Las dificultades laborales de los argentinos no pasan únicamente por el acceso al empleo, sino por la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas, indica un relevamiento privado que concluyó que 4 de cada 10 argentinos buscan otro trabajo porque sus ingresos no les alcanzan para sostener el nivel de vida. El informe, realizado por la consultora Delfos, plantea que este fenómeno tiene como público central a los jóvenes y adultos jóvenes, principalmente afectados por la informalidad laboral. Asimismo, indica que es un fenómeno con un alcance más transversal que llega a afectar también a los jubilados y muestra que ni la autonomía laboral ni el empleo formal garantizan estabilidad económica. La encuesta consultó a argentinos mayores de 18 años (más de 3.000) si están buscando trabajo y un 43% respondió afirmativamente, pero no porque no tienen trabajo, sino porque no les alcanzan los ingresos de su trabajo actual. En contraste, solo el 20% señala que no necesita un trabajo adicional, mientras que el resto se reparte entre quienes están fuera del mercado laboral o enfocados en otras actividades. En qué lugar del país se ve este fenómeno Las personas que demandan otro trabajo se encuentran principalmente en el Gran Buenos Aires (20%), en el NEA (19%) y en el NOA (17%). Cuáles son los oficios de los argentinos que buscan otro trabajo Los argentinos que se desarrollan en oficios independientes para complementar sus ingresos, seguidos de los empleados privados. El informe concluye que los resultados profundizan el diagnóstico de la situación económica: no solo hay una alta proporción de personas que perciben su situación como mala (49%), sino que además se evidencia un deterioro en la calidad del ingreso. En ese sentido, el problema no pasa únicamente por el acceso al empleo, sino por su capacidad de cubrir las necesidades básicas, lo que, según la consultora, consolida un complejo escenario para escapar a la vulnerabilidad económica.
Autor: Redacción General
El ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, informó que fue el propio Ministerio el que impulsó, desde el primer momento, la investigación ante la detección de presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio profesional en un hospital del interior. Según se detalló, la cartera sanitaria tomó conocimiento de la situación y, en forma inmediata, activó el protocolo correspondiente: un equipo de la Subsecretaría de Salud junto a asesores legales del Ministerio se constituyó en el establecimiento para formalizar la presentación judicial e iniciar las actuaciones administrativas internas. Desde el Ministerio remarcaron que la investigación se desarrolla en dos planos: por un lado, la Justicia, que tiene a su cargo la determinación de responsabilidades penales; y por otro, el ámbito administrativo, donde la cartera sanitaria analiza los procedimientos internos y el posible grado de responsabilidad de cada área involucrada. En ese sentido, se aclaró que la persona señalada NO pertenece al plantel formal del Ministerio, por lo que también se investiga de qué manera habría accedido al hospital y bajo qué condiciones percibía ingresos. “Desde el inicio de la gestión existe una decisión clara de ir a fondo ante cualquier irregularidad. Por eso fuimos nosotros quienes realizamos la denuncia y pusimos toda la información a disposición de la Justicia”, señaló el ministro de Salud. Asimismo, indicaron que el Ministerio cuenta con mecanismos de control y verificación, incluyendo la validación de documentación profesional, tarea que se realiza de manera permanente a través de las áreas de Asesoría Legal y Recursos Humanos. Finalmente, se reiteró que se continuará colaborando activamente con la Justicia mientras avanzan las actuaciones, y que se adoptarán todas las medidas administrativas que correspondan una vez que se determinen las responsabilidades.
