Una mujer fue notificada de la imputación en libertad. Pretendía ingresar cocaína en panes tipo galletas. Hace unas horas, en la Comisaría Primera de la Termal, tras el control de alimentos destinados a un detenido, quien se encuentra alojado en esa unidad en el marco de una causa por supuesto robo y a disposición de la Cámara Primera en lo Criminal, se detectó una sustancia sospechosa. La requisa fue realizada por personal de guardia, quien constató que en el interior de panes tipo galleta había seis pequeños envoltorios de nylon, comúnmente denominados “bochitas”, que contenían una sustancia blanquecina. Los alimentos habían sido entregados momentos antes por una mujer de 32 años, domiciliada en el barrio Lamadrid de esa ciudad. Ante el hallazgo, se dio intervención a la División Drogas Interior. En el lugar, realizaron las pruebas de campo que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1,5 gramos. La sustancia fue secuestrada bajo las formalidades legales, mientras que la fiscalía antidrogas en turno dispuso que la mujer sea notificada de su imputación en libertad por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 y la Ley Provincial N° 2304-N. Asimismo, se ordenó la remisión de las actuaciones junto con el estupefaciente incautado.
Autor: Redacción General
Se trata de la tercera aprehensión en el marco de la causa que investiga la muerte de Rubén Fernández, ocurrida el pasado 12 de abril en el Barrio Independencia. En la jornada de hoy, efectivos de la División Delitos Contra las Personas lograron la detención de una mujer de 35 años, quien contaba con un pedido de captura en relación a un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor. El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 12 de abril en la intersección de la avenida San Martín y Pasaje Salta, en la localidad de Fontana. El incidente se habría originado por un conflicto entre la víctima, un hombre de 47 años, y familiares del adolescente involucrado. En el transcurso de un enfrentamiento, el menor habría efectuado los disparos que provocaron el fallecimiento del ciudadano. Tras tareas de vigilancia y un operativo certero, los agentes localizaron a la sospechosa en las inmediaciones del Barrio 29 de Agosto. La orden de aprehensión fue emitida por el Equipo Fiscal 2, a cargo de Ana González de Pacce, quien dispuso su inmediata notificación en la causa. Con esta intervención, ya son tres las personas puestas a disposición de la justicia: un hombre de 37 años, un joven de 16 y la mujer recientemente capturada. La detenida fue trasladada a la Comisaría Segunda de Fontana por razones de jurisdicción, donde se continuarán las diligencias legales.
Fue debido a las intensas precipitaciones que se registraron en la jornada y que afectaron la transitabilidad y suministro de energía eléctrica en las mencionadas zonas geográficas de la provincia. A través de la resolución 290/26 el Superior Tribunal de Justicia del Chaco suspendió términos y audiencias correspondientes al lunes 20 de abril en las circunscripciones judiciales segunda y sexta con cabecera en Presidencia Roque Sáenz Peña y Juan José Castelli, respectivamente. Fue debido a las intensas precipitaciones que se registraron en la jornada y que afectaron la transitabilidad y suministro de energía eléctrica en las mencionadas zonas geográficas de la provincia.
El diputado provincial por el Partido Justicialista, Sebastián Benítez Molas, reflexiona sobre el Papa Francisco, al conmemorarse el primer año de su fallecimiento. Por esas casualidades de la vida, me tocó estar en Buenos Aires el 19 de marzo de 2013, día en que Francisco inauguraba su pontificado. Hubo una vigilia en la Catedral y, a las tres de la mañana, llamó y por los parlantes nos decía esto: “Les quiero pedir un favor: Caminemos juntos todos. Cuidémonos los unos a los otros. Cuídense entre ustedes. No se hagan daño. Cuídense. Cuídense la vida. Cuiden la familia. Cuiden la naturaleza. Cuiden a los niños. Cuiden a los viejos”. Estas palabras, cargadísimas de actualidad, reflejarían que la agenda de Francisco sería parecida a la de Bergoglio. Nos mostraba los lugares donde la política no estaba. Como arzobispo de Buenos Aires durante la crisis de 2001, fue clave para evitar el desmembramiento social. Sus homilías llamaban a recordar las gestas heroicas para recuperar la dignidad y la voluntad de ser Nación. Su prédica buscó sanar heridas sociales y fortalecer la identidad cultural y espiritual del pueblo argentino frente al riesgo de fragmentación. Su tarea se centró en defender la dignidad inalienable de la persona humana como valor en sí mismo, con rostro e historia. Esa centralidad es la base de la fraternidad y la construcción de una sociedad más justa. Representó una Iglesia misionera, como buen hijo de la Compañía de Jesús, saliendo de la comodidad para ir a las periferias existenciales a anunciar la alegría de la fe. También puso en la agenda internacional temas invisibilizados y dio voz a los marginados. Su pontificado invitó a la fraternidad, la amistad social y el diálogo para construir el bien común y la paz. Insistió en una perspectiva humanista con sentido de trascendencia. Desde sus tiempos de jesuita creía que una actitud religiosa era necesaria para juzgar la historia eficazmente. Sin apertura a la trascendencia, era imposible comprender el fin de una época y la posibilidad de una civilización distinta se perdería en una infinitud tecnocrática. Visionario, alertó sobre los desafíos actuales: la crisis ambiental, la globalización de la indiferencia, el consumismo y el individualismo. Denunció la cultura del descarte que margina a los vulnerables. Señalaba, con elevada agudeza intelectual, que estábamos sufriendo una guerra mundial en cuotas. Hoy sus palabras cobran vigencia absoluta. Llamó a no refugiarnos en zonas de confort ante las crisis, sino a verlas como oportunidades para soñar, iniciar procesos y abrirnos a la misericordia. Su llamado a no perder el sentido de la historia ni la identidad cultural es crucial para que los argentinos no pierdan el alma. Revalorizó la categoría de “pueblo” como sujeto social con la capacidad de concebir y materializar