Se espera que el juzgado federal de Córdoba haga el anuncio oficial en los próximos días. Abuelas de Plaza de Mayo celebró el hallazgo. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de otras personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración conocido como La Perla, el centro de exterminio más grande del interior del país. El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja se encuentra, por estos días, dándoles la noticia a los familiares, que sostuvieron una búsqueda de casi medio siglo para saber qué había hecho la dictadura con sus seres queridos. “Cada hallazgo es un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, remarcaron desde la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se estima que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) pasaron entre 2200 y 2500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. La Perla estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. La modalidad predominante del exterminio fueron los fusilamientos y los enterramientos clandestinos. La sobreviviente Teresa Meschiati lo explicó con claridad al declarar en la megacausa: “Así como en la ESMA se iban para arriba; nosotros nos íbamos para abajo”. En La Perla, los represores hacían alusión a los pozos, a ver crecer los rabanitos desde abajo o a “metro ochenta”. Todos eran eufemismos relacionados con los enterramientos. Había una mecánica para el asesinato. Quienes iban a ser “trasladados” eran cargados en camiones a los que los perpetradores habían bautizado Menéndez-Benz, en alusión a Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y, por ende, señor de la vida y la muerte en diez provincias –entre ellas Córdoba–. Los camiones partían, pero volvían al rato, lo que era una señal de que la disposición final de los cuerpos se daba en un área circundante. Lo que pasaba después eran reconstrucciones parciales o suposiciones. La verdad pudo comprobarse gracias a las excavaciones que permitieron recuperar los cuerpos de algunas de las tantas víctimas que pasaron por La Perla. Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, trabajó sobre la zona conocida como la Loma del Torito. Para encontrar el área específica en la que debían concentrarse fueron fundamentales los aportes del geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. No era un área novedosa para los antropólogos porque ya habían estado allí en 2004. Habían llegado a partir de los testimonios de un trabajador rural, José Julián Solanille, que se acercó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para señalar que había visto los camiones Mercedes-Benz que trasladaban secuestrados y que después escuchaba los estruendos de los disparos. En 2004, Página/12 reveló que existía un descargo administrativo del teniente coronel Guillermo Bruno Laborda en el que hablaba de fusilamientos y de una operación de remoción de cadáveres que habría tenido lugar en los primeros meses de 1979. Para entonces, ya se conocían los primeros testimonios sobre La Perla y los represores querían asegurarse de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no encontraría evidencia de sus crímenes al visitar el país, precisó Horacio Verbitsky en esa investigación. Durante las tareas, los antropólogos encontraron restos óseos en dos áreas de la Loma del Torito, separadas entre sí por unos 300 metros. Los hallazgos correspondían a piezas de tamaño pequeño, lo que podría sustentar la hipótesis de que se utilizó maquinaria para remover los cuerpos. Los trabajos del EAAF ya dieron lugar a dos tandas de identificaciones. En marzo, se anunció que se habían recuperado restos de doce personas. También se halló la medalla que llevaba Jorge Omar Cazorla, marido de Graciela Geuna. Geuna, además de sobreviviente de La Perla, es una de las impulsoras de la querella que promueve la búsqueda de los restos. En el juzgado federal de Vaca Narvaja, no dieron información. A través de otras fuentes, Página/12 pudo confirmar que se estaba trabajando en notificar e informar a las familias. Se espera que la semana próxima el juez brinde una conferencia de prensa. “Celebramos los nuevos hallazgos en La Loma del Torito, fruto del trabajo de análisis antropológico y genético realizado por el EAAF sobre los restos recuperados en la Guarnición Militar La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla”, escribió la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, que es querellante en la causa conocida como enterramientos clandestinos. La búsqueda sigue en el predio. El lunes, el EAAF reanudó las excavaciones en la Loma del Torito. Se espera que hasta septiembre explore unas tres hectáreas en busca de restos de personas desaparecidas. Página/12
Autor: Redacción General
Cuando la detección se realiza a partir de la manifestación de síntomas, en el 65% de los casos la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados. El cáncer de ovarios es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios, las cuales se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo y en el marco del día mundial que se conmemora este viernes, remarcaron que este tipo de dolencia presenta un patrón que se repite: la dificultad para reconocer señales tempranas y la demora en confirmar el diagnóstico. Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, más de 6 de cada 10 mujeres con cáncer de ovario encontraron dificultades para realizar la primera consulta médica tras la aparición de síntomas. Los principales motivos fueron la desestimación de estos, dificultades para conseguir turno, turnos con mucha demora y dificultades burocráticas o de cobertura. En la muestra analizada, el 65% de los casos se detecta cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados, cuando su abordaje es más desafiante. “El problema empieza mucho antes que la necesidad de acceder a un tratamiento: cuando no se interpretan las señales de alerta o cuando las pacientes enfrentan dificultades para acceder a estudios a tiempo. Allanar ese camino es una de las claves para cambiar la historia de esta enfermedad”, señaló María de San Martín, directora ejecutiva de la Fundación Donde Quiero Estar. Al respecto, la Dra. Verónica Cristina Baró, médica oncóloga, jefa del servicio de Oncología de la clínica San Jorge, de Ushuaia, manifestó que: “A diferencia de otros tumores, el cáncer de ovario no cuenta con métodos de detección precoz eficaces para población general. Sus manifestaciones iniciales -como distensión abdominal, dolor pélvico o síntomas digestivos- suelen confundirse con afecciones de otros orígenes, lo que retrasa la sospecha clínica”. “Otro tema a tener en cuenta es la etapa quirúrgica, ya que el cáncer de ovario debe ser abordado por ginecólogos especializados en oncología, para lograr cirugías que cambien el pronóstico de las pacientes. Sabemos que existe una gran desigualdad en el acceso a dichas cirugías según la región del país y la cobertura de las pacientes”, añadió la especialista y a esto se le suma un circuito asistencial que, en muchos casos, no logra dar respuestas rápidas. El informe también muestra que las barreras para conseguir la primera consulta se repiten a la hora de alcanzar el diagnóstico e, incluso, una vez iniciados los estudios, con frecuencia aparecen trabas que siguen retrasando la confirmación diagnóstica. La importancia de la consulta temprana Los casos detectados a partir de síntomas presentan mayor probabilidad de encontrarse en estadios avanzados, en comparación con aquellos identificados en chequeos de rutina. Este patrón refuerza la necesidad de promover tanto la consulta temprana como una respuesta ágil del sistema de salud. “Hablar de cáncer de ovario es también hablar de inequidades, ya que, no todas las pacientes recorren el mismo camino ni llegan en el mismo momento al diagnóstico. Necesitamos sistemas más integrados, con menos barreras y más capacidad de respuesta”, agregó María de San Martín. Desde la Fundación DQE subrayan que mejorar los tiempos hasta el diagnóstico requiere una estrategia integral: mayor concientización en la población, capacitación de profesionales de la salud y simplificación de los circuitos de acceso a estudios. También destacan la importancia de acompañar a las pacientes durante todo el proceso, en un contexto donde el 70% de las participantes del MAPEC no había contado con apoyo de organizaciones de la sociedad civil. En este Día Mundial del Cáncer de Ovario, el mensaje es claro: sospechar y reconocer antes, diagnosticar a tiempo y reducir las demoras en las distintas etapas del camino del paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento, puede marcar una diferencia concreta en la vida de miles de mujeres.