El Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría de 4 a 1 las acciones de inconstitucionalidad contra la ley 4005-R y su modificatoria 4125-R de Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos promovidas por las asociaciones civiles “Conciencia Solidaria al Cuidado del Medio Ambiente, el Equilibrio Ecológico y los Derechos Humanos” y “Parlamento de Naciones Indígenas y Tribales del Gran Chaco”. Así, a través de la sentencia 19/26, mantuvo la vigencia de la normativa con los votos de Enrique Varela, Víctor del Río, Emilia Valle y Alberto Mario Modi; y la disidencia de Iride Isabel María Grillo. Además, dispuso que los poderes Ejecutivo y Legislativo den cumplimiento a lo dispuesto en los puntos 11.1 y 11.2 de los considerandos. El punto 11.1 señala que el Poder Ejecutivo “deberá, en un plazo razonable, (a) implementar mecanismos complementarios y documentados de la participación ciudadana vinculados al texto normativo finalmente sancionado, con las modificaciones introducidas y (b) acreditar de manera fehaciente la existencia o no de una afectación directa sobre territorios ocupados por comunidades indígenas a fin de establecer, en su caso, la procedencia de la consulta, conforme estándares constitucionales y convencionales aplicables”. El punto 11.2 dispone que el Poder Legislativo “deberá considerar los resultados de las instancias participativas complementarias que se lleven adelante a los fines de introducir, de corresponder, los ajustes normativos pertinentes. Finalmente, exhortó al Estado chaqueño, a través de sus órganos competentes, a cumplir lo establecido en el punto 12 en cuanto a “intensificar y fortalecer las políticas de prevención, control y fiscalización de los desmontes ilegales, así como a adoptar medidas eficaces de recomposición y restauración ambiental en los casos que corresponda, en el marco de una planificación territorial que preserve la biodiversidad, asegure la funcionalidad ecológica de los ecosistemas y resulte compatible con los principios de prevención, sustentabilidad y no regresividad ambiental, en un todo de conformidad con los fundamentos vertidos precedentemente”. El voto de la mayoría La mayoría sostuvo que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) “constituye un instrumento central de la política ambiental y territorial, expresamente previsto por la Ley Nacional N.º 26.331 como uno de los pilares del régimen federal de protección de los bosques nativos, en concordancia con los presupuestos mínimos establecidos por el artículo 41 de la Constitución Nacional”. En esa línea agregaron que “no se trata únicamente de una herramienta de conservación ambiental, sino de un dispositivo estructural que articula la protección de los bienes naturales con la planificación del desarrollo económico, productivo e institucional del territorio”. “El OTBN contribuye de manera directa a la seguridad jurídica, al establecer reglas generales, públicas y conocidas de antemano que limitan la discrecionalidad estatal, reducen la conflictividad y posibilitan la adopción de decisiones responsables de mediano y largo plazo, sin desatender la función preventiva y tuitiva propia del derecho ambiental”, explicaron. “La ausencia de un OTBN vigente, legítimo y técnicamente fundado no beneficia a ningún sector: debilita la protección ambiental, expone a los ecosistemas a procesos de degradación irreversibles, paraliza o precariza las actividades productivas lícitas, desalienta inversiones responsables y erosiona la credibilidad institucional del Estado”, remarcaron. Más adelante, recordaron que el proceso de actualización comenzó luego de que la Sala Primera en lo Contencioso Administrativo hiciera lugar a la acción de amparo interpuesta por Conciencia Solidaria y declarara ilegitima la omisión de la provincia en actualizar el OTBN y la instara a subsanarla con carácter de urgente -decisión confirmada por el STJ en la sentencia 122/22. Luego indicaron: “Del examen integral del procedimiento seguido se desprende que el mismo logró satisfacer el piso de participación ciudadana previsto por la normativa ambiental vigente. Ello no obsta a advertir la existencia de ciertas deficiencias, principalmente vinculadas a la trazabilidad entre las instancias participativas efectivamente realizadas y el texto normativo finalmente sancionado, así como a la ausencia de una identificación previa y específica respecto de la eventual afectación directa de territorios indígenas y, en su caso, de la consecuente activación del procedimiento de consulta, conforme a los estándares constitucionales y convencionales aplicables”. Además, remarcaron que “las instancias de participación efectivamente realizadas, los informes técnicos producidos, el debate legislativo suscitado y las decisiones judiciales que, en distintos tramos, validaron o acompañaron el desarrollo del procedimiento, constituyen antecedentes relevantes que no pueden ser ignorados sin afectar los principios de conservación de los actos estatales, seguridad jurídica y continuidad de las políticas públicas”. A lo que se suma la intervención y aprobación del OTBN por parte de la autoridad nacional competente que refuerza la necesidad de una valoración prudente y proporcional del camino recorrido, cuando este ha tenido una base normativa, institucional y jurisdiccional que le otorgó reconocimiento y eficacia. También dijeron que el intercambio técnico sostenido entre la Autoridad Nacional de Aplicación y la Provincia se desarrolló como un proceso de revisión y adecuación progresiva del ordenamiento que derivó en modificaciones al régimen original sancionado con la ley 4152-R. En tal sentido, resaltaron que la acreditación de la ANA “constituye un elemento institucional relevante que permite descartar que el OTBN chaqueño se encuentre en contradicción manifiesta con los presupuestos mínimos ambientales o con los estándares técnicos exigidos a nivel nacional”. Ese intercambio “evidencia un procedimiento complejo y progresivo que, aunque perfectible, culminó con la acreditación federal del ordenamiento”, detallaron. En otro orden de ideas, remarcaron que no puede interpretarse el desmonte ilegal “como un efecto colateral o incidental de las tensiones normativas vinculadas al OTBN, sino como un ineficaz cumplimiento de la obligación indelegable del gobierno provincial de prevenir, controlar, fiscalizar y sancionar conductas que lesionan bienes ambientales y derechos colectivos”. A esto se suma que el ordenamiento territorial anterior venció en 2014 y que la anulación íntegra del régimen vigente implicaría frustrar el cumplimiento de una obligación legal y judicial preexistente y produciría un vacío normativo incompatible con el deber estatal de protección ambiental consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. “La vigencia del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos debe ir necesariamente acompañada de una gestión ambiental efectiva, orientada al fortalecimiento de los
Autor: Redacción General