proyectos colectivos que trascienden las diferencias, una noción que adquiere particular importancia ante las amenazas que representa la fragmentación social. El Papa más creativo de la historia construyó sentido a través de la palabra: “La Iglesia, hospital de campaña”; “la vida como viene”; “no balconeen la vida”; “nadie se salva solo” y, especialmente, “¿Quién soy yo para juzgar?”, conmovedor gesto de humildad pronunciado desde un avión, desde el cielo. Preguntando, sin bajar línea, porque el que solo tiene certezas no tiene fe. Y desde su persistente e incansable fe, abrió las puertas de la Iglesia como nunca antes, enfocado en la comunidad y en la solidaridad. El tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es superior a la idea y el todo es superior a la parte fueron principios que nos regaló y que hoy son el mapa para un país en la búsqueda de acuerdos sociales para el desarrollo humano integral. Una Argentina que no solo tiene que restablecer su construcción material, sino también espiritual. Volver a darle sentido a los vínculos, a una idea de trascendencia; a una idea de pelear por algo más grande que uno mismo.De sus alrededor de veinte escritos producidos durante su papado, Laudato si’ posee un profundo carácter profético, pero también es una obra que nos invita a organizar la esperanza, a reflexionar sobre la fuerza que tienen los sueños y sobre la ternura frente al aumento desenfrenado de la crueldad. Cuando habla de la “casa común”, también habla sobre el respeto al trabajador, porque para él lo más importante siempre fueron “los descartados”. Un Francisco, en sus últimos días, más religioso, pero también más humano que nunca. Fue un pastor con olor a oveja que nos invitó siempre a mirarnos al espejo y a incomodarnos con su teología del pueblo. Alguien que no buscó ocupar espacios, sino “desatar procesos”. Ojalá que su legado, ese que une la justicia social con la urgencia de la unidad nacional, deje de ser semilla para transformarse finalmente en potencia emancipatoria. Que nos inspire su coraje, su humildad y su amor para seguir adelante con valentía y compromiso. A un año de su partida, la mejor forma de honrar su palabra y su acción es siendo protagonistas de esa revolución de ternura y justicia que soñó, para que su voz resuene en cada rincón del planeta. Que no se apague nunca el fuego de la Revolución Francisco.
El sospechoso fue demorado en el Barrio Juan Bautista Alberdi. En la madrugada de este martes, alrededor de las 04.10, personal de la Comisaría Quinta Metropolitana llevó adelante un procedimiento que culminó con la detención de un hombre que estaría implicado por haber cometido un robo a mano armada en el barrio San Valentín en Resistencia. El hecho fue denunciado por una mujer de 56 años, quien informó que el pasado 20 de abril, en horas de la mañana, fue víctima de la sustracción de una mochila que contenía documentaciones. El ilícito ocurrió en inmediaciones del pasaje Fortín Aguilar y habría sido perpetrado por un hombre armado con un arma de fuego. A partir de la denuncia, efectivos policiales iniciaron tareas investigativas, recolección de material fílmico obtenido de cámaras de seguridad de la zona. En ese contexto, el hijo de la damnificada aportó datos que permitieron identificar al presunto autor, quien residiría en cercanías del lugar del hecho. Con esa información, los investigadores desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar al sospechoso en la intersección de calles Chamarrita y Gato, en el barrio Juan Bautista Alberdi. En ese lugar fue demorado un hombre de 35 años que fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la justicia.
La hija del “Diez” comparecerá tras la suspensión de su testimonio en la audiencia anterior. El neurocirujano continuaría con su estrategia para demostrar su supuesta inocencia. Cuatro testigos, entre ellos Gianinna Maradona, declararán este martes en la tercera audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y se espera que el neurocirujano Leopoldo Luque pida volver a comparecer para refutar a los citados. Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la hija del astro argentino y Claudia Villafañe podría exponer ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón tras la suspensión de su testimonial en la jornada anterior. El comisario Lucas Farías, que encontró fallecido a Maradona en su habitación del country San Andrés; Lucas Rodrigo Borge, jefe de Policía en zona norte; y el coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, son los otros tres citados para la audiencia que comenzará a las 10 y durará hasta las 17, aunque podría extenderse. En el primer debate —anulado por el documental de la exmagistrada Julieta Makintach— Borge expresó que entró al dormitorio del “Diez” y lo halló cubierto con una sábana blanca, mientras que vestía un short deportivo y una remera negra: “Recuerdo que tenía la panza muy hinchada”. Por su parte, Farías, quien era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata, afirmó que concurrió a la vivienda de “Pelusa” luego de que le avisaran que el oriundo de Villa Fiorito sufrió una descompensación. El hombre opinó que el cuerpo de Maradona parecía un “bulto prominente”: “Ingresé al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe, que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado”. Asimismo, allegados a la defensa de Luque confirmaron que podría haber “careos” entre el imputado y los testigos, a fin de contradecir los dichos de Gianinna, los uniformados y el perito. “Es probable”, reconocieron fuentes cercanas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. En este sentido, el ex médico de cabecera continuaría con su estrategia para demostrar su supuesta inocencia por el presunto homicidio simple con dolo eventual del ex director técnico de Boca y la Selección argentina. Durante la segunda jornada, Luque pateó el tablero, solicitó la palabra frente a los miembros del TOC N°7 y aseguró que Maradona “no agonizó 12 horas”, “no estaba hinchado” y “a Diego lo amaba; era mi ídolo y amigo”. Además del profesional, los otros sindicados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.
