El gerente de Ciberfraudes del Nuevo Banco del Chaco, Julio López, advirtió que los fines de semana largos suelen ser aprovechados por estafadores para realizar llamadas fraudulentas y difundir publicidades engañosas en redes sociales. Recomendó no responder llamadas sospechosas ni ingresar a promociones que pidan datos personales, y señaló que gran parte de los fraudes afecta a personas mayores de 60 años. El gerente de Ciberfraudes del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), Julio López, alertó sobre el incremento de intentos de estafa durante los fines de semana largos y pidió a la población mantenerse atenta ante llamados telefónicos y promociones sospechosas en redes sociales. “Estamos totalmente seguros que este fin de semana muchos atacantes y estafadores van a estar llamando gente. Es un fin de semana totalmente propicio para que los estafadores llamen”, señaló en diálogo con CIUDAD TV. Según explicó, durante estos días suelen registrarse comunicaciones que simulan provenir de organismos oficiales o empresas para obtener datos personales. “Se van a dar llamados que son fraudulentos y cómo los identificamos, es muy fácil: son llamados que no ocurren, que justo en este fin de semana largo empiezan a ocurrir”, indicó. Como ejemplo, mencionó comunicaciones en las que “llaman y dicen que son del Ministerio de Salud o que son oficiales de seguridad de una tarjeta porque detectaron una compra”. Ante ese tipo de situaciones, recomendó cortar la comunicación. “Tenemos que estar preparados este fin de semana para recibir llamados de gente que nos quiere estafar. Son llamadas totalmente inusuales, tiene que colgar el teléfono y no volver a atender la llamada”, remarcó. López explicó que los fines de semana largos son aprovechados por los delincuentes debido a que muchas oficinas no atienden al público. “Al no estar, en el caso de los bancos, las sucursales abiertas, aprovechan eso. Si bien hay un canal de fraude 24 horas disponible, al ser fin de semana largo saben que las cosas se mueven más lentas, no hay oficina dónde ir”, afirmó. Otra modalidad señalada por el especialista es la difusión de anuncios en redes sociales que prometen descuentos y beneficios para obtener datos personales. “También en las redes sociales nos vamos a encontrar con un montón de publicidad puesta ahí para estafar”, advirtió. Según explicó, estas publicaciones suelen estar dirigidas a determinados perfiles de usuarios, especialmente personas mayores. “Hay que parar la oreja la gente que tiene más de 60 años, porque el 50% del fraude ocurre en esa franja etaria”, sostuvo. “Son estafas en las cuales vos ves descuentos que son específicos para tu edad. Por ejemplo, 30% de descuento en servicios de electricidad o de agua, 30% de descuento en YPF, 30% de descuento en Flow, por jubilado”, explicó. De acuerdo con López, el objetivo de estas publicidades es que la persona ingrese a un enlace y complete sus datos personales. “Cuando vos ves esa publicidad que solo la ves vos por tus características de dónde vivís y qué edad tenés, cliqueas ahí, llenás tus datos y atrás te llama el estafador”, indicó. En ese momento comienza la comunicación directa con quien intenta cometer el fraude. “El cliquear es como abrirle la puerta al estafador”, explicó. Según detalló, los delincuentes utilizan estrategias de persuasión para convencer a las víctimas. “El tipo te llama y te va a convencer a vos de que hagas créditos o que transfieras dinero. Te envuelven psicológicamente”, afirmó. Recomendaciones para evitar fraudes Ante estas situaciones, López recomendó no ingresar a los enlaces que aparecen en redes sociales y verificar la información a través de los canales oficiales de las empresas. “Si ves una publicidad que es demasiado atractiva y que específicamente habla de descuentos por tu edad o por tu condición de jubilado, no cliques”, señaló. Como alternativa, sugirió anotar la promoción y consultar directamente con la empresa correspondiente. “Tomá un papel, anotá lo que dice la publicidad y después agarrá tu factura, buscá el teléfono que figura ahí y llamá a ese número para preguntar”, explicó. También indicó que otra opción es realizar la consulta cuando se retome la atención habitual. “O te lo anotás y cuando empieza el primer día hábil vas y preguntás, pero no cliqueas y no completás tus datos”, concluyó.
