Autor: Redacción General

La CGT (Confederación General del Trabajo) se reunirá para definir si realizará o no un paro general el día en el que Diputados debata la reforma laboral en el recinto. La central obrera apuesta a poder incidir en el debate que se llevará adelante en las comisiones de la Cámara baja, ya sea para bajar algunos artículos o para demorar su tratamiento en las sesiones extraordinarias, objetivo principal de la gestión de Javier Milei. Fuentes de la central sindical histórica confirmaron a El Destape que este lunes 16 de febrero habrá un Zoom de los integrantes de la cúpula de la CGT junto a otros dirigentes. En ese contexto, se reunirán y definirán si habrá una movilización el día en el que se realice el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, primera estación del proyecto que ya tiene media sanción en Senado. Otra opción que circula y que es seriamente analizada por los dirigentes gremiales es que se lleve a cabo un paro general el mismo día de la sesión. Si bien la intención del oficialismo es dictaminar el miércoles para ir al recinto el jueves, en la central obrera estiman que pueda ser el 25 o el 26 de febrero. “El día de las comisiones lo evaluaremos”, acotaron. Desde la CGT afirmaron que se apoyarán más en Diputados, donde creen tener un mayor poder de negociación para “voltear” algunos artículos del actual proyecto como es el caso del referido a las licencias médicas y el cobro de sueldo al 75% o 50%; uno de los puntos que más polémica generó. “Van a pulirla más y recortar la ley que bajó el Senado”, especularon. El objetivo siguiente, señalaron, es que la reforma laboral no se trate en las sesiones extraordinarias que concluyen el próximo viernes 27 de febrero; ingresando así al período ordinario, que inicia después del 1° de marzo. Si bien el proyecto sigue teniendo las mismas posibilidades de ser aprobado en dicho plazo, puede haber otros temas en general a debatir en el Congreso y en sus comisiones que generen demoras y atenten directamente contra la agenda presidencial. “Queremos sacarle el triunfo a Milei en el discurso del 1° de marzo”, sintetizaron fuentes gremiales a El Destape. El Presidente inaugurará las sesiones ordinarias y puede llegar a tener a disposición triunfos como el Presupuesto 2026, la Ley Penal Juvenil y la Reforma Laboral; todos hitos con los que -sin duda alguna- se puede vanagloriar. No solo la CGT estará alerta con el debate en Diputados. El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) también alzó la voz y anunció una movilización al Congreso para el jueves 19, día en el que en la Cámara baja se comenzaría a tratar la reforma laboral. Los gremios denunciaron que proyecto del gobierno de Milei, que ya tiene media sanción en el Senado, busca “vulnerar derechos históricos de los trabajadores argentinos”. Según informaron a través de un comunicado, las organizaciones sindicales ratificaron su “rechazo absoluto a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, denunciando que estas medidas intentan vulnerar derechos históricos de los trabajadores argentinos”. Fue así que el FRESU ratificó el estado de alerta y movilización “ante el intento de desmantelar las conquistas laborales” y un paro y movilización. “En el momento que se realice el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados, el frente movilizará masivamente al Congreso”, indicaron. “El FRESU se mantiene unido y sigue creciendo con la incorporación de nuevos sectores sindicales que entienden que el límite es el avasallamiento a nuestros derechos”, concluyeron. El Destape

”De esta manera, fortalecemos la entrega directa en nuestras farmacias sociales de Resistencia y del interior de la provincia, facilitando el acceso oportuno a los tratamientos esenciales y evitando interrupciones en el seguimiento de enfermedades crónicas”, expresó el titular del organismo, Rafael Meneses. A partir del miércoles 18 de febrero de 2026, quienes acceden a la cobertura mediante el Fondo de Alta Complejidad y Discapacidad podrán retirar en las farmacias sociales del organismo los medicamentos destinados a tratamientos crónicos, con especial énfasis en la prevención cardiovascular. La disposición incluye fármacos para patologías como hipertensión arterial, dislipidemia y otras enfermedades vinculadas al cuidado integral del sistema cardiovascular, además de otros tratamientos crónicos contemplados dentro del fondo. El anuncio lo confirmó el presidente del InSSSeP, Rafael Meneses, quien subrayó que la iniciativa marca el inicio de un proceso de recuperación y regularización en la provisión de medicamentos para los beneficiarios. Las farmacias sociales del INSSSEP ubicadas en Resistencia -como las de avenida 25 de Mayo y otras sedes-y en distintas localidades del interior ya se encuentran preparadas para implementar esta modalidad de dispensa a partir de la fecha indicada. Desde el organismo invitaron a los afiliados comprendidos en el Fondo de Alta Complejidad y Discapacidad a acercarse con la documentación y la receta correspondiente para retirar los medicamentos. Para consultas sobre horarios o requisitos, se recomienda comunicarse directamente con las farmacias sociales o a través de los canales oficiales del INSSSEP. La medida representa un avance en la gestión del fondo y reafirma el compromiso de la actual conducción con la salud y el bienestar de los afiliados en toda la provincia.