La jefa del bloque de La Libertad Avanza brindó una conferencia de prensa a las 15 en la Cámara alta. La acompañaron miembros de la bancada oficialista y aliados. En total, el proyecto sufrirá 28 cambios y los senadores conocerán la versión final en el recinto. Así se guardará “bajo 4 llaves” para evitar que las negociaciones se empantanen. La jefa de bloque oficial, Patricia Bullrich, junto a los miembros del cuerpo de La Libertad Avanza y el PRO y la UCR, presentaron esta tarde los puntos más importantes de la reforma laboral que se tratará este miércoles en el Senado. Además, se conocieron los cambios que aceptaron desde la Casa Rosada, por pedido de los bloques aliados y gobernadores. El texto final de la llamada “Modernización Laboral” fue enviado a los teléfonos de los senadores durante la conferencia de prensa que la senadora encabezó. Desde el Salón de las Provincias, la exministra se Seguridad, escoltada por senadores de LLA como Emilia Orozco, Pablo Cervi y Carmen Álvarez Rivero enumeró los puntos salientes del texto que, según aseguró. “elimina la industria del juicio”. Entre ellos, la libertaria destacó que se especifica “qué se puede judicializar y qué no” así como también “qué es salario”, clave a la hora del cálculo de las indemnizaciones laborales. Al mismo tiempo, Bullrich especificó que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se dividirá en dos categorías. El 1% de lo recaudado se destinará a las grandes empresas y el 2% restante a las pequeñas y medianas. Esta división en dos categorías fue, tal cual destacó Bullrich, por sugerencia de la UCR. Más adelante, la exministra de Seguridad remarcó que el proyecto simplifica y digitaliza las registraciones laborales, para fomentar el empleo en blanco. Al mismo tiempo, destacó que el proyecto incluye una jornada “moderna”. En este sentido, recalcó que el proyecto habilita el salario dinámico (es decir, que los salarios podrían actualizarse por productividad), así como también que se implementa el “banco de horas”. De esta manera, explicó la jefa de bloque oficialista, un trabajador podría acordar con su jefe trabajar menos horas un día y luego compensar. A propósito de las vacaciones, destacó que el texto (siempre y cuando se establezca en los convenios colectivos de trabajo) habilita el fraccionamiento de las mismas. Reforma laboral: los 28 cambios que sufrió el proyecto Son 28 los cambios que sufrirá la reforma laboral de Javier Milei que se votará este miércoles en el Senado. Así lo confirmó Bullrich en diálogo con este medio, en la previa a la reunión de Labor Parlamentaria convocada para este martes a las 14. Allí, los jefes de bloque se reunieron para definir la dinámica de la sesión que promete suspenso. La reunión de Labor se celebró luego de que la exministra de Seguridad se había reunido con la Mesa Política en la Casa Rosada, donde se terminó de “cocinar” el texto final que se someterá a votación. El texto final contendrá, entonces, los pedidos y sugerencias hechas por los bloques “afines” a la Casa Rosada, así como también de los bloques aliados a La Libertad Avanza. Pero que, por decisión del oficialismo, la versión final se guardará “bajo 4 llaves” para evitar que las negociaciones se empantanen. Ámbito
Nuevo Chaco Bursátil brindará una charla dirigida a inversores y clientes para presentar opciones de inversión con respaldo institucional y brindar un análisis de contexto orientado a la toma de decisiones. La charla “Potenciar inversiones con respaldo institucional” estará a cargo del Gerente General de Nuevo Chaco Bursátil, Alejo Sorrentino, especialista en mercado de capitales, quien brindará un panorama del contexto financiero, condiciones de los diferentes instrumentos y expectativas de rendimiento. La invitación es para el jueves 12, a las 12.30, en el Salón Auditorio del Nuevo Banco Chaco. Los cupos son limitados, para cual se requiere confirmar participación al correo electrónico hcardozo@nchacobursatil.com.ar Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con experiencia y trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región. La empresa cuenta con el respaldo y la seguridad de tener todas las operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y custodiada su tenencia por la Caja de Valores. A través de su plataforma online y con el asesoramiento de su equipo profesional, en Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares, con todos los instrumentos del mercado: descuento de cheques, acciones, cauciones, títulos, CEDEARs, Fondos Comunes, Obligaciones Negociables, letras y bonos, entre otros. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia, en Güemes 130, y en la Ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda 303 (Microcentro), para recibir atención personalizada y asesoramiento profesional en todos los instrumentos operados. También se pueden consultar en todas las sucursales de NBCH y a través de la página web oficial www.nchacobursatil.com.ar y atención telefónica 0800-555-6242 (NCHB).
Tras el plenario provincial realizado hoy, la central obrera definió concentrar mañana 11 deFebrero a las 17:00 en su sede de Resistencia. “Responsabilizamos a los senadores delterritorio”, afirmaron. En una jornada de definiciones clave, el Consejo Directivo de la CGT Regional Chaco, encabezado por Adrián Bellomi e Isaías Alegre, finalizó el plenario de delegados donde se ratificó la modalidad de la medida de fuerza para mañana. En sintonía con la convocatoria de la CGT Nacional y el plenario de delegaciones regionales, el movimiento obrero chaqueño se manifestará en las calles de Resistencia en coincidencia con el inicio de la sesión en el Senado de la Nación. La modalidad establecida para la provincia a partir de las 17:00 horas, se realizará la concentracióngeneral de todos los sindicatos confederados en la sede de la CGT Chaco, desde donde se marchará hacia la Casa de Gobierno para visibilizar el reclamo contra la Ley de la Reforma Laboral. Adrián Bellomi, secretario General de la central, explicó que la decisión de permanecer en la provincia responde a una estrategia federal: “La dirigencia nacional pidió que los dirigentes sindicales nos quedemos en el territorio porque los senadores son del Chaco. Tienen que explicarle a los laburantes chaqueños por qué levantan la mano en contra de sus derechos”. Por su parte, Isaías Alegre destacó la gravedad del escenario parlamentario: “Mañana es un día trascendente para voltear esta línea nefasta para los trabajadores. Se están jugando cosas muyimportantes respecto al futuro del derecho laboral en Argentina”. La movilización, que sumará el acompañamiento de las dos CTA, UPCP y diversos sectoresdocentes y sociales, concluirá con la lectura de un acta, frente a la sede del Ejecutivo provincial. Allíse expondrá la postura del movimiento obrero frente a lo que consideran un intento de “igualar para abajo” la situación de los trabajadores registrados y precarizar el empleo por ley.
El Poder Ejecutivo provincial reglamentó la Ley 4200-H, promulgada mediante el Decreto N.º 2025-1492, que establece un régimen de retiro voluntario destinado a agentes del Estado que aporten al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP). El régimen alcanza a la Administración Central, entes descentralizados y autárquicos, INSSSEP, Lotería Chaqueña y empresas y sociedades del Estado, siempre que realicen aportes al sistema previsional provincial. Asimismo, otros poderes e instituciones del Estado podrán adherirse de manera voluntaria. ¿Quiénes pueden acceder al beneficio? Podrán acceder al beneficio los agentes de planta permanente que cuenten con un mínimo de 10 años de aportes al INSSSEP, computándose también el tiempo trabajado como personal transitorio con aportes. Quedan excluidos del régimen el personal docente, de seguridad, quienes desarrollen tareas de atención sanitaria directa o indirecta, personal esencial por razones de servicio, agentes sometidos a sumarios administrativos o procesos penales, y quienes se encuentren en condiciones de jubilarse o hayan presentado su renuncia. El monto del retiro voluntario oscila entre el 50% y el 75% de la remuneración, de acuerdo con la edad del agente y los años de aportes jubilatorios. La base de cálculo será la última remuneración mensual normal, habitual, regular y permanente, considerando únicamente los rubros sujetos a aportes. El beneficio cuenta con movilidad automática y es liquidado por cada jurisdicción, que asume el costo correspondiente. Los beneficiarios continuarán percibiendo sueldo anual complementario y asignaciones familiares, manteniendo además los aportes al sistema previsional, a la obra social y al fondo de salud pública. ¿Cómo se hace el trámite? La tramitación se realizará a través del sistema de Trámites a Distancia (TGD), donde el agente podrá acceder previamente a una preliquidación del beneficio. El plazo para iniciar la solicitud, en una primera etapa será hasta el 31 de mayo; plazo que se irá prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2026. ¿Quién será la autoridad de aplicación? La autoridad de aplicación será la Secretaría General de la Gobernación, facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias. El régimen tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece la prohibición de reingreso al Estado, salvo en el caso de cargos electivos o como autoridad superior.
