Autor: Redacción General

Mientras el Gobierno niega la existencia de femicidios, la organización exigió justicia por Agostina Vega y todas las víctimas de la violencia machista. El colectivo Ni Una Menos brindó este lunes una conferencia de prensa para convocar a la movilización del próximo 3 de Junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, bajo el lema “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”. Si bien la marcha fue decidida en asamblea hace una semana, “ahora se amplifica en urgencia frente a la conmoción colectiva generada por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba”, explicaron voceras de la organización. “Nos pareció que es importante dar un mensaje trasversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina, bajo este Gobierno nacional, que también tiene otros ejemplos en las provincias, la vida de las pibas importa muy poco. Eso es lo que estamos viendo”, señalaron las integrantes de Ni Una Menos. Lejos de que el crimen de Agostina sea un caso aislado, en el país se registra “un femicidio cada 31 horas”, en un contexto donde “la complicidad del Poder Ejecutivo es total”, observó el movimiento feminista, y advirtió en ese sentido: “El Gobierno nacional ajustador y represor sigue difundiendo el odio a las mujeres y disidencias mientras nos empobrece”. “Desidia organizada desde el Estado” “Nosotras hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde, que no implementó las medidas de alerta en el tiempo que requería, un Poder que además cuando tiene que exponer un fiscal (Raúl Garzón) para explicar cómo fue la búsqueda y hallazgo del cuerpo termina usando ese momento, donde podría haberle hablado al pueblo con una pedagogía que explique lo importante que es la vida de una piba, para felicitar a un perro”, agregó el movimiento feminista. “Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular. A esas condiciones, el fiscal le adjudica la demora en su búsqueda aún cuando es una menor de 14 años. Queda claro que estas vidas para el poder judicial no importan”, denunció Ni Una Menos. Con la postura del fiscal Garzón “se pone una vez más la sospecha sobre la víctima”, con un “mecanismo racista, clasista y sexista de culparnos, señalarnos y hacernos sospechosas”, analizaron las integrantes del colectivo, y agregaron: “Buscar en nuestras vidas el ‘algo habrá hecho’ se reedita y amplifica en los medios”. Sin embargo, plantearon las activistas este lunes, “que quede claro que estas vidas que el Gobierno nacional ha declarado como enemigas, como descartables y devaluadas, están organizadas, y que es gracias a la militancia feminista que el fiscal Raúl Garzón quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”. También “es gracias a la militancia feminista que hay otra sensibilidad en el pueblo construida en estos años de lucha. Es gracias a las docentes de Agostina que difundieron la importancia de la educación sexual en las escuelas y cómo afecta de manera concreta el ajuste a las políticas públicas contra las violencias de género en cada lugar”. En este contexto, “reclamamos al Gobierno que deje de tratarnos como material descartable, que deje de negar la figura de femicidio, que se dejen de desmantelar las políticas de prevención y abordaje de las violencias y sobre todas las cosas queremos decirles a todos los que nos están mirando que es muy importante que este miércoles nos encontremos todos y todas en el Congreso para decir Ni Una Menos, para decir que no nos vamos a callar y para decir que no queremos vivir en un país donde la vida de las pibas sea descartable y donde se use el Estado para perseguir y para estigmatizar al colectivo de mujeres”. “La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio en la manifestación Ni Una Menos. ¡Estamos hartas! Nos organizamos en todos lados porque la precariedad, el racismo y la misoginia no paran de producir muerte. ¡Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan!“, concluyó la convocatoria. Contra el proyecto de denuncias falsas La movilización de este miércoles, añadieron las voceras de Ni Una Menos, también se expresa “en contra del proyecto de falsas denuncias de Carolina Losada, porque este proyecto, así como el desmantelamiento de la ESI y el resto de las políticas de este Gobierno en contra de las mujeres, forma parte de una pedagogía, de una forma de hacer política que quiere meter presas a las compañeras”. Ese sistema “que metió presa a Cristina y que encarceló a compañeras por tirar caca de perro en una vereda” no actúa de la misma forma con los perpetradores de la violencia: “al femicida de Agostina, que sobraban las pruebas para tenerlo detenido, lo tuvieron en cana una semana y lo largaron. Y hoy Agostina no está más porque la Justicia no hizo lo que tenía que hacer”, señalaron desde Ni Una Menos. El proyecto de Losada, advirtieron en ese sentido, “forma parte de una política que quiere silenciar a las mujeres y garantizarles a los violentos y a los pedófilos el acceso a los cuerpos de las infancias y de las niñas”. Página 12

El juez Ariel Lijo dispuso que la Gendarmería Nacional analice las grabaciones que complican al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo. En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo. El principal implicado en la causa, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital. La estrategia de la defensa para voltear el caso La representación legal del exfuncionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones. Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok. El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales. La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas. De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial. En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos. Red de sobreprecios y desvío de fondos A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes. Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde exfuncionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores. Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas. NA

Malasia se sumó este lunes ala lista de países que prohíben las redes sociales a menores de 16 años. La medida la informó el regulador de las comunicaciones del país, en el marco de sus esfuerzos por proteger a los menores de la exposición a contenidos nocivos en internet. “A partir del lunes, las plataformas de redes sociales, entre las que se incluyen Facebook e Instagram, de Meta Platforms, TikTok y YouTube, de Alphabet, deben realizar una verificación de edad cotejando los datos con los registros gubernamentales”, según informó la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia. Si alguna de estas “plataformas incumple esta normativa, se podrán imponer multas de hasta 10 millones de ringgit (u$s2.500.000)”. “La medida no pretende prohibir el uso de internet a los menores ni negarles el acceso a la tecnología”, sino que tiene como objetivo fomentar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales, los padres y los tutores en la protección de los menores en línea, según explicó la cartera de comunicaciones malaya. “La verificación de la edad de los usuarios actuales será implementada por las plataformas de redes sociales a lo largo de un periodo de seis meses”. De esta manera, el país del sudeste asiático se suma a una lista en crecimiento. Hasta la fecha, Australia es la única nación que tiene una ley aprobada que prohíbe a los menores de 16 años utilizar las redes sociales. Sin embargo, países como Francia, España o Noruega, se encuentran en alguna instancia -más lejana o cercana- de aprobar algún tipo de regulación para sus adolescentes. En este caso concreto, Kuala Lumpur ha intensificado el control de las empresas de redes sociales tras constatar un fuerte aumento de los contenidos nocivos en línea en los últimos años, y está tomando medidas drásticas contra el material que intente deliberadamente avivar tensiones raciales o religiosas, o que critiquen a la monarquía. Por ello, la medida no tiene un único punto de vista, y no son exactamente las mismas motivaciones que impulsan a Madrid, París y Oslo a tratar, promulgar o discutir la ley. El anuncio del presidente español, Pedro Sánchez, sobre prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y exigir a plataformas ‌que implementen sistemas de verificación de edad, se dio en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, a comienzos de febrero. El proyecto, despertó el enojo de Musk, ya que no solo busca responsabilizar a los usuarios, sino también a los propios dueños de las plataformas por los contenidos que circulan en ellas. “El sucio de Sánchez es un tirano y ha traicionado a la ciudadanía española”, señaló el sudafricano Musk en X, red social de la que es propietario. En cuanto al presidente español, el mandatario defendió el proyecto impulsado por su administración, alegando que los “hijos (de los españoles) están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (…). Ya no vamos a aceptarlo”. “Los protegeremos del salvaje oeste digital”, había dicho. No es el primer encontronazo entre el magnate y Sánchez, ya que a finales de enero de este mismo año, el mandatario lo había cruzado luego de que el dueño de Space X cuestionara la regularización de inmigrantes que llevó a cabo el Gobierno español. “Marte puede esperar. La humanidad no”, señaló. Ámbito

