Daniel Pitón aseguró que le exigieron hablar de pagos y que terminó incriminándose para evitar una detención. Hasta ahora, esa acusación solo había sido sostenida por los abogados defensores. En el marco de la causa Cuadernos, que investiga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo, un empresario sostuvo ante el tribunal oral que su declaración en la etapa de instrucción fue falsa y que la realizó bajo presión para evitar una detención. Se trata de Daniel Claudio Pitón, quien aseguró que en el juzgado que encabezaba el fallecido juez federal Claudio Bonadio fue inducido a incorporar en su testimonio referencias a supuestos pagos que, según afirmó ahora, nunca existieron. Durante su exposición, Pitón relató que desde hacía tiempo buscaba declarar para explicar las circunstancias en las que prestó testimonio en la instrucción. Según reconstruyó, al momento de ser citado junto a su hermano José Luis, entonces presidente de la empresa familiar, la defensa no contaba todavía con las pruebas de la imputación. En ese contexto, describió un clima de temor entre los empresarios convocados a Comodoro Py, quienes, dijo, llegaban con “los mismos miedos e incertidumbre” ante la posibilidad de quedar detenidos ese mismo día. “Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos”, remarcó. El empresario explicó que concurrieron al juzgado con un escrito preparado por sus abogados, en el que, según señaló, intentaban responder a lo que entendían que interesaba al magistrado sin faltar a la verdad. “Hay una línea fina entre decir la verdad y direccionar una declaración”, sostuvo, al tiempo que remarcó que incluso ofrecieron voluntariamente sus teléfonos celulares al finalizar la presentación. Sin embargo, indicó que tras entregar el documento fueron obligados a esperar cerca de una hora y media mientras un empleado lo llevaba al despacho del juez para obtener su aprobación. De acuerdo con su relato, luego de esa espera el abogado de la familia fue informado de que el escrito “no era suficiente” y que debían referirse específicamente a pagos. “Estábamos en shock”, afirmó Pitón, quien señaló que en ese momento entendieron que, si no modificaban la declaración, podían quedar presos. Según dijo, fue entonces cuando decidió asumir personalmente la exposición oral para permitir que su hermano evitara consecuencias procesales más graves. Pitón afirmó que, a raíz de esa decisión, terminó procesado, mientras que el procesamiento de su hermano posteriormente fue revocado. En uno de los pasajes más delicados de su declaración, sostuvo que el acta labrada en aquella audiencia “no refleja la verdad” y que lo que dijo entonces fue únicamente para retirarse del juzgado sin quedar detenido. “Lo que dije fue para no ir preso”, aseguró ante los jueces, en línea con una estrategia defensiva que hasta ahora había sido planteada por varios abogados, aunque sin que sus clientes la ratificaran personalmente en audiencia. El empresario también se refirió al origen y dimensión de la firma familiar, dedicada históricamente al transporte, movimiento de suelos y construcción, con base en Entre Ríos. Remarcó que se trata de una empresa de escala mediana, con participación en siete obras públicas, todas en su zona de influencia y de menor porte respecto de otros expedientes incluidos en la causa. En ese sentido, negó haber cometido delito alguno y afirmó que las obras cuestionadas eran “irrelevantes” dentro del volumen general del expediente. En otro tramo de su declaración, Pitón se refirió a su vínculo con Ernesto Clarens, uno de los nombres centrales en la investigación. Según relató, en medio de demoras en los pagos de obras públicas acudió al organismo correspondiente para consultar por la situación, donde le sugirieron hablar con el financista. Aseguró que Clarens le ofreció servicios financieros, seguros de caución e incluso alquiler de equipos, pero negó de manera terminante haberle entregado dinero. “Yo a Clarens no le di ni un peso”, afirmó. La declaración de Pitón adquiere relevancia porque, hasta ahora, varios defensores habían sostenido que sus clientes fueron presionados o extorsionados para acogerse al régimen del arrepentido, aunque los propios imputados evitaban ratificar esa versión ante el tribunal. Su testimonio abre así un nuevo frente en el debate oral sobre la validez de algunas de las declaraciones recogidas durante la instrucción de la causa. Ámbito
Autor: Redacción General
INTI anunció la cesación de más de mil servicios técnicos para “evitar duplicaciones con la oferta privada”. Entre ellos figuran análisis de patógenos, micotoxinas y vida útil de alimentos. Denuncian el impacto en la seguridad de la población y la confianza en la calidad de los productos. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) decidió terminar con alrededor de 1000 servicios y verificaciones de seguridad. Entre ellos figuran análisis de patógenos, tóxicos y vida útil de alimentos y elementos y productos de uso cotidiano. Especialistas en salud pública y trabajadores del área advirtieron a El Destape que la interrupción de estos controles estatales puede generar un vacío en la fiscalización, lo que afecta la confianza de los consumidores y la prevención de riesgos sanitarios. “El gobierno está atacando al mismo tiempo todos los organismos científicos técnicos. Es una política planificada. Además están liquidando lo que queda del servicio de salud. Ya hay muertes y van a haber más”, apuntaron los trabajadores del área. La medida se comunicó hoy mediante la Resolución 42/2026 y, según el comunicado oficial, busca “optimizar sus recursos y continuar con el proceso de hacer más eficiente las prestaciones que brinda al sector productivo”. Para el Ejecutivo el objetivo es evitar la duplicación con la oferta privada y ajustar la oferta tecnológica “a la demanda actual del sector privado” . Sin embargo, se cesaron controles claves para la vigilancia de contaminantes y patógenos en alimentos que, según la Organización Mundial de la Salud, son esenciales para reducir la carga de enfermedades transmitibles, que cada año afectan a millones de personas. “Con la nueva disposición se dan de baja 943 servicios y verificaciones que presta el INTI”, advirtió Cecilia Tortora, integrante de la conducción de ATE Capital del INTI a El Destape. Según explicó, esta medida “no es más que la continuidad de un plan sistemático de parálisis científica y tecnológica, sumado al industricidio en todo el país”. En ese sentido, señaló que se están perdiendo capacidades de conocimiento e investigación, ya que no se financian ni se sostienen las estructuras que garantizan calidad y seguridad. “Nos convertimos en un país ni siquiera de servicios, porque para tener algún servicio tenés que tener alguna capacidad”, remarcó. Asimismo, Tortora subrayó que las exportaciones también se ven afectadas. Recordó que “China ya ha rechazado la exportación de carnes por no contar con determinadas certificaciones y análisis”, lo que demuestra el impacto directo de la desregulación en la economía. Para la dirigente, el trasfondo es claro: “Quieren un país extractivista, pero extractivista por empresas multinacionales, incluso aquellas que nacieron en Argentina y hoy están radicadas en el exterior”. El peligro para la salud y la vida cotidiana de la eliminación de los servicios y verificaciones del INTI Los ejemplos que enumeró son contundentes y entre los servicios eliminados detalló que figuran controles sobre la vida útil de los alimentos, la temperatura de conservación, la medición de colesterol, la detección de salmonella en carnes, el nivel de cafeína en bebidas y el contenido de azúcar y materia grasa. También se suprimieron verificaciones vinculadas a la seguridad cotidiana: la resistencia de escaleras y paragolpes, la consistencia del hormigón, la calidad de adhesivos -“hoy se están cayendo vidrios de ventanas porque los adhesivos no son los correctos”-, el análisis de suelos y la durabilidad del cemento. A ello se suman pruebas sobre telas ignífugas, calibración de equipos médicos, verificación de ventiladores pulmonares y el funcionamiento del microscopio electrónico que utilizan centros de investigación. “Son todos productos que utilizamos en nuestras casas y que tienen que ver con la salud y la calidad”, enfatizó Tortora. Según su relato, primero se desreguló la verificación de productos de importación y ahora se avanza hacia la desregulación total de los productos industriales nacionales. “Esto afecta directamente la vida cotidiana, la salud de la población y los controles de calidad que deberían estar garantizados”, concluyó. Uno por uno los servicios que se eliminan El Anexo I de la resolución reveló que entre los servicios cesados figuran controles de patógenos críticos en alimentos (Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli O157:H7), análisis de micotoxinas peligrosas como aflatoxinas y ocratoxina A, estudios de vida útil de alimentos, detección de alérgenos como soja, y pruebas de etiquetado nutricional. Estos servicios son parte de la infraestructura pública que garantizaba la seguridad alimentaria y la calidad de productos de consumo masivo. También detalla la cesación de servicios que también resultaban cotidianos en la verificación de calidad industrial. Allí figuran ensayos de textura y color instrumental en alimentos (106760001000006 y 106760001000007), estudios de etiquetado nutricional (106800001000120), determinaciones de metales pesados como plomo, cromo y níquel en alimentos (106790001000081, 106790001000082, 106790001000083), y pruebas de presencia de mohos y levaduras en ambientes y envases (106810001000012 y 106810001000040). También se eliminan controles de fibra dietaria, proteínas y materia grasa en productos de consumo masivo (106800001000091, 106800001000044, 106800001000093). Estos servicios, aunque menos visibles para el consumidor, eran parte de la infraestructura pública que aseguraba estándares mínimos de calidad y seguridad en la producción industrial y alimentaria. El INTI sostuvo que la medida “es fruto de un proceso de análisis de la oferta de servicios sistematizados” y que responde a la evolución del mercado y de las capacidades privadas. “El INTI actualiza su oferta de servicios industriales para evitar la duplicación con la oferta privada”, justificaron sobre la decisión que apunta a que los recursos estatales se concentren en funciones “relevantes, necesarias y consistentes con las políticas públicas vigentes” . El organismo argumentó que muchos de los servicios discontinuados “no contaban con demanda real o se solapaban con servicios prestados por el sector privado”, en un contexto donde la industria nacional ha experimentado una expansión de capacidades técnicas y de certificación. Sobre esto, sobre Tortora negó la versión oficial y detalló que el INTI tiene “38 centros de investigación y desarrollo de todas las áreas industriales”, y agregó que incluso se había avanzado en la creación de un centro de inteligencia artificial, además del ya existente de nanotecnología, pero “esa iniciativa