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este jueves a 10 años de prisión al dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López tras encontrarlo culpable de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. En la misma causa también fueron condenados su esposa, Librada Romero, y sus tres hijos, David, Walter y Daniel López, quienes recibieron penas de 9 años de cárcel. La sentencia fue dada a conocer por los jueces Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch, integrantes del Tribunal Oral Federal de Resistencia, quienes leyeron la parte resolutiva del fallo luego de varias jornadas de debate. Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso para Tito López la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos vinculados a la administración pública y una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas. En el caso de Librada Romero, el TOF la condenó como coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado a nueve años de prisión, con inhabilitación especial perpetua, costas y una multa de dos veces el monto de las operaciones. Sus hijos David Alberto López, Walter López y Daniel López también fueron hallados culpables como coautores del delito de lavado de activos agravado en el marco de una asociación ilícita y recibieron penas de nueve años de prisión, junto a inhabilitaciones y multas económicas. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó además poner a disposición judicial las extensiones de tierras fiscales involucradas en la causa, junto con las mejoras realizadas y los animales existentes en esos predios. También dispuso el decomiso de los bienes considerados producto o provecho de las maniobras ilícitas investigadas. El pedido de la fiscalía Durante los alegatos, el fiscal federal Federico Carniel había solicitado penas más severas. Para Tito López y su esposa pidió 13 años de prisión por lavado de activos agravado y asociación ilícita, mientras que para sus tres hijos requirió condenas de 12 años. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, la familia López conformó una estructura destinada al lavado de dinero proveniente de maniobras irregulares vinculadas a tierras fiscales, fondos públicos y operaciones comerciales sin respaldo económico declarado. Una causa que expuso un patrimonio millonario La investigación federal reveló un importante crecimiento patrimonial de la familia López que, según la acusación, no guardaba relación con los ingresos declarados ante ARCA. La causa se inició tras informes remitidos por el Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial del Chaco a la fiscalía federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, donde se advertían maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y fraude a la administración pública. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la ocupación de más de 1.200 hectáreas en cercanías de Cote Lai, la adquisición de ganado y vehículos de alta gama, la compra de campos y viviendas, y la utilización de fundaciones que facturaban millones de pesos al Estado provincial, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La fiscalía también expuso que tanto Tito López como su núcleo familiar registraban escasa o nula actividad económica formal, movimientos bancarios mínimos y una situación fiscal incompatible con el patrimonio acumulado. En paralelo, la investigación detectó contratos de leasing sobre tierras fiscales otorgadas por el Estado provincial, que habrían sido arrendadas a empresarios agropecuarios privados mediante maniobras consideradas irregulares por la Justicia Federal. El caso se convirtió en una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en la provincia del Chaco por el volumen del patrimonio detectado, las conexiones con organismos estatales y el manejo de fondos públicos destinados a proyectos productivos.
La Justicia aceptó el recurso federal extraordinario presentado por el Gobierno libertario para no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, queda así suspendida hasta que se expida la Corte Suprema. A cinco días de la cuarta marcha federal universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, concedió el recurso solicitado por la administración de Javier Milei a medidados de abril. A pesar de que la decisión previa sobre una medida cautelar no se considera una sentencia definitiva, los jueces justificaron su admisión debido a que la controversia involucra la interpretación de diversas normas de naturaleza federal. “Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con un comunicado publicado en X. El Ministerio reiteró allí su explicación para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitaria votada y ratificada el año pasado: “Cabe recordar que mediante el Decreto N°759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”. “El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, cerraron. El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, tambien lo comunicó por esta vía: “La llamada “ley de financiamiento universitario”, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, tuiteó. La Nación
En una entrevista brindada a CIUDAD TV, el secretario de Obras Públicas, Luis Zarabozo, brindó detalles técnicos y administrativos sobre la instalación de un nuevo kiosco en el predio municipal, una obra que ha generado interrogantes debido a su presupuesto. El funcionario aclaró que, si bien el presupuesto oficial es de 38 millones de pesos, se trata de una estructura que reemplaza a una construcción de casi 30 años y posee características de alta durabilidad y bajo mantenimiento que justifican su valor. Zarabozo explicó que el costo final incluye una carga impositiva y de beneficios que asciende al 49,5%, precisando que “el costo real de materiales y mano de obra es de menos de un 49,5%”, lo que situaría el valor real de la construcción en aproximadamente 23 millones de pesos. Respecto a las críticas sobre el monto del proyecto para una estructura que algunos sectores describen como simple, el secretario enfatizó que la obra no es de construcción tradicional, sino que está asentada sobre una platea de hormigón y se entrega totalmente equipada. “Está instalado con aire acondicionado, con muebles, con mesada, con bajo mesada, la cena, estanterías”, detalló el funcionario, subrayando que el presupuesto fue elaborado por la Dirección de Arquitectura basándose en los precios de mercado. Ante las dudas sobre los costos, Zarabozo fue tajante al invitar a la revisión de los procedimientos legales: “Hay que verificar los papeles, el concurso, el expediente. Todo está a disposición para quien quiera analizar si los precios están elevados o no”. Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la transparencia en la contratación de la empresa Dalmo SRL, la cual resultó seleccionada mediante una contratación directa tras un concurso del que participaron cuatro firmas. Zarabozo aclaró que se trata de una “empresa nueva” que se invita para este tipo de trabajos menores debido a su capacidad de ejecución y cupo, cumpliendo con todos los requisitos del registro de constructores de la provincia. Aseguró que la municipalidad trabaja actualmente con unas 25 empresas independientes en diversas intervenciones integrales, como las del Domo del Centenario, manteniendo un estricto control sobre la documentación y libre deuda de los proveedores. Finalmente, el secretario desmintió de forma categórica cualquier vinculación societaria de sus hijos con la empresa constructora del kiosco, explicando que la confusión podría derivar de relaciones de amistad previas. “Creo que los chicos que son dueños de esta empresa Dalmo son amigos de mi hijo”, señaló, pero aclaró que por ley no puede adjudicar obras a familiares hasta la tercera consanguinidad. Para dar por cerrado el tema, Zarabozo informó que la empresa de sus hijos se llama MADE ARQUITECTURA y que, debido a su cargo, tienen prohibido realizar cualquier tipo de trabajo para el municipio: “Están acá en la municipalidad y no pueden hacer ni una vereda porque yo soy el padre del funcionario”.