Con una importante participación de referentes religiosos de la región, se realizó en Pampa del Indio la primera Jornada de Capacitación para Pastores y Líderes Evangélicos, una iniciativa que busca fortalecer el trabajo ministerial y brindar herramientas de formación teológica a quienes desarrollan una labor fundamental en las comunidades de toda la provincia. Además de las capacitaciones, el coordinador de Culto de la provincia, Pablo Paredes afirmó que “se avanzó con la realización de trámites vinculados al Registro de Cultos. Para ello, se trasladó a Pampa del Indio todo el equipo técnico necesario, permitiendo que pastores y representantes de iglesias pudieran realizar consultas, actualizaciones y gestiones administrativas sin necesidad de viajar hasta Resistencia”. La propuesta contempla cursos intensivos de formación teológica y acompañamiento ministerial, destinados a pastores, líderes y colaboradores de iglesias evangélicas. El objetivo es generar espacios de capacitación permanente que permitan fortalecer el servicio religioso y el trabajo social que realizan las congregaciones en cada localidad. Durante la actividad se destacó que esta iniciativa tendrá alcance provincial y se desarrollará de manera progresiva en distintas ciudades y localidades del Chaco, acercando oportunidades de formación a quienes muchas veces encuentran dificultades para trasladarse hacia los grandes centros urbanos. La puesta en marcha de estas jornadas responde al pedido del gobernador Leandro Zdero de trabajar en territorio, promoviendo acciones que permitan acompañar y fortalecer a las instituciones religiosas de toda la provincia. Desde la organización remarcaron la importancia de acercar el Estado a las comunidades y facilitar el acceso a herramientas de formación y regularización institucional, fortaleciendo así el trabajo que desarrollan las iglesias evangélicas en cada rincón del Chaco.

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció que Argentina registró “la menor tasa de homicidios de su historia”, con 3,6 cada 100.000 habitantes en 2025, e informó que “obtuvo la máxima calificación internacional en calidad estadística”. La titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, detalló que se registraron 3,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Estas cifras se dieron a conocer este lunes, en la presentación de las Estadísticas Criminales 2025, elaboradas por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó que reflejan una “reducción sostenida de los principales delitos en todo el país” y consolidan “la tendencia descendente” registrada en los últimos años. Durante el acto, y en presencia del director nacional de Estadística Criminal, Marco González, Monteoliva celebró que Argentina alcanzó en 2026 el grado “A” de Calidad Estadística, la máxima calificación brindada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para los sistemas de información criminal. Este reconocimiento posiciona a nuestro país “entre los estándares internacionales más altos en materia de producción, transparencia y calidad de estadísticas oficiales”. “Los datos muestran que la tasa de homicidios dolosos descendió de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a 3,6 en 2025, una reducción del 18,4 % en dos años y del 7,3 % respecto de 2024. Se trata de la tasa más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo. Con este indicador, Argentina se consolida como el país con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación internacional presentada”, manifestaron desde Seguridad Nacional. El Ministerio de Seguridad informó que Argentina registró en 2025 “la menor tasa de homicidios de su historia” La disminución también alcanzó a los “homicidios dolosos con víctimas mujeres” (sic), que registraron una baja del 10,8 % durante 2025 y del 23,5 % en los últimos dos años. Asimismo, los robos simples y agravados alcanzaron la tasa más baja de la serie histórica oficial, excluyendo el período excepcional de 2020, con una caída interanual del 21,6 %: mostraron una reducción significativa del 17,4 %. Por último, comunicaron que los delitos vinculados a la organización, financiación y producción del narcotráfico registraron una baja del 4,3 % respecto del año anterior, mientras que los hechos asociados al contrabando descendieron un 5,1 %. Para finalizar, expresaron que los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la tendencia continúa con nuevas reducciones tanto en homicidios como en robos. NA