La imagen positiva del presidente Javier Milei continúa bajando en abril y cae al quinto puesto a nivel nacional, por debajo de opositores como Axel Kicillof, Myriam Bregman y Cristina Kirchner, e incluso de la oficialista Patricia Bullrich, según una encuesta conocida este jueves. Así lo indica un sondeo de la consultora Opina Argentina, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, realizado entre el 30 de marzo y el 2 de abril último, con 1.007 casos relevados a nivel país y con un margen de error en más o en menos de un 3,03 por ciento. Milei, que hasta principios de año se mostraba como el político de mejor imagen, cae hasta alcanzar una positiva de solo un 35%, contra un 63% negativa, una importante caída según la misma consultora ya que hasta diciembre pasado alcanzaba 48% de positiva y 52% de negativa. El trabajo indica que al contrario de lo que venía ocurriendo en 2024 y 2025, ahora hay tres dirigentes opositores con mejor imagen que el Presidente, como Kicillof con un 44% de positiva, Bregman también con 44% y Cristina Kirchner con 39%, e incluso Bullrich, ex ministra de Seguridad y actual senadora oficialista, con 39% Por detrás del mandatario se ubican el ex presidente Mauricio Macri con una positiva de 34%; el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con 33; el ministro de Economía, Luis Caputo con 29; la vicepresidenta Victoria Villarruel con 27; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con solo 23%. Opina Argentina afirma en el apartado de sus conclusiones que “durante abril, se acelera el proceso de deterioro del Gobierno ante la opinión pública iniciado en enero”, y destaca que “Los indicadores del oficialismo no solo caen, sino que lo hacen a una velocidad muy pronunciada en los últimos dos meses”. La aprobación de los ciudadanos hacia Milei, que solo llega al 35%, disminuyó 6 puntos desde la última encuesta realizada un mes antes, y cayó 13 puntos desde enero, a partir de la difícil situación económica y los casos de presunta corrupción difundidos en lo que va del año. En este marco, el sondeo indica que en abril también “implosiona” la imagen de Adorni, que disminuyó “16 puntos en el último mes” a partir de las denuncias por enriquecimiento ilícito, la compra de inmuebles no declarados y sus viajes a lugares de lujo en el exterior. Intención de Voto El trabajo también preguntó, pese a que falta más de un año para los comicios presidenciales de 2027, a quién votaría “si las elecciones fueran mañana”, dando a los encuestados opciones determinadas por espacios políticos y no por candidaturas En primer lugar, quedó posicionado “El peronismo de Cristina, Kicillof y Massa” con un 32 %, superando por primera vez después de mucho tiempo a “La Libertad Avanza de Javier Milei”, que logra un 31%, lo que en virtud del margen de error significa un “empate técnico”. En enero pasado, Milei y su espacio político ganaban por 9 puntos (44% a 35%); en febrero, por 8 (41% a 33%); y en marzo, por 7 (39% 32%), marcando un derrotero marcadamente descendente que en abril llega finalmente a caer por debajo de la principal fuerza de la oposición. Para Opina Argentina, una de las sorpresas de la encuesta es que por primera vez aparece en tercer lugar el “Frente de Izquierda de Bregman”, con un 9%. Entre el resto de las opciones resultó en cuarto lugar “Una opción de centro de (Maximiliano) Pullaro y (Juan) Schiaretti” con 5%, la opción “otro” con 11%, “no sabe” con 7% y finalmente “Blanco/no iría a votar” 5%.
En las últimas horas hubo en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y hasta Tierra del Fuego. Hubo alerta en varios colegios de la Argentina por diversas amenazas de tiroteos que provocaron la activación de protocolos. Debido a que se trataron de pintadas similares, buscan establecer si se trató de un reto viral en redes sociales o si está asociado a una intimidación concreta. Desde hace meses el país afronta una grave complicación respecto a los estudiantes y las diversas amenazas por posibles ataques o tiroteos en instituciones educativas. En las últimas horas se conocieron casos en Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén y hasta Tierra del Fuego. “Mañana 15/4 tiroteo, no vengan”, apareció escrito en una pared de la provincia de Córdoba, mensaje similar al que fue hallado después en el barrio porteño de Caballito, en la ciudad de La Plata y hasta en Tucumán, supo la Agencia Noticias Argentinas. La preocupación es total, pero las autoridades sospechan que en esta ocasión las intimidaciones están ligadas a un reto viral de redes sociales, aunque no cesan con los operativos para evitar cualquier conflicto. Una de las medidas tomadas por las autoridades fueron la organización de reuniones y la activación de protocolos para saber los pasos a seguir. A su vez, se supo que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, firmó un decreto para reforzar las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones en las escuelas. El mensaje de las autoridades es claro. No quieren que vuelva a ocurrir el caso de Gino C. un menor de 15 años que mató a un compañero en su colegio de San Cristóbal, Santa Fe. En esta ocasión, como así también en otros 15 casos, las autoridades informaron que están inversos en culturas subdigitales, una de ellas conocidas como True Crime Community (TCC), en la cual una comunidad conoce y estudia sobre diversos tiroteos y masacres escolares en Estados Unidos.