Tres adolescentes de 17 años fueron demorados en las últimas horas en el Chaco, en el marco de investigaciones por amenazas de ataques armados contra instituciones educativas. Los procedimientos se realizaron en General Pinedo y Barranqueras, y las causas están caratuladas como “intimidación pública”. El primer caso ocurrió en General Pinedo, donde este viernes por la mañana la Policía intervino tras la denuncia de autoridades de la Escuela de Educación Secundaria N° 8 “José Manuel Estrada”. La directora alertó sobre la circulación de mensajes en un grupo de WhatsApp que advertían sobre un presunto tiroteo. A partir de las capturas de pantalla difundidas —en las que se veía a dos jóvenes encapuchados junto a frases amenazantes y la imagen de un arma de fuego— los efectivos identificaron a los presuntos autores. Ambos adolescentes fueron demorados y trasladados a la comisaría local. Por disposición de la Fiscalía N° 3 de Charata y del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2, se secuestraron los teléfonos celulares de los implicados y se dio intervención al área de Cibercrimen para profundizar la investigación. Los menores permanecieron en la dependencia policial junto a sus tutores. En paralelo, en Barranqueras, otro adolescente de 17 años fue demorado tras una investigación iniciada a partir de amenazas publicadas en redes sociales. El caso se originó por la denuncia de la directora de la Escuela de Educación Secundaria N° 152, quien detectó un perfil de Instagram desde el cual se anunciaba un posible ataque dentro del establecimiento, con menciones a alumnos y cursos. Luego de tareas de análisis digital, la División Ciberdelitos logró identificar al presunto responsable. Con orden judicial, se realizó un allanamiento en su domicilio, donde se secuestró un teléfono celular considerado de interés para la causa. El joven fue puesto a disposición del Juzgado del Menor y la Familia y, tras las diligencias de rigor, se dispuso su entrega a sus padres, previa notificación de su situación legal.
La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la FSU, en abril de 2025. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes el inicio de una investigación judicial contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en 2025. “Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuese una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el fiscal en una rueda de prensa. La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la FSU, en abril de 2025. Uthmeier aseveró que ChatGPT ofreció “consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces”, como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola. La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito “ayudar, incitar o aconsejar” a cualquiera que cometa un crimen. Una revisión de las políticas de entrenamiento de la IA Las autoridades de Florida emitieron un citatorio para que OpenAI entregue “todas las políticas y materiales de entrenamiento interno” sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo y sobre la cooperación con las autoridades, así como una lista de directivos, gerentes y empleados. “Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades”, expuso Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FLDE, en inglés). El hecho refleja el creciente combate legal de Florida contra las empresas de IA, pues en marzo trascendió que una familia del estado demandó al chatbot de Gemini, al que acusa de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos. El gobernador, Ron DeSantis, anunció en diciembre que insistirá en regular la IA en Florida, incluyendo la instalación de centros de datos y protecciones para los usuarios, pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales. Página/12
El castigo es por seis partidos y hay un pedido a la FIFA para que se cumpla a nivel selecciones. El inesperado argumento de la UEFA. Como era de esperarse, la UEFA sancionó este viernes con seis partidos al argentino Gianluca Prestianni por “conducta discriminatoria” luego de aquel encontronazo con Vinícius en un partido entre Benfica y Real Madrid por Champions League. Sin embargo, para sorpresa de todos, el castigo no fue por racismo como había denunciado el brasileño sino por “homofobia”. El pasado 17 de febrero durante el choque de ida de los 16avos de final de la competición europea, Prestianni se tapó la boca con la mano y la camiseta y se dirigió a Vinícius, quien de inmediato fue corriendo hacia el árbitro para acusar que el exVélez lo había llamado “mono”. En consecuencia, el juez François Letexier activó el protocolo por racismo y el partido se detuvo durante una decena de minutos mientras el estadio se venía abajo contra el brasileño, quien previamente había provocado a los hinchas portugueses. Prestianni negó haber insultado de forma racista a Vinícius pero semanas después, en una entrevista con Telefe, confirmó que le dijo “maricón”. “Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir ‘cagón’ o ‘maricón’”, dijo de manera inocente. Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA donde evidentemente no encontró pruebas de racismo, el Comité de Control, Ética y Disciplina sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un período de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial: “Suspender al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que de otro modo sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homofóbica)… Tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión”. Además, la UEFA solicitó a la FIFA que extienda la sanción a sus competencias por lo que Prestianni podría ver comprometida su presencia en la Copa del Mundo si es que Lionel Scaloni lo incluye en la lista de 26 convocados. En el horizonte aparecen los dos amistosos pre-Mundial contra Honduras e Islandia, en junio. A Prestianni y el Benfica le quedan cuatro partidos esta temporada, todos por el campeonato portugués donde marcha invictos, pero segundos a siete unidades del Porto. Vale destacar que el atacante de 20 años ya cumplió uno de los partidos de la suspensión al no jugar la vuelta contra el Real Madrid, el 25 de febrero. Página/12