Autor: Redacción General
Los productos que son derivados del petróleo y los que cuentan con una alta incidencia de los fletes en su precio son los más afectados. Las cámaras del sector reclaman medidas para impulsar el consumo y aliviar la carga impositiva. El recalentamiento en las listas de precios ya se hizo sentir en algunos supermercados y comercios mayoristas. Impulsados por el incremento en los costos que generó el salto del 20% de los combustibles en Argentina desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, algunos productos ya recibieron remarcaciones en sus precios que llegaron a los dos dígitos, aunque no en todos los canales. Es en este contexto que las Cámaras empresarias le piden al Gobierno Nacional que impulse algún tipo de alivio al sector. El vicepresidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), Armando Farina, explicó a Ámbito que “los productos que más se ven afectados por el aumento del combustible son todos los que tienen una fuerte incidencia de logística y tienen abastecimiento diario, como panificados, lácteos y carnes”. También mencionó que “todo lo que sea derivado del petróleo está sufriendo fuertes aumentos”, entre los que destacó los insecticidas y detergentes líquidos. Desde CADAM recibieron nuevas listas de precios que “ya entran en vigencia plena” a partir de este mes y que incluyen los siguientes incrementos: Artículo de limpieza y pomadas marca Wassinton: 8%-12%Artículos de limpieza marca Queruclor: 2%-2,5%Jabones marca Spa: 4%Jabones marca Guma: 6%Alcohol etílico marca Rimar: 9%Velas marca Luján: 9%Galletitas marca Mauri: 4%Quesos marca Vaquero: 8%-9%Lácteos de Mastellone: 3%Panificados marca Noly: 3%Salchichas Tres Arroyos: 7%Yerba Playadito: 2,7%Yerba Las Marías: 7%-9%Té y mate cocido: 7%Lácteos marca Molfino: 4,5%-5,5%Mayonesa Natura: 7%Otros aderezos: 8%Harina y pan rallado marca Morixe: 2,5%-6,5%Fernet Branca: 7,5%Golosinas de Georgalos: 7%Productos de Danone: 6,5%Productos de Hileret: 9% Impactos disímiles entre los supermercados Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Víctor Palpacelli, mencionó a este medio que “el incremento del combustible es mencionado por proveedores, pero por ahora no se traduce en aumentos significativamente superiores a lo habitual”, los cuáles se ajustan “principalmente en línea con la inflación mensual, con subas regulares y previsibles”. Mencionó que “solo en casos puntuales podría haber variaciones más altas, sin que se observe un impacto generalizado, sobre todo en los derivados del petróleo”. Por ejemplo, comentó que las bolsas de plástico “registraron un aumento considerable del 20%, posiblemente más vinculado a costos específicos como insumos plásticos y logística”. De todas maneras, no descarta que “en los próximos 10 días” puedan haber nuevos aumentos, sobre todo en productos vinculados a las materias primas del agro, como los aceites y las harinas. Sin embargo, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) afirmaron a este medio de que no tienen información de la incidencia que pudo haber tenido el aumento de los combustibles sobre sus productos. De manera similar, una importante cadena de supermercados sostuvo que no registró un impacto en los precios de sus góndolas por ese tema. La contracción del consumo y la necesidad de medidas Palpacelli afirmó a este medio que los supermercados que engloba su cámara están “aplicando estrategias comerciales, como postergar subas y luego acumularlas, o incluso ubicarse levemente por debajo de la inflación en determinados meses”. Reconoció que es una “gimnasia” que “se ha profundizado en estos últimos tiempos, producto de que el escenario no da para más” por la “falta de recuperación del consumo”. Y ahondó: “Si le agregas más aumentos a esta situación, al no haberse recuperado el poder adquisitivo, profundizas más la contracción”. Subrayó la necesidad de que el Gobierno impulse “medidas que apunten a incentivar el consumo”, entre las que mencionó “las promociones bancarias, que prácticamente han desaparecido”. También enfatizó sobre la urgencia de “bajar la presión fiscal”, ya que afirmó que “prácticamente el 50% de los precios en las góndolas están conformados por impuestos nacionales, municipales y provinciales”. Consultado sobre si mantienen diálogo con el Poder Ejecutivo por esta problemática, afirmó que “las preocupaciones están manifestadas desde todas las cámaras, pero evidentemente aún no hay respuestas fehacientes”. Este martes, el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez, mantuvo una reunión con el ministro de economía, Luis Caputo, y el secretario de Comercio e Industria, Pablo Lavinge. En un comunicado publicado tras el encuentro, calificó la reunión de “excelente” y destacó la “enorme receptividad de los funcionarios”. Comentó que “se hizo especial foco en el impacto que genera en los precios que pagan los consumidores las descabelladas tasas municipales”, aunque no hubo mención sobre la posibilidad de algún tipo de iniciativa para motorizar el consumo interno. Ámbito
La médica psiquiatra Laura Zeniquel, jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando, se refirió a la importancia de hablar sobre salud mental y detectar tempranamente cambios de conducta en niños y adolescentes. En diálogo con CIUDAD TV, señaló que docentes y familias cumplen un rol clave para advertir situaciones de ansiedad, depresión o bullying, y remarcó que también es necesario abordar la situación de quienes ejercen acoso. “La salud mental y las situaciones de salud mental nos atraviesan a todos. Es importante que la comunidad pueda hablar más de salud mental, de prevenir”, afirmó la profesional. En ese sentido, señaló que uno de los aspectos centrales es la detección temprana de cambios en la conducta. “Ante cualquier alteración de alguna conducta, si la persona, el chico o el adolescente tiene algún cambio en su conducta, es importante que se pueda detectar a tiempo, que los padres y maestros puedan detectarlo y consultar”, explicó. Señales de alerta en niños y adolescentes Zeniquel indicó que en la infancia y la adolescencia pueden aparecer problemas vinculados a la ansiedad, la depresión o alteraciones del estado de ánimo que muchas veces no son diagnosticados en el momento adecuado. “Los chicos tienen problemas de ansiedad y depresión, de estado de ánimo, pero en un niño no lo diagnostican a tiempo”, sostuvo. Entre las señales que pueden requerir atención, mencionó el aislamiento o la angustia persistente. “Siempre que hay algún cambio en el estado de ánimo del chico, que está angustiado, que se aísla, es importante ver cómo sociabiliza con sus compañeros, si está viviendo una situación de bullying”, explicó. El rol de docentes y familias La especialista remarcó que docentes y adultos que conviven con los niños cumplen un rol clave en la detección de estas situaciones, debido al tiempo que comparten con ellos en distintos ámbitos. “Hay que tener mucha atención, sobre todo los docentes que están más en contacto en el momento que están en el colegio”, afirmó. También señaló que el fenómeno del bullying se ha transformado con el uso de las redes sociales. “A diferencia de tiempos anteriores, cuando el bullying solamente estaba en el colegio, ahora es también por las redes”, advirtió. En ese contexto, planteó que la intervención no debe centrarse únicamente en quien sufre el acoso. “Es importante trabajar también con el que hace bullying, es el que tiene el problema”, expresó. Zeniquel vinculó estas problemáticas con cambios en la dinámica familiar y con la reducción de espacios de diálogo. “Lo importante es el núcleo familiar, que es lo que se va perdiendo. Ahora ya las familias no comparten momentos donde puedan hablar o son familias muy disfuncionales”, señaló. Por ello, insistió en la necesidad de generar instancias de conversación cotidiana. “Es importante que los padres pregunten cómo se sienten, hablar con ellos, ver cómo se relacionan con sus pares, con sus amigos”, afirmó. Zeniquel también se refirió a la ideación suicida en adolescentes y destacó que requiere una evaluación profesional para determinar su origen. “La ideación suicida es patológica, hay que diagnosticar a qué se debe en ese momento: si es una depresión aguda, si es algo situacional que esté transcurriendo el adolescente o si es una depresión crónica no tratada”, explicó. Según indicó, la detección puede realizarse desde distintos ámbitos. “Eso lo tiene que diagnosticar el personal de salud mental, pero lo pueden identificar los docentes o un médico, y derivarlo a la atención en salud mental”, concluyó. Dónde acudir para recibir atención La jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando indicó que existen distintos dispositivos en el sistema público para atender problemáticas vinculadas a la salud mental. “Hay muchos centros de salud que cuentan con psicólogos, hay muy pocos que cuentan con psiquiatras”, explicó. Entre los espacios de atención mencionó dispositivos de la Dirección de Salud Mental vinculados a la problemática de adicciones, el área de salud mental del Hospital Pediátrico, el Servicio de Adolescencia y el Servicio de Salud Mental del Hospital Perrando. También señaló que en centros de salud barriales trabajan psicólogos y trabajadores sociales.