El Centro Cultural Alternativo (Cecual), junto a docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Nordeste, invitan a participar de la charla “Leo revistas en la tempestad”, que se realizará este viernes 17 a las 17, en Santa María de Oro 471, en Resistencia. El encuentro propone poner en común las experiencias de quienes sostienen publicaciones culturales en Resistencia y Corrientes. La actividad se presenta como una clase pública, en el marco de la semana de paro convocada por federaciones docentes para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, la propuesta busca abrir el debate a la comunidad sobre el valor del periodismo cultural y las condiciones en las que se desarrolla. En Argentina, las revistas culturales tienen una extensa tradición como espacios de expresión de ideas, narrativas y miradas críticas sobre la realidad. A pesar de su aporte a la vida democrática, históricamente se sostuvieron de manera autogestiva, sin políticas públicas que acompañen al sector. Hoy, esa tradición persiste tanto en formato impreso como en plataformas digitales y redes sociales. El encuentro contará con la participación de referentes de distintos proyectos editoriales de la región, como Diorama, Cuna, Chacú, Angirú, Ñe’ẽ Porã, Proyecto Bohemia y Litigio. A través de sus testimonios, compartirán recorridos, desafíos y perspectivas sobre la producción de contenidos culturales en el nordeste. La charla será el primero de una serie de encuentros impulsados por docentes de las cátedras Teoría y Técnica del Periodismo Gráfico I y II, y Taller de Competencias Comunicativas. La iniciativa apunta a generar espacios de intercambio entre la universidad y la comunidad, en torno al trabajo periodístico en la región. Además del eje cultural, la actividad se inscribe en el reclamo por mayor financiamiento para las universidades públicas y mejores condiciones salariales para docentes. “No se puede defender la universidad pública sin garantizar su funcionamiento y el trabajo digno de quienes la sostienen”, remarcan desde la organización.
Trabajan diferentes unidades policiales, personal de salud pública y del programa Ñachec. Los trabajos de asistencia por parte de diferentes unidades policiales en el interior provincial, continúan pese a las condiciones climáticas. En la mañana de este jueves, efectivos de las Comisarías de Comandancia Frías y Wichi el Pintado llevaron a cabo la asistencia en diferentes parajes a familias afectadas por la creciente. Los operativos se realizaron en ambos lugares, donde en algunos accesos, por ejemplo en Wichi El Pintado, las calles se encuentran regulares debido a la tierra movediza, lo cual de todos modos se ingresó para poder asistir a las personas. Los agentes que se encuentran con las tareas de ayuda, indicaron que se observa una leve bajante de las aguas del Río Bermejo. Participan del dispositivo de asistencia, personal de Patrulla Fluvial, Bomberos, efectivos de las comisarías de Comandancia Frías, Wichi el Pintado, personal del Programa Social “Ñachec” y salud pública.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de 10 días en Líbano que entrará en vigor este jueves a las 23.00 (medianoche en Israel y Líbano, 18 hora argentina). El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acordaron el cese de las hostilidades, según Trump, que no aportó detalles. En un posteo en su red social, Trump dijo que la tregua comenzará a las 6 de la tarde de este jueves (hora de Argentina). Trump también afirmó haber hablado con ambos por teléfono. Anteriormente, tanto Trump como el gobierno israelí declararon que los líderes de ambos países hablarían entre sí. Netanyahu subraya que las tropas israelíes permanecerán hasta 10 kilómetros dentro de suelo libanés durante la tregua. Hezbolá defiende su “derecho a la resistencia” mientras dure la ocupación. “Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m (hora del este)”, agregó.Y explicó que el martes, “ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”. Trump agregó que instruyó al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que “trabajen con Israel y el Líbano en pro de una paz duradera”. “He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, celebró. Kallas celebra tregua en el Líbano y pide diálogo hacia una paz duradera La Alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, celebró la tregua de 10 días anunciada este jueves (16.04.2026) por Estados Unidos entre Israel y Líbano y confío en que contribuya a abrir negociaciones hacia una paz duradera. La tregua, dijo durante una rueda de prensa en Rabat, “proporcionaría urgentemente el cese de hostilidades y el alivio necesario para los civiles que han sufrido mucho en las últimas semanas. Esperamos que ambas partes confirmen también este alto el fuego”. “Este alto el fuego debe usarse ahora para alejarse de la violencia y crear espacio para negociaciones hacia una paz más duradera”, agregó Kallas, tras reunirse con el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, en su primera visita al país magrebí. Clarin/DW/El País
El proyecto establece la prohibición de crear nuevos tributos o aumentar los existentes que afecten a inversiones productivas, así como la nulidad de cualquier medida que contradiga esta garantía. Además, contempla la devolución inmediata de montos percibidos indebidamente, evitando procesos judiciales prolongados. El Ejecutivo provincial presentó este jueves en la Legislatura un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que busca incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna, con el objetivo de garantizar estabilidad fiscal a quienes inviertan en la provincia y prohibir la creación o el aumento de impuestos sobre actividades productivas. La iniciativa, anunciada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones ordinarias, fue formalizada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y acompañados por los legisladores: Iván Gyoker, Carina Botteri, Carlos Salom y Maida With. Según explicó Ferro, la propuesta apunta a enviar “un mensaje claro al mundo” sobre la seguridad jurídica en el Chaco, estableciendo que NO se modificarán las reglas de juego fiscales para quienes desarrollen inversiones productivas en el territorio provincial. “El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal. Queremos generar condiciones para atraer inversiones, promover el desarrollo económico y crear empleo genuino”, sostuvo Ferro durante la presentación. Otro de los puntos centrales es la incorporación de una cláusula que resguarda la soberanía fiscal de la provincia ante eventuales cambios en el esquema tributario nacional, asegurando que el Chaco pueda percibir tributos que le sean transferidos sin generar una doble carga para los inversores. Asimismo, se plantea un ordenamiento del esquema impositivo municipal, estableciendo que las tasas locales no podrán afectar de manera indirecta a las inversiones alcanzadas por la protección constitucional, con el fin de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad. Por su parte, el presidente del bloque oficialista “Chaco Puede”, Iván Gyoker, destacó que la provincia “ya dio señales concretas al reducir impuestos y avanzar en medidas que favorecen la actividad privada”, y remarcó la importancia de consolidar estas políticas mediante una norma de máximo rango. “Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños”, afirmó. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reforma apunta a consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales.