La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón. La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez que debía intervenir en la causa donde se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en un nuevo capítulo de la investigación judicial. La decisión alcanzó al magistrado Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía expedirse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, que solicitó las detenciones en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el apartamiento se dio en medio de cuestionamientos sobre la imparcialidad del juez, en una causa que viene generando tensiones y movimientos judiciales en distintas jurisdicciones. En ese contexto, la sospecha estaba centrada en un supuesto vínculo comercial entre Argibay o familiares suyos con Toviggino, a partir de la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor. De acuerdo a distintas versiones, la operación habría involucrado a familiares directos de ambos, una hija del magistrado y un hermano del dirigente. Además, fuentes judiciales indicaron que la recusación del juez ya estaba definida. “Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada”, señaló un camarista. El expediente investiga supuestas maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA y apunta a una red de empresas y bienes que estarían ligados a Toviggino y su entorno, bajo sospecha de operaciones irregulares. En ese marco, el fiscal había solicitado la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, aunque ese pedido todavía no fue resuelto. La causa, además, presenta un conflicto de competencia entre distintos tribunales federales, lo que suma complejidad al proceso y demora definiciones clave. De esta manera, el apartamiento del juez introduce un nuevo escenario en el expediente y retrasa la decisión sobre el futuro judicial de Tapia y Toviggino, en una investigación que continúa en desarrollo.
El sistema aerocomercial argentino atraviesa este martes una jornada de tensión por la adhesión de trabajadores de la ANAC al paro nacional convocado por ATE, con impacto potencial en vuelos de todo el país. En el aeropuerto de Resistencia, por el momento, las operaciones se desarrollan con normalidad, aunque desde el sector advierten que las complicaciones podrían comenzar a sentirse hacia el mediodía. En diálogo con CIUDAD TV, el delegado gremial de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Emanuel Zalazar, explicó que la medida responde a un conflicto salarial que arrastra el organismo desde el año pasado. “Es una más de las medidas que se vienen realizando. El reclamo tiene que ver con mejoras salariales y con ítems que quedaron sin resolver desde diciembre”, señaló. Según detalló, tras agotarse las instancias de negociación y conciliación obligatoria, los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) avanzaron con un paro total de actividades. “Ya se cumplieron todas las instancias, por eso se llega a esta medida”, sostuvo. En cuanto al impacto local, Zalazar indicó que durante las primeras horas del día no se registraban alteraciones en el aeropuerto de Resistencia. “El vuelo de Aerolíneas Argentinas salió como estaba programado. Todavía es prematuro para hacer un balance, pero entendemos que con el correr de las horas pueden aparecer demoras y complicaciones”, advirtió. El dirigente explicó que la ANAC cumple un rol clave en el sistema aerocomercial, ya que es el organismo encargado de controlar y auditar las condiciones de seguridad y operatividad de los vuelos. En ese sentido, remarcó que cualquier medida de fuerza del sector impacta de manera directa en la actividad. “Son quienes verifican que todo esté en condiciones para volar, no solo en los aviones sino en todo el sistema aéreo”, afirmó. Además, aclaró que eventuales demoras o cancelaciones no son responsabilidad de las aerolíneas. “Es una cuestión netamente del Gobierno, que ha dilatado este conflicto. Las compañías tienen la obligación de reprogramar los vuelos sin penalidad para el pasajero cuando se trata de medidas de fuerza externas”, explicó. La protesta incluye una movilización prevista para el mediodía en el Aeroparque Metropolitano, momento en el que, según estimaciones del sector, podría sentirse con mayor intensidad el impacto de la medida a nivel nacional. Por último, Zalazar vinculó el conflicto con un escenario más amplio de crisis en el sector aeronáutico. “Esto es un reflejo de la política aerocomercial actual. Lo que se presentó como ‘cielos abiertos’ terminó afectando a los trabajadores y al funcionamiento del sistema. Incluso hay áreas sensibles, como el Servicio Meteorológico Nacional, que también están en riesgo”, concluyó.
Nueve personas enfrentan acusaciones de intimidación pública, atentado contra la autoridad, delitos de incendio y daño agravado, entre otros. Ninguna está señalada por “terrorismo”, como en su momento denunció la ministra de Seguridad. En aquél momento, las fuerzas federales reprimieron ferozmente una protesta contra la votación de la ley Bases el 12 de junio de 2024. “Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases. Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos. La mujer fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente. De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía.El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas. La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos. Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024. El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 – durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso – empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. El Diario Ar