El Instituto Malbrán confirmó el primer caso de sarampión del año en el país y el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica. La médica infectóloga Cristina Euliar­te explicó en diálogo con CIUDAD TV que la cobertura cayó tras la pandemia y advirtió que “para estar protegido contra el sarampión tenemos que tener dos dosis”. La confirmación del primer caso de sarampión en Argentina encendió la alerta sanitaria. El Instituto Malbrán registró el contagio en una persona de 29 años con domicilio en Capital Federal y, ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica para reforzar la vigilancia y la vacunación. La médica infectóloga Cristina Euliarte advirtió que la baja en las coberturas de vacunación abre la puerta a la reaparición de la enfermedad. “Desde el año 85 estábamos prácticamente tranquilos con esto, pero desde la pandemia y también por otras razones, lo que pasó es que se dejó de hacer las vacunas como corresponde”, señaló. Explicó que el país contaba con alrededor de un 90% de cobertura. “¿Qué significa eso? Que la mayoría de los chicos estaban bien vacunados y protegidos contra la enfermedad. Al dejar de vacunarse empezamos a perder esa cobertura y actualmente estamos en un 85% para la primera dosis”, detalló. La situación es más preocupante en la segunda aplicación. “Para estar protegido contra el sarampión tenemos que tener dos dosis. En la segunda dosis estamos alrededor del 45%. Es bajísima, entonces tenemos una gran cantidad de niños que no están protegidos contra el sarampión”, afirmó. Cambios en el esquema de vacunación Euliarte explicó que la primera dosis se aplica al año de vida y que se modificó la edad de la segunda dosis para acelerar la protección. “La primera dosis siempre es al año de vida. La segunda dosis se va a poner para los chicos que nacieron antes del 30 de junio del 2024 cuando cumplan 5 años. Los nacidos a partir del primero de julio del 2024 van a ponerse la segunda dosis a los 18 meses”, precisó. “Con esto tratamos de adelantar la vacunación para que los chicos estén más rápidamente protegidos”, agregó. En relación al caso confirmado, indicó que no se conocen todos los detalles, pero remarcó la importancia de la inmunización en adultos. “La vacuna se puede poner en el adulto, el adulto tiene que tener dos vacunas. Para estar bien protegidos, los adultos tienen que tener dos dosis de vacuna”, sostuvo. Recordó que quienes no tengan el esquema completo pueden concurrir a cualquier vacunatorio para recibir asesoramiento. “Si los adultos tienen dos dosis están bien protegidos, la enfermedad no se va a introducir entre nosotros”, señaló. Cómo se manifiesta y cómo se contagia La infectóloga describió el cuadro clínico en personas no vacunadas. “El sarampión es una enfermedad con mucha fiebre, comienza con fiebre de 40 grados con aparición de una erupción en la piel que aparece generalmente detrás de los lóbulos de la oreja y se disemina por toda la cara”, explicó. Detalló que el primer día afecta cara y cuello, el segundo se extiende al tórax y el tercero a los miembros inferiores. “Esos tres días el paciente tiene fiebre altísima, 39 o 40 grados. Eso va acompañado de rinitis, mucho moco nasal, dolor de garganta y mucha fiebre”, indicó. Advirtió que puede haber complicaciones como deshidratación u otitis y que, tras unos seis o siete días, la fiebre desciende y la erupción comienza a desaparecer con descamación de la piel. También subrayó el alto nivel de contagiosidad. “Es muy contagioso, porque se contagia por el movimiento del aire. El paciente puede ir a una guardia, está tosiendo, el virus queda suspendido en el aire por una hora o dos horas”, explicó. En ese sentido, recordó que el período de incubación es largo y que, ante la detección de un caso, se realiza vacunación de bloqueo para limitar el foco. Sin embargo, advirtió que cuando los casos no se consultan a tiempo, la transmisión puede extenderse sin ser detectada, como ocurrió en brotes anteriores. “La ventaja que uno tiene con el sarampión es que si aparece un caso en un determinado barrio, uno rápidamente lo detecta y comienza la vacunación de todos los que no tengan la vacunación completa”, concluyó.

Las presentaciones contra el Grupo Albanesi se multiplican en la Justicia tras el default que perjudicó a cientos de ahorristas que habían invertido en sus Obligaciones Negociables (ON). Tras el default, las demandas contra la compañía energética se acrecentaron entre fines de 2025 y las primeras semanas de enero. Entre fines de 2025 y las primeras semanas de este año las demandas contra una de las principales empresas de energía del país se acrecentaron en diferentes juzgados comerciales. El Grupo Albanesi entró en fase de incumplimiento de pagos a principios de mayo de 2025 tras no poder afrontar los pagos de una ON en dólares de sus subsidiarias Generación Mediterránea y Central Térmica Roca. Entre 2019 y 2024, el Grupo Albanesi creció a toda velocidad. Amplió su parque de generación eléctrica y ganó peso en el sistema. Lo hizo apalancado en deuda local e internacional. Pero en 2024 empezaron los problemas: hubo canjes parciales y refinanciaciones apresuradas. En definitiva, parches que no alcanzaron para estabilizar la estructura financiera. Sin embargo, la calesita seguía girando hasta que el esquema terminó de romperse el 29 de abril de 2025. Albanesi dejó de pagar intereses y en pocas horas entró formalmente en default. El dato más incómodo aparece cuando se mira el calendario. El 26 de febrero de 2025, apenas dos meses antes del default, Albanesi emitió la Obligación Negociable Clase XLII por más de 6.000 millones de pesos. Vencía a un año. Pagaba TAMAR más 5 por ciento. Fue presentada como deuda corporativa estándar. Sin alertas. Sin banderas rojas. Menos de sesenta días después, la empresa dejó de pagar todo. Durante todo 2025, Albanesi avanzó en una reescritura de contratos. Estiró plazos. Redujo derechos. Cambió eventos de incumplimiento. Muchas veces con la deuda ya caída. Para varios acreedores, aceptar esos cambios no fue una elección, sino una rendición. La alternativa era no cobrar nada. En la segunda mitad del año, el proceso se volvió más opaco. Las negociaciones pasaron a mesas privadas, bajo acuerdos de confidencialidad. Un puñado de grandes acreedores accedió a información sensible. Los minoristas quedaron afuera. El bono en default fue emitido bajo ley internacional por USD 350 millones, en el marco de una deuda total de más de USD 1.000 millones, con vencimiento a 2027. Este mismo bono fue reestructurado en noviembre del 2024. Pese a esta delicada situación financiera, la compañía emitió deuda en octubre pasado por USD 350 millones, en enero por USD 59 millones y en marzo por otros USD 10 millones. La situación de Albanesi alimenta la lectura de los que advierten por el riesgo sistémico que implica la creciente toma de deuda en dólares que alienta el Gobierno. El ex presidente del Banco Central Martín Redrado y la agencia Moody’s calificaron de muy riesgosa esa estrategia y recordaron que así explotó la Convertibilidad. Albanesi es una empresa de la familia Loson, su fundador Armando Loson es un arrepentido de la causa cuadernos, hoy retirado del día a día de la empresa que maneja su hijo Armando. La compañía opera centrales térmicas en Río Cuarto (Córdoba), Ezeiza y Bahía Blanca (Buenos Aires), San Miguel de Tucumán, Frías (Santiago del Estero), La Rioja, General Roca (Río Negro), Timbúes y Arroyo Seco (Santa Fe). La Política Online