Efectivos de la División Sustracción Vehicular secuestraron dos motocicletas abandonadas con numeraciones adulteradas, en el marco de una investigación para determinar su procedencia. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada, cuando los investigadores tomaron conocimiento de que personas desconocidas estarían ofreciendo motocicletas de dudosa procedencia en inmediaciones del barrio 152 Viviendas de Barranqueras. Ante esta situación, se comisionó un equipo de trabajo hacia la zona, realizando recorridas preventivas hasta llegar a un sector de malezas en cercanías de Fortín Warners, donde hallaron dos rodados abandonados. Tras una inspección detallada, los efectivos constataron que ambas motocicletas presentaban adulteraciones en las numeraciones alfanuméricas de chasis y motor. Los vehículos secuestrados son una motocicleta marca Honda modelo Wave color negro y otra marca Zanella modelo ZB, además de una cédula verde hallada junto a uno de los rodados. Con la presencia de testigos, se procedió al formal secuestro de los vehículos, que serán sometidos a pericias por parte de la División Verificaciones Policiales de la Policía Caminera, mediante revenido químico, para intentar recuperar las numeraciones originales y determinar si se trata de motocicletas denunciadas como robadas u otros hechos aún no reportados. Los rodados quedaron bajo resguardo de la División Sustracción Vehicular, mientras continúan las diligencias investigativas.
El Acuerdo UE-Mercosur ha reavivado el debate sobre su impacto ambiental y sus implicaciones comerciales tras ser ratificado por Paraguay, el último país del bloque en hacerlo. Este tratado promete redefinir las relaciones económicas entre Europa y América Latina, pero también suscita inquietudes por sus posibles consecuencias ambientales. Si bien se considera un motor económico crucial, el pacto levanta preocupación por los efectos que podría tener en la deforestación, la actividad minera y el empleo de plaguicidas en la región. Las negociaciones del acuerdo se han extendido por décadas, dividiendo a los expertos sobre su impacto en la biodiversidad. La expansión del comercio entre estas regiones podría acelerar la destrucción de la Amazonía. El aumento en la exportación de soja y carne es uno de los factores que podría incentivarse la deforestación para ampliar las tierras de cultivo. Además, se teme que la eliminación de aranceles conduzca a la llegada masiva de plaguicidas desde Europa a América Latina. Algunos de estos químicos, prohibidos en Europa debido a su toxicidad, podrían tener un impacto negativo en la salud humana y la biodiversidad local. Con la entrada en vigor provisional del acuerdo prevista para 2026, se espera una reducción progresiva de aranceles entre ambos bloques, lo que facilitará el intercambio de productos agrícolas, industriales y químicos. Aunque esto puede fortalecer los lazos económicos, también ha renovado el debate sobre su impacto ambiental. Organizaciones ecologistas advierten que la liberalización comercial podría favorecer la exportación de materias primas agrícolas, que actualmente constituyen más del 70% de las exportaciones del Mercosur a la UE. Esto podría aumentar la presión sobre ecosistemas clave como la Amazonía. Se prevé incluso un aumento de la deforestación si no se aplican controles adecuados. El posible incremento en el uso de plaguicidas altamente tóxicos es otro punto de controversia del acuerdo. La eliminación de aranceles para productos químicos de la UE, incluidos aquellos prohibidos en dicha región, resalta una asimetría regulatoria que podría tener serias repercusiones en salud pública y medioambiente. El impacto ambiental del Acuerdo UE-Mercosur El tratado también podría impulsar la actividad minera en Latinoamérica, un sector conocido por sus importantes impactos ambientales y conflictos sociales. La demanda de minerales estratégicos para la transición energética podría agravar la presión sobre ecosistemas y territorios indígenas. El Reglamento de la UE sobre Deforestación, previsto para 2026, podría mitigar estos riesgos exigiendo que productos como soja y carne provengan de zonas libres de deforestación. Sin embargo, su implementación ha sido pospuesta y flexibilizada, generando dudas sobre su efectividad. Mientras algunos expertos destacan los riesgos ecológicos, otros ven en el acuerdo una oportunidad para mejorar la gobernanza y elevar los estándares ambientales. Se menciona el Acuerdo de París como parte del tratado, aunque las obligaciones de reducción de emisiones no son vinculantes. La creciente demanda de minerales estratégicos amenaza a los territorios indígenas y a los ecosistemas protegidos, desencadenando posibles conflictos sociales y degradación ambiental en la región. Aunque las nuevas leyes europeas buscan frenar la compra de productos vinculados a la deforestación, su cumplimiento efectivo está envuelto en incertidumbre. En este contexto, el Acuerdo UE-Mercosur es objeto de debate por su impacto económico y ambiental en un momento crucial para la transición hacia modelos más sostenibles. Alcanzar un equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental será clave para determinar el verdadero impacto de este acuerdo comercial. Noticias Ambientales