El relevamiento muestra que casi cuatro de cada diez chicos aprenden muy poco en la escuela. La falta de clases, la imposibilidad de comprar ropa y los crecientes problemas de salud mental golpean duro el presente de los menores. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentará este 22 de abril un panorama verdaderamente alarmante sobre la realidad de la infancia. Según los datos adelantados del informe, el 36,8% de los chicos aprende poco o podría aprender mucho más en la escuela. Este problema educativo está impulsado por problemas estructurales y la constante pérdida de días de clases. Las barreras económicas bloquean el acceso a derechos de salud básicos de manera silenciosa y cotidiana. El documento anticipó que casi el 20% de los niños y adolescentes no puede ir al médico o al odontólogo por falta de dinero. Esta desigualdad profunda golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina. La crisis alimentaria, por su parte, se mantiene como una herida muy difícil de cerrar en el tejido social. La asistencia de alimentación gratuita hoy alcanza a casi el 65% de los menores de edad a nivel nacional. Estos números reflejan el límite extremo al que llegaron los ingresos familiares. La socialización también sufre bajo el peso constante de la vulnerabilidad económica y la exclusión del consumo. El 37,5% de los chicos experimenta graves privaciones en su vestimenta porque sus familias no pueden comprarles ropa. Esta carencia los expone a un doloroso sentido de marginación social frente a sus propios compañeros. Toda esta suma de carencias materiales alimenta de manera directa una crisis de salud mental que enciende alertas. El estudio reveló que el 18,1% de los chicos muestra evidentes síntomas de tristeza o ansiedad en su día a día. Este malestar emocional afecta principalmente a los adolescentes y empeora notablemente todas sus perspectivas a futuro. El impacto de las aulas vacías El sistema educativo exhibe desigualdades brutales dependiendo del estrato social y el lugar de residencia del alumno. 3 de cada 10 estudiantes asisten a escuelas que sufren un frecuente ausentismo docente o la constante suspensión de clases. Este problema crónico atenta contra las verdaderas posibilidades de igualdad y contención comunitaria. El impacto de estos días perdidos es verdaderamente devastador para el desarrollo de los menores. El informe determinó que un chico que sufre esta inestabilidad tiene más de cinco veces más probabilidades de no aprender correctamente. Las condiciones reales de enseñanza terminan siendo un factor determinante para el fracaso escolar. Esta enorme brecha educativa se ensancha drásticamente dependiendo del código postal donde habiten los estudiantes afectados. En el Conurbano bonaerense, la crisis de ausentismo castiga al 44% de los menores, la cifra más alta de la medición. Los sectores históricamente más desprotegidos siguen quedando sin herramientas claras para poder progresar. Tristeza y aislamiento social El bienestar emocional se convirtió en otra de las grandes víctimas de este complejo contexto socioeconómico actual. El anticipo del informe destaca que el 27,3% de los chicos tiene muy pocos amigos o enfrenta serias dificultades para hacerlos. Esto deriva en un aislamiento social que se agrava fuertemente con el paso del tiempo. Esta dolorosa falta de vínculos de pertenencia golpea con especial dureza a quienes habitan en los estratos más castigados. Las barreras económicas no solo limitan los bienes materiales, sino que destruyen la construcción de identidad juvenil. El profundo sentimiento de exclusión termina apagando las motivaciones naturales de miles de chicos. Finalmente, todos estos obstáculos emocionales y sociales terminan saboteando por completo el rendimiento escolar cotidiano. Los alumnos que tienen marcados problemas para socializar casi duplican sus probabilidades de atrasarse en el aula. Así, la tristeza, la falta de vínculos y la pobreza se combinan letalmente para cerrar las puertas al futuro. Perfil
Leandro Zdero, luego de encabezar en Juan José Castelli el operativo de asistencia integral junto a las distintas áreas del Gobierno, se trasladó en la noche de este lunes hasta la Villa turística, otra de las localidades afectadas por las lluvias. Allí, fue recibido por el intendente local, Omar Reis, con quien supervisó los trabajos que se vienen realizando y coordinó nuevas acciones para reforzar la asistencia.En este marco, Zdero remarcó la importancia de la presencia del Estado en momentos críticos: “Estamos donde tenemos que estar, al lado de cada familia afectada. Sabemos que la situación es difícil y por eso dispusimos un operativo integral para dar respuestas rápidas y concretas”. Asimismo, el gobernador aseguró que se continuará trabajando de manera articulada: “Todas las áreas del Gobierno están comprometidas en esta emergencia. Vamos a seguir reforzando la asistencia, con recursos y acompañamiento permanente hasta que cada vecino pueda recuperar la normalidad”. Por su parte, el intendente Omar Reis valoró el acompañamiento del Ejecutivo provincial: “Es fundamental contar con el respaldo del Gobierno en este momento. La presencia del gobernador y su equipo nos permite coordinar mejor las acciones y llegar con más ayuda a las familias que realmente lo necesitan”. En la misma línea, Reis destacó el trabajo conjunto: “Estamos trabajando de manera articulada para atender cada situación particular. Sabemos que hay mucho por hacer, pero con este acompañamiento podemos dar respuestas más rápidas y efectivas”. El Gobierno provincial continuará desplegando operativos en las zonas afectadas, con asistencia directa, relevamiento de daños y acciones coordinadas para mitigar el impacto de las lluvias en las comunidades más vulnerables. El trabajo integral es articulado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño en conjunto con todos los ministros, secretarios, subsecretarios y distintos organismos como APA, Vialidad Provincial, la subsecretaría de Protección Civil, Sameep y Secheep que también intervienen en las distintas localidades afectadas.