La resolución dejó en pausa la aplicación de ese punto de la norma para los docentes de todo el país y volvió a poner en discusión los límites del Gobierno de Milei para avanzar sobre medidas de fuerza en el sector. La Justicia resolvió suspender la aplicación de la reforma laboral en lo referido a la actividad docente, luego de una presentación realizada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), el gremio que conduce Sergio Romero. De esta manera, quedó en pausa la declaración de la educación como servicio esencial, uno de los puntos incluidos en la normativa. La resolución tiene alcance sobre los docentes de todo el país y frena, de manera provisoria, la aplicación de la Ley 27.802 en aquellos aspectos vinculados con la limitación del ejercicio de derechos sindicales bajo esa figura. Desde UDA señalaron que el planteo judicial apuntó a cuestionar una reforma que, según el gremio, avanza sobre garantías constitucionales de los trabajadores de la educación. Tras conocerse la decisión, Romero sostuvo que la discusión de fondo no debería centrarse en restringir medidas de fuerza, sino en mejorar las condiciones en las que se desarrolla la tarea docente. En esa línea, el dirigente remarcó que la prioridad tendría que pasar por asegurar salarios acordes y condiciones adecuadas para el proceso de enseñanza, en lugar de avanzar sobre herramientas gremiales que, según planteó, buscan defender justamente esos derechos. El fallo se conoce pocos días después de otra resolución de la Justicia laboral, que suspendió de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, a partir de una medida cautelar presentada por la CGT. Ámbito
La Universidad Nacional del Chaco Austral informó que, en el marco de su compromiso con la excelencia académica y la vinculación con referentes destacados del ámbito profesional, se realizará la entrega del título Doctor Honoris Causa al reconocido abogado Fernando Burlando y al Doctor Martín Leguizamón. El acto se llevará a cabo el jueves 9 de abril en el Salón de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, y contará además con la participación de ambos profesionales en conferencias abiertas a la comunidad. Luego de la entrega de la distinción, brindarán la conferencia magistral, En este sentido, el Dr. Martín Leguizamón se referirá a “Dos décadas de pasión, logros históricos y aprendizaje”. Por su parte, el Dr. Fernando Burlando brindará segunda conferencia titulada “Derecho, justicia y pasión”. El título de Doctor Honoris Causa es la máxima distinción que otorgan las universidades a personalidades que se han destacado por su trayectoria, su aporte a la sociedad y su compromiso con valores que promueven el desarrollo, la justicia y el conocimiento. En cuanto a los homenajeados, Fernando Burlando cuenta con una extensa trayectoria en el derecho penal, habiendo intervenido en algunas de las causas judiciales más relevantes y mediáticas del país, representando a víctimas y querellas en casos de alto impacto social. Su labor profesional lo ha posicionado como una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico argentino, participando además en espacios de debate público vinculados a la justicia, la seguridad y los derechos ciudadanos. Por su parte, el Dr. Martín Leguizamón posee una sólida trayectoria académica y profesional. Manejando una especialidad que él mismo inició, allá por 2006: los juicios contra los buscadores de Internet y ostenta un récord mundial: ganarle más de 100 juicios a Google. Además posee una destacada labor en el ámbito del derecho, participando en instancias de formación, investigación y gestión, y contribuyendo al desarrollo de nuevas miradas dentro del campo jurídico. Asimismo, ha sido reconocido por su compromiso con la educación superior y la formación de recursos humanos. Cabe recordar que la UNCAus ha otorgado este reconocimiento en anteriores oportunidades a figuras de relevancia nacional, reafirmando su rol como institución comprometida con la formación integral y el pensamiento crítico Desde la universidad se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada, que representa un espacio de reflexión, intercambio y reconocimiento a trayectorias que contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático y jurídico del país.