La Legislatura de la Provincia de Formosa debatirá este jueves un proyecto de ley que establece fuertes restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en los establecimientos educativos. La iniciativa propone una prohibición total en los niveles inicial y primario, y limitaciones estrictas para estudiantes de secundaria durante el horario de clases. La iniciativa busca mejorar el entorno pedagógico, fortalecer el aprendizaje y ordenar la convivencia escolar en todos los niveles educativos. Según el texto, los alumnos de nivel inicial y primario no podrán llevar dispositivos móviles a las escuelas, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y autorizados por las autoridades escolares. No obstante, se contempla la posibilidad de habilitar su uso con fines estrictamente pedagógicos, siempre que se trate de actividades planificadas y con previo aviso a las familias. En el nivel secundario, en tanto, los estudiantes podrán asistir con sus celulares, pero deberán mantenerlos guardados, fuera de la vista y sin acceso durante las clases. Solo podrán utilizarlos cuando el docente lo autorice con objetivos pedagógicos específicos. La normativa apunta a reducir distracciones en el aula y mejorar la concentración en los contenidos. El proyecto también contempla excepciones para estudiantes con discapacidad o condiciones de salud que requieran el uso de dispositivos como herramienta de apoyo, previa coordinación entre la institución educativa y la familia. Además, se establece que cada escuela deberá elaborar acuerdos de convivencia con participación de directivos, docentes, alumnos y familias, a fin de adaptar la implementación de la ley a las particularidades de cada institución. La iniciativa incluye, asimismo, instancias de capacitación docente para acompañar la aplicación de estas medidas. Con este enfoque, el proyecto busca equilibrar el uso de la tecnología con la necesidad de garantizar un entorno educativo más ordenado, inclusivo y centrado en el aprendizaje. El Comercial
Es por el 6% que se debe liquidar como mejora salarial en el Poder Judicial correntino. Este miércoles, dos ministros del Superior Tribunal Judicial más el Fiscal General, enviaron una nota al ministerio de Hacienda y Finanzas, para que se hagan las liquidaciones de haberes al sector con el incremento que la Corte dispuso a fines de febrero pasado. Una situación extrema podría terminar en paros dentro de la Justicia correntina. A una semana para que empiece el cronograma de pagos de salarios estatales, correspondiente a este mes de abril, aún no se sabe si el Poder Judicial percibirá el 6% de aumento dispuesto por el STJ en una acordada extraordinaria, a mediados de febrero pasado. Esa vez, los magistrados de la Corte más el titular del Ministerio Público, dispusieron un incremento salarial del 12% para empleados y funcionarios judiciales dividido en dos partes: 6% en marzo -ya se pagó- y 6% en abril -resta pagarse-. Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Héctor Grachot, informó a los integrantes del STJ que esa segunda parte no se puede liquidar porque generará un déficit a futuro: primero para las arcas del Tesoro provincial y segundo al Poder Judicial. Es decir, lo que les dijo el funcionario y fue confirmado por el gobernador Juan Pablo Valdés, es que de liquidar ahora el 6% restante al Poder Judicial generará un déficit de entre $38.000 y $48.000 (en mil millones). El Sindicato de Empleados Judiciales exige que la segunda cuota del aumento sea liquidada con los salarios de este mes. Algo que por ahora no está asegurado. Lo que sobrevuela en los pasillos judiciales es que si no llega el 6% para completar el 12% de aumento salarial decidido a fines de febrero pasado, no se descartan medidas de fuerza dentro de la Justicia correntina. Corrientes Hoy
La empresa está concursada desde febrero de 2025; el gremio lechero Atilra informó sobre una solicitud de quiebra y admitieron la situación en el gobierno de Santa Fe; la empresa no se pronunció públicamente La cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales y concursada desde febrero de 2025, decidió pedir su propia quiebra, según señaló en una comunicación el gremio lechero y también lo admitieron fuentes del gobierno de Santa Fe. Pese a los intentos de La Nación, desde la compañía no respondieron ante una consulta. La presentación se formuló sobre la tarde de este miércoles, dijeron fuentes al tanto, con lo cual aún no se hizo visible en el expediente de la causa. Como había informado este medio, según la Justicia, que verificó las deudas de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados, la cooperativa láctea enfrenta una deuda en torno a los US$120 millones (US$90 millones y superior a $40.000 millones). Desde 2017, la firma vino en un proceso donde, lejos de enderezar su situación, terminó perdiendo participación en el mercado. Pasó de procesar unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 en su disminución productiva. Se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus establecimientos de elaboración. En diciembre pasado, Marcelo Gelcich, a cargo del concurso de la firma, se hizo eco de objeciones de la Sindicatura sobre cómo se venía desempeñando la administración y designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con amplias facultades. “Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, señaló en una comunicación Atilra, firmada por Héctor Ponce, secretario general del sindicato. Como se dijo, hasta el momento, en la web del concurso de SanCor no se subió la presentación referida al pedido de la empresa, ya que se canalizó a última hora, pero fuentes consultadas lo consideraron inminente. Trascendió, además, una convocatoria a asamblea a los tamberos para que se ratifique lo actuado. “En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad, pretendiendo construir un falso relato enfermizo a través de voceros funcionales perfectamente identificados, ahora totalmente descolocados ante los categóricos informes coincidentes de los cuerpos orgánicos actuantes en la causa y el reconocimiento de la propia concursada”, apuntó Atilra. El gremio lechero, vale recordar, había solicitado en su momento la quiebra con continuidad de explotación. En tanto, en 2021/2022 había existido una propuesta de un grupo de empresarios para intentar un salvataje de la cooperativa que nunca se puso en marcha. Según lo señalado por el secretario general de Atilra, hoy la firma “se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”. Para el sindicato, si la Justicia dicta la quiebra esto “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”. La Nación
