter “privado-institucional”, moviéndose en el ecosistema de empresarios, economistas liberales y la cúpula de VOX. Algo que le sienta cómodo y que se produce en una semana frenética. Milei pasó por Miami, Nueva York y Valparaíso antes de tocar suelo argentino por unas pocas horas para recibir el dato de inflación de febrero (2,9%) y volver a subir al avión presidencial. El domingo a las 9:00 volverá a la Ciudad de Buenos Aires. En el medio de su itinerario, el viaje de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, con su mujer en la comitiva presidencial desató una serie de especulaciones que el oficialismo está tratando de apagar intentando no tener costos políticos. El día a día de Milei en EspañaLa agenda de Javier Milei en territorio español tiene casilleros completos a excepción del día de su llegada. El jefe de Estado partía hacia Madrid a las 23:00 de este jueves y arribará este viernes a las 13:30 hora argentina. El sábado comenzará la acción para el economista. Porque se reunirá a las 10:00 en horario nacional se reunirá con el diputado en las Cortes Generales por Madrid y Presidente del partido VOX, Santiago Abascal, con quien no solo mantiene una afinidad ideológica sino también personal. Ambos dirigentes compartieron eventos en el pasado, inclusive. Una hora más tarde, el Presidente estrechará la mano y mantendrá un cónclave con el economista Jesús Huerta de Soto. Se trata de uno de los economistas más admirados por Milei. A las 16:15, disertará en el “Madrid Economic Forum 2026”. Su exposición tendrá los ejes clásicos del jefe de Estado, con un repaso de la gestión, los cambios que logró plasmar desde que arribó a la Casa Rosada y las reformas pendientes. Lógicamente, también habrá menciones a la batalla cultural que encarna. Luego, a las 17:15, recibirá un premio conmemorativo en honor a Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus. A las 19:00 la travesía en su recta final porque en ese horario parte el vuelo de regreso a la Argentina, que llegará a la Ciudad de Buenos Aires el domingo 15 de marzo a las 9:00.
Efectivos de la Policía del Chaco intervinieron en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 89, a la altura del kilómetro 218, jurisdicción de Corzuela. El conductor de un camión Volkswagen con acoplado perdió el control del rodado, provocando el vuelco del acoplado que transportaba semillas de algodón. A raíz del hecho, la carga quedó esparcida sobre la calzada, por lo que el personal policial reguló el tránsito al quedar neutralizado uno de los carriles. El conductor, oriundo de Ingeniero Chanourdie, no presentó lesiones.
La denuncia fue realizada el pasado 28 de febrero, por una joven de 24 años que sufrió un hecho de violencia de género en el Parque de la Democracia. A primeras horas, un hombre de 40 años fue detenido en el marco de una causa por supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género, con intervención de la Fiscalía de Género N.º 11. La denuncia fue realizada por una joven de 24 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido el pasado 28 de febrero en el Parque de la Democracia, donde el sujeto la habría lesionado en los brazos con un trozo de botella de vidrio y posteriormente continuó con las agresiones en el domicilio. Tras tareas policiales, personal de la Comisaría Tercera de Barranqueras procedió a la conducción del ciudadano, quien registró pedido de aprehensión en la causa.El detenido quedó a disposición de la magistratura interviniente, mientras continúan las diligencias de rigor.