Una familia había denunciado que su beba presentó irritación en la piel, tras usar este producto. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este viernes la venta en todo el país de una marca de óleo calcáreo, que usaba en su formulación un conservante no permitido. Por este motivo, se ordenó su retiro del mercado. Según se explicó en la Disposición 2194/2026, publicada en el Boletín Oficial, durante un control se detectó la venta de varios lotes de un óleo calcáreo que contenía el conservante propilparabeno, un ingrediente no permitido en su formulación. Se trata de la “Emulsión limpiadora a base de óleo calcáreo”, de la marca Promarc, Fresh Club. En el documento se detalla que la investigación se originó por dos motivos relacionados con la seguridad de los consumidores: En primer lugar, se reportó un evento adverso. La familia de una beba de dos meses y medio denunció ante el organismo que la pequeña presentó “síntomas compatibles con una irritación dérmica” en las zonas del cuerpo “donde fue aplicado el producto”. A raíz de esta situación, la Anmat verificó que tres lotes de este óleo calcáreo fueron fabricados con el ingrediente restringido “por fuera del plazo establecido para la adecuación de los productos”. Según una disposición del organismo, las empresas tenían un plazo de 36 meses (que venció en abril de 2025) para retirar este componente de sus fórmulas. Por este motivo, a fin de “proteger a la población de los efectos derivados del uso” de este producto, se dispuso: Prohibición inmediata de venta del producto: en todo el territorio nacional de los lotes L438, (Vto 04/27), L552 (vto 6/27) y L162 (vto 11/26)” del producto. Retiro del mercado: se ordenó a la firma titular, PROMARC S.A. que recupere el producto y presente la documentación que respalde esa acción ante las autoridades. Página/12
Horas después de que resolviera la vigencia de la reforma laboral, Milei inició el trámite para que Pesino permanezca en la Cámara del Trabajo después de cumplir 75 años. Es un caso similar al del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del actual ministro de Justicia, El Gobierno se movió rápido para beneficiar a uno de los jueces que volvió a poner en vigencia la reforma laboral que hace añicos los derechos de los trabajadores. Horas después de que firmara el fallo que tanto esperaba y celebró Javier Milei, el Ministerio de Justicia inició el trámite para que Víctor Arturo Pesino continúe en la Cámara Nacional del Trabajo aun después de haber cumplido los 75 años. Pesino venía gestionando un nuevo acuerdo para permanecer al menos cinco años más en el cargo, tal como contó Página/12, y su situación se destrabó en cuestión de horas: junto con María Dora González, suspendió la medida cautelar que había dictado el juez Raúl Ojeda para frenar más de 80 artículos de la llamada Ley de Modernización Laboral. En Tribunales señalaban que la decisión no es ilegal, pero se aparta de la práctica habitual. Una cautelar, por definición, rige de manera provisoria hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, por lo que suspenderla implica desnaturalizar su función. En ese mismo sentido, distintas fuentes daban por descontado el voto de Pesino: estaba a punto de cumplir 75 años y buscaba garantizar su continuidad. Para eso necesita el impulso del Gobierno: favor con favor se paga. “La Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador”, afirmó la Confederación General del Trabajo (CGT) en un comunicado hora después de que se conociera el escueto fallo. La central obrera también remarcó que González y Pesino se apartaron de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como un sujeto vulnerable de tutela preferente. En esa línea, advirtió que los camaristas podrían estar incumpliendo la propia reforma que reactivaron: el artículo 89 de la Ley 27.802 establece que los jueces inferiores no pueden apartarse de la doctrina del máximo tribunal sin exponerse a sanciones. Sin disimulo, el Gobierno publicó este viernes en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender la permanencia de Pesino por cinco años más. Durante cinco días hábiles se podrán presentar adhesiones o impugnaciones a su continuidad en la Cámara del Trabajo, un fuero que además la gestión libertaria busca transferir a la Ciudad de Buenos Aires. Pesino deberá ahora defender su pliego en el Senado, como ya lo hizo el 16 de abril Carlos Mahiques. El padre del ministro de Justicia también aspira a seguir en la Cámara Federal de Casación Penal más allá de los 75 años. El Ministerio de Justicia informó, además, que inició el mismo trámite para el juez federal de San Juan Leopoldo Jorge Rago Gallo. Distinta es la situación de Martín Irurzun, integrante de la Cámara Federal porteña, que cumple 75 años en julio. Su apellido quedó asociado a la doctrina que, durante el gobierno de Mauricio Macri, habilitó las detenciones “preventivas” de exfuncionarios kirchneristas, a quienes se acusaba de contar con una cuota de poder residual. En el Ministerio de Justicia aseguran que, por ahora, no hay una decisión tomada sobre su continuidad.