Hay dos empleados registrados activos por cada jubilado, cuando apenas tres equilibrarían el sistema. La inflación y los cambios en la “movilidad” pagan la diferencia. El mercado laboral mostró en 2025 un desplazamiento hacia formas de trabajo más precarias (monotributo), que contrastó con la recuperación del empleo asalariado tradicional registrado de 20 años antes, cuando tras la crisis del 2001 logró superar el pico previo de 1998 en aproximadamente 600 mil puestos de trabajo. El resultado previsional del cambio en la estructura productiva se advierte en un cuadro comparativo realizado por Focus Market, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, según el cual en 2005 el 82% de los trabajadores aportaban al sistema y, a fin del año pasado, lo hacía casi un 69%, mientras que entre monotributistas y autónomos el último dato da 28% contra 17% de aquel entonces. Siendo que un trabajador registrado contribuye con el 11% de la remuneración bruta que percibe y la patronal pone el 16%, la pérdida de 3 millones de empleos en blanco en 20 años significó una sangría neta en la recaudación para el Sistema Previsional Argentino, de ANSES, que los 5 millones de monotributistas y autónomos están muy lejos de compensar. El ejercicio efectuado por la consultora que dirige Damián Di Pacce, muestra que actualmente se necesitan 24 monotributistas para cubrir una jubilación mínima y sólo 2,3 asalariados para pagar también una. En cuanto a autónomos, la proporción da casi 5 por haber. El servicio doméstico es el más altamente subsidiado, ya que se necesitan 282 trabajadores para financiar 1 jubilación mínima más bono. Reestructuración del empleo La reconfiguración productiva se hace notar en los ingresos genuinos de SIPA, ya que los sueldos de los sectores registrados público y privado, que constituyen la base de donde salen los aportes, vienen retrocediendo en términos reales, según el economista cordobés Nadin Argañaraz, 16/22% desde 2017. En este último período se advierte mejor el comportamiento dispar de los indicadores de actividad económica a partir de la redistribución del ajuste, ya que entre 2023 y 2025 el PBI creció un 3%, concentrado casi exclusivamente en el sector agropecuario (impulsado por la recuperación tras la histórica sequía), con aportes más acotados de la minería y la intermediación financiera. Si se excluye al agro, el resto de la economía prácticamente no creció en relación con 2023. La incidencia que tuvo el retroceso en la industria, comercio y construcción, que devengan cerca del 45% del empleo privado formal, para el sostén genuino de las jubilaciones, contrasta con el alza que tuvieron en el mismo lapso el agro, minería e intermediación financiera, que apenas representan el 9%. La pérdida neta se agrava porque también estos sectores dinámicos registraron caídas en la cantidad de puestos de trabajo en los últimos dos años. La destrucción desde noviembre de 2023 alcanzó los 283 mil asalariados formales (206.000 en el sector privado y 77.000 en el público) con el cierre de 24.000 patronales con trabajadores registrados. Monotributistas Al haberse incrementado en aproximadamente 158.000 el padrón de monotributistas no sólo no se cubre el déficit de aportantes, sino que, en muchos casos, queda reflejado un proceso de creciente precarización laboral. La traducción previsional de esta reconfiguración es que el 40% de las casi 6 millones de jubilaciones son cubiertas con impuestos asignados específicamente al régimen y transferencias directas del Tesoro Nacional.IP Actualmente, hay dos trabajadores activos por jubilado, cuando debería haber tres para equilibrar el sistema. La diferencia se cubre con inflación y/o con reducción en términos reales de las jubilaciones, ya que la torta es más chica y el reparto es mayor.
Este martes 21 de abril, desde las 8.30, se llevará adelante “Re! Creativa”, una jornada de capacitación en el marco del Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. La cita será en Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear 90). Este primer encuentro fue denominado “Punto de partida” por los organizadores del evento y explicaron que se trata de “una oportunidad para conectar y construir nuestro ecosistema productivo a través de la creatividad y la innovación”. “Re! Creativa” es organizado en cogestión por el Gobierno del Chaco a través de su Secretaría de Coordinación de Gabinete, el Instituto de Cultura del Chaco (ICCH), el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Amazon Web Services, junto a la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura (FADyCC – UNNE). Cronograma de actividades Bloque 1: Creatividad e innovación en el sector público 8:30 – Acreditación. 9:00 – Apertura conceptual. Panel Conversación sobre la innovación en organismos públicos. 10:00 – AWS (Amazon) Cultura e Innovación. Lorena Zicker. 11:00 – Caso de articulación público + privada. CEFCA. 11:30 – ¿Y si el sistema no nos ve?, a cargo del Instituto de Cultura del Chaco. 12:00 – Cierre institucional. Bloque 2: Chaco Ecosistema Creativo 16:30 – Acreditación. 17:00 – Apertura Conceptual Bloque 2. 17:15 – Panel de casos. ICCTI. 18:00 – Innovación sin límites. Audacia que transforma. Federico Filip, referente nacional en Creatividad organizacional e innovación colaborativa. 20:00 – Cierre y re lanzamiento Tiendita Casa de las Culturas.
Miguel Romero, presidente del organismo, confirmó que desde el Ministerio de Desregulación piden una “nueva estructura“ y la ”desvinculación de 700 agentes“. Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron “despidos masivos”, luego de que el presidente del organismo Miguel Romero confirmara que, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger, solicitan “una nueva estructura” y la “desvinculación de más de 700 agentes”. Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo, durante este mediodía, con el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del INTI. “La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, manifestaron desde un comunicado. Por su parte, Romero manifestó que si esos despidos se concretan “no serán bajo su gestión”, ya que “ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar”: “El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir”, agregó. En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha para este martes 21, a partir de las 10, donde habrá una conferencia de prensa en al puerta del organismo, con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno Nacional “por la situación a la que los han llevado” y por las consecuencias que esto acarreará no sólo puertas adentro, sino también fuera del Instituto. NA