Carlos Barreto, jefe de la División de Cibercrimen de la Policía del Chaco, explicó en Radio Libertad el impacto de la falta de licencia del sistema UFED y cómo afecta a las pericias sobre celulares en causas judiciales. “Desde fin de año no se pueden analizar celulares”, admitió. La investigación penal en Chaco atraviesa un momento delicado. La imposibilidad de realizar peritajes sobre teléfonos celulares – una de las pruebas más determinantes en la actualidad – encendió las alarmas en el sistema judicial. Desde la propia Policía, el jefe de la División de Cibercrimen, Carlos Barreto, confirmó que la situación responde a la caída de la licencia de un software clave, cuyo costo y proceso administrativo frenaron su renovación. “Hoy estamos hablando de una renovación anual de aproximadamente 265 millones de pesos”, detalló, al explicar por qué el sistema aún no volvió a estar operativo. Qué está pasando con las pericias digitales en Chaco El problema gira en torno al software UFED (Universal Forensic Extraction Device), una herramienta fundamental para extraer información de celulares sin alterar la evidencia. Sin esta tecnología, la Policía no puede acceder de manera legal y segura a datos como mensajes de WhatsApp, fotos, llamadas o ubicaciones, elementos que suelen ser centrales en causas por robos, estafas o delitos complejos. Barreto confirmó que la licencia se venció a fines de 2025 y desde entonces las tareas se vieron limitadas: “Desde fin de año no se están llevando adelante estos peritajes por este inconveniente”. Esto implica que todas las extracciones forenses deben ser derivadas al Gabinete Científico del Poder Judicial o incluso a otras provincias y fuerzas federales, lo que impacta directamente en los tiempos de las investigaciones. Demoras, costos y burocracia Según explicó el funcionario, el problema no es simplemente una falta de gestión, sino una combinación de factores: aumento de costos, procesos administrativos y búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas. “El precio subió cerca de un 40% respecto a años anteriores”, indicó Barreto, y agregó que actualmente se evalúan otras licencias dentro de un proceso de licitación. Además, aclaró que este tipo de herramientas dependen de empresas extranjeras, lo que las vuelve sensibles a variaciones del dólar y complica aún más su adquisición. Impacto directo en causas judiciales La falta de peritajes no es un detalle menor. En plena era digital, la evidencia electrónica se convirtió en el eje de la mayoría de las investigaciones.”Hoy creo que todo pasa por la evidencia digital” , sostuvo Barreto, al remarcar que incluso en delitos comunes como robos, lo primero que se busca es una cámara o un celular que permita reconstruir los hechos. La ausencia de estas herramientas puede provocar demoras en las causas, riesgo de pérdida de pruebas clave y dificultades para sostener acusaciones en juicio. El aumento de delitos y la presión sobre el sistema El contexto agrava aún más el escenario. Desde la División de Cibercrimen advierten un crecimiento sostenido de delitos digitales como estafas, hackeos y ciberbullying. “El cúmulo de casos es muy grande”, reconoció Barreto, quien además destacó que el área trabaja en horario extendido para asistir a víctimas que buscan recuperar cuentas o evitar fraudes. En ese sentido, insistió en la prevención como herramienta clave: “Nadie le va a pedir datos personales. No existen regalos ni descuentos milagrosos”. ¿Cuándo se normaliza la situación? Aunque no hay una fecha concreta, desde la Policía aseguran que la solución “está al caer”, ya que el proceso de licitación se encuentra avanzado e incluiría incluso nuevas herramientas tecnológicas. Mientras tanto, el sistema judicial deberá seguir dependiendo de otros organismos para avanzar en pericias que hoy son fundamentales. Libertad Digital
El Parlamento chaqueño llevó a cabo la sesión especial convocada para interpelar al ministro de la Producción, Oscar Dudik, en el marco del artículo 166 del reglamento interno, a solicitud de la oposición política que busca explicaciones por las modificaciones en el Fondo Estímulo Productivo (FEP), el bloqueo de los pagos durante el mes de enero y presuntas “medidas coercitivas” contra los trabajadores del área que conduce. Dudik se presentó acompañado del subsecretario de Coordinación de Gabinete de la cartera productiva, Orlando Morán; el subsecretario de Agricultura, Julio Fantin; de Desarrollo Forestal, Oscar Navarro. También, la subsecretaria de Ordenamiento Territorial, Alicia Ogara; el subsecretario de Industria, Patricio Amarilla; el subsecretario de Emprendedurismo Urbano y Rural, Federico Gudiño; el subsecretario de Medio Ambiente, Mariano Moro; el director de Bosques, Gustavo García, y la Dra. Carla Zimmermann, asesora de Gabinete del Ministerio de la Producción. La interpelación avanzó con marcadas interrupciones y fuertes cuestionamientos desde las bancas de la oposición, pero no prosperó y se quedó sin quórum en horas de la siesta de este miércoles, cuando legisladores del oficialismo dejaron sus bancas. Fue Carmen Delgado quien tomó la posta y dejó sentada la postura de sus pares de bloque: “Nosotros no dejamos sin quórum, sienten los 16 (legisladores) y van a tener quórum conmigo”, vociferó la presidente de la Cámara de Diputados. “Ustedes pidieron la interpelación, nosotros no necesitamos interpelar a nuestros ministros. Sienten los 16 y conmigo van a tener quórum”, recalcó Delgado, previo a llamar con timbre a diputados que den quórum y dar por finalizada la interpelación. Dudik: “Nunca se interrumpió el pago del FEP” “Vengo aquí porque tengo instrucciones precisas de nuestro Gobernador, como seguramente las recibe cada uno de los funcionarios y responsables de entes y empresas descentralizadas del estado, a ponernos siempre a disposición de esta Cámara de Diputados, de cada uno de los ciudadanos de la provincia del Chaco, para brindar todo tipo de informe de nuestra gestión”, afirmó el funcionario al inicio de la alocución que dirigió principalmente a los empleados del Ministerio. Dejó por escrito un informe “con muchos componentes jurídicos, contables y con mucho tecnicismo”. “Para nada va a clarificar o va a poner blanco sobre negro en cuanto a este tema que nos convoca y tiene que ver con el Fondo Estímulo Productivo que, indudablemente, preocupa a los empleados de nuestro Ministerio y obviamente a nosotros. En honor a esa sinceridad quiero hacer dos o tres consideraciones”, sostuvo. “De ninguna manera nosotros estamos en contra del Fondo Estímulo Productivo, es una ley que estamos dispuestos a cumplirla”, aseguró el funcionario. Por fuera de los componentes jurídicos y contables, “que deberá resolver la Justicia”, el Ministro brindó explicaciones sobre la medida tomada en relación al FEP. “El empleado del Ministerio de la Producción recibe un salario más un fondo estímulo productivo”, apuntó y explicó que el FEP “es una asignación especial móvil y variable que se conforma con el 80% de lo recaudado- hasta noviembre- por el Ministerio de la Producción”, proveniente de habilitaciones, multas por deforestación, permisos forestales, inspecciones y el convenio de corresponsabilidad