Un informe de RIA Consultores, elaborado en base a datos de ARCA y el BCRA, advirtió que los derechos de exportación aportaron apenas el 2,9% de la masa fiscal en los primeros cuatro meses de 2026. La caída se atribuye a la baja de alícuotas y al efecto de las “retenciones cero” aplicadas desde septiembre del año pasado. La recaudación por derechos de exportación registró una caída interanual del 37% en dólares durante el primer cuatrimestre de 2026 y marcó la segunda peor performance para ese período desde 2019, según un informe de RIA Consultores elaborado en base a datos de ARCA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El trabajo señaló que entre enero y abril de este año los ingresos por retenciones alcanzaron los US$1.380 millones, por debajo de los niveles registrados en igual período de 2025 y sólo por encima de los US$1.083 millones recaudados en 2023, año atravesado por la sequía. De acuerdo con el análisis, la caída respondió principalmente a la reducción de las alícuotas aplicadas al complejo sojero y al efecto arrastre del esquema de “Retenciones Cero” implementado en septiembre de 2025. El informe precisó además que la participación de los derechos de exportación dentro de la masa fiscal cayó de un promedio de 4,7% entre enero y septiembre de 2025 a 2,4% entre octubre de 2025 y abril de 2026. En abril de este año, la recaudación por DEx alcanzó los $575.000 millones, un nivel 13% inferior al de abril de 2025 en términos corrientes y 33% menor en valores ajustados por inflación. El reporte indicó que la recaudación acumula diez meses consecutivos de caída interanual medida en dólares, una situación comparable únicamente con el deterioro registrado durante la sequía de 2023, cuando se contabilizaron doce meses seguidos de retracción. Según el documento, las exportaciones de trigo durante el verano y las ventas externas de maíz entre marzo y abril ayudaron a moderar parcialmente la baja en la recaudación. En las conclusiones, el informe sostuvo que la menor incidencia de los derechos de exportación en la estructura tributaria podría abrir espacio para una nueva reducción de alícuotas, especialmente en el complejo soja, que mantiene cargas superiores a las del resto de los principales cultivos. No obstante, advirtió que una nueva rebaja de retenciones podría generar mayores dificultades fiscales en un contexto de recaudación por debajo de la inflación y de alta sensibilidad sobre las cuentas públicas nacionales.
El Poder Judicial llama a licitación pública para la adquisición anual de drogas y reactivos destinados al Instituto Médico Forense y al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. El monto estimado de la contratación asciende a $13.500.000. El acto de apertura de sobres y la recepción de ofertas se realizará el 11 de mayo a las 9 en la Dirección General de Administración (DGA), ubicada en Brown Nº 255, 1º Piso, de Resistencia. Los interesados podrán consultar y adquirir los pliegos de condiciones en el Departamento de Compras y Suministros de la DGA en el horario de 8 a 12. Asimismo, los pliegos se encuentran disponibles en la página oficial del Poder Judicial del Chaco https://www.justiciachaco.gov.ar/index.php?action=administracion También podrán realizar consultas mediante el correo electrónico: dga.compras@justiciachaco.gov.ar Pliegos El valor fue fijado en $1.000, y debe ser abonado mediante autoliquidación de Sellos/Tasas de ATP (22.5.a.1 Adquisición de Pliegos). Las solicitudes de adquisición se recibirán a través de la casilla oficial dga.compras@justiciachaco.gov.ar Cada oferente deberá adjuntar en formato PDF los comprobantes de autoliquidación y pago correspondiente, tras lo cual el Departamento de Compras remitirá el pliego digital firmado.
La legisladora Magdalena Odarda interpuso la denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, para que investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior, que celebraron el 14 de enero pasado el acuerdo conciliatorio con la empresa Hidden Lake, que cerró la causa por la compra de unas 12.000 hectáreas por parte de la firma del magnate inglés. El 14 de enero pasado, en plena feria judicial, funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno nacional y abogados de la firma Hidden Lake SA, del magnate inglés Joseph Lewis, celebraron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones. El acuerdo frenó la acción judicial de lesividad que el Estado nacional había impulsado a finales del 2023 contra esa empresa con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron a la firma de Lewis la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en las inmediaciones del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. La causa tramitaba en el juzgado contencioso administrativo federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín, y estaba con medidas de prueba en curso. Sin embargo, el juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial, homologó el acuerdo y dictó la sentencia. La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó este martes una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para disponga la apertura de una investigación sobre la conducta administrativa de los funcionarios de Nación que intervinieron en ese acuerdo conciliatorio con la empresa del Lewis. Solicitó a Rodríguez que requiera a los organismos competentes, en particular al Ministerio del Interior de la Nación, “la remisión de todas las actuaciones administrativas vinculadas al acuerdo referido, así como los antecedentes, dictámenes y fundamentos que motivaron la decisión de desistir de la acción de lesividad”. Odarda requirió al Procurador que evalúe “la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal, promoviendo las acciones que correspondan”. Y que se impulse “la revisión judicial del acuerdo conciliatorio celebrado y de la sentencia que lo homologa, a fin de obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de ambos, por su contradicción con el orden público y el interés general comprometido”. Un expediente que sigue bajo reserva En el petitorio, la legisladora rionegrina recordó al Procurador de Investigaciones Administrativas que el “acceso al expediente judicial en el cual tramitó la acción de lesividad se encuentra restringido bajo carácter de “reservado”, circunstancia que deberá ser considerada a los fines de garantizar el adecuado control de legalidad y transparencia de los actos denunciados”. En la demanda, a la que Diario RÍO NEGRO accedió, Odarda recordó que el 27 de septiembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación “dictó la Resolución (RESOL2023-1603-APN-SECI#MI) mediante la cual declaró lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en los expedientes N° S02-21662/96 y S0221702/96 del entonces Minsiterio de Defensa, vinculadas a la adquisición de tierras en zona de seguridad de frontera por parte de la firma H.R. Properties Buenos Aires SA, luego transformada en Hidden Lake SA (firma bajo dominio del ciudadano inglés Joseph Lewis)”. Actos viciados Según la denunciante, esa resolución, que se dictó fundada en antecedentes provenientes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Inspección General de Justicia, “concluyó que los actos administrativos cuestionados se encontraban viciados de nulidad absoluta e insanable, por violación de normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de frontera”. Odarda sostuvo que el 8 de noviembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación promovió acción judicial de lesividad contra Hidden Lake SA, “con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron la adquisición de aproximadamente 12.000 hectáreas en las inmediaciones del Lago Escondido, cuya titularidad y explotación se vincula con la restricción al acceso