Uno de los dispositivos se desarrolló en el Polideportivo “Jaime Zapata” y el otro en el C.C.M. de Villa Río Negro, con el objetivo de facilitar a las familias chaqueñas el acceso a controles médicos y certificaciones necesarias para el inicio del ciclo lectivo 2026. En el marco del programa provincial “Febrero en Acción: Salud para el Ingreso Escolar”, se llevaron adelante ayer dos Operativos de Abordaje Territorial en simultáneo en la ciudad de Resistencia, alcanzando más de 700 atenciones entre ambas jornadas. Durante los operativos se brindaron los siguientes servicios: Además, se contó con el acompañamiento de distintas áreas y programas provinciales y municipales, fortaleciendo el trabajo articulado y territorial para ampliar la cobertura sanitaria en los barrios. Las jornadas fueron organizadas por la Subsecretaría de Redes de Salud- Este, la Dirección de Odontología, la Municipalidad de Resistencia y la Región Sanitaria VIII, en conjunto con otros organismos provinciales que acompañaron el despliegue. Lo que se busca, es acercar el sistema de salud a la comunidad, garantizando controles preventivos y el acceso a la documentación requerida para el ingreso escolar. Cronograma de operativos -19/2: Resistencia (B° Güiraldes)-19/2: Puerto Tirol (Centro Integral Comunitario)-20/2: Barranqueras (Pasaje Lesaige 4860)-20/2: Resistencia (B° San Antonio)-26/2: Fontana (E.E.P. 1026 “Héctor Camors”)-26/2: Resistencia (B° Toba)-27/2: Resistencia (Plaza “25 de Mayo”)-27/2: Resistencia (Plaza “Anfiteatro Paseo Sur”) El programa continuará desarrollándose en distintos puntos del territorio chaqueño, promoviendo la prevención y el cuidado de estudiantes de todas las edades de cara al inicio del ciclo escolar. Se recomienda asistir con DNI y carnet de vacunas para agilizar la atención.

Son números que surgen del SIPA. Además de los casi 20 mil puestos de trabajadores registrados perdidos la Fundación Pro Tejer precisó que en ese mismo período cerraron 558 establecimientos de la cadena de valor. Se trata, además, de un sector con elevados niveles de informalidad – en torno al 72% en confecciones -, por lo que la pérdida de empleo total sería aún mayor. El sector textil, confecciones, cuero y calzado es hoy el que más empleo formal perdió dentro de la industria y uno de los más golpeados de toda la economía. Según un relevamiento de Econviews elaborado a partir de datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos de trabajo registrados en el sector de textiles, confecciones, cuero y calzado. La caída fue del 15,1%, la más profunda dentro de la industria y una de las mayores de toda la economía. En paralelo, se redujo el entramado productivo. La Fundación Pro Tejer precisó que en ese mismo período cerraron 558 establecimientos de la cadena de valor, una contracción del 9%, con especial impacto en indumentaria y en cuero y calzado, ramas caracterizadas por una mayor cantidad de unidades productivas. Se trata, además, de un sector con elevados niveles de informalidad – en torno al 72% en confecciones -, por lo que la pérdida de empleo total sería aún mayor. En ese punto del debate, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, introdujo esta semana una clave que desarma la discusión binaria entre “industria cara” e “importaciones baratas”. En declaraciones radiales, afirmó: “Cuando vos ves en mercados totalmente informales, como puede ser La Salada o la calle Avellaneda, los precios de productos que se fabrican en la Argentina son casi los mismos que en China. No está bien que eso funcione así, pero es el absurdo que muestra que el problema es básicamente la acumulación de distorsiones que tenemos en una cadena que es muy sofisticada, con muchísimas etapas”. Rappallini agregó que el desafío de fondo no es negar la competencia, sino crear condiciones para sostenerla: “El gran desafío que tiene la industria es darle a la ciudadanía precios internacionales y calidad, y que las empresas argentinas sean parte de esta nueva etapa”. Los datos productivos refuerzan la advertencia. De acuerdo con el Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora el Indec, el sector textil fue el más afectado en 2025, con una caída acumulada del 5,7%, la peor de todo el índice. Aunque prendas de vestir y calzado mostraron en noviembre la segunda suba mensual del año (+4,7% desestacionalizado), los niveles siguen muy deprimidos. Según Analytica, la producción se ubicó 18,5% por debajo de diciembre de 2024 en confecciones y calzado y 31,2% por debajo en productos textiles. Frente a noviembre de 2023, el retroceso es aún más severo: -47,6% en productos textiles y -19,3% en confecciones y calzado. La utilización de la capacidad instalada sintetiza el deterioro: los productos textiles operaron en noviembre con apenas 29%, el registro más bajo de toda la serie histórica, con la única excepción de los meses más críticos de la pandemia. El avance de las importaciones aparece como un factor central. En 2025, las compras externas crecieron 97,3% interanual en indumentaria, 121,2% en otros textiles y 25,2% en calzado. Las importaciones de ropa alcanzaron los US$681 millones, el nivel más alto de toda la serie histórica en moneda constante, mientras que las de calzado y sus partes sumaron US$825 millones, apenas por debajo del récord de 2017. A esto se sumó el crecimiento explosivo del canal courier, con un aumento interanual del 274,2%, impulsado por plataformas como Shein y Temu. Un estudio reciente de la consultora Equilibra aporta una mirada estructural al fenómeno: los sectores que más cayeron en producción son, en su mayoría, los que compiten directamente con importaciones. De los 26 sectores transables de la economía, solo seis crecieron durante la gestión Milei. En 16 de los 20 que se contrajeron, la producción local perdió participación en el mercado interno frente a bienes importados, con la ropa y los textiles entre los casos más claros. La corrección no fue neutra en términos laborales. Los puestos que se perdieron en el empleo registrado del sector no desaparecieron por completo: en buena medida se desplazaron hacia el cuentapropismo y la informalidad, un fenómeno especialmente extendido en confecciones. El resultado es un mercado con precios más bajos, pero también con menos empleo formal, menor escala productiva y un entramado cada vez más atomizado. Infogremiales

Al cumplirse un año de la estafa cripto conocida como “Caso $Libra”, el querellante y afectado Martín Romeo afirmó que el presidente Javier Milei “miente sistemáticamente” respecto de los hechos investigados y exigió definiciones en el expediente que tramita en la Justicia. En diálogo con Radio 10, Romeo manifestó que, tras el receso judicial de verano, el escenario dejó “un gusto dulce para la querella”, dado que -según detall- la Cámara Federal porteña exhortó al magistrado Ariel Lijo y al fiscal Carlos Stornelli a acelerar el trámite de la causa. “La Cámara Federal le dijo al juez y al fiscal que tienen que acelerar la instrucción. La etapa de pruebas se está extendiendo más de lo necesario”, sostuvo. A la vez, indicó que “las únicas pruebas de las que se habla son de las que presentamos nosotros” y subrayó que, hasta ahora “no hay procesados, no hay declaratoria”. El denunciante señaló además que la querella consiguió reconstruir el circuito de los fondos presuntamente comprometidos en la maniobra investigada en el “Caso $Libra”. “Nosotros logramos hacer toda la trazabilidad de la plata desde que sale de la billetera de Davis hasta que termina en las manos de Novelli, el prestamista de Milei”, precisó. De acuerdo con su planteo, “era un secreto a voces que habían existido esos pagos” y añadió que la documentación incorporada al expediente fue sometida a revisiones externas. “Trabajamos con auditoras de nivel mundial para avalar todo lo que presentamos”, enfatizó. En ese marco, volvió a cuestionar al Presidente al declarar que “Milei miente sistemáticamente cuando dice que no tiene nada que ver, porque la trazabilidad del dinero está probada y documentada en el expediente”. Para el querellante, el material incorporado a la causa contradice la posición pública del Gobierno y demanda que el Poder Judicial avance hacia eventuales citaciones a indagatoria y resoluciones procesales. El proceso permanece en fase de instrucción. Pese a los reclamos formulados por la querella en el “Caso $Libra”, todavía no se dictaron procesamientos ni se convocó a declarar a imputados, en una investigación que conserva impacto político por la supuesta conexión del entorno presidencial con la operatoria denunciada. Perfil