gremial. Dijo que hasta diciembre esa recaudación superaba los mil millones de pesos. “Hasta noviembre, el empleado recibía como FEP $1.530.288”, sumado a un salario en el orden del millón de pesos. “En la suma, el empleado recibe $2.530.228”, apuntó. La decisión de la quita del FEP vino de la mano de advertencias que recibió del Ministerio de Economía. “Solicité en función de eso informes a Economía y se determinó que hay conceptos que se utilizaban y que son mal interpretados en cuanto a la ley y que no correspondían como el caso de los bosques que son fondos específicos, intangibles, y los del convenio de corresponsabilidad gremial. Los fondos de Bosques no los puedo tocar para el incentivo, utilizar. Y en el caso del convenio de corresponsabilidad gremial es aún más grave porque todo lo que se recauda por ese ítem que pagan los productores, el 100% va al ARCA, a Nación”, explicó. Esto derivó en una resolución que se pone en vigencia a partir de enero, “totalmente de acuerdo a las recomendaciones que me hicieron a través de los distintos dictámenes. Eso fue judicializado y por eso es todo este conflicto que estamos teniendo con respecto a la interpretación del Fondo Estímulo”, afirmó. Recordó que el FEP se creó por decreto y se sancionó como ley en 2015, 2.398-I (antes 7.709). “El objeto de este Fondo es beneficiar al empleado por productividad”, sostuvo y dio lectura a la normativa completa, incluido la base primaria del cálculo de ese fondo que “no prevé monto fijo, ni piso mínimo ni máximo”. “No es salario, es incentivo”, acentuó y reiteró que “los conceptos recaudados deben ser del Ministerio de la Producción únicamente”. De ahí que se sostiene que no pueden utilizarse los recursos en concepto de corresponsabilidad gremial que pertenecen a Nación o los de Bosques que son intangibles. “Nunca se interrumpió el pago del FEP”, aclaró y repasó que Hacienda dictaminó en octubre del año pasado, junto con otras ´áreas como Asesoría General de Gobierno, ATP y Fiscalía de Estado “demostrando que la liquidación deberá modificarse y adecuarse a los conceptos establecidos en la ley por lo que en enero se liquidó ese incentivo en base a esos dictámenes, “lo mismo en febrero y en marzo”. “No es que no se pagó, se está pagando lo que corresponde”, aseguró el funcionario. Posteriormente, desplegó una disertación en base a cada una de las consignas que fueron solicitadas por la bancada de la oposición. Detalles técnicos e interrupción de la interpalación En detalle, Dudik avanzó en brindar respuestas a cada una de las preguntas y comenzó con la explicación técnica sobre los alcances de este Fondo Estímulo Productivo. Con una serie de marcadas interrupciones, la interpelación transcurrió en base a lecturas del Ministro sobre cómo fue evolucionando la normativa vinculada al FEP. La segunda respuesta a la que dio lectura Dudik fue en razón de los detalles solicitados detalle sobre
En el marco del plan de Recambio Tecnológico, Nuevo Banco del Chaco realizará obras de refacción y recambio de los cajeros de depósitos en Casa Central. Desde el jueves 2 de abril hasta el lunes 6 de abril, los cajeros de depósito sobre la calle Güemes 102 no estarán disponibles para realizar operaciones y dejarán de funcionar por recambio e instalación de nuevos. Asimismo, estarán disponibles los cajeros automáticos de la red de la zona: Sucursal 25 de mayo (Av. 25 de Mayo 1460), Sucursal 9 de Julio (Av. 9 de Julio 1535), centro de cajeros Resistencia (José Hernández 296), paseo de compras Libertad (Ruta Nicolás Avellaneda S/N), Cámara de Comercio de Resistencia (Juan Domingo Perón 111), Sucursal Fontana (Av. Alvear 4900), centro de cajeros Fontana (Moreno 4550) y Sucursal Barranqueras (Av. 9 de julio 4102). Recomendaciones de seguridad NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.
La recaudación fiscal de marzo registró una caída de algo más del 4% real, al sumar $16 billones, según informó este miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los ingresos del fisco nacional quedaron afectados por los cambios en la administración del Impuesto a las Ganancias. También cayeron recursos del comercio exterior. Tal cual lo había anticipado Ambito, el fisco resignó recursos del Impuesto a las Ganancias, debidos a cambios en la administración de los anticipos, lo que hizo que el mes pasado no hubiera pagos de empresas que cierran balance en diciembre. En términos nominales, los ingresos de marzo subieron 26,2% interanual, mientras que el acumularon $50,5 billones en el primer trimestre, con un incremento del 22.7%. (Ampliaremos..)
Una vecina de Tres Isletas y otra de La Tigra se sumaron al lote de ganadores de la Quiniela Poceada, en su caso gracias a combinaciones manuales que les permitieron sumar los cinco aciertos durante el sorteo del pasado 26 de marzo. La primera en pasar por la sede de Lotería Chaqueña para hacer efectivo su premio fue una joven emprendedora que había jugado su ticket ganador en la Agencia 589 de Alejandro Horacio Iván, ubicada sobre Neuquén 147 de La Tigra. “Elegí los números al voleo”, reveló esta mujer de 25 años respecto a la combinación conformada por el 13, 17, 20, 43 y 73. La suerte también tocó la puerta de una vecina de Tres Isletas, que en su caso se inclinó por números elegidos en base a fechas de cumpleaños familiares. Su combinación ganadora quedó conformada por el 13, 20, 40, 46 y 85. Esta jugada fue registrada en la Sub-Agencia 241/14 de Lucía Gómez, ubicada en el barrio 50 Viviendas de Tres Isletas. Ambas mujeres formaron parte del lote de cuatro ganadores que se registraron durante el sorteo 2286 del pasado 26 de marzo, por lo que cada una de ellas se llevó a su casa la espectacular suma de 108.479.218 pesos.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce de los fallos judiciales que frenaron la ley de reforma laboral y reclamó que se cumpla con la norma sancionada por el Congreso Nacional. “La Unión Industrial Argentina (UIA) expresa su preocupación ante la suspensión cautelar de 82 artículos de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral, una norma sancionada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, en pleno ejercicio de las facultades constitucionales del Poder Legislativo”, señaló la entidad en un comunicado de prensa que procesó Agencia Noticias Argentinas. La UIA afirmó que “el respeto por la división de poderes y por las leyes democráticamente aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de la economía”. Para los industriales, “ante la sanción de una ley por parte del Congreso Nacional, con las mayorías legales pertinentes, la suspensión de sus efectos o la declaración de inconstitucionalidad deben ser el último recurso del orden jurídico y no el primero como ha sucedido en este caso”. “La Argentina necesita reglas claras, previsibles y estables que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad”, enfatizó la UIA. En la misma línea señaló que “la persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”. “Por ello, resulta fundamental garantizar la plena vigencia de marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral y acompañar el desarrollo del país”, concluyó el parte de los industriales.