público a dicho bien de dominio público”. La compra de esas tierras se hizo a mediados de la década de los noventa, cuando en la Casa Rosada estaba el entonces presidente Carlos Menem y los radicales gobernaban la provincia de Río Negro. La legisladora rionegrina advirtió que durante el trámite del proceso, “y sin que se registraran avances sustanciales hacia la resolución de fondo del conflicto desde el 2024, el 14 de enero de 2026 el Ministerio del Interior, representado por el Dr. Alejandro Patricio Amaro, y la firma Hidden Lake SA, representada por los Dres. Jaime Cibis Robirosa y José Luis Ariel Bianco, suscribieron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones, con el consiguiente cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo”. Indicó que el juez Lara Correa dispuso la habilitación de feria y procedió a homologar el acuerdo celebrado, “declarando extinguida la acción de lesividad, sin efectuar un análisis sustancial sobre la validez de los actos cuestionados ni sobre la incidencia del interés público comprometido”. Según Odarda, tras ese acuerdo y la sentencia correspondiente, “la causa se mantuvo en reserva, privando a cualquier persona de acceder a las actuaciones así como de tomar conocimiento de estos acuerdos de alto interés público, hasta que la información trascendiera gracias a investigaciones periodísticas”. El acuerdo impide investigar la compra de las tierras Afirmó que “el desistimiento recíproco de las partes y la posterior homologación judicial del acuerdo han tenido como consecuencia el cierre del proceso sin que se produzca un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos cuestionados”, es decir, la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en zona de frontera, por parte de la empresa de Lewis, con el lago Escondido incluido en el interior de esa estancia. Cerca del lago Escondido, el magnate inglés construyó una mansión y un exclusivo complejo. Odarda aseguró en la denuncia que el acuerdo homologado por el juez Lara Correa “no solo importa el cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre el
El presidente del Consejo de Abogados de Resistencia aseguró que la nueva normativa “mejora ingresos históricamente bajos” para los profesionales y afirmó que el fallo de la Cámara Civil “no tumbó la ley”. También habló sobre el caso del policía acusado de parricidio y femicidio, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los controles sobre magistrados. En una extensa entrevista con CIUDAD TV, el presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, se refirió a la polémica generada tras un fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la nueva ley de honorarios profesionales de abogados en la provincia. Urturi cuestionó las interpretaciones que indicaban que la normativa había quedado sin efecto y aclaró que “la ley sigue plenamente vigente”. Explicó que la resolución corresponde a “un caso concreto” tratado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia y que únicamente cuestiona el artículo 13, referido a la aplicación inmediata de la norma. “El fallo no tumbó la ley ni declaró inconstitucional toda la normativa. Lo que hizo fue cuestionar un artículo en un expediente puntual”, remarcó. El abogado sostuvo que la nueva legislación vino a corregir “mínimos muy bajos” y criterios que perjudicaban a los profesionales. “Los honorarios tienen carácter alimentario. Esto es el sueldo del abogado, lo que necesita para pagar su estudio, empleados, impuestos y sostener su actividad”, afirmó. Además, apuntó contra algunos magistrados que resisten la aplicación de la nueva normativa. “Hay jueces que parecen molestarse porque los abogados ganen un poco más. Pero la gran mayoría la está aplicando y el Superior Tribunal de Justicia también lo viene haciendo”, señaló. Urturi consideró que el fallo debería ser revisado mediante un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y adelantó que el Consejo de Abogados podría acompañar la presentación como “amicus curiae”. El caso del policía acusado de parricidio y femicidio Durante la entrevista, Urturi también habló sobre la investigación administrativa abierta contra el efectivo policial acusado de asesinar a su padre y a su expareja en un hecho ocurrido en Puerto Vilelas. Indicó que el agente permanece internado en un sanatorio privado y que, aunque todavía no pudo ser notificado formalmente, ya se dispuso su suspensión preventiva con retención de haberes. Según explicó, desde el OCI ya se avanzó con la toma de testimonios y la recolección de pruebas, mientras se aguardan los resultados de pericias toxicológicas y las autopsias realizadas por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. También recordó que la legislación provincial prevé el retiro preventivo del arma reglamentaria cuando existen denuncias por violencia de género y explicó que, antes de restituirla, deben realizarse informes psicotécnicos obligatorios. Controles psicológicos y consumos problemáticos Consultado sobre los controles a integrantes de la fuerza policial, Urturi detalló que los aspirantes deben atravesar evaluaciones psicológicas y médicas antes de ingresar a la Escuela de Policía y que luego continúan bajo monitoreo durante el período de formación y servicio. Asimismo, señaló que en los últimos años se reforzaron los controles aleatorios vinculados a consumos problemáticos dentro de la fuerza. “La policía no está exenta de los problemas que atraviesa la sociedad”, sostuvo. Nuevo presidente del Consejo de la Magistratura Por otra parte, Urturi se refirió a su reciente elección por unanimidad como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, mientras que la secretaria de Coordinación de Gabinete del Chaco, Carolina Meiriño ocupará la vicepresidencia. Aseguró que la prioridad será agilizar concursos y resolver expedientes pendientes. “No estamos para perder tiempo en actos protocolares, sino para trabajar y dar respuestas a la sociedad”, expresó. También destacó el sistema chaqueño de control sobre magistrados y recordó que cualquier ciudadano puede denunciar a jueces, fiscales o defensores con el patrocinio de un abogado.
La estrella colombiana superó en espectadores a la Reina del Pop con su show gratuito en Copacabana. Se conoció el número oficial de las personas que asistieron al show de Shakira en las playas de Copacabana, Río de Janeiro el pasado 2 de mayo, y se confirmó que la estrella colombiana hizo historia con un total de 2 millones de presentes en su espectáculo, superando notoriamente a la reina del pop, Madonna. De esta forma, la barranquillera se convirtió en la primera artista latina en hacer historia con conciertos multitudinarios. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, miles de fanáticos viajaron de todas partes del mundo exclusivamente para ver el espectáculo en persona. Con un concierto adaptado a su exitosa gira “La mujeres ya no lloran tour”, Shakira deslumbró a los millones de presentes con sus canciones más icónicas, más reproducidas y las que marcaron un antes y un después en la industria musical latina. “No he podido dormir. Lo de anoche en Río fue absolutamente inolvidable. Los dos millones y medio de almas que estuvimos ahí, juntos, pudimos reconocer el poder de la música. Aunque muchos hayamos tenido días difíciles, allí fuimos a celebrar la vida tal y como viene: con sus imperfecciones y sus aciertos”, expresó “La Loba” en sus redes sociales después del concierto. Si bien Shakira se convierte en la primera artista latina en reunir esa magnitud de fanáticos, se encuentra en el puesto número dos de la lista, pero no por mucho. La estadounidense Lady Gaga logró reunir un total de 2.1 millones de espectadores, mientras que Madonna reunió 1.6 millones en la misma plata de Río de Janeiro.