Las Asociaciones Forestales, miembros de la Federación de Forestoindustriales del Chaco, remitieron un documento dirigido al ministro de Producción Oscar Pablo Dudik con el propósito de exponer la situación terminal del sector y solicitar su urgente intervención. ”Crisis estructural y judicial El sector forestoindustrial chaqueño viene sufriendo una agonía prolonga, que desde el año 2020, una sucesión de causas judiciales y medidas cautelares han mantenido a la actividad bajo una constante incertidumbre. Esta crisis ha llegado a un punto crítico en estos últimos 60 días debido a la medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que suspendió el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Esta parálisis, originada en gran medida por la falta de actualización normativa que exige la ley, nos ha dejado sin marco operativo legal. Este cese forzado nos ha llevado a una total descapitalización. A pesar de la falta de producción, hemos mantenido los puestos de trabajo para evitar un colapso social, resultando en cheques rebotados, cierre de cuentas y deudas que han agotado nuestro capital de trabajo. Emergencia forestal y medidas urgentes Ante este escenario, solicitamos formalmente la declaración de emergencia forestal en la Provincia del Chaco y la implementación de los siguientes puntos: Aprobación de permisos Ad Referéndum: Que bajo el marco de emergencia se autoricen los permisos de Aprovechamiento Forestal necesarios para reactivar la cadena productiva. Simplificación Administrativa: Modificación del manual de procedimientos para eliminar trabas burocráticas que hoy asfixian al productor. Defensa del Productor ante Infracciones: Que todo procedimiento sancionatorio garantice el derecho a defensa y el debido proceso antes de la aplicación de multas o medidas punitivas. Solicitamos que no se impongan sanciones automáticas ni suspensiones de CUIT sin que el productor pueda ejercer su legítima defensa, asegurando un marco justo y equilibrado de control. Y prórroga inmediata por un año del pago de infracciones a los productores forestales, referidas a tránsito, pesaje, documentales. Rol de las Balanzas: Que las balanzas de la Dirección de Bosques funcionen como instrumentos técnicos de medición y control objetivo, accesibles y confiables para todos. Un pesaje correcto contribuye a la transparencia y fortalece la confianza en la actividad. Rechazamos su uso como herramienta de amenaza o castigo, y proponemos que se consoliden como un mecanismo transparente de apoyo a la producción. Tierras Fiscales: Establecer los instrumentos legales para la aprobación de permisos de Aprovechamiento Forestales en tierras fiscales de forma inmediata. Costos Operativos: Congelar el valor del CCG (Corresponsabilidad Gremial) para no añadir presión fiscal en este contexto de crisis. Constitución del Consejo Asesor (Ley OTBN): Solicitamos que se constituya de manera inmediata el Consejo Asesor previsto en la Ley de OTBN para evaluar anualmente la aplicación de la norma. Nuestra participación activa es vital para garantizar que el ordenamiento esté siempre actualizado técnicamente, evitando así que vacíos legales o falta de revisiones periódicas den lugar a nuevos amparos judiciales de terceros que paralicen el sector. Solicitud de audiencia En base la emergencia que vapulea al sector foresto industrial y para abordar los puntos planteados, solicitamos una audiencia en carácter de urgente. Sin otro particular, y confiando en que su gestión arbitrará los medios para salvaguardar el sustento de miles de familias que dependen de nuestra industria, saludamos a usted atentamente”, señalaron en el escrito. Agroperfiles