El fiscal quiere saber quiénes acceden a ellas y pidió la filmación de todas las entradas de los autorizados. Continúa avanzando la causa por el presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni y en las últimas horas la Justicia pidió informes sobre dos cajas de seguridad que están a nombre de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete. El fiscal a cargo de la investigación Gerardo Pollicita busca conocer quiénes pueden acceder a las cajas que se encuentran en el Banco Galicia. Por este motivo, pidió las filmaciones de todas las entradas de los autorizados, entre otros puntos. En su requerimiento, Pollicita solicitó “la nómina de las personas autorizadas a acceder a las cajas de seguridad” y las “copias de registros de ingresos y egresos, libros, actas, planillas o cualquier otro medio de registro consignando fechas, horarios e identidad de las personas que hubieran accedido a las mismas” desde enero de 2022. También pidió las filmaciones de accesos al sector de cajas de seguridad del banco. Este pedido vinculado a la esposa de Adorni se suma a otra causa en la que es investigada que está a cargo del juez federal Ariel Lijo, quien ordenó una serie de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a Bettina Angeletti. La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis. Entre las disposiciones, el magistrado solicitó el envío de toda la documentación vinculada a la concesión de Tecnópolis, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. También requirió expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva. La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de 3.600 millones de pesos para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación. Fuente: Crónica
En medio de una crítica situación por las intensas lluvias en el norte chaqueño, la secretaria de Producción y Desarrollo Local del municipio de Castelli, Jessica Kloster, brindó un panorama detallado de la emergencia hídrica que afecta tanto a la zona urbana como rural, con especial preocupación por el aislamiento de comunidades. En declaraciones a CIUDAD TV, la funcionaria explicó que las precipitaciones fueron generalizadas y provocaron cortes de caminos, falta de energía eléctrica y dificultades para establecer contacto con distintos parajes. “Lo que más nos preocupa es que hay zonas completamente aisladas”, señaló. Ante este escenario, el municipio organizó operativos de asistencia que comenzaron con el acceso a comunidades indígenas ubicadas a unos 15 o 20 kilómetros de la ciudad. Allí se entregaron alimentos, ropa y donaciones recolectadas por vecinos, alcanzando a unas 100 familias, aunque todavía quedan sectores pendientes de asistencia. Las tareas continuaron en parajes como Río Salado, donde el aislamiento impide a los pobladores trasladarse para abastecerse. “No es tanto la inundación en sí, sino que no pueden salir a buscar provisiones”, explicó Kloster. En algunos casos, las familias debieron caminar largas distancias para conseguir alimentos. Uno de los puntos más críticos es un corte de gran extensión en un camino rural, donde incluso fue necesario el uso de una lancha para trasladar personas, motos y mercadería. “Ese corte está aislando a muchos productores y familias”, indicó. La funcionaria también remarcó las dificultades para restablecer el servicio eléctrico en zonas rurales, ya que los equipos no pueden acceder por el mal estado de los caminos. En paralelo, se analizan alternativas como el uso de tractores para llegar a parajes más alejados. En el casco urbano de Castelli, si bien el agua ya drenó en gran parte, el impacto fue severo en numerosos barrios. “Hay familias que perdieron todo. Durante tres días estuvieron arriba de mesas para no mojar lo poco que tenían”, relató conmovida. En ese contexto, Kloster destacó la solidaridad de la comunidad, con vecinos, docentes, iglesias y organizaciones que colaboran en la asistencia. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de coordinar mejor la ayuda: “Es importante que las donaciones lleguen realmente a quienes más lo necesitan”. Entre las principales demandas, la funcionaria subrayó la urgencia de colchones, ropa de cama y abrigo. “Hay gente que no tiene dónde dormir. Es muy triste ver cómo sacan los muebles destruidos en camiones”, expresó. Actualmente no hay evacuados formales, ya que las familias regresaron a sus viviendas, aunque muchas dependen de comedores comunitarios improvisados en iglesias y centros barriales, donde se organizan ollas populares para garantizar la alimentación diaria. “Lo que se necesita es unidad y organización. Esto no tiene que politizarse, es una cuestión humanitaria”, concluyó Kloster, al tiempo que pidió redoblar los esfuerzos solidarios para asistir a las familias afectadas.