La medida de fuerza resuelta por los bancarios será el próximo miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público de los bancos. El gremio denunció cierres de tesorerías regionales, sucursales y despidos; y advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 13 de mayo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a una serie de decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades. La medida de fuerza se llevará adelante durante las tres últimas horas de atención al público. Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo advirtieron que la protesta responde a medidas que, según denunciaron, afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector. En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Según La Bancaria, esa decisión podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y constituiría un “vaciamiento” de funciones esenciales. Además, el gremio sostuvo que la medida tendría impacto sobre las economías regionales, al afectar tareas vinculadas al funcionamiento territorial del organismo monetario. La organización sindical recordó que el pasado 27 de abril ya había realizado una medida de fuerza en los tesoros regionales. También señaló que hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, aunque denunció que las autoridades mantuvieron una postura “sin voluntad de diálogo ni de revisión”. En paralelo, La Bancaria también apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en distintos puntos del país. “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”, sostuvo el sindicato en el comunicado. Frente al conflicto, la Asociación Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país. Además, advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado fue firmado por el Secretariado General Nacional de La Bancaria y por su secretario general, Sergio Palazzo, quien responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto. Infogremiales
El hantavirus volvió a instalarse en la agenda pública tras registrarse nuevos casos en el país, entre ellos uno vinculado a la zona de Bariloche con posible exposición en Salta y Jujuy. En diálogo con CIUDAD TV, el veterinario Martín Robledo explicó las características de la enfermedad, sus vías de contagio y las medidas de prevención que toda la población debe conocer. El profesional señaló que el hantavirus es una enfermedad presente en Argentina de manera sostenida: todos los años se registran casos en distintas regiones del país, con focos endémicos en el sur patagónico —especialmente Bariloche, Neuquén y Chubut— y también en el norte, con casos frecuentes en Salta, Jujuy y Misiones. “Es una enfermedad que está en la Argentina, que siempre por año se reportan varios casos en diversas regiones”, afirmó Robledo. El agente transmisor es un roedor silvestre específico, no el tipo de ratón doméstico que podría encontrarse en una vivienda urbana. Este animal habita zonas periurbanas y rurales y disemina el virus a través de su orina, secreciones y mordeduras. Lo que hace particularmente difícil detectar la presencia del virus en los animales es que el roedor no manifiesta síntomas: “Es asintomático, no tiene síntomas, sino que transmite la enfermedad constantemente”, explicó el veterinario. Las poblaciones más expuestas son trabajadores rurales, veterinarios, turistas que visitan zonas de monte o acampantes que frecuentan áreas silvestres. La cepa de Los Andes Un dato central que Robledo subrayó es que Argentina es uno de los países donde circula la cepa “de Los Andes”, la única variante del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona. Sin embargo, aclaró que no se trata de un contagio masivo comparable al de enfermedades respiratorias como el COVID-19: “Tiene que haber un vínculo muy estrecho y por mucho tiempo”, precisó. En el norte del país, en cambio, los casos se producen principalmente por contacto con el roedor, sin transmisión interhumana. Ante la ausencia de vacuna o tratamiento específico, la prevención es la única herramienta disponible. Robledo recomendó evitar la presencia de roedores en viviendas y establecimientos, no dejar alimentos accesibles, cerrar todos los ingresos posibles y extremar la higiene personal. Quienes ingresen a espacios cerrados por largo tiempo deben airearlos y desinfectarlos con lavandina al menos una hora antes de ocuparlos. Los síntomas iniciales de la enfermedad se asemejan a un cuadro gripal —fiebre, decaimiento y dolor abdominal— y pueden derivar en una grave afectación respiratoria que puede resultar fatal si no se detecta a tiempo.
El mismo juez que dictó un amparo a favor de la CGT que puso freno a más de 80 artículos de la reforma concedió una medida cautelar a pedido de la Federación de Viajantes. La medida implica un antecedente clave para otro estatuto derogado, el del Periodista. La Justicia dio marcha atrás con la derogación del Estatuto del Viajante que había dispuesto la ley de Reforma Laboral. Lo hizo el juez del Trabajo Raúl Ojeda, el mismo que el Gobierno amenaza con denunciar por haber aceptado una cautelar que suspendió la vigencia de más de 80 artículos de la norma, en este caso al aceptar un planteo de la Federación de Viajantes (FUVA). La decisión se suma a otro amparo del mismo magistrado este miércoles contra dos artículos de la reforma que excluían a los trabajadores embarcados de la ley de Contrato o de Trabajo, y puede convertirse en antecedente para otros varios estatutos especiales derogados por la norma, entre ellos el del Periodista. En un fallo al que accedió El Destape, el juez Ojeda recoge algunos de los argumentos con los que había validado el planteo de la CGT para suspender toda la reforma. En particular, la necesidad de mantener “la paz social” y evitar la conflictividad derivada de la ausencia de normas protectorias, así como la urgencia para adoptar el temperamento y la aclaración de que se trata de una decisión meramente provisoria sin avanzar en la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad del articulado de la ley 27.802. En el texto legislativo aprobado este año quedaba consagrada la derogación del Estatuto del Viajante de Comercio a partir del 1 de enero de 2027. Ojeda cita en sus argumentos al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “dijo que no debemos asumir los jueces que tenemos el timón del barco social para orientarlo y conducirlo. En la misma película me represento que en este juicio se solicita la intervención de este Poder Judicial para evitar que en ese barco social no se arroje a los trabajadores y trabajadoras por la borda, más allá del destino que la proa indique”. La alusión también pareció dirigida a los camaristas laborales que le quitaron efectos a la cautelar que el magistrado había dispuesto en primera instancia ante una presentación de la CGT con el argumento de que no había riesgo para la seguridad de los trabajadores con la vigencia de la reforma. En su fallo el juez de primera instancia recordó que los trabajadores “gozan de preferente tutela constitucional” y que ese mismo concepto está consagrado en los tratados internacionales de los que la Argentina es firmante. Más adelante destacó que otro juzgado del Trabajo había dictado otra cautelar a favor de la FUVA cuando el Gobierno hizo un primer intento de derogación de su estatuto especial con el DNU 70/23. Ojeda se remite en su fallo también al dictamen del representante del Ministerio Público en esta causa al señalar que “la síntesis del señor fiscal no puede ser mejor lograda”. En aquel planteo se destaca que con el amparo “lo que se pretende es reparar la exclusión de un segmento de trabajadores del cobijo de su estatuto profesional, norma madre que le confiere identidad a toda una actividad” e invierte la carga de la prueba: “el Estado nacional deberá explicar cómo busca compensar esta quita de derechos del sector, ya que no mediaron explicaciones en el debate parlamentario. Destaco en este punto la ausencia total de debate en este tema. Diez minutos por orador no es debate”, agrega. Sobre este punto añade que “en una disciplina transaccional como lo es el derecho del trabajo, una reforma peyorativa debería estar compensada con una mejora de igual o mayor valor en su botiquín de derechos, reales y concretos”. Además del caso de los viajantes de comercio, la Reforma Laboral derogó otros estatutos especiales como el del Periodista Profesional, el peluquero o los choferes particulares, así como normas que regulan las licencias para extranjeros que votan en las elecciones de sus países de origen o la que delimita los horarios y días laborales en los supermercados. El Destape