El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni mantuvieron una reunión de trabajo en la Residencia de Olivos en la que repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gestión, en un contexto atravesado por denuncias y cuestionamientos hacia el funcionario, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Con el objetivo de optimizar la gestión, el jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de cada cartera, al tiempo que proyectará las metas operativas para el período 2026/2027. Las primeras reuniones previstas serán el 6 de abril a las 14 en el Ministerio de Seguridad, el 7 de abril a las 14 en el Ministerio de Salud y el 8 de abril a las 10 en el Ministerio de Defensa. El encuentro entre Milei y Adorni se produjo en medio de denuncias que involucran al jefe de Gabinete por presuntas inconsistencias patrimoniales y cuestionamientos vinculados al uso de recursos públicos, lo que derivó en presentaciones judiciales y un aumento de la presión política desde sectores de la oposición. En ese contexto, desde el entorno oficial buscaron relativizar el impacto de las acusaciones y sostienen que el funcionario cuenta con el respaldo del Presidente, mientras que Adorni rechazó las imputaciones y aseguró que no tiene “nada que ocultar”, en una coyuntura que agrega tensión a la dinámica interna del Gobierno.
Integrantes del Poder Judicial, penitenciarios y delegados de pabellón estuvieron reunidos días atrás para analizar la situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario 1 de Resistencia. En el encuentro estuvieron presentes la jueza de Ejecución Penal Nº 2, Ligia Duca; la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz y el secretario letrado Andrés Perino, las defensoras oficiales Paula Cuenca, Patricia Aleksich; Darío Gómez y Romina Duarte, presidente y vice del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Chaco; el jefe del Complejo 1, Alberto Martínez; Sonia López por el área de educación del Servicio Penitenciario Provincial, César Gómez, Natalia Meza, Oberti María Soledad del área de tratamiento, Mariela Dejesús del organismo técnico criminológico, personal de seguridad interna y del área social. Una de las consultas más reiteradas fue la relacionada con la oferta educativa, tanto universitaria como terciaria. Las autoridades consultaron si recibieron los materiales y elementos de estudio para los niveles primario y secundario. Asimismo, la magistrada del fuero de ejecución penal señaló que en lista de espera se encuentran 105 estudiantes internos que finalizaron las instancias de niveles primario, secundario y aguardan para acceder a estudios terciarios que venían siendo dictados por los institutos del educación superior “Rodolfo Walsh” y “Foro Social del NEA”, y a la fecha se encuentran en espera para inscribirse. También precisó la necesidad de que en el área educativa se habiliten computadoras para el acceso a las clases virtuales de la Fadycc. Además, se refirieron al régimen de visitas y pidieron intensificar los espacios de asistencia psicológica en general y analizaron la posibilidad de crear espacios grupales para cumplir con el tratamiento psicológico previsto en la ley 24.660 de quienes cumplen condena por delitos contra la integridad sexual.
Fue a instancias de una moción del diputado justicialista, Nicolás Slimel, y obedece a la suspensión de las sesiones previstas para esa jornada en la que más de la mitad del cuerpo de legisladores estará participando del cónclave en el seno del Parlamento del Norte Grande. De este modo, la sesión especial prevista para el 15 de abril para interpelar al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, se realizará el 13 de mayo a las 11 en el Recinto legislativo. Cabe mencionar que la citación de Canela responde a cuestiones vinculada al estado de la infraestructura vial. El requerimiento busca explicaciones sobre el mantenimiento, abandono de rutas y el estado de la infraestructura vial, en un contexto de crisis.