El fotógrafo reclamó que la causa avance sobre los jefes de Gendarmería y el Ministerio de Seguridad. Apuntó a las órdenes impartidas, a la falta de control y a la responsabilidad política de Patricia Bullrich. Pablo Grillo, el fotógrafo que resultó gravemente herido durante una represión en las inmediaciones del Congreso el 12 de marzo de 2025, se presentó formalmente como querellante particular en la causa y pidió que se profundice la investigación sobre la cadena de mando del operativo, que incluyó a jefes de la Gendarmería Nacional y a funcionarios del Ministerio de Seguridad. “Vengo a presentarme como querellante particular, en función de la evolución de mi cuadro de salud y que me encuentro en mejores condiciones de asumir y ejercer los derechos que el Código de Procedimiento me reconoce en tanto víctima directa de los delitos”, señaló Grillo en el escrito que firmó este lunes desde el Hospital Manuel Rocca, donde continúa con su rehabilitación. La presentación fue ingresada este martes en el Juzgado Federal N°1 a cargo de María Servini. En el mismo escrito, Grillo aclaró que su incorporación a la causa no desplaza a sus padres y a su hermano, quienes seguirán actuando como representantes legales. “No me encuentro plenamente recuperado y necesito que ellos conserven su lugar”, sostuvo. Se presentó con el patrocinio de las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret. Qué pide la querella sobre al investigación La querella solicitó que se investigue la responsabilidad penal de distintos jefes de la Gendarmería Nacional, al considerar que, por acción u omisión, contribuyeron al accionar del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado por haber efectuado al menos seis disparos con una pistola lanzagases en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos. Según el procesamiento —confirmado por la Cámara—, el cuarto de esos disparos impactó en la parte frontal de la cabeza de Grillo y le provocó gravísimas lesiones encefalocraneanas. Para la querella, si los funcionarios que debían supervisar el operativo hubieran intervenido ante los primeros disparos, “hoy Pablo estaría completamente sano y salvo”. En ese marco, el escrito señala a los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes se encontraban cerca de Guerrero durante el operativo. Lejos de corregir su accionar, “fueron quienes le indicaron que dispare en dirección a los manifestantes”, y uno de ellos incluso lo felicitó tras un disparo prohibido, según surge de los registros fílmicos incorporados a la causa. También se pidió investigar al comisario inspector de la Policía Federal Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien actuó como fiscalizador del operativo y tenía el deber de controlar a los efectivos en el terreno; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; y al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, quien impartía órdenes directas a los únicos dos gendarmes que portaban pistolas lanzagases ese día. La presentación también apunta al director nacional de la Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni. Según la querella, su llegada al lugar, luego de que Grillo ya había sido herido y asistido por una ambulancia del SAME, no implicó una moderación del accionar represivo, sino que coincidió con un recrudecimiento de la violencia. Incluso, Guerrero volvió a recargar su arma y siguió disparando, sin que ningún superior ordenara el cese. El rol de Patricia Bullrich Además, la querella reclamó que se investigue a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, así como a los responsables de haber cerrado sin fundamentos la investigación administrativa interna contra Guerrero. Entre ellos, el comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian; el comandante mayor Barresi; y el asesor jurídico José Carlos Lodolo. El escrito repasa las declaraciones públicas de Bullrich sobre el caso, a las que acusa de intentar instalar “una versión falsa de lo ocurrido”, pese a la existencia de pruebas y resoluciones judiciales en sentido contrario. “Responsabiliza a la víctima y genera angustia en Pablo y su familia”, señalaron los abogados. Según la querella, la ex ministra buscó sostener un trato diferencial para los efectivos a su cargo y condicionar las valoraciones judiciales futuras, al tiempo que avaló el cierre exprés del sumario interno. “No movió ni moverá al cabo Guerrero porque, para ella, actuó bien”, remarcaron, a pesar de que el gendarme está procesado por seis hechos graves y su causa avanza hacia un juicio oral. Entre las irregularidades de la investigación administrativa, la presentación destaca la construcción de una narrativa corporativa, la desresponsabilización del autor del disparo, la culpabilización de la víctima y el cierre prematuro del expediente “como método para garantizar la impunidad”. Por todo ello, Grillo pidió que la causa no se limite al autor material del disparo y avance sobre las responsabilidades políticas, operativas y jerárquicas detrás del diseño, la conducción y el control del operativo, así como sobre los intentos de encubrir lo ocurrido. Ámbito
Los estados subnacionales tendrían que votar leyes similares a la nacional para que las personas no sean luego objeto de reclamos por incremento patrimonial no justificado. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, arenga a los argentinos con dólares en el colchón a que los lleven a los bancos, por otro lado, en los fiscos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires se frotan las manos: las reglas de “tapón” y “presunción de inocencia fiscal” consagrados en la ley que el Gobierno nacional acaba de reglamentar no rige en las provincias, las que estarán en condiciones de reclamar Impuesto a los Ingresos Brutos de períodos en los que consideren que fueron generados. Y es que la ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que reduce por ejemplo a 3 años la prescripción de deudas entre otras cosas, no corre en los estados subnacionales. Los mismos siguen con sus propios códigos y leyes tributarias. No hay forma de adherir a la ley nacional. Por lo tanto, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberían pedir a sus propias legislaturas la adaptación a los criterios nacionales. Según explicó Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, “operativamente, no es que las provincias y CABA puedan adherir, tienen que modificar en términos similares sus códigos fiscales, algo que nadie ha hecho”. Por ejemplo, señaló que para el caso de los dólares bajo el colchón, tienen que modificar la normativa para que solo se verifiquen ingresos y no variaciones patrimoniales que puedan presumir ingresos. La falta de coordinación con las provincias puede desbaratar las intenciones de Caputo de volcar al circuito financiero la mayor parte posible de los u$s251.000 millones que los argentinos tienen fuera de él. ¿Cómo “formalizar” dólares sin ser alcanzado por Ingresos Brutos? Según planteó Domínguez, una persona trae puede “formalizar” sus dólares efectuando una compra y depositando los “billetes verde” en la cuenta del vendedor. “Es bueno decir que la ley no establece un requisito de bancarización. Eso está en el decreto reglamentario. Dice