En comunicación con los estudios de CIUDAD TV, la psicopedagoga Marianela Amato, analizó el trasfondo emocional de las amenazas y conductas disruptivas que se multiplican en las escuelas por parte de adolescentes, hechos y situaciones que vienen generando preocupación y temor en toda la comunidad educativa. “Hoy, los chicos están más expuestos, más estimulados e hiperconectados. Y, también, más desbordados emocionalmente. Tienen poca tolerancia a la frustración y se ve claramente que hay una falta de límites”, sostuvo la profesional. Consideró que las conductas disruptivas o amenazas se interpretan como una forma de pedir límites “a gritos” y de llamar la atención bajo la premisa de “yo existo, mírenme”. Remarcó que el ámbito escolar es el lugar en donde los adolescentes suelen manifestar sus conflictos “porque ahí es donde se siente visto y escuchado, se siente alguien”. Aseguró que “están teniendo pocas herramientas para poder gestionar sus emociones, sus sentimientos; y están creciendo en un contexto hiperconectados, expuestos a un nivel constante, pendientes de likes en sus publicaciones en sus redes. La adolescencia siempre fue así, es una etapa en donde se procesan y se viven muchos duelos. La adolescencia duele. No hubo cambios, siempre existió la etapa de la adolescencia. En lo que hubo cambios es en el contexto”. Acentuó que si bien “hay más presencia afectiva de los padres”, no hay límites. “Los límites no se construyen en la adolescencia, se construyen desde la infancia, desde el momento en que yo le digo al niño de 2 o 3 años que a ese alfajor no lo va a comer antes del almuerzo. No se puede pretender poner límites en la adolescencia cuando yo no educo con el ejemplo porque más allá de lo que yo adulto/ referente le puedo decir a mi hijo es también como yo actúo. Si yo adulto/ referente cruzo el semáforo en rojo porque nadie me ve o habilito una cuenta de una red social o un carnet de conducir antes de los 18 años o soy cómplice de comprarles bebidas alcohólicas antes de los 18 años, hay un doble discurso”. “Tenemos que ser coherentes con los límites porque si no el niño internaliza y naturaliza que los límites son flexibles. Necesitan límites coherentes sostenidos y que estén presentes porque si no a ese límite lo busca afuera”, sostuvo. Amato analizó que estas amenazas “son una forma de llamar la atención y de decir ‘yo existo’”. Se refirió a la presencia efectiva y aseguró que aunque puede haber presencia física en el hogar y aunque se comparta el mismo espacio físico, “muchos chicos están totalmente solos, encerrados en la habitación sin ser vistos o escuchados. Justamente buscan un espacio para ser vistos y escuchados y, en este caso, lo hacen en la escuela o en otros lugares a través de agresiones que se dan en otros lados”. “Los chicos se aíslan mucho, es parte de la adolescencia; pero en ese aislamiento hay que acompañarlos, estar, escucharlos, mirarlos a los ojos. Hay que entenderlos y no juzgarlos. Hay que validar sus emociones por más que nosotros minimicemos lo que está pasando”. “Me parece importante una presencia donde haya límites con coherencia”, apuntó y recalcó que “los límites no se ponen en la adolescencia, empiezan desde la infancia. En la adolescencia nosotros cosechamos lo que sembramos en la infancia”. Consultada sobre las señales que reflejan que un adolescente necesita ayuda, Amato mencionó indicios que se extienden por al menos dos semanas y que pueden relacionarse a la pérdida de interés en alguna actividad o pasatiempo que le guste, el bajo rendimiento escolar, excusas para no ir a clase (dolores de cabeza o panza) y aislamiento persistente. Recomendó a los padres “buscar momentos de encuentro real, sin pantallas ni dispositivos”, en algún momento del día “y preguntarnos cómo nos fue, qué nos gustó, qué no. También como adultos contarles que no tuvimos un buen día en el trabajo, que somos vulnerables, pero mirándonos a los ojos sin que nadie interfiera, sin estar con el celular cuando nuestro hijo nos está contando algo”. “El niño no nace violento. Detrás de muchas conductas que nos están preocupando, hay un adolescente que está pidiendo ayuda y no sabe poner en palabras lo que le pasa. Entonces es muy bueno y muy saludable poder abrir estos canales de diálogo en la familia y en la escuela, pero todo viene de la familia”, manifestó.
La fuerte crisis que atraviesa el sistema de salud y asistencia a personas con discapacidad llegó a tribunales. Este lunes se presentó una denuncia penal contra el Presidente Javier Milei y varios de sus funcionarios por los recortes en pensiones y prestaciones vinculadas al área. Familiares de personas con discapacidad, organizaciones y prestadores los denunciaron a Milei por abandono de persona y abuso de autoridad. La causa fue radicada en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y cuenta con el patrocinio del abogado Javier Garín, quien representa a familiares de personas con discapacidad, organizaciones sociales y prestadores de servicios. Los denunciantes sostienen que el Gobierno incurrió en abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Según el escrito, desde el inicio de la gestión libertaria se desplegó un ajuste sistemático que impactó en pensiones, programas de salud y medicamentos. Los motivos de la denuncia Garín señaló que el recorte presupuestario aplicado desde diciembre de 2023 afectó directamente a miles de familias. Los recursos de la ex Andis fueron reducidos, lo que repercutió en el valor de las pensiones por invalidez y en la cobertura de tratamientos médicos. El abogado indicó que el ataque del Gobierno se apoya en una ideología que desprecia la justicia social y la igualdad, y que se tradujo en suspensión de beneficios, incumplimiento de fallos judiciales y veto a leyes de emergencia en discapacidad. En este contexto, el abogado asegura que las acciones constituyen, a