En diálogo con CIUDAD TV, la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud del Chaco, Eliana Medina, lanzó una reflexión que apunta al corazón de un problema creciente: la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos, amparados en una sensación de falsa seguridad. “Hoy tenemos padres que se niegan a la vacunación de los niños, pero no nos olvidemos que esos padres hoy no ven la enfermedad porque ellos fueron vacunados cuando eran chiquitos”, sostuvo la funcionaria. Esa aparente tranquilidad, explicó Medina, es engañosa. “El que sufre las consecuencias es el niño que no está inmunizado. Hoy no se ven las secuelas de la polio o lo que pasa con el sarampión porque tenemos poblaciones cubiertas. Cuando nosotros éramos pequeños nos vacunaban, entonces estábamos cubiertos. Las secuelas son las que van a tener ahora los niños que están desprotegidos”, advirtió con contundencia. La especialista recordó que esa falta de cobertura ya está teniendo consecuencias concretas en el país. “Estuvimos en el país con sarampión y coqueluche. Hubo incluso muertes de niños por coqueluche”, reveló. Y subrayó que Argentina, que había logrado mantenerse como un país libre de circulación de sarampión, perdió esa condición. “Hace dos años tenemos casos en Buenos Aires, también en San Luis y Río Negro. Fueron casos importados, pero después tuvimos casos locales”, detalló. Para Medina, el corazón del problema es la caída en las tasas de cobertura, un fenómeno que se viene profundizando desde 2019. “Si no vacuno a los niños, no genero esa inmunidad de rebaño o inmunidad de la comunidad. Hay huéspedes o personas que no pueden recibir una vacuna, ya sea por una enfermedad o por un factor específico. La idea de la inmunidad de rebaño es proteger a esas personas”, explicó. Y completó: “Cuando bajan las tasas de cobertura, todas las enfermedades inmunoprevenibles pueden pasar esa barrera e ir directamente a tener consecuencias sobre quienes por alguna razón no pueden recibir la vacuna”. La jefa del área de Inmunizaciones también alertó sobre la dificultad de revertir un brote una vez que se instala. “Es muy difícil una vez que se instala un inmunoprevenible erradicarla porque tenés que usar muchas herramientas del sistema de salud para disminuir los casos. En un brote de sarampión no solo inmunizás al niño que no está vacunado, sino a todos los que necesitan una inmunización”, ejemplificó con lo ocurrido en Buenos Aires. A pesar del panorama, Medina destacó el enorme esfuerzo que se realiza desde el sistema público. “Nosotros trabajamos un montón, los centros de salud, el Ministerio. Hacemos postas. El tema es concientizar a las personas de la importancia de la inmunización”, afirmó. Y aclaró que, en muchos casos, no se trata de niños no vacunados, sino con esquemas atrasados. “En reportes nacionales sale como que no están vacunados. Tenemos esquemas atrasados. Y está mal eso, porque tenemos que llegar de manera oportuna. Pero en el día de hoy podemos llevar a nuestros niños, ver el calendario y ver cuáles faltan”, concluyó.