Según un informe del CEPA, la Administración Pública Nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que al mes de abril de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) muestra una caída real del gasto total del 32% en comparación con igual período de 2023. Si bien se trata de los primeros meses del ejercicio presupuestario, los datos disponibles a abril permiten identificar primeras señales sobre la orientación fiscal del año, evidenciando un marcado sesgo contractivo del gasto público. En este contexto, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, registra un incremento real del 25% en su ejecución. Por su parte, los Servicios de la Deuda Pública concentran el 11% del gasto total ejecutado, reflejando el peso de los compromisos financieros en la estructura del gasto. El análisis por organismos muestra recortes profundos en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública. Entre los impactos más relevantes se destacan: *Salud: Superintendencia de Servicios de Salud (-51%), hospitales nacionales (-28% a -53%), Instituto Malbrán (-38%) y ANMAT (-36%). Programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%. Por su parte, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra un incremento real del 118%. * Ciencia y Tecnología: El Programa de Promoción de la Investigación e Innovación registra una fuerte caída (-84%), al igual que el CONICET (-36%) y la CONAE (-59%). Por su parte, el Servicio Geológico Minero Argentino presenta una reducción (-20%), al igual que la Fundación Miguel Lillo (-48%), la CONEAU (-29%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-27%). *Seguridad Social y Desarrollo Social: La ANSES presenta una caída (-9%), al igual que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (-77%) y el INAES (-83%). El programa de Economía Social registra una caída total en su ejecución (-100%), mientras que el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia muestra una reducción (-92%). Por su parte, el Plan Nacional de Protección Social evidencia una fuerte caída (-99%). Entre las políticas alimentarias también se observan retrocesos significativos, con disminuciones en Comedores Comunitarios y Merenderos (-54%) y en la Prestación Alimentar (-45%). *Educación: Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%). La Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes muestra una reducción significativa (-85%), mientras que las Acciones de Formación Docente (-95%) y el Desarrollo de la Educación Superior (-31%) presentan bajas más moderadas. La partida de Infraestructura y Equipamiento evidencia un recorte casi absoluto (-96%). *Desarrollo Productivo y Energía: La Comisión Nacional de Energía Atómica registra una caída significativa (-35%), acompañada por descensos en la Autoridad Regulatoria Nuclear (-29%), el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (-38%) y el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (-38%). *Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas: Policía Federal (-35%), Gendarmería (-31%), Prefectura Naval (-31%), Ejército (-13%), Armada (-17%), Fuerza Aérea (-17%). *Transporte y Obra Pública: Ejecución extremadamente baja con caídas del 94% al 100% en programas de infraestructura, pavimentación, cuencas, túneles y puentes. *Transferencias a provincias y municipios: Se observan ajustes muy significativos en la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios (-97%) y un recorte total en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%). En síntesis, la APN atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte reportó un balance de 25.175 controles efectuados en la provincia de Corrientes en lo que va de 2026. Los operativos, desplegados en puntos estratégicos, Rutas Nacionales y terminales de ómnibus, arrojaron un total de 283 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. Bajo la conducción de Maximiliano Patti, el organismo puso el foco en garantizar la seguridad de los pasajeros y la legalidad en el transporte de mercancías. Del total de las inspecciones, 21.985 correspondieron al transporte de cargas, sector que registró 187 sanciones. Por su parte, en el segmento de micros de larga distancia se realizaron 3.190 controles, derivando en 96 actas de infracción. Infracciones y riesgos al volante Los inspectores de la CNRT detectaron diversas irregularidades que atentan directamente contra la seguridad vial. Según informaron desde el organismo, los motivos recurrentes de las multas fueron: Prevención y protección al usuario Desde la CNRT remarcaron que estos procedimientos forman parte de una política de “tolerancia cero” ante los incumplimientos que ponen en riesgo la vida de quienes circulan por la vía pública. La estrategia busca no solo detectar la falta administrativa, sino prevenir siniestros viales mediante una presencia constante en las rutas correntinas, consideradas corredores clave para el Mercosur. El Litoral
José Fernández Codazzi, o como se hace llamar en las redes sociales, “El abogado del diablo”, permanece detenido en la Comisaría 2ª de la ciudad de Esquina luego de empujar al niño Nahuá a un laberinto que pudo ser fatal por la aventura escapista de su padre, el brasileño Josías Santos Regis. Al letrado – según publica el sitio del diario El Litoral de Corrientes – , trámites sin resolver y fondos que no fueron rendidos al Estado nacional, lo acorralan en otro proceso judicial. El abogado, el lunes a la noche, fue detenido tras la evidencia de las cámaras de seguridad. No pasará mucho tiempo hasta que este asunto que cortó la respiración de la provincia de Corrientes durante 48 horas, vaya a un nivel inferior entre sus prioridades porque deberá atender otro proceso judicial, mucho más avanzado y que podría valerle su primera condena. El abogado de 43 años de edad, que en 2024 subió a un vehículo a Laudelina Peña para llevarla ante un fiscal de la capital correntina a mentir – según ella misma confesó – sobre el destino final de Loan, está a la espera de una definición del Tribunal Oral Federal de Corrientes para que le ponga fecha a un juicio en el que está requerido por peculado. Una forma agravada de la malversación Ese delito, una forma agravada de la malversación de fondos, es el que el Estado Nacional pretende que sea aplicado como sello sobre el legajo de Codazzi, para definir su paso como interventor de un Registro de la Propiedad Automotor en Esquina. Mediante un conveniente vínculo con un dirigente político -ya extinto- el abogado logró que el Estado Nacional lo emplee como interventor de ese Registro en el año 2012. En el transcurso de los años siguientes concursó para obtener la titularidad del puesto, lo que le hubiera permitido cosechar desde esa ventanilla de la Administración Pública nacional los frutos de tramitar transferencias e inscripciones de vehículos, incluso motocicletas. Aún con los exámenes aprobados pero sin designación como titular, una auditoría en el año 2018 lo dejó afuera de ese ámbito. Detectaron severas inconsistencias en la rendición de lo recaudado por la venta de formularios denominados 13D, un trámite que registra las infracciones de los automotores. Se verificó que un total de 425 formularios se cobraron pero su recaudación no llegó a los canales administrativos oficiales. Es decir, el dinero ingresó por la ventanilla que regenteaba Codazzi, pero a la Nación no entró un peso.Eso alteró además la percepción legal de impuestos de sellos, entre otros tributos. Por ese motivo, en principio el letrado fue llevado ante los estrados federales de Goya por presuntos abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Y