Una encuesta de la UBA y el CELS reveló que una enorme mayoría de la sociedad condena al último gobierno militar, pese a los intentos de Milei por resucitar la teoría de los dos demonios. En paralelo, el Gobierno obstaculiza la búsqueda de los nietos apropiados. Pasaron 50 años. La mayoría de los argentinos vivió toda su vida en democracia. Pasó un presidente como Mauricio Macri, que habló del “curro de los derechos humanos”. Gobierna Javier Milei, que demolió las políticas de memoria, verdad y justicia, y hasta dificulta la búsqueda de los nietos apropiados. Pese a todo, una mayoría abrumadora de la sociedad rechaza a la última dictadura militar y considera que no hubo motivos que justificaran el golpe del 24 de marzo de 1976. Es la conclusión principal de una encuesta que presentaron ayer el observatorio Pulsar.UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a propósito de los 50 años del último golpe de Estado. El 71% considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”, y el 63% afirma que no hubo motivos que justificaran el golpe. La responsabilidad principal del quiebre institucional recae, para la mayoría, en las Juntas Militares. “Para la mayor parte de la población, el período se explica principalmente como un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos (61%)”, dice el estudio “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, elaborado a partir de una encuesta realizada en octubre de 2025, sobre una muestra de 1136 casos en todo el país. “Sin embargo -se advierte-, un 32% interpreta al gobierno militar como ‘una lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos’, lo que muestra que, si bien existe un consenso condenatorio claro, persisten zonas de ambigüedad en la interpretación del período.” El estudio muestra que las políticas de memoria, verdad y justicia funcionaron. La mayoría de los encuestados dice haberse informado sobre la dictadura en la escuela, la universidad o en conversaciones familiares. “Otro de los hallazgos más relevantes es que, medio siglo después, el lenguaje de los derechos humanos sigue estructurando la manera en que la sociedad argentina nombra y comprende la dictadura. Las categorías de “desaparición”, “represión”, “violación de derechos” y “plan sistemático” forman parte del sentido común democrático, dice el estudio de la UBA y el CELS. Otro dato fuerte: siete de cada diez consultados se manifestaron de acuerdo con que el Estado siga juzgando a los militares. Milei obstaculiza la búsqueda de los nietosEl estudio parece indicar también que la batalla cultural de Milei en este terreno fracasó. El presidente avanzó desde el primer día de gestión en una destrucción sistemática de las políticas de memoria, verdad y justicia construidas desde 1983. El retroceso llega a tal punto que el Gobierno obstaculiza la búsqueda de los nietos. Se calcula que son más de 300 hijos de desaparecidos a los que se les sustrajo su identidad y que todavía no fueron encontrados por las Abuelas de Plaza de Mayo. La tarea de Abuelas, que permitió recuperar a 140 nietos, contó hasta diciembre de 2023 con la asistencia indispensable del Estado Nacional. Pero por medio de decretos y resoluciones administrativas, el Gobierno redujo al mínimo la colaboración e incluso dificultó el trabajo de la organización que preside Estela de Carlotto, contra la que lanzó una campaña de desprestigio y desfinanciamiento. Desde que llegó Milei a la Casa Rosada se debilitaron con despidos y quita de facultades todas las agencias estatales orientadas a la búsqueda, se restringió el acceso a documentación relevante en poder de las Fuerzas Armadas y de seguridad, y se limitaron los análisis genéticos de quienes dudan de su identidad y residen en el exterior. Pese a esos obstáculos, en lo que va del gobierno libertario se encontraron tres nietos. “Uno de los principales problemas se deriva de la decisión, de agosto de 2024, de cerrar por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que trabajó en coordinación con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal durante 20 años”, dice un informe del CELS titulado “Bajo Asedio”, en el que se detalla la destrucción de las políticas de memoria, verdad y justicia. La UEI funcionaba bajo la órbita de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CoNaDi) y tenía facultades específicas como instancia prejudicial para investigar y analizar documentación en casos de apropiación. Contaba además con la potestad de acceder a archivos de organismos del Poder Ejecutivo, de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de organismos registrales, y de requerirles directamente informaciones, testimonios y documentos. La CoNaDi perdió un 40% de sus empleados desde diciembre de 2023. A las 30 personas que quedaron se les redujo el salario entre un 20% y un 70%. Incluso antes del cierre de la UEI, los ministerios de Seguridad y de Defensa, entonces a cargo de Patricia Bullrich y de Luis Petri, se negaron a proporcionar los registros de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y las fuerzas de seguridad en los casos administrativos que investigan el destino de los niños robados. Se sabe, buena parte de los apropiadores eran militares o policías. Hoy, por decisión del gobierno nacional, no existe ninguna oficina de la administración pública con facultades legales para acceder a la documentación de las Fuerzas Armadas. La obstaculización en la búsqueda de los nietos se ejecutó también por medio del debilitamiento de otro organismo clave: el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), al que Milei intentó quitar su autonomía funcional por un decreto luego derogado por el Congreso. En el BNDG se encuentran las muestras biológicas de los familiares que buscan a niños y desaparecidos por el terrorismo de Estado, y de todos aquellos que sospechan ser hijos de desaparecidos. “El Banco está funcionando con un presupuesto insuficiente ya que se mantuvo el de 2024, que replicaba el de 2023. En el transcurso de 2025, permaneció varias semanas acéfalo y todos los trámites de los análisis genéticos estuvieron paralizados -advirtió el CELS-. El cargo
El Ministerio de Salud informó el parte epidemiológico correspondiente a la semana comprendida entre el domingo 1 y el sábado 7 de marzo. Durante ese período, se registraron 15 casos notificados, los cuales fueron analizados y de acuerdo con los resultados, no se confirmaron casos positivos de Dengue, ni se reportaron casos probables. Desde la cartera sanitaria indicaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación epidemiológica, así como las acciones de prevención y control en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.En este sentido, los equipos de salud continúan desarrollando operativos de bloqueo preventivo y concientización comunitaria. Las autoridades sanitarias recordaron que la principal medida de prevención es eliminar los recipientes que puedan acumular agua, ya que estos se convierten en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Entre las recomendaciones se destacan: -Vaciar y limpiar recipientes que acumulen agua. -Mantener patios y jardines libres de objetos en desuso. -Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales. -Tapar tanques y cisternas. -Utilizar repelente y proteger puertas y ventanas con mosquiteros. Finalmente, desde el Ministerio de Salud reiteraron la importancia de que la población consulte de manera inmediata en el centro de salud más cercano ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas o vómitos, evitando la automedicación.