juicio de los denunciantes, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En paralelo a los argumentos centrales de la denuncia, las organizaciones sociales señalaron que la crisis se agravó con deudas a prestadores, dificultades para sostener programas y la aparición de un lenguaje discriminatorio en nuevas normativas. Cabe recordar que el decreto 843/24 y la resolución 187 de enero de 2025 fijaron requisitos estigmatizantes para acreditar invalidez laboral, con expresiones como “idiota” o “débil mental”, disposiciones que fueron ampliamente cuestionadas por organismos internacionales. Impacto en la vida cotidiana La denuncia también describe un “agravamiento generalizado” por la falta de atención en salud y la baja de pensiones, que dejó a muchos beneficiarios sin cobertura durante meses. El plan Incluir Salud sufrió demoras en pagos y el sistema público se saturó por la migración forzada de pacientes que perdieron obra social. El ajuste también alcanzó al Plan Remediar y a programas de cardiopatías congénitas y oncopediatría, generando un escenario de vulnerabilidad extrema. Garín resumió la situación como un “genocidio por goteo”, al considerar que las políticas aplicadas ponen en riesgo la salud y la vida de las personas con discapacidad de manera deliberada. La causa judicial busca que se investigue la responsabilidad penal de los funcionarios y que se frene el ajuste en un sector que depende de la asistencia estatal para garantizar derechos básicos. Diario Hoy
El jefe de la División de Cibercrimen de la Policía del Chaco, Carlos Barreto, explicó cómo se investiga la circulación de amenazas en escuelas y advirtió que estos hechos pueden constituir delitos. Señaló que la policía trabaja con protocolos de intervención junto al sistema de emergencias y remarcó la importancia de que estudiantes y familias eviten viralizar mensajes intimidatorios en redes sociales. La División de Cibercrimen de la Policía del Chaco investiga los casos de amenazas que se registraron en establecimientos educativos y que circularon tanto en pintadas dentro de escuelas como en publicaciones difundidas en redes sociales. Carlos Barreto, jefe del área, explicó en comunicación con CIUDAD TV, que ante este tipo de situaciones se activa un protocolo de intervención que involucra a distintas áreas del sistema de seguridad. “Venimos trabajando de una manera coordinada y de forma profesional con el 911, con la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad, activándose un protocolo interno para la rápida intervención ante estos hechos”, señaló. Según detalló, las actuaciones se iniciaron tras detectarse amenazas escritas en establecimientos y también mensajes que se viralizaron en el ámbito digital. Barreto indicó que una de las tareas centrales es identificar los perfiles desde los cuales se difunden los mensajes. “Se resguardan los perfiles que están viralizando este tipo de información o broma como los chicos a veces la quieren llamar para tratar de evitar responsabilidades”, afirmó. En ese sentido, recordó que la legislación prevé consecuencias penales cuando estos hechos constituyen delitos. “Hoy, a partir de los 14 años, si cometen un delito, se van a llevar adelante las actuaciones judiciales que el caso amerite”, explicó sobre el nuevo régimen penal juvenil. El jefe de Cibercrimen señaló además que estas amenazas pueden encuadrarse en figuras penales vinculadas a la intimidación pública. “Va a ser penado conforme el artículo 211, que es llevar una intimidación a la ciudadanía causando un caos y también el peligro que puede tener este tipo de acciones”, indicó. Barreto sostuvo que situaciones similares se registraron en distintas partes del país y que la difusión en redes sociales contribuye a replicar estos mensajes. “Se dio en varias provincias y se va extendiendo esa viralización, en donde un perfil también puede replicar este tipo de información”, explicó. Aunque en algunos casos se mencionó la posibilidad de desafíos virales en plataformas digitales, aclaró que aún no se pudo confirmar esa hipótesis en Chaco. “Están identificadas varias cuentas de Instagram, pero no podemos determinar fehacientemente que sea un reto de TikTok”, señaló. Advertencia a estudiantes y familias El jefe de Cibercrimen remarcó que las investigaciones digitales permiten rastrear el origen de los mensajes, incluso cuando se intenta ocultar la identidad. “A los chicos hay que hacerles saber que se llega a los perfiles de donde provienen los mensajes, que no crean que porque ocultan o utilizan medios para no dejar rastros digitales no se puede llegar a obtener esa información”, afirmó. “Lo que queremos hacer llegar constantemente a los padres y a los alumnos es la importancia de no reenviar mensajes intimidatorios o amenazantes. Hay que hacer concientización”, sostuvo. Trabajo preventivo en escuelas Barreto explicó además que el departamento de Cibercrimen desarrolla actividades de prevención en establecimientos educativos para informar sobre el uso responsable de la tecnología y los riesgos de ciertas plataformas. “El departamento llega a cada escuela y venimos anticipando desde hace años el tema del uso de celulares en los menores, las aplicaciones y las redes sociales”, indicó. “Hay aplicaciones donde los chicos corren un alto riesgo, no solo de viralización sino de que alguien los incite a hacer cyberbullying, que también puede terminar en un delito grave”, explicó. Barreto consideró que el control del uso de dispositivos móviles debe involucrar a las familias y pidió mayor acompañamiento de los adultos. “Hay que trabajar inmediatamente con los padres. Los padres tienen que ser notificados de las acciones que realizan sus hijos”, señaló. Entre las recomendaciones, mencionó la necesidad de conocer qué aplicaciones utilizan los adolescentes y qué tipo de contenidos consumen. “Hay que ver qué consume el chico dentro del dispositivo móvil, saber cada aplicación y si es adecuada”, indicó. También advirtió sobre la existencia de canales donde circula información utilizada para hostigar a otras personas o incluso para la distribución de material ilegal. “Hay mucho tráfico de datos indebidos que se utilizan para atacar a una persona en anonimato a través de esos canales”, concluyó.