Lo resolvió ayer el Tribunal Oral Federal de Resistencia. El imputado se encontraba alojado en la U7 de Resistencia procesado por integrar una supuesta banda narco liderada por su padre Eduardo “Pichón” Suárez, con fecha de juicio para junio de este año. En una resolución dictada el 15 de abril, el Tribunal Oral Federal de Resistencia concedió el beneficio de prisión domiciliaria a Alberto Eduardo José Suarez Lezcano, quien se encontraba alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal desde el 3 de julio de 2025. El imputado, quien se encontraba alojado en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Federal por una causa de organización de transporte de estupefacientes, solicitó la morigeración de su detención basándose en el artículo 32 inciso f de la Ley 24.660. Esta normativa permite el régimen domiciliario cuando el interno tiene a su cargo a una persona con discapacidad, situación que en este caso afecta a su madre. La defensa argumentó que la mujer presenta una discapacidad superior al 80%, hipertensión maligna, fibromialgia y un cuadro de depresión severa con ideación suicida que requiere vigilancia permanente. Se acreditó además que el grupo familiar no cuenta con otros miembros capaces de brindar los cuidados necesarios, ya que Suarez Lezcano es hijo único, su pareja posee obligaciones que le impiden la asistencia y su padre, Eduardo “Pichón” Suárez, también se encuentra privado de la libertad. Un factor determinante para el tribunal fue el rechazo formal de la obra social InSSSeP al pedido de internación domiciliaria, lo que posicionó al imputado como el único sostén posible para evitar el abandono real de su madre. La Unidad Fiscal prestó conformidad al pedido tras evaluar los numerosos informes médicos y psicológicos que confirman la invalidez funcional y el riesgo vital de la mujer. Los magistrados Enrique Bosch, Osvaldo Facciano y Rubén Quiñones consideraron que mantener la prisión en un establecimiento común implicaría un sufrimiento inhumano que trascendería al círculo familiar, vulnerando principios constitucionales y de derechos humanos. Bajo la nueva modalidad, Suarez Lezcano deberá residir en el domicilio de la calle Lázaro Maderna en la ciudad de Resistencia y tiene prohibido egresar del inmueble sin autorización previa. Asimismo, el fallo impone reglas estrictas que prohíben el consumo de estupefacientes, el exceso de alcohol y la realización de reuniones festivas o contacto con un número excesivo de personas ajenas a la familia. El cumplimiento de este régimen estará sujeto al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y a la designación de un referente-guardador que asuma la responsabilidad formal ante el juzgado.
En diálogo con CIUDAD TV, la diputada provincial del PJ, Analía Flores, brindó detalles del proyecto de ley que propone prevenir y actuar ante situaciones de acoso, difusión de imágenes sin permiso y otros riesgos en las redes sociales y plataformas digitales. “Cuando pasan hechos dolorosos e impactantes para la sociedad, es cuando más tenemos que pensar en qué necesita la comunidad educativa”, consideró. Con el objetivo de garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y conectarse en un ambiente seguro, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Prevención y Abordaje de las Violencias Digitales (PRO-PAD). Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por el impacto de las agresiones en internet en la vida escolar y familiar. El programa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Educación de la provincia y llegará a todas las escuelas, niveles y modalidades del Chaco. “Para no dar respuestas espasmódicas y de acuerdo a lo que va ocurriendo en el momento y en la coyuntura, es que nosotros hace un tiempo venimos trabajando con algunos equipos que ya estuvieron comprometidos en temas de esta característica en lo que se llamó en su momento Salud Educativa, que era un área importante del Ministerio de Educación, que era parte de una de las direcciones de Política Socioeducativa”, explicó Flores. Y recordó que “se venían trabajando ya hace mucho algunos protocolos, nada más que salían por resolución o disposiciones y lo que nosotros intentamos trabajar con ellos es justamente la posibilidad de que todos esos protocolos, que son como guías de abordaje ante la situación, puedan salir por ley”. En ese sentido, aseguró que “por eso este proyecto de ley lo que propone es un programa provincial para la prevención y abordaje de la violencia digital en entornos escolares, porque además cuando hablamos de este tipo de violencia dentro de los entornos escolares, estamos hablando que no es de un abordaje de cualquier manera, sino que tiene que ver con custodiar sobre todo las trayectorias escolares de los estudiantes”. “No hay que olvidarse que nosotros tenemos niveles que son obligatorios dentro del sistema educativo, entonces no se puede descuidar cualquier aspecto que irrumpa o interrumpa la trayectoria escolar de un niño, niña o un adolescente”, reflexionó la diputada peronista. Al respecto, sostuvo que “en ese sentido uno trata con este proyecto de dar respuesta un poco más a largo plazo y no solamente una respuesta coyuntural, porque cada vez que hay hechos escolares que son dolorosos, que son muy impactantes para la sociedad y para la comunidad educativa, lógicamente que uno como adulto y que sabe del tema y que ha estado en el tema, quiere salir a dar respuestas inmediatas”. “Pero estas son cosas que justamente por ser tan graves, tan impactantes y tan dolorosas, es cuando más tenemos que pensar y ver bien cómo y qué necesita la comunidad educativa para poder nosotros realmente darle una herramienta”, precisó Flores.