Elisa Carrió, principal referente de la Coalición Cívica, usó su cuenta oficial de X para apuntar contra Peter Thiel, una de las figuras más importantes de Silicon Valley, por reunirse en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. La líder política advirtió de los peligros de este encuentro, definiendo al multimillonario como “el eje del mal”. El posteo expresa: “Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor. Hay que buscar que es Palantir (en referencia a una de las compañías del multimillonario). Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”. La legisladora peronista Kelly Olmos también criticó la visita del empresario a través de su cuenta de X. “Junto a miembros del bloque de diputados de Unión por la Patria, manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo”. Y agregó: “Rechazamos enérgicamente sus posiciones contrarias a la democracia y repudiamos la expulsión de los periodistas de la Casa Rosada”. En el mismo posteo, la diputada compartió un documento donde expresa su preocupación, firmado por sus compañeros Claudia Palladino, Graciela de la Rosa, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Moira Sancho y Mario Manrique. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el encuentro entre Thiel y Milei se realizó este jueves a las 14, duró una hora y contó con la participación del canciller Pablo Quirno. Aunque se habló de la posibilidad de que se puedan realizar acuerdos comerciales con el magnate tecnológico, el oficialismo todavía no dio ningún detalle al respecto. Quién es Peter Thiel Peter Thiel es el cofundador de PayPal, una de las más importantes plataformas de pagos digitales del mundo; además es el primer gran inversor externo de Facebook. También compró acciones en compañías tan importantes como SpaceX, Uber, Spotify y Airbnb. Uno de los proyectos más destacados y polémicos del empresario es Palantir, una empresa de análisis de datos que colabora con gobiernos y organismos como la CIA, procesando enormes cantidades de información estratégica. Además de su perfil empresarial, Thiel es reconocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado públicamente a Donald Trump en Estados Unidos. Su pensamiento se basa en tres grandes ejes: cuestionamiento a las instituciones tradicionales, defensa del libre mercado y la importancia de la tecnología en el futuro de la sociedad. Perfil
El encuentro con el millonario de Silicon Valley se dio en un clima de fuerte hermetismo tras la censura del Gobierno a los periodistas acreditados. Thiel ya se había reunido con el asesor Santiago Caputo, que habló de un la necesidad de un “salto cuántico” en seguridad nacional. “El presidente Javier Milei, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel”. Con ese escueto comunicado el Gobierno informó sobre la reunión del mandatario con el magnate tecnofascista CEO de Palantir. Del encuentro no hay más información oficial, ya que este mismo jueves se prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a la sala de prensa de Balcarce 50. Thiel está en el país desde hace varios días y tiene un aceitado vínculo con el Gobierno. Ya se había reunido con el asesor Santiago Caputo, que habló de un la necesidad de un “salto cuántico” en seguridad nacional. La empresa Palantir ofrece servicios de inteligencia artificial y cruce de datos a agencias de inteligencia y seguridad de países como Estados Unidos e Israel. Thiel está considerado uno de los intelectuales más influyentes de la derecha de las últimas dos décadas. Palantir es hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, los estados federales a quienes ayuda a vigilar a sus ciudadanos y durante todos estos años ha hecho contratos con la práctica mayoría de los estamentos de seguridad de los Estados Unidos, incluida la propia CIA, el FBI y la NSA. Palantir también está en Oriente Medio donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza. El vínculo entre Thiel y Milei tiene antecedentes recientes. En mayo de 2024, el empresario ya había visitado la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, actual embajador argentino en los Estados Unidos. En aquella oportunidad, según relató el propio Oxenford, el millonario estadounidense se mostró “impresionado” con las ideas del Presidente y las consideró relevantes a escala global. En el Gobierno interpretan la visita de Thiel como una señal de validación internacional en un momento en el que buscan posicionar a la Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas y como un aliado dentro de las nuevas discusiones globales. No se trata solo de captar capital, sino de integrarse a redes de influencia que exceden lo económico y se proyectan sobre el diseño de políticas públicas, especialmente en áreas como seguridad, inteligencia y manejo de datos. El manifiesto y el reposteo de CaputoLa visita de Thiel coincide con un momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Santiago Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina. El documento, analizado en profundidad por la revista El Grand Continent —que lo calificó como un texto que los ideólogos neorreaccionarios presentan como “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”— contiene tesis que merecen leerse con atención. El manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “el hard power de este siglo se basará en el software” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin.