Se trata del primer pronunciamiento que declara la inconstitucionalidad de una disposición de la ley 27.802 votada semanas atrás en el congreso. La Sala Primera de la Cámara del Trabajo de Córdoba integrada de forma unipersonal por el juez Ricardo Giletta, dictó una sentencia en la que, además de resolver un conflicto laboral individual, efectuó la primera declaración judicial de inconstitucionalidad de una disposición de la reciente reforma laboral. En el caso, el tribunal invalidó el artículo 55 de la Ley 27.802, que había establecido un régimen diferenciado para la actualización de créditos laborales en juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma. El pronunciamiento fue dictado en el marco de la causa “Urbano, Mario Alejandro Ceferino c/ A. Giacomelli S.A. – Ordinario – Despido”. El trabajador reclamaba diversos rubros salariales e indemnizatorios derivados de la extinción del vínculo laboral. En el plano fáctico, la empresa había despedido al trabajador invocando pérdida de confianza, al sostener que los certificados médicos presentados para justificar determinadas inasistencias no habían sido emitidos por los profesionales que figuraban en ellos. Tras valorar la prueba producida —incluyendo informes de un centro de salud que indicaban que la médica consignada en los certificados ya no prestaba servicios al momento de su emisión— el tribunal consideró justificado el despido, rechazando las indemnizaciones derivadas del distracto. No obstante, la sentencia admitió parcialmente la demanda al reconocer el pago de salarios adeudados de los últimos días trabajados, aguinaldo proporcional y vacaciones proporcionales, ante la ausencia de constancias que acreditaran su cancelación. El aspecto más relevante del fallo surge al momento de determinar cómo deben actualizarse los créditos laborales reconocidos en la sentencia. La reforma laboral había modificado el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo e incorporado, mediante el artículo 55 de la Ley 27.802, un régimen transitorio para los procesos judiciales ya iniciados. Según ese esquema, los créditos laborales de juicios en trámite debían calcularse mediante una tasa pasiva publicada por el Banco Central, con un piso equivalente al 67% del monto que resultaría de aplicar el sistema de actualización previsto para los nuevos procesos. El núcleo del fallo Para el tribunal, este sistema generaba una diferencia injustificada entre trabajadores que se encuentran en situaciones sustancialmente idénticas. Mientras quienes iniciaran acciones judiciales luego de la reforma accederían a una actualización plena del crédito —basada en la evolución del índice de precios—, aquellos cuyos procesos ya estaban en curso recibirían una recomposición menor. El juez sostuvo que esta distinción vulnera la garantía de igualdad ante la ley prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que implica otorgar un trato más desfavorable a quienes llevan más tiempo litigando para obtener el reconocimiento de su crédito laboral. Además, destacó que los créditos laborales poseen naturaleza alimentaria, por lo que su adecuada actualización resulta indispensable para evitar que la inflación licúe su valor real. En ese sentido, recordó la doctrina de la Corte Suprema según la cual la actualización monetaria de los créditos laborales constituye un imperativo de justicia destinado a preservar el poder adquisitivo de las prestaciones debidas al trabajador. Otro argumento relevante del fallo se vincula con los efectos del sistema de cálculo en eventuales procesos concursales o falenciales del empleador. El tribunal señaló que, al centrarse en intereses y no en actualización del capital, el mecanismo previsto en la reforma puede perjudicar el rango de privilegio del crédito laboral en esos escenarios. El tribunal también destacó que la declaración de inconstitucionalidad puede efectuarse aun sin planteo expreso de las partes, cuando la incompatibilidad normativa resulta manifiesta. Para ello citó la jurisprudencia de la Corte Suprema en precedentes como “Mill de Pereyra” y “Rodríguez Pereyra”, que reconocen la potestad judicial de ejercer el control de constitucionalidad de oficio en el marco de una causa concreta. En consecuencia, el juez resolvió dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 de la reforma laboral y disponer que los créditos reconocidos en la causa se actualicen conforme el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, utilizando la evolución del CER —coeficiente vinculado al índice de precios al consumidor— hasta el momento del pago efectivo. Palabras del Derecho