El presidente argentino Javier Milei lanzó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X la criptomoneda $Libra. En cuatro horas el token se desplomó y generó pérdidas millonarias a más de 44/75 mil inversores. Están imputados en la causa judicial Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Apenas se armó revuelvo por el colapso de $LIBRA, el empresario Hayden Davis salió a hablar con entrevistadores del mundo cripto. Dijo que asesoraba a Javier Milei en esa temática y en cuestiones de blockchain y tecnologías. No se despegó del asunto. Solo comentó que estaba sorprendido porque el Presidente se hubiera desentendido. Y afirmó que tenía en su poder 100 millones de dólares de “los argentinos”, por lo que esperaba instrucciones (gubernamentales) para saber qué hacer. Joven, audaz, arriesgado, había logrado llegar hasta la Casa Rosada, donde estuvo por lo menos tres veces, más allá de otros contactos. Ahora se sabe que firmaron, ambos, un acuerdo confidencial. También fueron reveladas por especialistas las transferencias millonarias en fechas claves que el estadounidense envió a billeteras ligadas a dos traders amigos del mandatario que operaron como nexo y fueron su puerta de entrada a la Casa Rosada. Alguien cercano a Davis propone mirar esto último y salir de la exclusiva definición de “estafa”. Es cierto, perdieron unos 40.000 inversores, dirá. Los auditores cripto Arkham y Hanses estimaron 75 mil damnificados en el mundo mientras los “ganadores” embolsaron 286 millones de dólares. Pero a cambio de qué Milei publicó el link de un contrato que no era público hasta ese momento y con el que invitaba a comprar $LIBRA, de modo que la moneda quedara identificada con él, y eso generara confianza. Todavía ni siquiera se sabe cómo llegó esa información a sus manos. Quién se la envió. El 14 de febrero de 2025, Davis estaba con los criptobros amigos de Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que le presentaron al “colorado” Davis, como lo apodan, en un hotel de lujo en Dallas. Una publicación del periodista Mariano Vidal en Clarín relata que hablaban con Milei en el preciso instante de la publicación de su primer tuit, a las 19.01. Decía: “La Argentina liberal crece!!!. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere inveritr en Argentina”. Así invitaba a comprar $LIBRA y copiaba el acceso al contrato y a la página de Viva la Libertad Proyect. Buena parte de todo esto que se sabe hasta ahora, está en un expediente judicial, que instruye el fiscal Eduardo Taiano, quien en algún escrito sostuvo que sospechaba de la existencia de “pagos indirectos a funcionarios públicos”. Pero hasta ahora no hubo llamados a indagatoria, no se conoce el contenido de celulares incautados y la discusión en el expediente gira en torno al monto de los embargos sobre bienes y activos financieros de los traders cercanos a Milei. Mucho ruido y… Más allá de la conocida actividad tuitera habitual del Presidente, lo que llamó la atención el 14 de febrero del año pasado fue que saliera publicitar una criptomoneda con impronta de negocio privado, poniendo a disposición su nombre, y con el anzuelo adicional de que serviría para fondear a pequeños emprendimientos argentinos. Esto último no sucedió, y –además—en pocas horas Milei borró el tuit, cuando el valor del token se desplomaba, y comenzaba a haber grandes pérdidas para ahorristas. Afirmó después que no estaba interiorizado sobre el proyecto. Su vinculación con Davis quedó a la vista de entrada con sus dichos. Había intervenido en los meses previos en los lanzamientos de criptomonedas vinculadas al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su esposa, Melania, tokens que llevaban sus respectivos nombres, tenían carácter de “memecoin”, y ellos mismos las reconocían como una suerte de juego. No fue lo que pasó con Milei, que se despegó y argumentó que “promocionó” el token a título personal, no como mandatario, como si en algún momento dejara de serlo. Y aun así procuró que el Ministerio de Justicia trabajara para blindarlo, a través de la Oficina Anticorrupción de una Unidad de Tareas de Investigación que el ministro Mariano Cúneo Libarona dejó a cargo de su jefa de gabinete. La OA produjo un informe para defender al Presidente y la UTI era la encargada de enviar la información que pedía Taino. En paralelo, es curioso que ni el Gobierno denunció a Davis, ni éste a Milei a pesar de que lo responsabilizó del desplome de $LIBRA por haber borrado el posteo y no cumplir con otras acciones para publicitar el token, como la publicación de un video. En todo este tiempo, la mayor parte de los datos más reveladores surgieron de investigaciones periodísticas, de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y de especialistas, como el ingeniero Fernando Molina. Lo que surge además de una posible estafa es la hipótesis que habrían existido pagos destinados a funcionaros públicos de distinto nivel –empezando por Milei y su hermana Karina– por un negocio privado para el que habrían utilizado sus cargos y su estructura. El fiscal sobrevuela esta teoría, pero toma medidas a paso lento. La jueza María Servini había decidido inhibir bienes y cuentas de Novelli, Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales –quien habría participado de los acuerdos– y Davis, pero después la Cámara Federal ordenó trasformar la medida en embargo, y pese a que los criptobros habían movido medio millón de dólares justo cuando se venía esa medida de no innovar. En el medio, la causa pasó de golpe al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramitaba una denuncia contra Karina Milei por la posible gestión de pagos ilegales para su hermano (según relatos de empresarios del mundo cripto). Esto último quedó diluido en la pesquisa, cuyo rumbo no está claro. El magistrado puso un monto de 36 millones de pesos para el embargo, algo más de 24.000 dólares. Los camaristas luego dijeron que lo

La provincia mantiene pacientes en cinco departamentos. Desde el Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario remarcaron que se trata de una patología de muy difícil contagio y con tratamiento efectivo. La lepra no está erradicada. En Salta hay 11 casos activos y dos de ellos fueron confirmados en las últimas semanas en el departamento Orán. La información fue difundida por autoridades sanitarias de esa provincia. La Jefa del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, explicó: “Tenemos casos, no es una enfermedad desaparecida”. Los pacientes registrados el año pasado y los actuales se distribuyen en los departamentos de Anta, Rivadavia, Capital, Orán y San Martín. Los dos últimos diagnósticos corresponden a Orán y fueron detectados recientemente. Tapia detalló que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, aunque con una tasa de transmisión baja. Según indicó, el 95% de la población es naturalmente inmune. El contagio suele producirse tras un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada que no está bajo tratamiento o que lo abandonó. Sobre los síntomas, señaló que la manifestación más característica son manchas en la piel con pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Esa señal permite orientar la consulta médica y facilitar el diagnóstico precoz. En cuanto al tratamiento, precisó que puede extenderse entre uno y dos años, de acuerdo con la evolución del paciente. También subrayó que, una vez que la persona inicia la medicación correspondiente, deja de contagiar. “La enfermedad existe, pero también existe el tratamiento”, insistió Tapia. Desde el programa sanitario remarcaron la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico para interrumpir la transmisión y asegurar la recuperación de los pacientes. El Esquiú/Periodismo365