La CGT asimiló el golpe del fallo de Cámara que restituyó la totalidad de la Reforma Laboral. Aseguró que se trata de una historia en desarrollo, que “continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores» y aseguró que se trata de una sentencia “en contra del trabajador”. ”Rechazamos la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspende la medida cautelar que protege a las y los trabajadores frente a los artículos más regresivos de la Reforma Laboral”, abre un texto del Consejo Directivo de la CGT con el que cuestionó la determinación que volvió a habilitar la totalidad de la Reforma Laboral. Para los cegetistas, “este fallo habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales, exponen al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y atentan, al mismo tiempo, contra la organización sindical”. “Resulta impropio de un Tribunal de Trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela. La propia Ley N° 27802 determina con referencia a los fallos de la CSJN que: “El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones (sic art. 89)”, sostuvieron dejando entrever un camino judicial en sintonía. Para los dirigentes sindicales, “la Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador, desconociendo el carácter preventivo de la cautelar para consolidar los aspectos dañosos de la Ley 27802 y dejando de lado su obligación tutelar primordial”. “Los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional. Nuestros derechos deben ser garantizados de manera efectiva, tal como lo establece el artículo 14 bis del Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional y supra legal”, señalaron. Y concluyeron: “La Confederación General del Trabajo continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras con la Constitución en la mano y la Justicia Social como bandera”.
La norma, sancionada en la sesión del pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Dicho instrumento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares (27.804), a través del decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial junto al texto de la norma, que se sancionó durante la sesión del pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados. El proyecto, que había sido parte del temario de las sesiones extraordinarias, fue impulsado con fuerza por los gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en facilitar las inversiones mineras. A partir de la nueva ley -que modificó la 26.639 vigente desde 2010- se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario. También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas. Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. Parlamento
La Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa reunió a su comisión directiva en la Sociedad Rural de Pirané, en Formosa, donde dirigentes de ambas provincias coincidieron en que el escenario para la producción ganadera del norte atraviesa un momento delicado por una combinación de inseguridad rural, mayores costos impositivos y complicaciones operativas derivadas del clima. Uno de los planteos más firmes de CHAFOR en la jornada estuvo vinculado al avance del abigeato, un delito que desde hace tiempo preocupa a los productores de la región y que, según remarcaron, sigue sin una respuesta judicial acorde a la gravedad del problema. En ese marco, los ruralistas propusieron avanzar en la creación de fiscalías rurales específicas en Formosa y, al mismo tiempo, ampliar la estructura ya existente en Chaco con una nueva fiscalía especializada para acelerar las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a los robos de hacienda. La situación sanitaria también ocupó un lugar central en la reunión. Las lluvias persistentes y las dificultades de acceso en distintos puntos de Formosa y algunas zonas chaqueñas comenzaron a complicar la marcha de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Frente a ese panorama, los representantes rurales reclamaron una prórroga de entre 15 y 30 días para completar el operativo sin poner en riesgo el cumplimiento del cronograma ni el resguardo sanitario de los rodeos. En paralelo, hubo fuertes cuestionamientos a la situación impositiva en Formosa. Los dirigentes advirtieron que en esa provincia se profundizó una pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones del norte debido al aumento de los costos vinculados al movimiento de hacienda y a la carga burocrática que enfrentan los productores para trasladar animales. Por ese motivo, uno de los pedidos concretos que surgieron del encuentro fue la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), una herramienta que el sector considera clave para simplificar trámites, reducir tiempos administrativos y bajar costos logísticos en una región donde cada sobrecarga termina impactando de lleno sobre la rentabilidad. A pesar del tono crítico de la reunión, los dirigentes rurales también ratificaron su respaldo al trabajo sanitario. Desde CHAFOR remarcaron la importancia del rol que cumple el SENASA en la preservación del estatus sanitario argentino y confirmaron su apoyo a la continuidad del sistema de vacunación contra la aftosa a través de los entes sanitarios regionales. El encuentro fue encabezado por el presidente de CHAFOR, Daniel Fontana, junto al titular de la Sociedad Rural de Pirané, Carlos García, y el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti. También participaron representantes de rurales de distintas localidades del Chaco y Formosa, además de Guillermo Martínez Balbi en representación de Confederaciones Rurales Argentinas. Bichos de Campo
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la vicepresidenta pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”. El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó ayer la denuncia de Victoria Villarruel contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional. El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”. “Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, consideró Petri en aquella entrevista televisiva. “Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”, se preguntó. En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”. “No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial. No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública. La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático. En su dictamen, el Dr. Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política. Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público. La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.