El máximo tribunal decidirá sobre la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso, pero no tiene plazos y la resolución podría demorar meses. El Gobierno y las universidades nacionales se reunirán entre el miércoles y el jueves de esta semana para acercar posiciones, a la espera de lo que ocurra con el fallo de la Corte Suprema con respecto a la Ley de Financiamiento. Desde la asunción de Javier Milei, el presupuesto de las casas de estudio se redujo en torno al 35%. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, será quien represente al Gobierno en ese encuentro. Ese organismo depende del Ministerio de Capital Humano comandado por Sandra Petovello. Del otro lado estarán los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), entidad que nuclea a todas las casas de estudio. Desde ambos sectores esperan alcanzar un “acuerdo razonable”. Hasta ahora las posiciones están muy lejos una de la otra: el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada y respaldada luego por ambas cámaras y la Justicia en dos instancias, y realizó una propuesta que las universidades califican de “sin sentido”. “Vamos a escuchar toda propuesta razonable que empiece realmente a recomponer la situación y que empiece a cumplir lo que la ley establece”, adelanta a Página|12 un representante del sector universitario que va a estar presente en la reunión. Estas semanas no se habló de números, pero sí de un supuesto interés por llegar a un acuerdo por parte del Gobierno. “Esta reunión no implica que dejemos de reclamar ante la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, pero ese fallo puede demorar un mes, dos meses, dos años”, explican desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De todas maneras, sostienen que la última propuesta del Gobierno “no tiene sentido” y que no se pueden ni sentar a conversar si es sobre esa base. Ajuste e incumplimiento de la Ley: el Gobierno contra las universidades Desde noviembre de 2023 el Gobierno ajustó un 35% el presupuesto universitario. Si se proyecta el actual presupuesto contra la inflación proyectada por el Relevamiento Mensual del Banco Central para lo que queda del año, ese ajuste superará el 40%. En salarios, que componen casi todo el gasto universitario, el ajuste sería del 43%. En gastos de funcionamiento un 57%. Horas antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno anunció otro recorte de 5.300 millones de pesos en gastos de mantenimiento e infraestructura. Son decenas los edificios universitarios que quedaron sin terminar en todo el país a partir del cambio de gestión hace dos años y medios. El presupuesto para todo 2026 es de 4.8 billones de pesos, cuando las universidades aseguran que precisan 7.3 billones para un normal funcionamiento. En ese ajuste también entra la subejecución presupuestaria, por ejemplo en los hospitales universitarios. Los mismos son claves no solo para la formación de profesionales, sino para miles de personas que acceden a la salud a través de ellos. A la fecha el Gobierno les adeuda 80 mil millones de pesos del presupuesto 2026. En agosto de 2025 el Congreso sancionó con amplia mayoría en ambas cámaras la Ley de Financiamiento Universitario. La misma establece la recuperación del poder adquisitivo para dejarlo en el mismo nivel que en noviembre de 2023, tomando como referencia la inflación. Para adelante, establece paritarias que tengan como piso el IPC. En aquel entonces Javier Milei vetó la ley: el Congreso volteó el veto en ambas cámaras, aunque el Gobierno no cumplió de todas maneras. Las universidades apelaron ante la Justicia y consiguieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero el Presidente continúa sin cumplir con la ley. En un contexto de caída de la recaudación por la baja en la actividad económica, intentar mantener el superávit —que el propio FMI puso en duda si se contabilizan intereses de deuda— es la prioridad absoluta del equipo económico. En cambio, desde el Poder Ejecutivo propusieron un aumento del 12% en 3 cuotas, lo que las casas de estudio califican como menos que insuficiente. A la espera del fallo definitivo de la Corte Suprema, que no tiene fecha límite para tomar una decisión, el Gobierno y las universidades se reúnen esta semana para acercar dos posiciones que están muy lejos una de la otra. Página 12

La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones de Paraná dictó un fallo histórico en Entre Ríos al ordenar el cese inmediato de fumigaciones cerca de viviendas y urbanizaciones rurales de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, en el departamento Diamante. La resolución fue firmada por la vocal María Fernanda Miotti, quien hizo lugar a dos amparos ambientales: uno colectivo, promovido por la vecina Janet Ximena Rosso en representación de habitantes de los loteos Tierra Alta I, II y III de Colonia Ensayo; y otro individual, radicado por Gerardo Gareis en representación de su hija menor de edad y su grupo familiar conviviente. En la sentencia, la magistrada ordenó el “cese inmediato” de fumigaciones, pulverizaciones y aplicaciones de agrotóxicos tanto terrestres como aéreas en cercanías de zonas habitadas. Para las aplicaciones terrestres fijó una distancia mínima de 1.095 metros, mientras que para las aéreas estableció un resguardo de 3.000 metros. Hasta ahora, la Ley 11.178 que regula la aplicación de agrotóxicos en Entre Ríos, permitía fumigar desde los 150 metros por vía terrestre y desde 500 metros por vía aérea en zonas cercanas a escuelas rurales, además de habilitar aplicaciones con productos de menor toxicidad en áreas de amortiguamiento. Si bien la jueza entendió que la normativa no presenta una “manifiesta violación” de derechos o garantías constitucionales que justifique invalidarla judicialmente, exhortó al Estado provincial a profundizar medidas preventivas, de monitoreo, fiscalización y control sanitario y ambiental en las zonas afectadas. “Tutela preferente” La jueza sostuvo que la decisión se fundamenta en la necesidad de otorgar “tutela preferente” a la salud humana y al ambiente, considerados bienes de máxima protección constitucional y convencional. Durante el proceso judicial se incorporaron numerosos informes médicos, científicos y ambientales como, por ejemplo, un dictamen del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Según ese informe, la exposición aguda o crónica a agroquímicos puede generar efectos “genotóxicos, mutagénicos, teratogénicos e inmunitarios”, además de asociarse a cáncer, alteraciones endocrinas, problemas respiratorios, neurológicos y neurocognitivos. También se valoraron estudios ambientales que detectaron contaminación con herbicidas y otros biocidas en el Arroyo Salto, cercano a las urbanizaciones involucradas en el litigio, así como informes que advirtieron daño genético adquirido en una niña expuesta ambientalmente. Reacción de productores El director de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Entre Ríos, Matías Martiarena, cuestionó la resolución judicial que amplió las zonas de resguardo al considerar que la medida genera “inseguridad jurídica” para los productores. “Acá, en Argentina jueces irresponsables como esta señora (en referencia a Miotti) toman estas tesituras de manera irracional. Tal vez haciendo caso a una presión inmobiliaria, no lo sé, pero, sinceramente, genera mucha bronca”, expresó en declaraciones a APFDigital. “¿Quién va a venir a invertir en la provincia? Si después dictan medidas carentes de argumento. Entendimos que con la ley estábamos tranquilos, que el productor iba a poder producir, pero la realidad nos indica que no es tan así”, concluyó. Tiempo Argentino