que hay que bancarizarse en cuenta de origen o de destino. Es decir, en la propia cuenta de la persona o en la de la persona a la que le está comprando”, explicó “Si la persona bancariza en la cuenta de aquel al que le esta comprando algo, entonces no le van a cobrar Ingresos Brutos. Eso sería lo recomendable. No bancarizar en la cuenta de uno donde le van a recaudar o el fisco puede tomar conocimiento de esos depositos y despues basarse en eso para hace un ajuste de IIBB. Lo mismo pasa con los municipios con algunas tasas, como Seguridad e Higiene o de Actividad Comercial”, explicó el contador. Domínguez señaló, en ese sentido, que “la bancarización genera una contingencia relevante en los tributos provinciales y municipales” aunque aclaró que “no bancarizar tampoco exime de ninguna consecuencia”. “Si los fiscos detectan incremento patrimonial no justificado van a hacer un ajuste de Ingresos Brutos”, advirtió. En provincia de Buenos Aires se preparan El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y sostuvo que se trata de un blanqueo permanente orientado a evasores de alto patrimonio, presentado bajo un relato que intenta interpelar a la clase media sin ofrecerle beneficios concretos. “Lo que el Gobierno llama ‘inocencia fiscal’ en los hechos habilita un blanqueo permanente dirigido principalmente a personas con mucha capacidad económica que evadieron impuestos”, afirmó en declaraciones radiales. Según explicó, el discurso oficial asocia la medida con valores como la libertad individual y el incentivo a la iniciativa privada, pero el diseño concreto del régimen deja en claro a quiénes beneficia. “No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, señaló. “Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos (elevados), pero el delito sigue existiendo”, alertó Girard. En ese sentido, remarcó que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que puede volverse en contra de quienes adhieran. “Un Gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, subrayó. Ámbito
La medida fue oficializada este martes por ARCA mediante la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas con depósitos en entidades financieras. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una modificación en el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias aplicable a determinadas rentas, al incorporar expresamente los intereses originados por depósitos en moneda extranjera dentro del esquema vigente. La medida fue formalizada a través de la Resolución General 5822/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios en la Resolución General Nº 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. Qué establece la resolución de ARCA En concreto, la resolución incorpora como punto 6 del inciso a) del Anexo III de la Resolución General Nº 830 a los intereses “originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526”. De esta manera, dichos rendimientos quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias, siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen. En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva. En ese sentido, recordó que el Decreto Nº 353/2025 impulsó acciones de simplificación tributaria para reducir la presión fiscal formal y los costos administrativos. Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La resolución, firmada por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Edgardo Vázquez, establece que las disposiciones entran en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde este martes. Ámbito
Cercano siempre a la polémica, esa vez hizo enojar hasta al Gordo Dan. La historia del exabrupto. El 22 de marzo de 2025, Demian Reidel, entonces jefe de asesores del presidente Javier Milei, había dicho que el “único problema de Argentina era que estaba llena de argentinos”, lo que ocasionó el rechazo incluso en las propias filas libertarias y, con el tiempo, terminaría costándole ese cargo. Por entonces jefe del Consejo de Asesores Económicos de Milei, Reidel sostuvo durante una exposición en el Latam Forum que se hizo en el hotel Four Seasons de Buenos Aires que “el único problema de Argentina es que está llena de argentinos”. Lo escuchaban empresarios, petroleros y fondos de inversión. Enojó hasta al propio Gordo Dan, el influencer estrella del mundo libertario, y debió pedir disculpas. Cómo fue la frase Al exaltar las condiciones geográficas y energéticas de Argentina como ventajas para instalar centros de datos vinculados a inteligencia artificial, lamentó que “obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que esta es una de las cosas que hemos arreglado”. Esa frase, sumada a otras polémicas, le costó el cargo, que se conoció meses después, el 21 de julio, aunque la dimisión tenía vigencia 17 de julio. De todos modos, Reidel siguió ocupando el cargo de presidente de Nucleoeléctrica que ostentaba desde abril de ese año, y que tuvo que dejar ahora en medio de acusaciones de corrupción.
El productor yerbatero de Misiones e integrante de la Asociación Civil de Productores de Yerba del Norte, Julio Petersen, describió un escenario crítico para la actividad tras la desregulación del mercado, y apuntó contra el gobierno nacional, al que responsabilizó por la crisis que atraviesan miles de familias productoras. “Realmente la situación es muy complicada, cada día se está agravando más; estos últimos dos años fueron catastróficos”, afirmó, al explicar que los costos actuales rondan los 435 pesos por kilo de hoja verde, mientras que las industrias ofrecen entre 180 y 200 pesos, con pagos diferidos en hasta 180 días. Según relató, esta situación motivó el envío de una carta dirigida al ministro del Interior, Diego Santilli, ante su próxima visita a Misiones, con el objetivo de exponer el impacto que tuvo la desregulación sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Tuvimos 21 años con el Instituto funcionando y después de la desregulación volvimos prácticamente a la década del 90, pero peor y mucho más rápido: en un año y medio nos destruyeron por completo”, aseguró Petersen. Como ejemplo del deterioro económico, el yerbatero señaló que “un productor de 15 hectáreas que hace tres años podía comprar una camioneta 0 km hoy apenas tiene para dos cubiertas. Con 7 u 8 millones de pesos al año no se puede vivir”. A continuación, remarcó que la falta de regulación y de un precio mínimo deja a los productores por debajo de sus costos. “Yo entiendo la situación del país, pero los costos son costos. No puedo producir por menos de lo que me cuesta. Si me dicen 400 pesos, trabajamos, pero a 180 no cubre ni la mitad”. En ese sentido, sostuvo que existe “un grave incumplimiento del deber de funcionario público” por parte del presidente Javier Milei, al no restituir plenamente las funciones del INYM pese a fallos judiciales favorables. “La justicia devolvió la potestad al Instituto, solo faltaba el nombramiento para que funcione. Hasta el momento Milei sigue incumpliendo”, afirmó. “El DNU fue el comienzo de la destrucción y después siguieron reformas que desarticularon controles, registros y la regulación de plantaciones. Hoy nadie controla nada”, denunció luego, advirtiendo que esto también afecta al consumidor porque “puede entrar yerba importada sin controles y la calidad queda librada a las industrias”. En un tono especialmente duro, apuntó también contra el ministro Federico Sturzenegger: “El brillante ministro de la desregulación nos está destruyendo, festeja la baja del precio del kilo de hoja verde. Que él celebre que me quiten la comida de mis hijos, que nos golpeen con la pobreza en nuestras chacras y que nos destruyan la dignidad de ser productores… para eso hay que ser un reverendo HDP”, lanzó. Y agregó: “Muy pocos se están llenando de guita y el resto nos estamos cagando de hambre”. El productor pidió respuestas concretas y advirtió sobre el clima social en el sector: “Ya no queremos reuniones, queremos respuestas. La zafra debería haber empezado y estamos paralizados. El productor es paciente, pero no esperen que se enoje”. Como mensaje final, pidió a los consumidores que prioricen productos cooperativos: “Cuando consuman, compren yerba de cooperativas, así el dinero llega más cerca de nuestras manos y no al centralismo del poder”. Bichos de Campo