cuando el asunto estaba a punto de pasar al archivo por prescripción debido al paso del tiempo, el caso dio un giro. El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, junto a la jueza Cristina Pozzer Penzo, le aplicaron también una imputación por peculado, con lo cual las instancia superiores, como la Cámara Federal de Corrientes en agosto de 2025, avalaron que el ciclo del expediente alcance el nivel de juicio. Y así se hará. El tema fue elevado a debate en los últimos meses y se aguarda ahora que el Tribunal de los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco determine una fecha para el inicio. Según se pudo saber de fuentes allegadas al caso, ya hay testigos propuestos. Antecedentes sin respiro José Alejandro Fernández Codazzi tiene sobre sus espaldas un prestigio contorneado por salir en defensa de villanos modernos. Si bien su cara y su nombre adquirieron notoriedad en escala nacional por su participación en el caso Loan, su trajín en ese ripio venía de otros trotes. Fue, por ejemplo, el defensor de Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, esa organización responsable de una mega estafa piramidal que defraudó a inversores por más de 120 millones de dólares. Fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión en Corrientes por asociación ilícita y estafas reiteradas. A Laudelina la conoció por intermedio de su compoblano Diego Pellegrini, el senador que maniobró la estrategia para que la causa por la desaparición de Loan pase a la esfera provincial de la Justicia, mediante la hipótesis de que se trató de un siniestro fatal con una camioneta conducida por Carlos Pérez. La tía del niño dijo, incluso, que en esa operación el letrado le había puesto 50.000 pesos en el bolsillo de la campera. Y entre otros trabajos, en 2024 también conoció al homicida en grado de tentativa Josuá Santos Regis, el brasileño que en Esquina el domingo le pegó por lo menos tres balazos al amigo de su expareja y huyó. Su primer contacto fue por razones de peligrosa violencia. Al extranjero se lo acusó de haber saldado una discusión con su exsuegro, Juan Riquelme, según presumen las autoridades, incendiando un utilitario que permanecía estacionado sobre la calle Sarmiento casi Vidal de la ciudad ribereña. Josuá Santos fue detenido y para defenderse anotó el patrocinio de Fernández Codazzi, quien logró su liberación. Pero el vínculo se profundizó, pues además de ser su abogado de confianza, le alquilaba un departamento ubicado a pocos metros de su propia casa. Allí fue donde se vio por cámaras de seguridad que el brasileño llegó de la mano de su hijo de seis años y recibió ayuda clave para escapar de las autoridades hasta la Ruta Nacional 12 desde donde deambuló hasta su caída definitiva este martes a las 10,30 en paraje Duraznillo. El Litoral
Un informe de Focus Market detalló las fuertes desigualdades entre regiones y cómo el lugar de residencia impacta directamente en la calidad de vida. Las diferencias no sólo se reflejan en los ingresos, sino también en el acceso a bienes y servicios básicos. El mapa de ingresos en Argentina expuso fuertes desigualdades regionales y reveló cuál es la provincia donde se vive con menos recursos. Un informe de Focus Market muestra que, mientras el promedio nacional alcanza los u$s 671 mensuales, existen zonas del país donde los ingresos diarios apenas superan los u$s 8, lo que condiciona de manera directa el acceso a bienes y servicios esenciales. El relevamiento pone el foco en el ingreso total individual, un indicador que incluye salarios, jubilaciones, rentas y transferencias sociales, y que permite dimensionar el nivel de vida de la población en cada territorio. El director de Focus Market, Damián Di Pace, explicó que “el ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen”, además destacó la importancia de este dato para comprender las diferencias económicas dentro del país. En esa línea, el especialista remarcó que estas brechas “determinan el acceso a la salud, la educación, la vivienda y la alimentación”, marcando realidades muy distintas entre provincias. Si bien Argentina se ubica por encima de países como Bolivia, Paraguay y Brasil en términos de ingreso promedio, aún queda por debajo de Uruguay y Chile, lo que refleja diferencias estructurales en la región. Aun así, el dato nacional esconde disparidades profundas. La comparación entre jurisdicciones muestra que el lugar de residencia es un factor determinante en el nivel de ingresos. El norte del país concentra los menores ingresosEl informe identificó a La Rioja como la provincia con menor ingreso per cápita familiar del país, con u$s 247,20 mensuales, seguida por Chaco con u$s 255,74 y Formosa con u$s 266,65. Ingresos percapita mensual por provincia Focus Market En términos diarios, esto implica que en La Rioja se vive con apenas u$s8,24 por día, mientras que en Chaco y Formosa los ingresos alcanzan los u$s8,52 y u$s8,89, respectivamente. La brecha con los distritos de mayores ingresos es significativa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ingreso mensual asciende a u$s762,34, más del doble que en las provincias con menores recursos. Esta diferencia también se observa en el ingreso diario: en CABA se alcanzan los u$s25,41, triplicando los valores registrados en el norte del país. En el interior, las provincias patagónicas presentan los niveles más altos, con Tierra del Fuego en u$s635,52 mensuales y Neuquén en u$s610,75, consolidando un escenario desigual a nivel territorial. El impacto en el poder de compraLa desigualdad de ingresos se traduce en diferencias concretas en el consumo diario. En La Rioja, una jornada laboral permite comprar medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas. En Salta, el ingreso alcanza para 700 gramos de bifes o cinco empanadas, mostrando una capacidad de compra limitada en comparación con otras regiones. A medida que aumentan los ingresos, el poder adquisitivo mejora. En Santa Fe, por ejemplo, un día de trabajo permite adquirir un kilo de bifes o nueve empanadas. En CABA, en cambio, la misma jornada alcanza para comprar un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas, reflejando una diferencia sustancial en la calidad de vida. “Mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias, cualquier discurso sobre recuperación económica será parcial”, advirtió Di Pace, al tiempo que subrayó la necesidad de reducir la informalidad y promover un desarrollo más equilibrado. Fuente: Perfil
Familiares impulsan un hábeas corpus colectivo para saber dónde están los desaparecidos, con fuerte presencia platense. La Justicia debe dar respuestas. La Justicia Federal vivirá este jueves una audiencia inédita que puede marcar un punto de inflexión en la búsqueda de respuestas sobre el destino de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. El hábeas corpus impulsado por familiares y organismos de derechos humanos tiene un fuerte anclaje en La Plata y la región, donde se estima que hubo al menos 1.200 víctimas del terrorismo de Estado. La audiencia se desarrollará en la Sala II de la Cámara Federal, en los tribunales de Comodoro Py, y será la primera vez que un medida colectiva de estas características llega a instancia de exposición oral tras haber evitado su archivo. El eje del reclamo es claro y contundente: que el Estado diga dónde están los desaparecidos y qué ocurrió con cada una de las víctimas. Una pregunta que, a más de 50 años del golpe de Estado de 1976, sigue abierta. Un hábeas corpus colectivo con raíz en La Plata El impulso de esta acción judicial no es ajeno a La Plata, Berisso y Ensenada. En esta región, profundamente golpeada por la represión ilegal, se registraron al menos 1.200 personas desaparecidas, una cifra que atraviesa generaciones y que sigue presente en la memoria colectiva. La abogada platense Sofía Caravelos, hija de desaparecidos, forma parte de la comisión legal que diseñó la estrategia judicial y se identifica con el nombre Son Sin Cuenta con alta participación en redes sociales (@sonsincuenta) desde este año. En sus declaraciones, explicó que el hábeas corpus colectivo también se