El rector de la UNNE, doctor Gerardo Omar Larroza, puso en funciones al nuevo Delegado Rectoral del Instituto de Servicios Sociales de la UNNE en la mañana de hoy -lunes, 1° de Junio- en la sede operativa de ISSUNNE ubicada en San Luis 535, en la ciudad de Corriente. Tras la reciente aceptación en sesión ordinaria del Consejo Superior de la renuncia presentada por la doctora Rocío Paola Cardozo (ex Delegada Rectoral de ISSUNNE), el rector de la UNNE, promovió la designación del médico cardiólogo Raúl Andrés Duarte al frente del ISSUNNE. El doctor Duarte asumió en su cargo en un acto sencillo y expeditivo, donde el rector Larroza dio lectura a la resolución 2026-453 aprobada por el Consejo Superior, donde se designa al mencionado cardiólogo para cumplir funciones ejecutivas en el ISSUNNE. En la letra de la Resolución de forma, se destaca que el profesional elegido reúne las condiciones requeridas para el desempeño del cargo, con detalle de sus antecedentes y gestión, entre las que se destacan su especialidad en Cardiología y como Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Cardiología; es Docente en la facultad de Medicina hace 14 años y durante 3 gestiones fue Presidente del Distrito Corrientes de la Sociedad Argentina de Cardiología; es además coordinador del Gabinete de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina, entre otros. el nuevo Delegado Rectoral expresó que se siente sumamente comprometido y motivado para afrontar este desafío al frente del ISSUNNE. Reconoció la voluntad de trabajo del personal de esta dependencia, a la que sumó su voluntad y ganas de encarar el trabajo de la institución con responsabilidad en beneficio de todos los afiliados del Instituto de Servicios Sociales de la UNNE, no sin antes agradecer al rector Larroza la confianza en su persona para cumplir con este desafiante rol. Nueva conformación del Consejo de Administración del ISSUNNE Ante los sucesivos cambios en la conformación de integrantes del Consejo Superior de la UNNE debido al lógico recambio producto de las recientes elecciones y renovaciones de Decanos/as y representantes ante el Consejo Superior, efectivizados en el último tiempo en esta universidad, se modificó también la nómina de representantes Titulares y Suplentes del Consejo Superior ante el Consejo de Administración del Instituto de Servicios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste (ISSUNNE). La nueva mesa está conformada actualmente por los siguientes representantes Titulares:  Lic. Moira Yanina Carrió de la  Facultad de Ciencias Económicas; Dra. María Fabiana Cipolini Galarza de la Facultad de Ciencias Veterinarias y el Med Cir. Jorge Daniel Scheinkman de la Facultad de Medicina. Los Suplentes en tanto son la Dra. Andrea Verónica Galiana de la Facultad de Odontología y la Lic. Daniela Jaqueline Perez de la Facultad de Medicina.

El Premio Merck-CONICET 2026 abrió su convocatoria para startups, emprendedores y equipos científicos que buscan potenciar la innovación en salud, con mentoría especializada y respaldo internacional para los proyectos seleccionados. La sexta edición del Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026 ya abrió su convocatoria, apostando por el impulso de startups y proyectos científico-tecnológicos que impacten en el área de la salud. Este año, la Embajada de Alemania en Argentina respalda la iniciativa, que se consolida como una plataforma relevante para el desarrollo científico argentino. La participación está habilitada para emprendedores y equipos de entre 18 y 50 años, además de personas jurídicas constituidas en el país. Los interesados pueden postularse hasta el 19 de junio de 2026. Quienes hayan participado en otras ediciones pueden volver a hacerlo, siempre que presenten un proyecto distinto. El certamen otorgará $13.000.000 al proyecto ganador y un segundo premio de $9.100.000, ambos como aportes no reembolsables. Los recursos están destinados a potenciar el desarrollo de las iniciativas seleccionadas. La convocatoria contempla propuestas en áreas como oncología, neurología, endocrinología, fertilidad, microbioma, bio-interfaces y bio-sensores, inteligencia artificial aplicada a la salud, robótica, industria 4.0, salud digital y biotecnología, entre otras especialidades. Quienes deseen participar deben inscribirse a través de los canales oficiales del CONICET. Los miembros del organismo lo harán mediante el módulo SIGEVA, mientras que los emprendedores externos deben registrarse previamente en la Intranet del CONICET para completar su postulación. La evaluación de los proyectos estará a cargo de una comisión de especialistas del CONICET y Merck, que seleccionará diez finalistas. Estos equipos accederán a mentoría y formación durante la “Merck-CONICET Week”, antes de presentar sus propuestas finales en el “Pitch Day”. Evaluación, cronograma y mentoría El proceso de selección y formación se extenderá entre agosto y septiembre, con el anuncio de los diez finalistas previsto para septiembre. La instancia definitiva de mentoría y la premiación se concretarán en octubre de 2026. Las bases, condiciones e información detallada sobre la postulación están disponibles en el sitio oficial del CONICET. “El Premio Merck-CONICET es una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. La colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”, expresó Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina, durante el evento de lanzamiento. Por su parte, Daniel Salamone, presidente del CONICET, destacó: “Este premio representa la importancia de trabajar de manera articulada entre el sistema científico, el sector privado y la cooperación internacional para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad. La Sexta Edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud consolida un espacio de excelencia para promover el talento científico argentino y transformar conocimiento en soluciones concretas”. Desde su creación en 2021, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todas las regiones, lo que evidencia el potencial innovador de los investigadores argentinos. La iniciativa busca fortalecer alianzas estratégicas que permitan transformar conocimiento en soluciones efectivas para la salud y la calidad de vida en el país. Infobae

La presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado, junto a los diputados provinciales Jorge Gómez y María Elena Rodríguez, participó este lunes de la llegada del Tren 25 de Mayo a la localidad de Hermoso Campo, una iniciativa que acerca a la comunidad servicios de salud, trámites registrales y asesoramiento integral mediante un trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y la Nación. La formación permanecerá en la localidad brindando atención a los vecinos y facilitando el acceso a distintos organismos y prestaciones, evitando que los ciudadanos deban trasladarse a otras ciudades para realizar consultas, controles médicos o gestiones administrativas.  El tren está compuesto por vagones especialmente equipados para ofrecer servicios de salud en diversas especialidades, entre ellas fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación y ecografías.  Además, cuenta con espacios destinados a actividades educativas, culturales y recreativas, incluyendo biblioteca y cine, promoviendo el acceso a propuestas de formación y esparcimiento para toda la familia.  Asimismo, organismos como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, INSSSEP, ANSES y RENAPER se encuentran presentes brindando asistencia y facilitando la realización de distintos trámites, fortaleciendo el acceso de los chaqueños a servicios esenciales en sus propias comunidades.  Durante la jornada, Delgado destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan respuestas concretas a los vecinos. “Este tren representa un Estado presente, que llega a cada rincón de la provincia para garantizar derechos y brindar servicios fundamentales. Es una herramienta que acerca salud, trámites y oportunidades a las familias, especialmente a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos”, expresó.  Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Cuando Nación, Provincia y municipios articulan esfuerzos, los resultados llegan de manera directa a la gente. Ese es el camino para construir una provincia con más inclusión, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los chaqueños”.

La presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado, junto a los diputados provinciales Jorge Gómez y María Elena Rodríguez, participó este lunes de la llegada del Tren 25 de Mayo a la localidad de Hermoso Campo, una iniciativa que acerca a la comunidad servicios de salud, trámites registrales y asesoramiento integral mediante un trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y la Nación. La formación permanecerá en la localidad brindando atención a los vecinos y facilitando el acceso a distintos organismos y prestaciones, evitando que los ciudadanos deban trasladarse a otras ciudades para realizar consultas, controles médicos o gestiones administrativas.  El tren está compuesto por vagones especialmente equipados para ofrecer servicios de salud en diversas especialidades, entre ellas fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunación y ecografías.  Además, cuenta con espacios destinados a actividades educativas, culturales y recreativas, incluyendo biblioteca y cine, promoviendo el acceso a propuestas de formación y esparcimiento para toda la familia.  Asimismo, organismos como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, INSSSEP, ANSES y RENAPER se encuentran presentes brindando asistencia y facilitando la realización de distintos trámites, fortaleciendo el acceso de los chaqueños a servicios esenciales en sus propias comunidades.  Durante la jornada, Delgado destacó la importancia de este tipo de iniciativas que acercan respuestas concretas a los vecinos. “Este tren representa un Estado presente, que llega a cada rincón de la provincia para garantizar derechos y brindar servicios fundamentales. Es una herramienta que acerca salud, trámites y oportunidades a las familias, especialmente a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos”, expresó.  Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado: “Cuando Nación, Provincia y municipios articulan esfuerzos, los resultados llegan de manera directa a la gente. Ese es el camino para construir una provincia con más inclusión, igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los chaqueños”.

Los ingresos tributarios de mayo registraron un salto por el Impuesto a las Ganancias, un tributo clave para la coparticipación, y ese repunte apuntaló las transferencias automáticas a las provincias. En un mes en el que economistas de consultoras privadas expusieron lecturas divergentes sobre el nivel de actividad, la recaudación por el Impuesto a las Ganancias alcanzó un máximo de $7,8 billones y contribuyó a mejorar el resultado global tras nueve meses de caída en valores ajustados por inflación. El tributo se vio impulsado por el aumento de las utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores. ARCA informó que en mayo las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,5 billones, un incremento nominal del 35,6% respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 32,4% en ese lapso. En términos reales registró un aumento de 3,3 por ciento. En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron favorablemente: Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron negativamente en el mes por IVA impositivo e IVA Aduanero: La liquidación del agro en plena cosecha gruesa En plena recolección de maíz y soja, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 2.677 millones durante mayo. El monto representó un incremento del 7% respecto de abril y una disminución del 12,3% en comparación con un año antes. Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado anual totalizó USD 10.343 millones. En comparación con el período enero-mayo de 2025, significó un ingreso 12% inferior. “Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en Ciara-CEC. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales. En los primeros cinco meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $89,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 26,4% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4,5% respecto del año anterior. A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene. Fuente: Infobae

La controversia surge de una causa contra una ex funcionaria universitaria que “agravio” a las autoridades y a la comunidad universitaria al comparar una decisión del cuerpo – que no beneficiaba a una familiar suy -, con miembros de dictadura militar argentina. Unne señala que con una reciente respuesta negativa de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, la Universidad Nacional del Nordeste denuncia que ya son tres las instancias judiciales que negaron a la institución el acceso a la justicia por afrentas a su Consejo Superior. La Universidad reclama el desagravio y reparación institucional. “La UNNE no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria”, aseguran. El 28 de agosto de 2024, durante la sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste una exfuncionaria universitaria publicó en su cuenta personal de la red social Facebook el registro audiovisual de esa sesión, acompañado de la leyenda: “Que hermosura la democracia en nuestras universidades. Me hace acordar a Videla”. En el hilo de comentarios de esa misma publicación, respondió a otro usuario que si consideraba que un concurso había sido resuelto legalmente es porque “no conocés los detalles o estás metido en el robo”. UNNE explicó que, la autora de esas expresiones, doctora en Recursos Naturales e ingeniera agrónoma, se había desempeñado durante años como Secretaria General de Ciencia y Técnica del Rectorado de la UNNE. “Su vinculación personal directa con el resultado de un concurso administrativo ventilado en esa misma sesión – cuya ganadora era una persona distinta a su nuera – resulta indisociable del contexto en que las expresiones fueron vertidas” El Consejo Superior es el órgano máximo del gobierno universitario democrático, integrado por representantes de docentes, graduados, estudiantes y no docentes, electos por sus propios claustros. Las expresiones publicadas produjeron una honda conmoción en los miembros del Consejo Superior. En sesión extraordinaria del 11 de septiembre de 2024, ese cuerpo colegiado adoptó la Resolución N.° 788-CS-2024, por la que autorizó al Rector a solicitar, por intermedio de la Secretaría General Legal y Técnica, el desagravio institucional a través de las instancias legales que correspondan. Explican que una carta documento intimando a rectificarse no obtuvo una respuesta satisfactoria ante lo cual la Universidad promovió demanda civil de daños y perjuicios ante el Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes, reclamando cinco millones de pesos – con afectación específica a la edición y distribución gratuita de la serie “40 Años de Democracia” de la editorial EUDENE – y la publicación de la sentencia en un diario de circulación nacional. La causa registrada bajo el N° FCT 4697/2024 transitó tres instancias federales, y en todas ellas la pretensión de la Universidad fue rechazada. El fundamento central y recurrente fue la ausencia de legitimación activa de la UNNE como persona jurídica para reclamar daño extrapatrimonial. El Juzgado Federal N°1, con sentencia interlocutoria del 3 de junio de 2025, hizo lugar a la excepción previa de falta de legitimación activa opuesta por la demandada. Apelada esa sentencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, confirmó el pronunciamiento de primera instancia. El tribunal de alzada sostuvo que la UNNE, en tanto persona jurídica de derecho público, no puede invocar la afectación en sus sentimientos, afectos u honor como consecuencia de un hecho ilícito, porque su existencia es puramente ideal para cumplir los fines de su creación, y que los derechos personalísimos son innatos de las personas físicas. También rechazó la presentación del Rector en carácter personal por entender que alteraba la litis ya trabada. Finalmente, mediante resolución del 26 de mayo de 2026 , ese mismo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la UNNE, al considerar que los agravios expresados no configuraban una cuestión federal que habilitara la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino una mera discrepancia con la valoración efectuada por los jueces de la causa. La Universidad Nacional del Nordeste ” lamenta profundamente la decisión de la Justicia Federal. No se trata de una discrepancia técnica con el razonamiento de los tribunales intervinientes sobre los requisitos de admisibilidad del daño extrapatrimonial. Se trata de algo más hondo: la convicción de que, cuando se compara democráticamente a autoridades universitarias con un genocida condenado por crímenes de lesa humanidad, alguien debe poder pedir cuenta de ello ante los jueces. Ese alguien debería poder ser también la institución herida”. UNNE