Una presentación judicial cuestiona operaciones financieras que terminaron en pérdidas y fueron realizadas con fondos municipales. El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente y su equipo económico por presuntas pérdidas millonarias vinculadas a operaciones bursátiles de alto riesgo. La Justicia deberá determinar si hubo malversación de fondos públicos. El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente de la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a inversiones financieras. La presentación judicial sostiene que el Ejecutivo municipal habría colocado recursos estatales en instrumentos bursátiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario específico ni autorización formal del Concejo Municipal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal consultadas por PERFIL señalaron que la administración considera haber actuado dentro del marco legal vigente y, según reconstruyó este medio, se encontrarían preparando una respuesta institucional a la denuncia. Inversiones municipales bajo sospecha El planteo penal describe una presunta operatoria financiera en la que el Municipio habría adquirido cheques de pago diferido en segmentos no garantizados del mercado bursátil, lo que implicaba asumir el riesgo crediticio directo de empresas privadas emisoras. Según surge del escrito judicial, varias de esas operaciones habrían derivado en rechazos de pago al vencimiento, lo que podría haber comprometido recursos del erario público. En la denuncia se mencionan estimaciones periodísticas que ubican el posible perjuicio económico municipal en torno a los $2.500 millones, dentro de una operatoria general del mercado que habría generado pérdidas cercanas a los $12.000 millones. El documento sostiene que parte de los fondos invertidos podrían haber tenido afectación específica, es decir, recursos destinados por normativa a servicios esenciales, programas sociales u obras públicas. Bajo esa hipótesis, el desvío hacia inversiones bursátiles podría configurar una aplicación distinta a la prevista legalmente. Sin embargo, la comuna sostiene que también resultó afectada por la operatoria financiera investigada y que analiza avanzar con acciones legales orientadas al recupero de los fondos comprometidos, al igual que otros actores del mercado que habrían resultado perjudicados. El presupuesto municipal Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se apoya en el análisis técnico de las Ordenanzas Presupuestarias 9263 y 9406, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026. De acuerdo con la documentación incorporada, el Presupuesto 2025 fijó un cálculo general de recursos superior a los 57.459 millones de pesos, incluyendo un esquema de financiamiento por más de 14.235 millones, mientras que para 2026 ese financiamiento proyectado se elevaría a cifras cercanas a los 27.170 millones, lo que representaría un crecimiento cercano al 91%. El planteo judicial destaca que los propios cuadros presupuestarios reflejarían un escenario de déficit estructural, con proyecciones de desequilibrio financiero que alcanzarían aproximadamente los $9.222 millones en 2025 y superarían los $19.000 millones en 2026. Dentro de ese contexto, la denuncia plantea una pregunta: cómo un municipio que proyecta déficit y prevé cubrir gastos mediante endeudamiento podría disponer de excedentes para realizar inversiones bursátiles especulativas de alto riesgo. El escrito sostiene además que en la estructura presupuestaria no existiría una partida específica que habilite inversiones financieras no bancarias ni resoluciones administrativas que documenten individualmente cada colocación de fondos, su monto, su destino ni la evaluación técnica del riesgo económico. Según información recabada por PERFIL, se pudo confirmar que la relación operativa con la Bolsa de Comercio del Chaco no es reciente, el Municipio realiza operaciones financieras a través de ese ámbito desde al menos el año 2018, bajo mecanismos que, según sostienen, contaron históricamente con controles administrativos y validaciones de los organismos de control correspondientes. El alcance de las facultades del Ejecutivo municipal Otro de los ejes del conflicto judicial gira en torno a los límites legales de las atribuciones del intendente para modificar partidas presupuestarias. Si bien la normativa municipal autoriza al Ejecutivo a realizar compensaciones internas para garantizar el funcionamiento administrativo, la denuncia sostiene que esas facultades no habilitarían la realización de operaciones financieras fuera del sistema tradicional de administración pública, ni la colocación de fondos en instrumentos bursátiles sin respaldo normativo expreso. El planteo remarca que la Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas establece que los administradores públicos deben mantener un perfil de inversión conservador, orientado a la preservación del patrimonio estatal. Fuentes del Ejecutivo remarcaron que las decisiones financieras del Municipio se encuadraron en instrumentos tradicionalmente utilizados para la administración de excedentes temporales de liquidez, con el objetivo de generar respaldo financiero frente a compromisos estacionales como el pago de aguinaldos y obligaciones salariales. La explicación de la Bolsa del Chaco y el debate sobre el riesgo financiero En medio de la polémica, el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, brindó explicaciones públicas sobre la operatoria. En declaraciones al medio Diario Chaco, el directivo sostuvo que “los inversores sabían que eran instrumentos negociados en tramos no garantizados”. Según explicó Barrios Cima, las operaciones se habrían realizado dentro del segmento conocido como NOGA (No Garantizado), que ofrece mayores tasas de retorno justamente porque el inversor asume el riesgo directo del librador de los cheques. También señaló que este tipo de operatorias suele estar destinado a inversores calificados, es decir, actores con conocimiento técnico suficiente para evaluar los riesgos de la inversión. La denuncia judicial sostiene, sin embargo, que la existencia de un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores no exime a los funcionarios públicos de cumplir con las normas específicas que rigen la administración de fondos estatales. Los delitos que podría analizar la Justicia El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal solicita investigar si la conducta de los funcionarios encuadra dentro del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, que sanciona

Más de un centenar de familias iniciaron el camino hacia la regularización de sus terrenos, tras participar de un encuentro con la Municipalidad de Resistencia. Fue en la Plazoleta del barrio 400 Viviendas, donde se llevó a cabo una reunión con el asentamiento de Villa Marin. Al respecto, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial comunal informaron que en este predio viven aproximadamente 120 familias que habitan desde hace muchos años y no tienen los correspondientes planos de mensura ni títulos de propiedad. “Vinimos a explicarles que vamos a iniciar las tareas de mensura con un trabajo de campo y que posteriormente se va a tratar de acelerar para que se confeccione el plano de mensura aprobado y que puedan tener el título”, señalaron. “La verdad es que nos encontramos con gente, como en muchos barrios como este, con un desconcierto, nuestra tarea es explicarles el procedimiento y que estamos tratando de regularizar”, agregaron. Indicaron que es un trabajo que se debería haber ejecutado hace años. En Resistencia hay 245 asentamientos que no tienen ni planos ni títulos de propiedad. “A partir del miércoles estaremos en este sector con agrimensores, asistentes sociales, con nuestros equipos que se adquirieron, con el dron, con GPS y todo el personal y los operarios van a estar debidamente identificados, trabajando en cada una de las casas”, puntualizaron. “Le explicamos, primero que nada, que la tarea es relevar lo existente, que se va a dibujar el plano de acuerdo a lo que cada uno ocupa. El patio que cada uno tiene, la casa de cada uno. No venimos a mover nada, sino a regularizar, a ordenar, a hacer el inicio de lo que va a terminar siendo un título”, aclararon. Miles de beneficiarios Son 46 planos de mensura en los que se está trabajando en este asentamiento, el año pasado se realizaron intervenciones de esta índole en 45 barrios, beneficiando a más de 3.200 familias.

Alrededor de las 02:15 de la madrugada de este sábado, bomberos y efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, acudieron a la calle 21 bis entre 34 y 36 del barrio Yapeyú tras el aviso de vecinos al 911, donde constataron que un automóvil Fiat Uno rojo se encontraba volcado sobre la calzada con las ruedas hacia arriba. El conductor, un hombre de 72 años, había sido trasladado previamente en ambulancia al Hospital 4 de Junio. De acuerdo a las averiguaciones y registros de monitoreo urbano, el vehículo perdió la estabilidad e impactó contra un poste de alumbrado público antes de quedar volcado. En el sitio, el personal de la División Bomberos y Escuadrón Bomberos Voluntarios realizaron tareas preventivas, efectuaron el corte de batería para evitar incendios y aguardaron el trabajo de la División Criminalística. Posteriormente el rodado fue estabilizado y retirado, quedando a resguardo de un familiar a la espera de la grúa del seguro. El conductor permanece internado, estable y bajo observación médica, mientras la Fiscalía interviniente continúa con las actuaciones por supuesto accidente de tránsito.