Mientras el programa económico libertario avanza para destruir salarios, jubilaciones y condiciones de vida, el debate sobre cómo medir la pobreza vuelve a ocupar el centro de la escena. La metodología del Indec, en el ojo de la tormenta por no reflejar la realidad. El gobierno de Javier Milei salió a festejar que la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, lo cual significó una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre. Sin embargo, la aparente caída está bajo revisión por el desmanejo estadístico del Indec, que incluso oculta una sobreestimación de 4 puntos en el índice más sensible para la sociedad. Entre una canasta de consumo no actualizada y una comparación con años previos incorrecta desde lo metodológico, las cifras oficiales se despegan de la realidad callejera: salarios a la baja, consumo deprimido y jubilaciones en el piso. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas identificó los problemas metodológicos que sobreestiman la “mejora” social en un contexto de crisis económica, caída del consumo y deterioro de salarios y jubilaciones. Según el análisis, los datos oficiales no reflejan completamente el impacto de la inflación sobre los ingresos reales. No se trata de una crítica nueva. La consultora CP había realizado un estudio que demostraba que si la medición oficial estuviera ajustada a parámetros reales y se adaptara con la mejor captación de ingresos que tiene el Indec desde mitad de 2024, la pobreza hubiera representado el 42% en el primer semestre del año pasado, es decir, 11 puntos más de los que había difundido el organismo estadístico. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se había expresado en el mismo sentido: subestimación de costo de vida y sobreestimación de ingresos que antes no estaban contemplados por el propio Indec. Lo cierto es que los datos oficiales muestran una caída de la pobreza al 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, el informe de IPPyPP advierte que esa mejora podría estar sobreestimada por al menos 4 puntos porcentuales debido a problemas metodológicos. El documento plantea una contradicción central: mientras las estadísticas muestran una mejora, otros indicadores clave de la economía —como el consumo, los salarios y el empleo— reflejan un deterioro sostenido. En ese sentido, el estudio sostiene que la medición actual no logra capturar plenamente el impacto de la inflación ni el deterioro del poder adquisitivo en los hogares. Ingresos que “mejoran” en las encuestas pero no en la realidad Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se relevan los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Según el informe, en los últimos trimestres la encuesta registró aumentos en los ingresos que no coinciden con otras fuentes oficiales, como el índice de salarios. Por ejemplo: -En el sector privado, la EPH muestra una suba real del 20%, mientras que el índice de salarios indica una caída del 3,4%. -En el sector público, la diferencia es aún mayor: la encuesta registra una baja del 1,8%, contra una caída del 21,2% en los datos oficiales. -El mismo fenómeno se observa en las jubilaciones: mientras los haberes reales muestran pérdidas o mejoras acotadas, la encuesta refleja incrementos significativamente mayores. Para los autores, esto sugiere una sobreestimación de los ingresos, lo que impacta directamente en la medición de pobreza. No solamente este reporte es crítico con el Indec de Milei. Inflación, canastas desactualizadas y distorsión del resultado Otro de los problemas clave está en la forma en que se calcula la línea de pobreza. Actualmente, la Canasta Básica Total se basa en patrones de consumo de 2004-2005, a pesar de que existen datos más recientes que no fueron incorporados. Esto genera un sesgo importante, ya que en los últimos años, los servicios aumentaron mucho más que los bienes. Sin embargo, la canasta actual tiene mayor peso de bienes que de servicios. Como resultado, la canasta crece por debajo de la inflación real. El informe remarcó que esta situación subestima el costo de vida, lo que reduce artificialmente la cantidad de personas consideradas pobres. En otras palabras, la inflación impacta más en los hogares de lo que reflejan los indicadores oficiales. Consumo en caída y endeudamiento en alza La divergencia entre estadísticas y realidad también se observa en el consumo. Según datos oficiales citados en el informe, las ventas en supermercados cayeron 11,3% desde noviembre de 2023, mientras que en mayoristas, la baja alcanza el 18,7%. Al mismo tiempo, creció el uso del crédito: el pago con tarjeta en supermercados pasó del 37,7% al 44,4%. Esto refleja una tendencia clara: los hogares sostienen el consumo mediante endeudamiento y uso de ahorros, lo que no se refleja en la medición de pobreza basada únicamente en ingresos mensuales. Incluso los indicadores no monetarios refuerzan este diagnóstico: -22% de la población vive en viviendas de calidad insuficiente -Cerca del 19% tiene tenencia precaria de la vivienda -14,5% presenta problemas de saneamiento A esto se suma un fuerte recorte del gasto social, que cayó cerca de un 20% en términos reales, afectando áreas clave como vivienda, educación y asistencia social. El efecto “aguinaldo” y los problemas de comparabilidad Otro factor metodológico señalado es el impacto del aguinaldo en las mediciones trimestrales. El informe muestra que, al excluir ese ingreso extraordinario, la pobreza es mayor, lo cual evidencia que la mejora observada es estacional y no estructural. Para el tercer trimestre de 2025, la pobreza pasa de 26,9% a 29,4%, mientras que en el cuarto trimestre se ubica en torno al 29,5%. En síntesis, el informe plantea que la medición actual de pobreza presenta limitaciones importantes en un contexto de alta inflación y cambios en el consumo. La combinación de ingresos sobreestimados, canastas desactualizadas, cambios en precios relativos y deterioro del consumo genera una imagen más optimista que la realidad económica. Casi tristemente poéticamente, en paralelo a que el Indec haya informado en la baja de la pobreza, se
Se determinó que el “Xeneize” coaccionó para que el jugador renuncie al 15% del pase que le correspondía. El Juzgado N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia a favor de Emanuel “Bebelo” Reynoso, condenando al club a abonarle la suma de 660.000 dólares. El monto corresponde al porcentaje legal que el futbolista debió percibir en concepto de transferencia y que, según el fallo, fue obligado a ceder bajo presión. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la disputa se remonta al cierre del mercado de pases de invierno de 2020. El 31 de agosto de aquel año, Boca selló la venta de Reynoso al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) por un monto total de USD 4.400.000. Lo que la Justicia analizó fue la validez de un documento firmado apenas horas antes del viaje del jugador a Estados Unidos, donde este “donaba” su 15% de la transferencia (los USD 660.000 en cuestión) a favor del club. La Cámara de Apelaciones determinó que dicho acto es nulo, ya que se suscribió bajo coacción: el jugador debía elegir entre renunciar a su dinero o ver frustrado su pase al exterior. Un fallo que revierte la primera instancia En una etapa anterior, la justicia había fallado a favor de Boca, pero la apelación de Reynoso cambió el escenario. El nuevo dictamen ordena pagar el capital más un interés anual del 1,5% retroactivo al 27 de agosto de 2020. Con los intereses acumulados tras casi seis años de litigio, la cifra que Boca debería desembolsar se aproxima a los 750.000 dólares. Mientras el departamento legal de Boca procesa este golpe, el futbolista atraviesa un presente de reconciliación con sus raíces ya que actualmente, “Bebelo” Reynoso es la gran figura de Talleres de Córdoba. Tras su salida de la MLS y un breve paso por el Club Tijuana (Xolos) de México, el volante zurdo concretó en este 2026 su esperado regreso a la “T”, el club donde se formó y debutó profesionalmente. Reynoso jugó en Boca entre 2018 y 2020, donde obtuvo tres títulos locales antes de ser transferido en la operación que hoy genera este millonario reclamo judicial. Pese a la contundencia del fallo de segunda instancia, Boca Juniors aún tiene el derecho de apelar la sentencia. El club de la Ribera planea interponer un Recurso Extraordinario Federal para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esta vía sea aceptada, Boca deberá argumentar una “arbitrariedad manifiesta” en la valoración de las pruebas o una violación de garantías constitucionales. Mientras tanto, el fallo representa un aviso para los clubes sobre la validez de las cláusulas de renuncia de porcentajes en los contratos de transferencia de futbolistas profesionales.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta Truth Social que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego por la guerra en Medio Oriente. Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei. Trump comunicó este miércoles en sus redes sociales que el mandatario de Irán “acaba de pedir a Estados Unidos un alto al fuego”. “Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como ellos dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, es esta parte de la información que transmite Xinhua. Diferentes versiones “El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto el fuego a Estados Unidos”, escribió el mandatario en Truth Social, según otra fuente informativa internacional consultada por la Agencia Noticias Argentinas, como el sitio Actualidad RT.