Los días 4 y 5 de junio próximos, el Centro Cultural Club Social reunirá a investigadores, docentes e historiadores de toda la región. Con más de 30 exposiciones, mesas simultáneas y presentaciones de libros, el evento abordará desde el patrimonio indígena y la historia económica hasta el impacto de Malvinas en la comunidad. La comunidad académica, docente y estudiantil de la provincia se prepara para dar inicio al IX Congreso sobre Historia del Chaco y sus Pueblos, un encuentro clave para la identidad y la memoria regional. Organizado de manera conjunta por la Junta de Estudios Históricos del Chaco y la Secretaría de Cultura y Educación Ciudadana local, el evento se desarrollará en las instalaciones del Centro Cultural Club Social durante el próximo jueves 4 y viernes 5 de junio. A lo largo de las dos jornadas, se expondrán más de treinta trabajos de investigación, paneles de debate y lanzamientos editoriales. Los ejes temáticos recorrerán la historia política, los procesos económicos, el patrimonio ambiental, las trayectorias institucionales y la construcción de la memoria de las diversas comunidades que forjaron el territorio chaqueño. Jueves 4 de junio: panel inaugural y debates simultáneos La apertura oficial tendrá lugar el jueves a las 08:30 hs, con la presentación formal a cargo de las autoridades de la Junta de Estudios Históricos. Inmediatamente después, a las 09:00 hs, se desarrollará el panel de apertura titulado “150 años de la recuperación de la Isla del Cerrito”, que contará con las disertaciones del licenciado Enrique Schaller y el arqueólogo Roy Casañas Rigoli, bajo la coordinación de Marcos Altamirano. A partir de las 10:30 hs, el Congreso adoptará una dinámica de mesas simultáneas para agilizar la importante cantidad de ponencias: Mesa de Historia Económica y Procesos Productivos: Enfocada en los intercambios socioculturales, el análisis de la Reducción Napalpí, la Colonia Aborigen Chaco y la experiencia histórica de los consorcios camineros.Mesa de Educación y Cultura: Abordará la reorganización del agro, la historia ambiental de la provincia, las escuelas rurales centenarias del departamento Comandante Fernández, la educación durante el primer peronismo y la memoria de los abipones. Tras el receso del mediodía, las actividades se reanudarán a las 15:00 hs con una nueva tanda de debates en paralelo: Mesa de Historia, Arte, Cultura y Educación: Incluirá análisis sobre el impacto de la Bienal de las Esculturas, la corriente migratoria eslava en Villa Ángela, la presencia del idioma esperanto en Sáenz Peña y la historia de la bandera provincial. Mesa de Historia Política y Construcción Institucional: Repasará hitos de la política local, tales como la llegada de Ángel Rozas a la gobernación, la trayectoria de Elda Pértile como la primera mujer intendente de Resistencia y la toponimia urbana de la capital chaqueña. El cierre del primer día estará marcado por el panel “Nuevas formas de hacer historia” a las 16:30 hs (con Adrián Almirón, Fátima Valenzuela y Pablo Sánchez) y la presentación, a las 18:00 hs, de la tercera edición de la revista digital gratuita Chakú, Cazadores de Historias, a cargo de Cristal Acuña Sabadini y Pedro Ojeda. Viernes 5 de junio: dictadura, memorias locales y clausura La segunda jornada comenzará a las 09:00 hs con una fuerte impronta editorial de revisión histórica reciente. Se presentarán los libros “Pensar el Chaco desde la Dictadura. A 50 años del Golpe”, de Mariana Giordano y Andrea Geat, junto a la obra “Dictadura y transición: de la represión a la reconfiguración democrática en Chaco, Corrientes y Formosa (1975-1989)”, expuesta por Mayra Maggio. Entre las 10:00 y las 12:00 hs, el público podrá optar nuevamente entre dos espacios de exposición: Mesa de Historia Social y Cultural: Debatirá sobre la presencia franciscana en el territorio, los aportes jesuíticos de José Jolis, el patrimonio artístico indígena del Museo Provincial de Bellas Artes y los murales de René Brusau vinculados al desarrollo industrial. Mesa “Memorias del territorio chaqueño”: Un bloque dedicado a microhistorias y vivencias comunitarias que rescatará el auge del ciclismo saenzpeñense en la década de 1930, los recuerdos urbanos de Enrique Elías (décadas del ’30 y ’40), la historia de Fernando Jesús Lugo en Makallé, las colonias de alemanes del Volga en el sudoeste y el impacto social de la Guerra de Malvinas en la vida cotidiana de Presidencia Roque Sáenz Peña. Hacia el mediodía, a las 12:00 hs, Griselda Isaida Morand presentará su libro “Villa Ángela. Historias y recopilaciones”, sirviendo de antesala para el acto de clausura oficial pautado para las 13:00 hs, coronando dos intensos días de profunda reflexión sobre el pasado y la identidad de la provincia.