La Bancaria activó una nueva actualización salarial en base a la inflación anunciada por el Indec. Fijó un incremento salarial del 2,9%, tal como marcó el índice de precios al consumidor, y llevó el inicial del sector a los 2.125.068 pesos. La Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9% sobre los haberes de diciembre, en concordancia con el nuevo índice de inflación anunciado hace pocos días. Con esta suba, el salario inicial de la actividad pasó a ubicarse en $2.125.068. El sindicato que comanda el también diputado nacional, Sergio Palazzo, informó que la mejora se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas. Así, la actualización forma parte del mecanismo acordado previamente entre el gremio y las cámaras empresarias para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Según detalla el comunicado, las partes retomarán la negociación paritaria integral en la segunda quincena de marzo de 2026, instancia en la que se revisará nuevamente la evolución de los salarios en función del contexto económico. El salario bancario suele ubicarse entre los más altos del mercado laboral formal argentino, debido a la fuerte sindicalización de la actividad y a su capacidad de negociación. Además del incremento mensual, se definió el monto mínimo para el Día del Bancario, que quedó fijado en $ 1.894.425,01. Esa cifra podrá ser actualizada si se registran nuevas variaciones inflacionarias en los próximos meses. El adicional por el Día del Bancario es uno de los conceptos históricos del convenio colectivo del sector y suele actualizarse en sintonía con los acuerdos salariales. Infogremiales

El Instituto de Cardiología de Corrientes concretó el primer implante de válvula aórtica “sutureless” Perceval, una tecnología utilizada para el tratamiento de la estenosis aórtica. La intervención permite tratar la dolencia con menor tiempo quirúrgico y recuperación más rápida. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta. Este tipo de prótesis se caracteriza por no requerir suturas convencionales para su fijación, lo que agiliza el procedimiento quirúrgico. Según se informó desde la institución, la técnica permite optimizar los tiempos en quirófano y reducir la duración total de la cirugía. La estenosis aórtica es una patología que afecta la válvula del corazón y dificulta el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En determinados pacientes, el reemplazo valvular resulta necesario para mejorar la función cardíaca y la calidad de vida. Desde el Instituto señalaron que la incorporación de esta tecnología amplía el abanico de opciones terapéuticas disponibles. El centro cuenta con más de diez años de experiencia en procedimientos TAVI -implante valvular aórtico transcatéter-, técnica menos invasiva que se utiliza en casos seleccionados. En esta oportunidad, la paciente intervenida evolucionó de manera favorable y recibió el alta médica tras la cirugía. Con este procedimiento, la institución suma una nueva alternativa en el abordaje quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica, dentro de su esquema de atención cardiovascular en la provincia. Radiosudamericana

Así lo manifestó el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich en una rueda de prensa llevada a cabo este viernes en Casa de Gobierno. “Estamos analizando todas las posibilidades para que la Policía del Chaco tenga el reconocimiento económico que se merecen”, dijo. El anuncio del ministro se efectuó durante una acto oficial para reconocer y agradecer públicamente el trabajo de efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial que participaron en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, proceso que culminó con la condena a prisión perpetua para los integrantes del denominado “Clan Sena”, cuyas sentencias fueron leídas el pasado martes 10 de febrero. En este sentido, mediante una rueda de prensa llevada a cabo este viernes por la mañana en Casa de Gobierno en Resistencia, el funcionario se refirió a la situación salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en medio de los conflictos registrados en otras provincias como Santa Fe y la posibilidad de reclamos en Corrientes. El funcionario sostuvo que la provincia “ha tenido pautas muy claras” en materia salarial y recordó que el año pasado Chaco realizó “un gran esfuerzo”, ubicándose, según indicó, como la provincia con los salarios más altos a nivel regional para el personal de seguridad. No obstante, reconoció que el contexto económico es complejo y que el Gobierno chaqueño analiza alternativas. “Estamos estudiando todas las posibilidades para que tanto el servicio como la policía tengan un reconocimiento económico que se merecen, siempre dentro de las posibilidades financieras que tiene nuestra provincia, que son complejas”, afirmó. Estos anuncios se dan después de los hechos vividos en Rosario, Santa Fe en los últimos días, donde la policía de provincia reclamó por tres días seguidos, mejoras salariales y óptimas condiciones laborales que fueron concedidas por el gobernador de ese distrito tras los reclamos.

En un frente común que representa diversidad y federalismo de la Argentina, las máximas autoridades laborales de diversas provincias presentaron una nota formal ante el Secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El documento exige la urgente convocatoria a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar de forma exclusiva el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, que acaba de conseguir media sanción. La solicitud cuenta con el respaldo de ministros y secretarios de carteras laborales clave, subrayando la relevancia política y social del pedido. Entre los firmantes se encuentran el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Walter Correa, junto a autoridades de las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego. Los firmantes sostienen que las provincias son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, ya que son quienes enfrentan cotidianamente la conflictividad laboral en el territorio. Además, recuerdan que, según el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212), es obligatorio sesionar al menos cada tres meses, un plazo que debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses no solo laborales, sino también fiscales y de inspección de las jurisdicciones. Las provincias se unen para reclamarle a Cordero que convoque al Consejo Federal del Trabajo para debatir la Reforma Laboral“Esto no pasó nunca. El Consejo tiene más de 30 años de vida y nunca dejó de funcionar 3 o 4 veces al año, como lo marca la Ley 25.212 , señalaron”. Y agregan: “La última fue la nada misma. Nos citaron en Alem 650, piso 18, nos dieron un poco de agua a cada uno y, más allá de las denuncias que hicimos las provincias respecto del desastre y que el CFT no puede no funcionar en un momento donde ya cerraron 20.000 empresas y se perdieron 300.000 puestos de trabajo, no hubo respuesta”. “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostiene el documento presentado ante la cartera laboral nacional. Ante la magnitud de la reforma que el Senado otorgó media sanción, las autoridades provinciales consideran absolutamente necesario activar este organismo para garantizar que la realidad de cada región sea escuchada. Infogremiales

Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto a la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, acompañó la jornada recreativa destinada a personas con discapacidad en la sede del Instituto de Atención y Desarrollo (IAD), en Resistencia. La actividad se desarrolló hoy en el marco de la “Fiesta de Carnaval”, una propuesta organizada por el IAD junto a la red de instituciones Crecer con Todos, con el objetivo de promover la inclusión también en el ámbito recreativo. Durante el encuentro, el mandatario provincial dialogó con autoridades del Instituto de Atención y Desarrollo para avanzar en acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Visitamos el IAD para acompañar esta fiesta de carnaval, bajo el lema de la inclusión que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, también con la recreación”, expresó Mitoire. En ese sentido, remarcó que “la inclusión debe ser real y esto se logra estando en territorio y acompañando a las personas y a las instituciones, sin intermediarios, tal como lo pide el gobernador”. Por otra parte, la titular del IPRODICH anticipó que 2026 será un año de fuerte presencia territorial, en contacto con los prestadores de servicios. Además, anunció que una de las primeras acciones previstas será la realización de capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo de las instituciones. Asimismo, señaló que se continuará profundizando la inclusión laboral mediante programas vigentes como “Impulsar Chaco” y la Sponsorización para personas con discapacidad. “Invitamos a todos a sumarse a estas iniciativas para avanzar juntos en este camino de inclusión”, sostuvo. En tanto, la coordinadora del IAD, Verónica Perrone, agradeció la presencia del Gobernador y destacó el espacio de diálogo generado para abordar los temas vinculados a las instituciones. “Permanentemente nos acompañan y auditan; juntos vamos avanzando hacia una sociedad inclusiva”, afirmó. El IAD integra la red de instituciones de “Crecer con Todos” y brinda atención a personas con discapacidad en la provincia, articulando acciones con el Estado provincial a través del IPRODICH.