Este martes 10 de febrero, a las 20, se lanza el espacio de streaming “Diálogo Político”, que se emitirá a través del canal de YouTube de Jorge Capitanich. Este martes 10 de febrero, a las 20, se lanza el espacio de streaming “Diálogo Político”, que se emitirá a través del canal de YouTube de Jorge Capitanich https://www.youtube.com/@coquicapitanich En su primer programa, el ciclo abordará uno de los temas centrales de la agenda pública: el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. En esta edición inaugural, Jorge Capitanich dialogará con el senador nacional Mariano Recalde, abogado laboralista con amplia trayectoria, para analizar los puntos esenciales de la iniciativa oficialista, sus impactos sobre los derechos laborales vigentes y las propuestas alternativas del bloque peronista. El encuentro se realizará en la antesala de la sesión legislativa que tratará el proyecto en el Congreso, con el objetivo de aportar información, contexto y herramientas para comprender el alcance real de la reforma.Además, el streaming propone un formato participativo: la audiencia podrá dejar sus preguntas, para que luego ambos dirigentes las respondan desde sus redes sociales. En la antesala del streaming, Capitanich adelantó su postura en declaraciones a Radio de las Madres AM 530: “Es una reforma que incluye, en los hechos, una reforma tributaria encubierta. Se debe debatir de forma diferente, pero el oficialismo se quiere llevar todo por delante”. “El proyecto busca terminar con los derechos de los trabajadores. Es continuar lo que hizo la dictadura. Cuando se pulverizaron muchos artículos de la ley Centeno, cayó la productividad, aumentó el desempleo y quebraron empresas. No es cierto que estas leyes generen empleo”, agregó. Con este estreno, Diálogo Político se plantea como un espacio de discusión abierta sobre los principales debates económicos, sociales y laborales del país, en un contexto donde las decisiones legislativas impactan de manera directa en el mundo del trabajo y en las economías provinciales.
El monte de El Impenetrable en la provincia del Chaco, “vivo y en pie”, se afianza como territorio productivo, con emprendimientos especialmente vinculados al turismo de naturaleza, con protagonismo de la comunidad. En 2025 más de 3900 turistas visitaron el Parque Nacional El Impenetrable y el desarrollo productivo, con la recolección de chauchas para harina de algarroba, la producción de artesanías y servicios gastronómicos, entre otros, continúan en notable crecimiento. En 2025 se facturaron más de 425 millones de pesos. Las comunidades que habitan la extensa zona del monte Impenetrable en la provincia del Chaco, son partícipes de una nueva economía que tiene al turismo de naturaleza como eje del desarrollo local. La Fundación Rewilding Argentina, realizó un relevamiento y los números 2025 respecto de distintos aspectos de la producción, evidencian la transformación de las localidades lindantes al Parque Nacional El Impenetrable, como la llegada de más de 3900 turistas a la zona. En tanto, el movimiento económico del año pasado, dejó a los emprendedores chaqueños que habitan en comunidades lindantes al Parque Nacional El Impenetrable, recursos por más de 425 millones de pesos. La coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación, Lucía “Luli” Kronhaus, destacó que las oportunidades de desarrollo local vinculadas al turismo de naturaleza en torno al Parque Nacional ya comienzan a materializarse y significan una nueva oportunidad económica para las comunidades de El Impenetrable y que esto se refleja en los avances de los pobladores que decidieron emprender actividades asociadas al turismo. En ese marco, señaló que los emprendimientos están en pleno desarrollo, y significan una nueva oportunidad económica para las comunidades de El Impenetrable, ya que comienzan a materializarse con la multiplicidad de productos y servicios que se van generando e impactando en el crecimiento de la cantidad de visitantes. “Todo esto significa trabajo y oportunidad de crecimiento en la zona”, expresó y mencionó que el registro realizado respecto de las actividades e ingresos generados en 2025, demuestran un crecimiento y desarrollo sostenido. Mabel Figueroa es artesana. Realiza tejidos en telar y sobre la rentabilidad de su trabajo el año pasado, asegura que le fue “demasiado bien”.“Vendí mucho a los turistas y también muchos de ellos, tomaron mis clases de telar, un curso de tres horas, donde aprenden lo básico del oficio y se llevan el trabajo de recuerdo a sus casas”, relató La artesana, que vive en el paraje Pozo La Gringa, a pocos kilómetros del ingreso al Parque Nacional, asegura que la situación y especialmente las oportunidades, van mejorando año a año.“Cuando más turistas llegan, significan más ingresos para la familia”, aseguró Mabel y cuenta que “todos los trabajos que hice, los vendí y fueron muchos más que el año anterior. Diego Boedo, es guía de sitio hace dos años e integrante de la Asociación Civil Vecinos de La Armonía y lleva dos años como guía de sitio en el Parque Nacional El Impenetrable.Dice que esta nueva actividad, le cambió la vida y relata que antes era peón jornalero y “hacía un trabajo rural en el monte, un trabajo muy duro. ganaba mucho menos que ahora y era muy sacrificado”. Ahora, Diego lleva a los visitantes a navegar en kayak por el río Bermejito y a hacer senderismo y además tiene un emprendimiento, junto a su pareja Susy: un parador donde ofrecen comidas típicas a los turistas.