Una mujer de 32 años fue aprehendida luego de intentar sustraer elementos de un kiosco en la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió durante la noche en un comercio ubicado sobre calle Brown, donde la sospechosa habría introducido la mano por la ventanilla con intenciones de llevarse objetos. Sin embargo, fue advertida por el propietario, quien logró interceptarla a pocos metros. Tras el aviso, personal policial acudió al lugar y procedió a la conducción de la mujer, quien posteriormente fue examinada por el médico policial. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó su aprehensión en la causa por supuesta tentativa de hurto, continuándose con las diligencias de rigor.
En el marco de tareas preventivas, personal policial logró el secuestro de un arma de fuego tras una persecución iniciada en la vía pública de Resistencia. El procedimiento comenzó en inmediaciones de avenida Rodríguez Peña y calle 16, cuando efectivos observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, los mismos emprendieron la fuga, iniciándose un seguimiento controlado. La persecución finalizó en avenida Arribálzaga y Fortín Loma Negra, donde los ocupantes fueron interceptados. En ese momento, el acompañante intentó descartarse de una caja que contenía una pistola calibre .380 marca Bersa, un cargador y municiones. Como resultado del operativo, se procedió al secuestro del arma de fuego y la demora del portador, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
Efectivos de la Patrulla Preventiva intervinieron en un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes, en Resistencia. No hubo lesionados. El hecho se registró sobre avenida Sarmiento al 3200, donde una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un despiste. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor habría perdido el control del vehículo debido a la calzada mojada, finalizando su recorrido en la banquina. El rodado era conducido por un joven de 24 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones y rechazó asistencia médica, indicando además que ya había dado aviso a su aseguradora y aguardaba la grúa. La intervención policial permitió verificar la situación y garantizar la seguridad en el lugar, sin registrarse personas heridas.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) celebra que la estudiante Lara Gómez, cursante de la Licenciatura en Estudios Internacionales, haya sido recientemente aceptada en el Aspire Leaders Program, una iniciativa internacional destinada a la formación de jóvenes líderes con proyección académica y profesional. El programa, impulsado por el Aspire Institute, reúne a estudiantes de distintos países con el objetivo de fortalecer habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con el desarrollo de sus comunidades. A lo largo de la cursada, los participantes acceden a instancias de formación virtual, actividades colaborativas y contenidos académicos orientados a potenciar el impacto social y profesional de las nuevas generaciones. La participación de Lara Gómez en este espacio representa una valiosa oportunidad de formación internacional y de vinculación con estudiantes de diversos contextos, consolidando su trayectoria académica en la UNCAus y su interés en los desafíos globales y el desarrollo del liderazgo joven. La formación que tendrá una duración de catorce semanas, se divide en tres módulos: Personal & Professional Development, Immersive Learning y Aspire Horizons. El primer módulo está enfocado en que el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades a partir de tests como el Big Five; el segundo, en sesiones con profesores destacados de Harvard, así como actividades; la tercera, en conocer los proyectos de impacto social que han preparado los estudiantes.