Un informe del JP Morgan reveló detalles sobre la situación de la cartera total de crédito de Mercado Libre. El nivel de morosidad en los préstamos de la aplicación Mercado Pago saltó a casi el 9% durante 2025, en línea con otras entidades financieras del país. Sin embargo, los impagos de los usuarios argentinos se mantienen por debajo de los ratios brasileños. Los datos se desprenden de un reciente informe elaborado por el banco estadounidense JP Morgan, donde se revelaron detalles sobre la actual situación de la cartera de crédito de la multinacional de origen argentino Mercado Libre (MELI). En un contexto donde la morosidad crece entre los argentinos, y entre las familias cuadruplica el nivel de 2024, los impagos a 90 días treparon desde un 1,8% a diciembre de 2024 al 8,7% en diciembre del año pasado. Por su parte, en Brasil la mora cayó del 15,9% al 11% en el mismo período. Asimismo, vale destacar que el banco norteamericano registró una desaceleración en el crecimiento de la cartera crediticia de la empresa en mayo de 2025. “Esto hace que, naturalmente, la morosidad ocupe una mayor parte de la cartera”, aclara el informe. La Argentina representa el 12% de los créditos totales de Mercado Libre Asimismo, la Argentina representa el 12% de los créditos totales de MELI con u$s1.100 millones. En México el volumen asciende a unos u$s3.600 millones y en Brasil a u$s7.900 millones. En el país, las líneas de crédito suman unos 6,3 millones de usuarios con 21 millones de préstamos, lo que implica el 14% de la población total. En total, promedian unos 3,3 préstamos por cliente, cuando en diciembre de 2024 eran 3,0 por cada uno. En el desglose, 205.000 corresponden a pymes (eran 104.000 en 2024) y el resto a personas físicas. A su vez, JP Morgan remarcó que la Argentina registró fuertes aumentos de las tasas de interés en el cuarto trimestre de 2025, al contrario de Brasil o México. Ámbito
El ajuste se ve en números concretos. En el noreste argentino las tarifas eléctricas escalaron hasta un 2.374% desde noviembre de 2023. En Formosa, los usuarios de ingresos bajos pasaron de pagar $2.976 a $73.625. Los de ingresos medios, de $3.752 a ese mismo valor. Los sectores de mayores ingresos, en cambio, subieron 226%, partiendo de $22.571. El NEA no sólo tiene los aumentos más altos del país. También concentra una de las claves del nuevo esquema tarifario. Las subas en gas y electricidad superaron el 2000%. La reducción del bloque subsidiado disparó la inflación regional al 4,1%. La modificación central no fue sólo la quita de subsidios. Fue el rediseño del bloque de consumo subsidiado, que en estas provincias es determinante por razones climáticas. Hasta el verano, el Gobierno había reconocido esa particularidad. En zonas “muy cálidas” del NEA, el bloque subsidiado se había elevado a 550 kWh mensuales para cubrir el mayor uso de aire acondicionado y ventiladores . Era un reconocimiento explícito: en el Norte, la electricidad no es un consumo discrecional. Pero ese esquema duró poco. Con la implementación del nuevo régimen de subsidios, ese bloque se redujo drásticamente. En los meses siguientes, el tope subsidiado cayó a apenas 150 kWh mensuales . Todo consumo por encima de ese nivel pasa a pagarse a tarifa plena. Ahí está el punto crítico. El consumo promedio de un hogar en el NEA supera ampliamente ese umbral en meses de calor. Es decir, la mayor parte del consumo queda fuera del subsidio. El esquema no elimina el beneficio pero lo vuelve una asistencia marginal. El efecto sobre la factura es implacable. El usuario subsidiado deja de estar protegido en la mayor parte de su consumo. Y en provincias donde las temperaturas obligan a consumir más energía, eso se traduce en un salto automático del gasto. El tarifazo en el NEA acumula casi un 3000% y empuja la inflación mas alta del paísA esto se suma el componente mayorista. El precio de la potencia subió 9.906% y el costo del transporte eléctrico más de 6.800% . Son aumentos que explican por qué, aun con subsidio parcial, la factura final se dispara. El problema es que el NEA parte de una situación estructural más frágil. Son provincias con menores ingresos promedio y, además, con baja cobertura de gas por red. Por eso, la electricidad no sólo se usa para refrigerar, sino también para cocinar o calefaccionar en algunos casos. Ahí aparece el segundo impacto. La actualización del precio de la garrafa, oficializada en el Boletín Oficial este lunes, pega sobre los mismos hogares que ya enfrentan tarifas eléctricas más altas. En el Norte, donde el gas natural no llega, la energía se paga dos veces. El resultado ya se refleja en los indicadores. El NEA lidera la inflación del país con un 4,1%, un 20,6% arriba que el promedio nacional. La suba de la energía se traslada a alimentos, servicios y comercio. Es un efecto cascada que empieza en la factura y termina en la góndola. En las provincias, el margen de respuesta es limitado. En Formosa, el gobierno sostiene subsidios sobre el Valor Agregado de Distribución para amortiguar el impacto. Pero los componentes principales, generación, potencia y transporte, dependen de Nación. La Política Online
Tras una rápida investigación tecnológica, el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco logró identificar a uno de los presuntos responsable de la difusión de mensajes amenazantes sobre ataque en el establecimiento educativo “Roberto Muller”. En el procedimiento se incautó el dispositivo móvil vinculado a la maniobra y se dio intervención a las áreas de Niñez y Familia. La investigación se inició el 18 de abril, a partir de la denuncia de una docente que alertó sobre la circulación de capturas de pantalla de WhatsApp e Instagram con mensajes de amenaza. En dichas publicaciones se advertía sobre el uso de armas de fuego y armas blancas en la E.E.S. N° 66, acompañadas de imágenes. Investigación digital y seguimiento Ante la situación, efectivos de la División Cibercrimen intervinieron y realizaron un análisis de fuentes abiertas y perfiles en redes sociales, logrando rastrear el usuario de Instagram denunciado. Las tareas investigativas permitieron localizar un domicilio en el barrio La Rubita, donde reside un menor de 13 años presuntamente vinculado a la creación y difusión del contenido. Secuestro y medidas judiciales Por orden del Equipo Fiscal N° 03, se realizó un procedimiento en el domicilio señalado, donde los efectivos procedieron al secuestro formal de un teléfono celular Samsung A13, el cual será sometido a peritajes técnicos bajo estricta cadena de custodia. Asimismo, se notificó de las actuaciones en la causa por supuesta intimidación pública (amenazas en establecimientos educativos) a la progenitora del menor involucrado y se dio intervención inmediata a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia (Línea 102) para el abordaje integral del caso. La Policía del Chaco recuerda a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes y padres, que la difusión de amenazas o falsas alarmas que alteren la tranquilidad pública no constituye una broma, sino que está tipificada como el delito de intimidación pública. Este tipo de acciones moviliza recursos de seguridad y puede acarrear graves consecuencias judiciales para los responsables y sus tutores.