Así lo determinó este jueves el presidente del TOF de Resistencia, Juan Manuel Iglesias, al dar por cerrada la etapa probatoria con las últimas declaraciones testimoniales. El 23 de abril será el turno del alegato del Ministerio Público Fiscal y se completarán el 6 y 7 de mayo con los de las defensas. Noticia en desarrollo…
En el marco de la investigación por una serie de robos tipo “entradera” de gran magnitud registrados en las provincias de Chaco y Santa Fe, efectivos del Departamento de Investigaciones Complejas, División Delitos Contra la Propiedad concretaron la detención de otro presunto integrante de la organización. Se trata de un hombre de 32 años, quien se presentó en horas de la tarde acompañado por su abogado en la sede del Departamento de Investigaciones Complejas, donde era buscado por su presunta participación en un millonario robo ocurrido en la localidad de Charadai. El hecho tiene como damnificado a un ciudadano al que le sustrajeron $5.000 y 95.000 dólares estadounidenses, suma que habría sido obtenida mediante la modalidad de “entradera”. Tras su presentación, el sujeto fue notificado de su aprehensión en la causa por supuesto robo, siendo luego examinado por Medicina Legal e identificado por Antecedentes Personales, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente. La investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar la participación de otros posibles integrantes de la banda.
El fallo determinó que la empresa dominante del sector incurrió en prácticas anticompetitivas. Ahora se abre una etapa clave para definir sanciones y posibles cambios estructurales. Un jurado federal de Estados Unidos determinó que la empresa Live Nation Entertainment incurrió en prácticas monopólicas ilegales en el mercado de venta de entradas y promoción de conciertos, en el marco de un juicio antitrust impulsado por decenas de estados. El veredicto concluyó que la compañía —propietaria de Ticketmaster— utilizó su posición dominante para restringir la competencia, imponer condiciones desfavorables a terceros y afectar directamente a los consumidores mediante precios más elevados. Según lo determinado por el jurado, la integración vertical del grupo —que abarca desde la venta de tickets hasta la promoción de eventos y la operación de recintos— le permitió consolidar un control significativo del mercado, limitando la entrada de competidores y condicionando acuerdos con artistas y venues. En términos económicos, el fallo estableció que los consumidores pagaron en promedio un sobreprecio cercano a US$1,72 por entrada como consecuencia de estas prácticas, mientras que el monto total de los daños será definido en una próxima etapa judicial. La causa forma parte de una ofensiva más amplia liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto a más de 30 estados, que cuestionan el funcionamiento del sistema de ticketing y conciertos en el país. En Argentina, el grupo también tiene presencia directa en el negocio de espectáculos en vivo: en 2018 adquirió una participación mayoritaria en la productora DF Entertainment, además de Dale Play, de los cuales tienen contrato con River Plate para hacer sus shows en el estadio Monumental. El veredicto abre una fase clave en la que el tribunal deberá determinar las medidas correctivas, que podrían incluir multas millonarias, cambios en el modelo de negocios e incluso la eventual separación de unidades dentro del grupo. El caso se convirtió en uno de los litigios antimonopolio más relevantes en la industria del entretenimiento en los últimos años y reavivó el debate sobre la regulación del mercado de eventos en vivo, en un contexto de creciente preocupación por el precio de las entradas y la concentración empresarial.
Se trata de Esteban Mahiques y su designaciónón se informó a través del Boletín Oficial donde se indicó además que el cargo será “ad honorem”. Esteban Mahiques, hermano de Juan Bautista, fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será “ad honorem”. “Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.IP La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia y la misma señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria al empresario farmacéutico Hugo Sigman, en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia. Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, por la misma investigación también fue citada la exministra de Salud del gobierno de Alberto Fernández, Carla Vizzotti, y a otros exfuncionarios y empresarios, bajo la sospecha de haber demorado la adquisición de dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer para favorecer intereses locales. Según el dictamen, de más de 30 páginas, existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” que habría privilegiado negocios privados por sobre la salud pública en un momento crítico. La fiscalía sostiene que el Gobierno habría dilatado de manera deliberada el acuerdo con Pfizer, que en 2020 ofrecía más de 13 millones de dosis con entregas tempranas, en favor de contratos con AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, laboratorios que contaban con “socios locales”. En ese entramado, Stornelli identifica a Sigman como el “denominador común” de la red investigada. El titular del Grupo Insud —vinculado a firmas como Elea Phoenix y mAbxience— resultó beneficiado con acuerdos vinculados a AstraZeneca y Sinopharm, según la acusación. Stornelli solicitó indagatorias por presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La causa también alcanza a otros funcionarios, empresarios y asesores del ámbito sanitario.IP Ahora será el juez Lijo quien deberá resolver si hace lugar al pedido del fiscal y avanza con las citaciones en una investigación que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las vacunas durante la pandemia.