“Como comunidad, estamos tomando conciencia de que el monte nos da todo. Antes se talaban los árboles y se sacaba la piel a los animales, para sacar provecho una sola vez y se perdía para siempre”, remarcó sobre el rescate de El Impenetrable chaqueño. Y agregó “estamos poniendo en valor nuestro monte y que debemos conservarlo para siempre. Estamos aprendiendo a vender servicios para los turistas y cada vez nos va mejor”. “Todo cambió para todos y estamos avanzando. Las capacitaciones ayudaron muchísimo y la gente nota que realmente tenemos más oportunidades”, concluyó Boedo. Finalmente, “Luli” Kronhaus, aseguró que “la conservación del bosque implica producción, movimiento. generación de ingresos y la llegada de visitantes en torno a un área protegida, que tiene al turismo de naturaleza como actividad principal”. Con el monte en pie se ofrecen caminatas y disfrute, se aprovecha la sombra para sus animales, las chauchas y frutos para productos alimenticios como la algarroba, el chañar y el ucle, se aprende a utilizar la madera caída para artesanías y se revaloriza la cultura. Los vecinos obtienen trabajo, ingresos y dignidad. “Es una nueva economía que genera un gran impacto económico en las comunidades”, expresó la coordinadora Regional de Comunidades de la Fundación Rewilding Argentina. Balance 2025 El relevamiento, detalla también que más de 2100 visitantes contrataron servicios ofrecidos por las comunidades locales y se realizaron 816 navegaciones por los ríos Bermejo y Bermejito. En este marco, 242 personas recibieron ingresos vinculados a la actividad económica en torno al Parque Nacional El Impenetrable, que totalizaron más de 425 millones de pesos que se facturaron en concepto de alojamiento, servicios turísticos y artesanías a lo largo de 2025, especialmente en la temporada alta. Además, respecto de otra actividad productiva que benefició a la comunidad, más de un centenar de familias participaron de la recolección de 16, 5 toneladas de chauchas de algarroba, y con la actividad, lograron ingresos por más de 9 millones de pesos. Y en pos de fomentar, profesionalizar y desarrollar el turismo de naturaleza, con sus distintas variantes en cuanto a productos y servicios, la Fundación Rewilding Argentina, realizó 78 capacitaciones con 1176 participantes de las comunidades lindantes al PNEI. El Parque El Parque Nacional El Impenetrable en la provincia del Chaco fue creado en 2014gracias al esfuerzo de organizaciones e instituciones para la conservación de lanaturaleza, resguarda 128 mil hectáreas de bosques de algarrobos, palo santo y quebrachos, pastizales, bañados, lagunas y también especies en peligro de extinción como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú y el yaguareté. El Impenetrable es vida silvestre por descubrir, con múltiples opciones de alojamiento para todos los gustos y una
La Municipalidad de Resistencia activó a sus cuadrillas de las áreas de Desagües, a fin de garantizar el normal escurrimiento de las aguas pluviales, teniendo en cuenta que hay pronóstico de la continuidad de la inestabilidad climática por varios días. Hubo trabajos de zanjeo, retiro de restos de las cunetas y limpieza de los sistemas de drenaje. Con personal y equipos viales, la tarea se ejecutó por la mañana de este martes, pero continuará toda la semana. Desde la Subsecretaría de Asuntos Hídricos informaron que “tenemos pronóstico para los próximos casi 10 días con probabilidades de lluvias, tormentas y chaparrones de distinta intensidad”. “Por eso permanecemos haciendo el mantenimiento de todos los sistemas de desagües de la ciudad, Este martes hubo trabajos en Villa Marín, en la Liguria y continuamos con los de limpieza de canales y ríos, riachos y lagunas”, agregaron, haciendo alusión a las intervenciones en el riacho Arazá, entre la ruta nacional 11 y el límite con Fontana y en las lagunas Argüello, Seitor y Francia. “También seguimos haciendo la limpieza de las bocas de tormentas, sumideros y rejillas de la ciudad para tratar de que ante esta eventual posibilidad de lluvias nos encuentren bien preparados para afrontar cualquier contingencia climática severa”, aseveraron. En ese contexto, reiteró la recomendación de no dejar la basura suelta, ni restos verdes en las laterales de los caminos, para evitar taponamientos de los sistemas de drenaje. Números útiles Ante lluvias e inundaciones en Resistencia, el Municipio mantiene activa la Guardia de Defensa Civil y áreas de servicios. Los números principales para emergencias son WhatsApp 3625162913 y 3625299957. También se encuentran disponibles los números fijos 4439999, 4458201 y 4458244 para reportar problemas de anegamiento o solicitar asistencia.
La normativa faculta al Instituto de Vivienda a iniciar acciones legales de cobro ejecutivo mediante la emisión del Certificado de cuotas vencidas e impagas, permitiendo al organismo avanzar judicialmente ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de los adjudicatarios. Con la mirada puesta en la recuperación de deudas y el fortalecimiento de las políticas habitacionales, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda que desde el año 2018 rige en la provincia la Ley 2821-K, que creó el Certificado de Deuda como instrumento legal para el cobro de cuotas de amortización vencidas e impagas. Desde el Instituto señalaron que esta herramienta no solo tiene como objetivo la recuperación de fondos adeudados, sino también brindar a los adjudicatarios la posibilidad de regularizar su situación antes de enfrentar instancias judiciales. De esta manera, se busca garantizar la continuidad de los programas habitacionales y generar recursos que permitan seguir dando respuesta a la demanda de viviendas en la provincia. La importancia del pago de cuotas El IPDUV remarca la importancia de que los adjudicatarios cumplan de manera responsable con el pago de las cuotas correspondientes a sus viviendas. El cumplimiento de esta obligación forma parte del compromiso asumido al acceder a una solución habitacional y constituye, además, un acto de solidaridad social. Los fondos que se recaudan a través del pago de las cuotas son reinvertidos directamente en nuevos programas habitacionales, posibilitando que más familias chaqueñas puedan acceder a una vivienda digna. Cada cuota abonada contribuye a sostener y fortalecer el sistema solidario de acceso a la vivienda, beneficiando a quienes aún se encuentran alquilando o esperando la oportunidad de cumplir el sueño de la casa propia. Finalmente, desde el organismo se recordó que la legislación vigente otorga al IPDUV la potestad de avanzar en la desadjudicación del crédito y de la financiación originalmente pactada en los casos de incumplimiento prolongado en el pago de las cuotas.
La jueza de Cámara Dolly Fernández confirmó este martes que César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena serán condenados a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, luego de ser considerados culpables por el jurado popular en noviembre pasado. César Sena fue condenado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género. En el caso de su padre, Emerenciano Sena, lo consideraron culpable por el delito de partícipe primario del femicidio; mientras que su madre, Marcela Acuña, fue declarada culpable como partícipe primaria. Todos recibieron la pena de prisión perpetua. La jueza técnica, Dolly Fernández, leyó este martes las penas luego de que el 15 de noviembre de 2025 el jurado popular considerara que los imputados eran culpables por la muerte de Cecilia Strzyzowski, quién fue vista por última vez ingresando a la casa de la familia Sena el 2 de junio de 2023. La magistrada también rechazó la declaración de nulidad del veredicto del jurado solicitado por los abogados defensores de los imputados que fueron considerados culpables y el planteo de inconstitucionalidad a la pena de prisión perpetua.