nutre de lo ocurrido el 23 de marzo en La Plata, cuando se realizó una intervención simbólica con zapatos que representaban a las víctimas. “Generamos esa imagen tan potente de los zapatos, tratando de pensar en esos 1.200 desaparecidos en la región. Muchos familiares se acercaron a firmar ese hábeas corpus”, sostuvo. Según detalló, más de 160 personas de la Región suscribieron la presentación, incluyendo familiares que durante décadas buscaron respuestas por vías individuales sin éxito. La pregunta que los juicios no respondieron Uno de los puntos centrales del planteo es que, si bien los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron condenas históricas, no lograron resolver una cuestión esencial: el destino final de los desaparecidos. “La pregunta de dónde están no fue saldada con los juicios”, explicó Caravelos. “Hubo condenas, en otros casos aún no hay sentencia, pero esa respuesta sigue pendiente”. sumó. El documento presentado ante la Justicia sostiene justamente esa deuda estructural. A lo largo de décadas, miles de hábeas corpus individuales fueron rechazados o archivados. Incluso durante la dictadura, las presentaciones de familiares no sólo eran desestimadas, sino que en algunos casos implicaban sanciones económicas para quienes las promovían. Caravelos recordó un caso personal: su abuela presentó varios recursos que fueron sistemáticamente rechazados, y en uno de ellos incluso fue condenada en costas por haber preguntado por el paradero de sus padres. Ese recorrido histórico es el que explica el cambio de estrategia: pasar de reclamos individuales a una acción colectiva. Un hecho sin precedentes en la Justicia argentina Desde la organización convocante remarcaron que nunca antes se había presentado un hábeas corpus con estas características: un colectivo de personas reclamando por la totalidad de las víctimas del terrorismo de Estado. El planteo ya tuvo un primer obstáculo. En una instancia inicial, el juez federal interviniente rechazó el recurso, cuestionando su carácter colectivo y exigiendo la identificación individual de cada caso. Sin embargo, la apelación permitió revertir esa decisión y habilitar la audiencia de este jueves. Ese giro procesal es el que convierte al expediente en un antecedente de alto impacto institucional. “Logramos que el hábeas corpus no sea archivado y que nos concedan una audiencia presencial para exponer nuestros argumentos”, señalaron desde la organización en la convocatoria oficial. El tribunal que escuchará a las partes estará integrado por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. De lo individual a lo colectivo: una estrategia política y judicial El cambio de enfoque no es menor. Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos estuvo marcada por iniciativas individuales: cada familia preguntando por su ser querido. Pero esa lógica, sostienen los impulsores, demostró ser insuficiente. “La historia nos ha demostrado que ir en términos individuales no nos salda la pregunta”, explicó Caravelos. “El genocidio fue colectivo, la respuesta también tiene que ser colectiva”. En esa línea, el hábeas corpus apunta a interpelar al Estado en su conjunto, no sólo en relación a casos puntuales. La exigencia es que se brinde información integral sobre el destino de todas las víctimas. El argumento también cuestiona la fragmentación de la información, que a lo largo de los años dificultó reconstruir el mapa completo del terrorismo de Estado. El peso de la memoria en la región capital En La Plata y la región, el impacto de la dictadura tuvo características particulares. La ciudad fue uno de los epicentros de la represión, con fuerte presencia de estudiantes, militantes políticos, sindicalistas y trabajadores que fueron secuestrados. El número de 1.200 desaparecidos en la región no es sólo una estadística: es una marca estructural en la historia local. Universidades, barrios y organizaciones sociales siguen atravesados por esa memoria. Por eso, la audiencia de este jueves no es un hecho aislado para la ciudad. Es, en muchos sentidos, la continuidad de una lucha que lleva décadas. La participación de familiares platenses en la firma del hábeas corpus refuerza ese vínculo territorial, que se traduce también en la construcción de memoria colectiva a través de intervenciones, actos y movilizaciones. Una audiencia con impacto político y judicial El desarrollo de la audiencia será seguido de cerca por organismos de derechos humanos, referentes políticos y el ámbito judicial. No sólo por el contenido del reclamo, sino por las implicancias que puede tener su resolución. Si la Cámara Federal habilita el tratamiento de fondo del hábeas corpus, se abriría un camino inédito para exigir respuestas al
A través de una audiencia pública, se analizó el proyecto de modificación al Código de Planeamiento Urbano, para la cesión de terrenos a construcciones de vieja data realizadas a la vera de la Ruta 11 – sobre colectora – entre avenida Martina y calle Charata. Se analizó la excepción a un proyecto de ordenanza que establece que la línea de edificación de terrenos municipales sea de 15 a 10 metros de distancia hacia la arteria nacional, teniendo en cuenta la existencia de propiedades que no cumplieron la normativa original y se ubicaron a poca distancia de la ruta. La concejala Analía Verón brindó detalles al respecto. “Está relacionada a una medida de excepción, dado que todas las construcciones datan de mucho tiempo y el Código de Planeamiento Urbano quedó bastante a destiempo”. Se efectuó un relevamiento con personal del área de Planeamiento Urbano, detectando construcciones que datan de mucha antigüedad sin haber respetado la línea, por lo que a través de esta audiencia pública se pretende desafectar del dominio público y pasar al dominio privado los terrenos. Este proyecto debe ser aprobado en segunda lectura, posteriormente el Municipio les venderá las parcelas a sus ocupantes, con una medida de excepción hacia quienes no respetaron la línea de edificación, por lo que las futuras obran deberán respetar la misma.
Avanzando con los trabajos planificados en toda la provincia, Sameep lleva adelante un operativo integral de saneamiento y mantenimiento del sistema cloacal en la localidad de Juan José Castelli. Las tareas son ejecutadas por agentes de la empresa junto al coordinador de Zona II, Ing. José Martín, quienes realizan trabajos de mantenimiento de cuencas con el objetivo de acondicionar y optimizar el funcionamiento del sistema cloacal. Asimismo, en distintos sectores de la localidad se desarrollaron trabajos de limpieza de cañerías y bocas de registro mediante la utilización de camiones desobstructores. Estas acciones tienen como finalidad garantizar el correcto funcionamiento del sistema y contribuir al cuidado del ambiente y la salud pública. Los operativos forman parte del plan integral de saneamiento que SAMEEP ejecuta en toda la provincia para el mantenimiento de las redes cloacales, mediante intervenciones realizadas por operarios capacitados y equipamiento de última generación. En ese marco, la empresa cuenta con modernos camiones desobstructores dotados de tecnología de punta, preparados para realizar tareas de succión y transporte de residuos sólidos, además de limpieza de conexiones de reducido diámetro. Los equipos también poseen sistemas de filtrado de agua y aire que eliminan olores y minimizan el impacto ambiental. El presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, destacó la importancia de incorporar este tipo de herramientas tecnológicas. “Es fundamental contar con estos camiones de última tecnología porque permiten atender la demanda de toda la provincia y resolver de manera eficiente los problemas de saturación del sistema cloacal”, señaló. Por su parte, el coordinador de Zona II, Ing. José Martín, remarcó la necesidad de realizar un uso responsable de las redes cloacales. “Si bien desde la empresa se llevan adelante tareas periódicas de mantenimiento, es importante evitar arrojar objetos a las redes de efluentes, ya que su preservación permite prolongar y garantizar la vida útil de las instalaciones”, concluyó.