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó este lunes la medida cautelar que había suspendido la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en la provincia de Santa Cruz y lanzó críticas contra la resolución del juez federal de Río Gallegos que había frenado los cambios impulsados por el Congreso. El Tribunal hizo lugar a los planteos realizados por la Procuración del Tesoro de la Nación y dejó sin efecto una cautelar dictada en primera instancia. El nuevo fallo consideró que la decisión original carecía de fundamentos suficientes y sostuvo que se apoyó en hipótesis y riesgos eventuales sin demostrar que existiera un peligro concreto e inminente para el ambiente. La causa había sido promovida por el intendente de El Calafate, Javier Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los dirigentes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma introducida a la Ley de Glaciares y solicitaron una medida cautelar para suspender sus efectos. En primera instancia, el juez federal de Río Gallegos les había dado la razón y ordenó al Estado Nacional abstenerse de aplicar la nueva normativa en Santa Cruz hasta que hubiera una sentencia definitiva. Sin embargo, la Cámara revocó esa decisión. Los camaristas señalaron que el fallo apelado se apoyó en escenarios hipotéticos y no explicó concretamente por qué la nueva ley resultaría incompatible con la Constitución o con los principios ambientales invocados. Según la resolución, “la sentencia se construye exclusivamente dentro del campo de lo potencial” y está basada en acontecimientos que “podrían llegar a ocurrir”, sin identificar elementos concretos que permitan concluir que existe una amenaza inmediata para los glaciares. También remarcaron que el juez de primera instancia ni siquiera había desarrollado cuáles eran las modificaciones introducidas por la Ley 27.804 ni por qué esas reformas implicarían necesariamente un retroceso ambiental. “La sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad”, afirmaron los jueces. La Cámara rechazó que exista un peligro ambiental inminente Uno de los puntos centrales del fallo es que, según los camaristas, la nueva legislación no habilita automáticamente actividades prohibidas ni elimina de manera inmediata las protecciones existentes. “La Ley 27.804 no entraña una manifiesta o evidente incompatibilidad con los principios y garantías” invocados por los demandantes, sostuvo el tribunal. Además, destacó que cualquier modificación futura sobre áreas protegidas requerirá estudios técnicos, intervención de organismos especializados, audiencias públicas y eventualmente control judicial. En ese sentido, los jueces fueron categóricos: “ninguna actividad que hubiera estado prohibida con anterioridad ha pasado a estar permitida como consecuencia de la sanción del nuevo marco normativo”. Por eso concluyeron que no existe el requisito de “peligro en la demora” necesario para justificar una medida cautelar de semejante alcance. El peso de las leyes provinciales y de los parques nacionales La Cámara también destacó que gran parte de las zonas involucradas ya cuentan con múltiples niveles de protección jurídica. Recordó que amplias áreas de Santa Cruz están comprendidas dentro de parques nacionales y reservas nacionales donde las actividades económicas están prohibidas o severamente limitadas. Además, señaló que continúa vigente la ley provincial santacruceña de protección de glaciares, que mantiene restricciones similares a las previstas por la normativa nacional anterior. Por eso consideró “jurídicamente improcedente” sostener que la reforma puede derivar de manera inmediata en la habilitación de actividades contaminantes. Llamado de atención al juez Más allá de la discusión ambiental, la Cámara cuestionó severamente la forma en que se tramitó el expediente. Los jueces sostuvieron que el magistrado no definió correctamente la naturaleza colectiva del proceso, no aplicó las reglas establecidas por la Corte Suprema para este tipo de causas y tampoco cumplió con las acordadas que regulan los procesos colectivos. En uno de los párrafos del fallo, afirmaron que la resolución presenta “numerosas falencias de fundamentación que impiden considerarlo como un acto jurisdiccional válido”. Finalmente, el tribunal revocó íntegramente la cautelar, reconoció la legitimación de los demandantes para actuar como personas afectadas por la cuestión ambiental y ordenó al juzgado de origen adecuar el trámite a las reglas de los procesos colectivos fijadas por la Corte Suprema. De esta manera, la reforma de la Ley de Glaciares recuperó su plena vigencia mientras continúa la discusión de fondo sobre su constitucionalidad. Fuente: Ámbito

En el marco del plan de innovación digital, Nuevo Banco del Chaco procedió al reemplazo de tarjetas Maestro Chaco24 por nuevos plásticos con tecnología chip y contactless (compra sin contacto) que brindan mayor seguridad en las operaciones. Las nuevas tarjetas ya están emitidas y listas para ser entregadas en las oficinas de Correo Postal o en las sucursales de NBCH. Para conocer dónde retirar el nuevo plástico, se puede ingresar en la web oficial www.nbch.com.ar en la opción Estado de tarjetas. Ante dificultades para operar o requerir más información, los clientes pueden contactarse con NBCH Atiende al WhatsAPP verificado 3624161290 Además de tener mejor tecnología y brindar mayor seguridad, las nuevas tarjetas se emiten con el soporte de Mastercard para comprar con menos riesgos, en todo tipo de terminales de pago, dentro y fuera del país. NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los servicios oficiales y ante cualquier inquietud, comunicarse con NBCH Atiende al WhatsApp verificado 3624161290.

El convenio permitirá avanzar en la refacción y construcción de infraestructura destinada a fortalecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial. El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, firmaron este lunes un convenio de cooperación mediante el cual ambas carteras trabajarán de manera conjunta para ejecutar obras de refacción y construcción en dependencias policiales y del Servicio Penitenciario Provincial. A través del acuerdo, el Ministerio de Seguridad aportará los recursos financieros necesarios para la concreción de los proyectos, mientras que el Ministerio de Infraestructura tendrá a su cargo la ejecución de las obras, garantizando el desarrollo técnico y operativo de cada intervención. Las acciones previstas contemplan mejoras edilicias y la construcción de nuevos espacios estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y optimizar las condiciones de trabajo del personal. Entre las obras incluidas en el convenio se encuentran la refacción del edificio destinado a Logística del Servicio Penitenciario Provincial, la refacción de la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, la construcción de un nuevo edificio para Logística Interior de la Policía en Presidencia Roque Sáenz Peña, la refacción de la Comisaría 18° de Resistencia (Barrio Carpincho Macho), la refacción del Puesto de Control Caminero de Puerto Eva Perón, la refacción del edificio de la Dirección de Zona Interior de Pampa del Infierno, la refacción del edificio de la Dirección de Consumos Problemáticos de Resistencia y la refacción de la nueva Comisaría 15° de Resistencia. Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura de dependencias policiales y penitenciarias, optimizando espacios estratégicos para su funcionamiento y operatividad.

Con una conferencia de prensa realizada en la sede de la Fundación Amigos del Arte y Turismo, se presentó oficialmente una nueva edición de la Bienal del Impenetrable, que se desarrollará del 28 de julio al 2 de agosto en Juan José Castelli. La Bienal del Impenetrable volverá a conectar a la región con el prestigioso movimiento escultórico impulsado por la Fundación Urunday. Durante seis jornadas, escultores de reconocimiento internacional, regional e invitados especiales crearán obras inéditas en mármol, metal y madera, a cielo abierto y ante la mirada del público. Además del certamen escultórico, el programa incluirá concursos de pan castelense, talleres para niños y adultos, charlas, conferencias, el desfile Impenetrable Moda de Autor, espectáculos musicales, exposiciones de artesanos y una gran feria de emprendedores, consolidando una propuesta cultural para toda la familia. La organización es el resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Urunday, la Fundación Amigos del Arte y Turismo y la Municipalidad de Juan José Castelli, con el objetivo de fortalecer al arte como una herramienta de integración cultural, promoción turística y desarrollo regional.