La Oficina del Presidente informó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro de entidades vinculadas al terrorismo, en base a su presunta participación en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. El Gobierno nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que señaló que la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la década de 1990 en la Argentina. Según se indicó, el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, causando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. De acuerdo al comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. Asimismo, se indicó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI. La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en territorio argentino, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos. El presidente Javier Milei sostuvo que la medida busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.
La empresa no prestaba servicios ferroviarios desde 2010 y, en el marco del proceso de optimización de los recursos del Estado provincial, generaba un costo mensual sin contraprestación. Desde el año 2010, la empresa dejó de operar el servicio ferroviario, que actualmente depende del Estado Nacional a través de Trenes Argentinos, mientras la provincia continuaba afrontando el pago de salarios sin prestación efectiva. Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que esta situación implicaba una erogación mensual millonaria, lo que motivó la adopción de la medida en el marco de una gestión responsable. En ese sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, señaló: “Las personas que cumplen funciones continuarán trabajando, siendo reubicadas bajo el Ministerio de Educación con mejores condiciones contractuales, mientras que quienes no prestaban servicios serán desvinculados con el pago de las indemnizaciones correspondientes”. Mediante el Decreto Provincial Nº 410/2026, se destinarán $848.214.465,90 para afrontar indemnizaciones, deudas con proveedores y obligaciones impositivas.
El próximo lunes 6 de abril, en la Biblioteca Cervantes de la localidad de San Bernardo (Chaco), la Fiscalía Federal se constituirá para tomar testimonio a once descendientes de sobrevivientes del pueblo Moqoit de la Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933 en la actual ciudad de General San Martín. Los testimonios podrían resultar clave para el avance de la investigación, ya que los declarantes conservan relatos orales transmitidos por los sobrevivientes, lo que permitiría reconstruir históricamente los hechos. En este marco, la Fiscalía había realizado un pedido público de colaboración para localizar a familiares de sobrevivientes. A partir de ello, la comunidad Moqoit llevó adelante cuatro reuniones durante febrero y marzo en San Bernardo, el paraje San Lorenzo (Charata), Colonia El Pastoril (Villa Ángela) y el Lote 38 Cacica Dominga (Colonia Aborigen). De estos encuentros participaron alrededor de 60 referentes, entre caciques, docentes y pastores, quienes tomaron conocimiento del estado de la causa judicial y realizaron un relevamiento de nietos y bisnietos que conservan los relatos de la masacre. El registro audiovisual de los testimonios estará a cargo del área de Comunicación del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, responsable también del documental “La larga noche de Napalpí”. Aporte documental del Archivo Histórico El Archivo Histórico Monseñor Alumni remitió recientemente valiosa documentación a la Fiscalía, en respuesta a un requerimiento formal. Entre el material enviado se incluyen notas periodísticas sobre la masacre publicadas en el diario La Voz del Chaco (ediciones del 8, 9, 13, 14, 15 y 20 de septiembre de 1933) y en el periódico Nueva Estampa Chaqueña (9 y 16 de septiembre del mismo año). Asimismo, como prueba de contexto, se incorporó un informe de 1914 sobre la Reducción de Indios Napalpí, elaborado por Enrique Lynch Arribálzaga, junto a un suplemento especial del diario La Voz del Chaco de 1930 dedicado a esa reducción. Finalmente, se sumó información sobre los períodos de sequía en la región y su impacto en la población, extraída del libro Historia de la Provincia del Chaco, de Carlos López Primo Piacentini. La Masacre de El Zapallar En 1933, el entonces Territorio Nacional del Chaco atravesaba una sequía extrema que provocó una grave situación de hambre y miseria en las comunidades indígenas. En ese contexto, a comienzos de septiembre, un grupo de aproximadamente 300 personas del pueblo Moqoit, encabezadas por el cacique Luis Durán, partió desde la Reducción Napalpí en busca de trabajo y alimentos. A lo largo del recorrido se sumaron contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña. Tras recorrer cerca de 100 kilómetros, llegaron a la localidad de El Zapallar (actual General San Martín), donde establecieron un campamento. El 7 de septiembre, durante la siesta, las familias intentaron ingresar al pueblo en grupos pequeños, con mujeres y niños al frente, en señal de sus intenciones pacíficas. Sin embargo, fueron reprimidas por orden del comisario Francisco Prestera. La policía del territorio nacional, junto a refuerzos llegados desde Resistencia y algunos civiles, abrió fuego bajo el argumento de defender a la población ante un supuesto “malón”. Aunque las versiones oficiales de la época —basadas en publicaciones periodísticas y en un expediente judicial— hablaban de un enfrentamiento con solo dos víctimas fatales, se estima que alrededor de 40 efectivos y civiles dispararon indiscriminadamente contra la multitud, provocando cerca de 50 muertes, entre ellas niños, mujeres, ancianos y hombres.