En la mañana de este martes desde el Ejecutivo de Santa Fe aseguraron que “no hubo acuartelamiento” y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada. Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Cococcioni confirmó que el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes y acrecentó la protesta policial que se replica en otras ciudades santafesinas. Policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares, se enfrentaron con otros agentes y se acuartelaron. Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados. A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada. A todo esto, pasada la mediamañana, el gobierno provincial trasladó a uniformados de otras zonas a Rosario y pidió que se refuercen los operativos de fuerzas federales, en el marco del plan Bandera. Enero fue un mes duro para la policía en la provincia. La mayoría de los agentes no se tomaron vacaciones, porque en el gobierno querían evitar que se resienta la presencia de efectivos en meses duros, como son los dos primeros del año. En Rosario se produjeron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra baja si se la contrasta, incluso, con 2025, cuando hubo 22 crímenes, aunque el número de heridos de arma de fuego superó los 45. Por eso, a pesar de las protestas, Pullaro buscó mostrarse flexible al principio. La campaña electoral que lo llevó a la gobernación se basó en gran parte en dar una solución en materia de seguridad, y en los últimos dos años los crímenes descendieron con respecto a la dinámica de violencia narco que fracturó Rosario en la última década y media. El gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes El gobierno de Santa Fe pasó a disponibilidad a al menos 20 integrantes de la policía provincial que participaron de las protestas y acuartelamientos que tuvieron lugar anoche, en reclamo de mejoras salariales para la fuerza. La cifra del personal “pasado a disponibilidad y con retiro de armas” será mayor y varios de ellos serán denunciados por “ilícitos penales”. Las sanciones fueron confirmadas por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que a primera hora de hoy salió a transmitir la postura del gobierno del macrista-mileísta Maximiliano Pullaro. Durante una conferencia de prensa, el funcionario calificó de “atendibles” a los reclamos que la policía le hizo precisamente a su propia gestión e intentó solidarizarse con la situación. “La protesta es legítima y la acompañamos”, expresó el ministro y reconoció que “las necesidades y problemas” de la fuerza “son atendibles” porque “una mejora en la seguridad de nuestros santafecinos implica atender las mejoras de nuestras fuerzas de seguridad”. “Algunas cosas ya las hemos empezado a hacer. Se puede dialogar cómo mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada de trabajo”, pero “no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociaciones la seguridad de la provincia”, sentenció. No obstante, subrayó que “la política salarial no es algo que se discute en una paritaria con la fuerza policial” sino que se equipara con la paritaria de la administración pública estatal. Sin embargo “las fuerzas de seguridad han recibido un diferencial porcentual” pero admitió que el sector “merece un reconocimiento mayor”. Paralelamente, el funcionario informó que las sanciones recayeron sobre uniformados que “abandonaron el servicio policial” y aseguró que el gobierno provincial “está dispuesto a dialogar” para solucionar el conflicto. Página 12/Uno Entre Ríos/La Nación
El secretario General de ATSA y cosecretario de la CGT Chaco, Adrián Bellomi, criticó con firmeza la nueva norma que impulsa el gobierno libertario. “Va a haber más de 30 artículos que van a modificarse y todavía no sabemos cuáles son, desde diciembre a la fecha no hay un legislador o funcionario oficialista que te pueda decir qué artículo beneficia el laburante”, advirtió. “Esta reforma que se quiere hacer atenta directamente el modelo laboral argentino; o sea, con la excusa de que quieren modernizarla se va a regresar 100 años para atrás. Prácticamente están implementando una nueva esclavitud en la Argentina con la total falacia de decir que estas modificaciones en la ley van a generar mayor registración laboral, cosa que no es cierto”, comenzó señalando el gremialista de la salud. Sosteniendo que gran parte de esta modificación en la Ley no solo va a afectar a aquellos trabajadores que hoy tienen derechos, ”sino que aquellos que no los tienen jamás van a llegar a alcanzarlos con esta modificación. Y también no podemos dejar de lado algunas de las cuestiones que quieren cambiar, como las indemnizaciones y el fondo de cese laboral que afectan directamente a la salud de los trabajadores”, al desviar los aportes de obras sociales. Bellomi explicó, además, que “el año pasado sacaron las multas para el personal no registrado. ¿Eso generó mayor registración laboral?. No, todo lo contrario, ahora hay menos trabajo en blanco. Este el gobierno dice una cosa, pero el beneficio no sería para el trabajador, sino para los empresarios”. Criticando también a las empresas que optan por la informalidad laboral sin sanciones por parte del Estado. El dirigente no olvidó que esta reforma laboral “ya la quisieron hacer en diciembre y la CGT logró postergarla. Y, en ese momento, sí o sí va a salir al libro cerrado cuando intentamos que se postergara y se empezase a discutir un montón de artículos de la ley, cosa que la propia Bullrich lo reconoció ayer”. “Va a haber más de 30 artículos que van a modificarse y todavía no sabemos cuáles son, desde diciembre a la fecha no hay un legislador o funcionario oficialista que te pueda decir qué artículo beneficia el laburante”, disparó. La movilización El dirigente gremial de la salud apuntó que este miércoles va a haber una movilización en Buenos Aires que seguramente será la más concurrida por parte de la CGT. “Pero va a haber una réplica también acá en la provincia y en toda la Argentina. En Capital Federal va a arrancar mañana la siesta y eso se va a replicar en cada Casa de Gobierno de todas las provincias”. “Vamos a exigirle a nuestros gobernantes de que hablen con sus senadores de que esto no puede salir de la manera que pretende el Gobierno nacional. Nosotros en breve nos reunimos en CGT para definir exactamente el horario de concentración y cómo va a ser la modalidad que realizaremos”, agregó. En el final, Adrián Bellomi insistió en subrayar que las modificaciones beneficiarían principalmente a un pequeño grupo de empresarios – incluso extranjeros -, no a trabajadores ni pymes. Y volvió a apuntar a la enorme caída del consumo aque sacude a comerciantes y empresarios y que se vincula con políticas económicas generales consideradas dañinas para el empleo y la producción. ”Cuando hubo en la Argentina un impulso económico y una decisión política de sostener el trabajo registrado, como por ejemplo la doble indemnización, fue cuando más creció el empleo en la Argentina. ¿Por qué?, porque hubo todo un paquete y medidas económicas y fiscales que promovieron la registración laboral, y promovieron la industria y la producción en el país. Hoy estamos con este gobierno que viró totalmente hacia otro lado, que es la especulación financiera y la apertura indiscriminada de productos de afuera”, sentenció Bellomi.
Mediante esta decisión, se desestimó finalmente la acción de amparo promovida por seis agentes que reclamaban percibir el mismo 50% que cobran otros colegas. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia del Chaco y, en consecuencia, declarar la nulidad de una sentencia que había ordenado equiparar el porcentaje de una bonificación por dedicación para un grupo de empleados de la Fiscalía de Estado. Mediante esta decisión, se desestimó finalmente la acción de amparo promovida por seis agentes que reclamaban percibir el mismo 50% que cobran otros colegas. La sentencia, firmada por los jueces Néstor Varela, Alberto Modi y Víctor Del Río, pone fin a este litigio y afirma la validez del marco normativo aplicado por la Fiscalía de Estado. Como consecuencia de acoger el recurso, el STJ ejerció jurisdicción positiva y desestimó definitivamente la acción de amparo. También impuso las costas de todas las instancias a la parte actora y reguló los honorarios de sus letrados. El origen del conflicto El conflicto se originó porque los trabajadores, designados entre 2018 y 2021 como procuradores fiscales y un escribano fiscal, percibían una bonificación por dedicación del 25%. Argumentaban que esta diferencia respecto al 50% que recibía la mayoría de los demás profesionales de la repartición, realizando idénticas tareas y con la misma carga horaria, violaba el principio constitucional de igualdad y de igual remuneración por igual tarea. Sostenían que se trataba de un trato desigual injustificado y arbitrario. La Fiscalía de Estado, en su defensa, señaló que la bonificación se regía por leyes y decretos provinciales que establecían límites porcentuales y facultaban al organismo a fijar distintos porcentajes según cargos, funciones y momentos de designación. Adujo que los actores habían ingresado bajo la vigencia de la Ley 2423-A, que ratificaba un tope del 25% para quienes se incorporaran después de mayo de 2018, por lo que no se encontraban en la misma situación jurídica que los agentes de designación anterior. Luego de un camino judicial que incluyó una sentencia de primera instancia que les dio parcialmente la razón y una de segunda instancia que confirmó el amparo ordenando el pago de la bonificación al 50% con retroactividad, la Provincia recurrió al STJ. El tribunal superior consideró que la sentencia de la Cámara Laboral incurría en arbitrariedad al desconocer el principio de legalidad y la potestad del Estado para modificar regímenes salariales. En sus fundamentos, el STJ destacó que la Administración Pública debe actuar sujeta a la ley y que la diferencia de trato no derivaba de una discriminación arbitraria, sino de la aplicación de un régimen legal distinto vigente al momento del ingreso de los actores. Subrayó que los demandantes aceptaron las condiciones legales al momento de su designación, vinculándose por el principio de los actos propios. Además, el tribunal hizo hincapié en los límites del control judicial de constitucionalidad, señalando que los jueces no pueden prescindir de la ley vigente ni sustituir la voluntad del legislador por su propio criterio, so pretexto de considerar injusta una norma, salvo que exista una clara contradicción con la Constitución. En este caso, entendió que la sentencia recurrida había incurrido en una indebida injerencia en materias propias de otros poderes del Estado.