El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito y permite dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que quedó bajo la lupa tras revelarse que funcionarios de primera línea del Gobierno habían accedido a préstamos millonarios. Durante ese período, la entidad concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios. Esto significa que alrededor de uno de cada 23 préstamos fue otorgado a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF). La categoría incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, pero también deja afuera a posiciones relevantes dentro de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal y otros funcionarios de alto rango no integran el universo PEP. En otras palabras, los 1.120 casos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al Gobierno. En septiembre de 2024, además, el Banco Nación modificó la normativa de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal por estos hechos, que tras una disputa de competencia recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Hace poco más de un mes, la publicación de “¿Cuánto Deben?”, un sitio web creado por el diseñador y especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky que permite visualizar información de la Central de Deudores del Banco Central, dejó al descubierto que un grupo de funcionarios de alto rango había obtenido créditos hipotecarios del Banco Nación por cifras millonarias. Lo que hasta ahora no se conocía era la magnitud total del fenómeno. Entre los casos más resonantes se encuentran el del director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, que obtuvo un crédito de $510 millones; el del asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, que accedió a un préstamo por $373 millones; el del secretario de Finanzas Federico Furiase, que recibió $367 millones; y el del ex jefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, que obtuvo un crédito por $420 millones y posteriormente fue desplazado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello. Tras la difusión de esos casos, el Gobierno buscó relativizar el alcance de la polémica. “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, la expresión “personas vinculadas al Gobierno” no constituye una categoría utilizada por el sistema financiero. Los bancos sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF y utilizada para aplicar controles reforzados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros puntos. Por ese motivo, Ámbito solicitó al Banco Nación información específica sobre los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente entre 2024 y 2026. En respuesta al pedido de acceso a la información pública, la entidad confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a integrantes de esa categoría sobre un universo total de 25.391 operaciones. ¿Quiénes son Personas Expuestas Políticamente? Según la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera, se considera Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes. La nómina incluye al Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales de primera instancia o superiores, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía. También alcanza a sus cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, así como a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años. La importancia del dato radica en que las Personas Expuestas Políticamente no constituyen una categoría construida para esta investigación. Se trata de una clasificación oficial utilizada por el sistema financiero para identificar a determinados funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a ellos, sobre quienes las entidades deben aplicar procedimientos específicos de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos. En ese sentido, los 1.120 créditos representan algo más que una suma de casos aislados. No se trata de un relevamiento elaborado a partir de nombres propios o cargos públicos identificados por este medio, sino de una categoría que el propio Banco Nación está obligado a individualizar al momento de otorgar un crédito. La cifra permite, por primera vez, dimensionar el alcance de la operatoria dentro de un universo definido por la regulación financiera. Los cambios en la normativa del Banco Nación Otro de los ejes de la discusión gira en torno a las modificaciones introducidas por el Banco Nación durante la gestión de Javier Milei en la línea hipotecaria “+ Hogares”. Quienes cuestionan el otorgamiento de los préstamos señalan que en septiembre de 2024 se actualizó la Resolución 802 para incorporar expresamente a los “cargos políticos designados por resolución o electivos” entre los potenciales beneficiarios. La normativa vigente durante la gestión anterior estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario, pero no contenía esa referencia específica. Ámbito accedió a ambas versiones del documento y pudo constatar las diferencias. La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Lo que los datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública permiten establecer desde ahora es otra cosa: que detrás de los casos individuales que salieron a la luz en las últimas semanas existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente. Fuente: ÁMBITO

La reducción de casos registrada en 2025, según el informe de la Corte Suprema, no refleja una tendencia. Las políticas públicas de prevención son fundamentales para lograr una disminución sostenida. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación, relativizó la baja de femicidios consignada en el informe anual de la Corte Suprema y, contrario al discurso antifeminista de Javier Milei, recordó la importancia de mantener las políticas públicas para prevenir la violencia de género. “Todavía no podemos decir que hay una tendencia a la baja de femicidios”, dijo este lunes Labozzetta en diálogo con Gelatina, donde explicó que “el fenómeno del femicidio tiene mucha estabilidad en el tiempo” y que “si bien vemos que los homicidios bajan a nivel mundial, los femicidios se mantienen estables”. “Comparativamente, los casos contados por nosotros en función de los indicadores de género y el número de casos que la Justicia califica de femicidios todavía es muy bajo”, señaló la especialista, y planteó en ese sentido: “Si vamos a evidenciar una baja, hay que poder reconstruir para ver qué fue lo que impactó”. Según Labozzetta, “las políticas que impactan en la baja de femicidios” son las “políticas a largo plazo”, las preventivas. “Las mujeres son asesinadas más bien dentro de sus hogares y por parte de su entorno conocido”, por lo que es necesario “visibilizar” esta problemática, insistió. El informe de la Corte Suprema En sus redes sociales, Labozzetta analizó el informe anual de femicidios de la Corte Suprema, que indica que bajaron los femicidios en Argentina, y detalló: “En 2025 hubo 200 femicidios contra 228 en 2024. Ya habían bajado en relación con 2023, con 250 casos. Sin embargo, siempre hay que tomar con cautela estos cambios. Para sacar conclusiones a largo plazo es necesario que las variaciones se estabilicen en el tiempo. Los 250 casos de 2023 habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”. Desagregado por jurisdicción, Labozzetta dijo que hay un dato “interesante” y es que “seis provincias registraron bajas considerables e impactaron de manera significativa en la caída”: Buenos Aires (-20 casos), Córdoba (-7 casos), Corrientes (-5 casos), Entre Ríos (-5 casos), Salta (-5 casos), y Santiago del Estero (-4 casos). Hay 3 provincias, en tanto, que registraron cero femicidios en 2025: Corrientes (que tuvo 5 el año anterior), La Pampa y San Juan (ambas con 1 en 2024). “A esas vale la pena agregar el caso de Tierra del Fuego, que tuvo 1 caso en 2025 pero en 2024 había sido la única provincia con CERO”, destacó la especialista. “En el otro extremo, la Corte identifica algunas provincias con las tasas más altas de femicidios, considerando los casos cada 100.000 habitantes”: Chaco (1,8), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69). La importancia de las políticas públicas El informe anual de la Corte Suprema sobre femicidios encontró que el 83% de las víctimas conocían a su agresor, el 70% tenían vínculos de pareja/ex pareja o familiar, el 78% de los femicidios se ejecutó en una vivienda (compartida, la de la víctima o del agresor) y en el 44% se registraron hechos previos de violencia de género. “Es decir: mayoritariamente las mujeres son asesinadas en sus casas y por alguien de su entorno más íntimo que ya las había agredido antes. Esto implica que la política pública de prevención no puede ser igual a la de otro tipo de fenómenos delictivos, en los cuales la presencia policial en calle puede ser disuasiva”, advirtió Labozzetta. “Tampoco es idéntico el comportamiento de este fenómeno criminal en las distintas jurisdicciones y territorios del país. Se requieren políticas públicas específicas y situadas para estas violencias. Por eso es relevante la información criminal, para poder actuar diferencialmente frente a fenómenos criminales diferentes”, agregó. Y concluyó: “Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”. Página 12