El pago de los empleadores a un fondo para despidos sería compensado con una rebaja en los aportes a la seguridad social; cómo se financian las prestaciones previsionales y qué se modificaría si se aprueba la iniciativa. Las prestaciones de la seguridad social se financian con un mix de recursos que provienen de diferentes fuentes. El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses. De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas. En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas. Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones. Y lo cierto es que la reducción de las cargas no provocaría una caída en los ingresos jubilatorios ni de otro tipo que cobra mensualmente parte de la población (como las asignaciones por hijo). No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social. De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse este año, o crecer de manera más moderada que en otros períodos, por una razón diferente a la de un cambio en el cálculo de los haberes o en la movilidad. El motivo sería una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal moratoria por la cual en los últimos años se otorgó la mayoría de las prestaciones. El sistema previsto por la ley 27.705 para quienes estaban en edad jubilatoria y no habían reunido como mínimo 30 años de aportes, perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, y en todo ese año los nuevos jubilados fueron 338.553, un 20% menos que en 2024 (de todas maneras, siguen rigiendo alternativas para cubrir faltantes de aportes). Las contribuciones actuales La iniciativa del Gobierno prevé una reducción “en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social” de igual porcentaje de las remuneraciones que el aporte al FAL. La ley 27.541 fija una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pymes, además de entidades y organismos del sector público). Los recursos de esas contribuciones van a diferentes destinos de la seguridad social, apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo, y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI. Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería enviar a la Anses más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal, que el proyecto del Gobierno no indica cómo compensará. Cómo se financian las jubilaciones Las prestaciones pagadas por la Anses tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de tributos con asignación específica (como todo el impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit del sistema. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 79,4% de los recursos del sistema fueron “propios”, entendiendo como tales a los aportes y contribuciones y a los impuestos con asignación específica), y el 20,6% fue cubierto con giros del Tesoro (dinero de la recaudación general). En 2024, los recursos propios habían cubierto el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2021 ese porcentaje subió año a año (en 2020 se tocó un piso de 55%). Si se aprueba la rebaja de las contribuciones, tendería a ampliarse la participación del Tesoro en el financiamiento. “Están considerando una mayor afluencia de impuestos” para el pago de prestaciones, sostiene Pérez, quien enfatiza que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto. En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones. Pero, ¿en qué medida realmente podría ocurrir eso? “Imposible responder”, analiza el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, quien sostiene que, más allá de eso, existen varias razones para una reforma previsional. “La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describe. Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se

El espacio plenario por la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Corrientes, decidió convocar a un abrazo en defensa del Espacio de Memoria Regimiento 9 dónde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio en 1976-1977. Será el próximo martes 17 de febrero a las 9 de la mañana. En los últimos días surgieron informaciónes referidas a negociaciones sobre el predio entre el gobierno nacional y provincial, que no manifestaron explícitamente el respeto irrestricto ante un sitio de memoria sobre el terrorismo de estado en argentina. El Tribunal Oral Federal de Corrientes en su sentencia en el Juicio Regimiento 9 del año 2008 – la que se encuentra firme – , reconstruyó: “Que en el Regimiento 9 funciono un Centro Clandestino de Detención y a cargo del grupo de tareas, es donde principalmente se desarrollaron los crímenes . Los imputados actuaron con una gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos, bajo condiciones inhumanas (malos tratos, vejámenes, torturas); en su mayoría jóvenes de ambos sexos, vinculados a procedimientos que el Ejército realizaba en el marco de la lucha contra la subversión; mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), la libertad o simplemente la desaparición física.- También se encuentra probado que el Grupo de inteligencia se componía por el entonces Oficial S2 del R I 9 Capitán (anteriormente Teniente 1°) Juan Carlos De Marchi, el Subteniente (mas tarde Teniente y también S2) Rafael Julio Manuel Barreiro, el Teniente Horacio Losito, y el Alférez Raúl Alfredo Reynoso, perteneciente a Gendarmería Nacional, Institución por entonces subordinada al Ejército en la lucha contra la subversión. El grupo de inteligencia del Regimiento 9, con la colaboración del área de inteligencia de la Sección Corrientes de Gendarmería Nacional, conformaban el grupo de tareas que encabezaba la lucha antisubversiva, tenía pleno poder para actuar de modo discrecional, y contaba con la participación de otros estamentos dentro del Regimiento y Gendarmería, como ser el jefe del R I 9 y el jefe de la Sección de Gendarmería. Se halla probado que a partir de allí el grupo de tareas se dedicó a llevar a cabo los hechos delictivos que componían su objeto, conformando una organización horizontal de mando, mas allá de los grados militares, que si bien eran respetados, todos tenían una parte de la ejecución y en las decisiones, lo que permitió mantener el centro de detención y efectivizar todos los hechos aquí imputados, y que a los efectos de responsabilidad los pone a todos en un pie de igualdad. Se encuentra acreditado que desde el año 1975 se dio comienzo a detenciones ilegales de personas, la realización de interrogatorios bajo tortura de las mismas, en el primer piso de la Jefatura de policía, y el encarcelamiento en la Alcaldía de policía sin informar de ello a familiares de las víctimas. Se encuentra probada la existencia de la cuadra de detenidos en el Regimiento 9, y que inició su funcionamiento aproximadamente en el mes de agosto de 1976. Se encuentra acreditado que los soldados que custodiaban la cuadra de detenidos eran oriundos de las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, que estaban cumpliendo el servicio militar en el Regimiento 9 de Infantería durante el año 1976. También está probado que la última vez que se los vio con vida a Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda, estuvieron en el Regimiento 9. Se hallan acreditadas las condiciones indignas que regían en la cuadra de detenidos, donde los allí alojados estaban con esposas o ataduras, vendados, y sometidos a tormentos, objetos de violencia física y mental, malos tratos, en fin, condiciones indignas de toda persona humana. Se ha probado que los imputados han practicado actos de tormentos de lo que dan cuenta las víctimas.Se ha probado que los hechos encuadran en delitos de lesa humanidad”. Corrientes Hoy