Acusaron que hubo destrato y que el Presidente no les concedió un encuentro; “tampoco sus ministros”, agregó uno de ellos; la excepción fue Adorni, el miércoles, en el Bank of America. La gira de cuatro días finalizó este jueves con un cocktail en el consulado en Nueva York y dejó expuesta la fragilidad del vínculo entre los mandatarios “alineados” y la Casa Rosada, o mejor dicho, con el mismo Milei y algunos de sus funcionarios. Luis Caputo salió del Council of the Americas, el lunes, y mostró, como uno de los principales trofeos de la gira pro inversiones por Estados Unidos, a los once gobernadores “de distintos partidos políticos”. Dijo que eso no se había visto hasta ahora y que generaba la idea de que las políticas económicas de Javier Milei pueden perdurar en el tiempo más allá de las ideologías. En eso también coincidió Manuel Adorni: “Hoy la Nación Argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio”, dijo en su speech del Bank of America. Los mismos gobernadores resaltaron la unidad hacia afuera “más allá de los partidos políticos”. Pero la gira de cuatro días (el Argentina Week finalizó este jueves con un cocktail en el consulado en Nueva York) dejó expuesta la fragilidad del vínculo entre los mandatarios “alineados” y la Casa Rosada, o mejor dicho, con el mismo Milei y algunos de sus funcionarios. En los pasillos del mismo Consulado, este jueves, un mandatario patagónico mostró su malestar por la falta de cortesía y de atención. “No nos recibió el Presidente. Lo mínimo que podría haber hecho”, se quejó. “No hubo reuniones bilaterales con los ministros tampoco. Es cierto que compartimos varios paneles, pero no hubo nada”, agregó, sin ocultar su incomodidad. Coincidió con esa afirmación otro gobernador. Los dos prefirieron mantener sus nombres en reserva. Un tercero habló de cierto destrato incluso con algunos detalles. Hubo jefes provinciales con problemas para entrar al auditorio del JP Morgan el día que abrió con un discurso Milei, en el que por otra parte no los mencionó. El lunes, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se encontró con que la apertura del Argentina Week, en el Consulado, era multitudinaria y no había sillas suficientes para los mandatarios provinciales. Se fue. Luego lo llamaron para que regresara. Un cuarto gobernador que conversó con este medio contó una versión diferente: “No hubo reunión con Milei, pero nadie la pidió, o no me enteré al menos que eso haya ocurrido”, manifestó. “Hubo muy buena relación con los ministros”, sostuvo. Un miembro del equipo de uno de los gobernadores patagónicos ensayó una explicación. “Hubo una muy mala coordinación por parte del Gobierno y también de los gobernadores. Los gobernadores no están en posición de negociar, no tienen con qué, están débiles”. Aventuró que el año que viene, en las elecciones generales, la Casa Rosada irá por el poder de ellos. “Van a poner candidatos en todas las provincias salvo en Mendoza”, indicó. Adorni había dicho por la mañana que en 2027 LLA sumará “legisladores con las ideas de la libertad”. Un gobernador del centro coincidió con el análisis de que la comitiva presidencial no tuvo demasiada consideración por los mandatarios que fueron para mostrar “estabilidad”. Sin embargo, añadió que sus colegas deberían saber que es algo esperable. “Este gobierno es así”, indicó. “No es serio quejarse en privado y en público decir otra cosa”; agregó. Otro malestar surgió este jueves cuando el presidente de YPF, Horacio Marín, dijo en uno de los paneles de IDEA que si en un futuro encontraban shail oil en la cuenca del Golfo San Jorge iban a ejecutar la opción de explorar. Se mostró entusiasmado pero cauto, porque en una primera exploración se encontró petróleo mezclado con agua. Pero esa cuenca tiene mucho potencial. “Se retiraron del petróleo convencional y se quedaron con el no convencional”, refunfuñó un mandatario. Marín había sido muy claro en una entrevista con anterioridad: “Nosotros en algunos casos les devolvimos a las provincias los derechos de exploración convencional y en otros cedimos a otras empresas la exploración, para enfocarnos en lo no convencional”, indicó el titular de la petrolera nacional. La Nación