Retrocedió cinco puestos en comparación con la medición anterior en el índice que elabora el movimiento global Transparencia Internacional. La Argentina cayó cinco puestos en el ranking mundial de transparencia, y se ubica en el puesto 104, mientras que en la medición anterior estaba en el puesto 99. Se trata del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora todos los años el movimiento global Transparencia Internacional, en el cual nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 teniendo en cuenta el 2025. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, es un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual Argentina se percibiría como un país más corrupto. Cómo funciona la clasificación El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). Desde Transparencia Internacional explican que, si bien 31 países redujeron significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no logra abordar el problema: se estancaron o empeoraron durante el mismo período. Por otra parte, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.” La transparencia en Argentina En el puesto 104, Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019. El podio El podio se mantiene igual que en 2024 y está liderado por Dinamarca, con 89 puntos; en segundo lugar está Finlandia, con 88, y en el tercero Singapur, con 84. Los países con peor ubicación son Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos; mientras que Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181, con solo 9 unidades sobre 100.
La Cámara Federal fijó fecha para un sorteo en el que se elegirá a su reemplazante. Hay solo cuatro candidatos en condiciones de reemplazarlo. El juez federal Sebastián Casanello dejará de ser el magistrado a cargo de la causa Andis. Este jueves será su último día frente a ese y otros expedientes de extrema sensibilidad que están radicados en el Juzgado Federal 11 con asiento en los tribunales de Comodoro Py. La información fue confirmada a Tiempo por fuentes judiciales. La salida del juez que viene de procesar al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras considerarlo jefe de una asociación ilícita se explica por el fin de su subrogancia frente al mencionado tribunal. Ocurre que ese juzgado está vacante desde la muerte de su titular, el entonces juez Claudio Bonadío, y desde ese momento ha estado a cargo de magistrados subrogantes. Casanello había quedado sorteado en febrero del 2025 para hacerse cargo y a mediados de agosto quedó radicada ahí la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio inicio a la investigación por presuntos retornos millonarios en los medicamentos para personas con discapacidad. A partir de ahí, el juez asumió un fuerte protagonismo producto de que estuvo al frente del expediente más sensible para la Casa Rosada en dos años de gestión libertaria. Si bien podía haber continuado un año más frente a ese Juzgado, Casanello optó por avisar que no hará uso de la prórroga y el próximo jueves dejará esa oficina con titularidad vacante. Según pudo saber este medio, la decisión fue tomada debido a cuestiones personales. Mañana se sortea Eso fue comunicado durante el lunes a autoridades de la Cámara Federal y este martes el juez Leopoldo Bruglia ordenó un sorteo entre los jueces y juezas que estén en condiciones de hacerse cargo del Juzgado. Eso mismo ocurrió un año atrás cuando se venció la subrogancia que ejercía Julián Ercolini y Casanello quedó al frente. Según confirmaron fuentes judiciales, eso ocurrirá este miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana. Este medio supo que de momento hay solo cuatro magistrados en condiciones de integrar el bolillero, aunque aún están a tiempo de avisar en caso de que no les interese participar. Si bien los nombres están bajo reserva, este medio supo que por un acuerdo de Cámara se fijó como criterio para otorgar subrogancias la exclusión de aquellos que ya están cubriendo tareas en Juzgados vacantes. Cómo sigue la causa El lunes el magistrado firmó un fallo de 300 páginas en el que dispuso los procesamientos de Spagnuolo y del resto de los imputados en la causa Andis que fueron indagados antes de la feria judicial. Entre ellos están el ex número dos del organismo, Daniel María Garbellini, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahián, quienes habrían tenido un rol clave en el entramado de manipulación de las compulsas de precios para medicamentos e insumos. Si bien no ordenó detenciones, Casanello estableció embargos por hasta 200 mil millones de pesos. La salida de Casanello del Juzgado Federal 11 y en consecuencia de la causa Andis genera expectativas entre los alfiles de la Casa Rosada que están atentos a las cuestiones judiciales. Más que nada frente a la posibilidad de que el caso quede en manos de un juez o una jueza que pueda resultar más amable para la óptica de un oficialismo liderado por el presidente Javier Milei, cuyo ex abogado es el principal imputado y procesado. De todos modos, en principio no habría cambios sustanciales en la investigación con la salida de Casanello. Es que el fiscal Franco Picardi continuará su intervención en un expediente que tiene delegado, a menos que el nuevo juez o jueza decida revocar esa delegación y se haga cargo de la investigación. Para quienes también es una oportunidad la salida de Casanello es para las defensas, entre ellas la de Spagnuolo. Vale recordar que los defensores del ex funcionario, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, cuestionaron al juez por supuestamente haber encarado una investigación judicial a partir de audios atribuidos a su cliente que habrían sido manipulados. Esa queja la llevaron a la Cámara Federal. En esa instancia lograron un “reto” al magistrado para que procure establecer el origen y la veracidad de los famosos audios, al tiempo que exporta qué otros elementos abonaron a la investigación. Este mismo lunes D’Alessandro le dijo a Tiempo que apelarán el procesamiento porque “incumplió con las dos instrucciones precisas que le dio la Cámara”. En los procesamientos, el magistrado estableció que el aparente esquema de corrupción que se desplegó en la Andis “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. Eso debido a que, según el fallo de este lunes, “existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. De acuerdo con ese razonamiento plasmado en la resolución de más de 300 carillas, hay una concatenación de episodios que “sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”. De ese modo, el funcionario dijo que hay elementos como para avanzar en nuevos llamados a indagatoria de personas físicas y jurídicas. Tiempo Argentino