Un informe de la Consultora Politikón analiza la evolución del VAB provincial para el período 2014–20241, tomando como fuente los datos armonizados de la CEPAL, con el objetivo de reconstruir la trayectoria económica de las provincias argentinas a lo largo de la última década. En este período, entre 14 provincias, Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) muestran los descensos más leves. En Chaco fue de -8,0%. El Valor Agregado Bruto (VAB) provincial constituye uno de los indicadores más relevantes para analizar el desempeño económico subnacional, en tanto permite medir la riqueza generada por las distintas actividades productivas dentro de cada jurisdicción. Conceptualmente, el VAB surge de la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, reflejando el aporte neto de cada sector a la economía. A nivel agregado, la suma del VAB de todas las actividades, más los impuestos netos de subsidios sobre los productos, conforma el Producto Bruto Geográfico (PBG), lo que convierte al VAB en su principal componente explicativo y en una herramienta clave para evaluar la dinámica del crecimiento territorial. En este sentido, existe una correlación directa y estructural entre el VAB y el PBG provincial: mientras el primero permite observar con mayor detalle el comportamiento sectorial y la generación de valor dentro de cada economía local, el segundo sintetiza ese proceso en un indicador único de producción total. Por ello, el análisis del VAB ofrece una mirada más fina sobre los motores del crecimiento (o del estancamiento), permitiendo identificar cambios en la matriz productiva, variaciones en la intensidad del capital y el trabajo, y diferencias en los ritmos de expansión entre provincias. Esta aproximación resulta particularmente útil en un país como Argentina, caracterizado por fuertes heterogeneidades regionales. El informe analiza la evolución del VAB provincial para el período 2014–20241, tomando como fuente los datos armonizados de la CEPAL, con el objetivo de reconstruir la trayectoria económica de las provincias argentinas a lo largo de la última década. Se trata de un lapso especialmente relevante, atravesado por múltiples shocks macroeconómicos, episodios recesivos, cambios de régimen de política económica y el impacto extraordinario de la pandemia, factores que dejaron huellas profundas y desiguales en las economías subnacionales. La elección de este horizonte temporal permite, además, capturar tanto las fases de contracción como los ciclos parciales de recuperación, ofreciendo una perspectiva de mediano plazo sobre el desempeño productivo territorial. A partir de esta base, el informe busca explicar cómo evolucionó la generación de valor agregado en cada provincia, qué tan sincronizados estuvieron esos movimientos con la dinámica nacional y cuáles fueron las brechas que se consolidaron o ampliaron entre regiones. De este modo, la evolución del VAB se presenta como una herramienta central para comprender la performance económica reciente del país desde una perspectiva federal, poniendo en primer plano el rol de los territorios en la dinámica del desarrollo argentino. Si se observa la participación de los VAB provinciales sobre el total nacional, se puede analizar el tamaño de las economías pero también el grado de incremento o reducción de su nivel. En el año 2014, entre Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe explicaban el 69,5% del total país, pero hacia 2024 redujeron esa participación al 68,5%: esto se explica por las reducciones registrados en Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales de participación) y CABA (-0,9 p.p.), mientras que Córdoba se mantuvo constante y Santa Fe incrementó levemente (+0,3 puntos). Aún con estos cambios, no se registraron modificaciones en el posicionamiento de estas provincias en el ranking de distritos. Los cambios en el posicionamiento relativo aparecen luego: en 2014, Mendoza era la quinta economía más grande con una participación del 3,6%, pero cayó al sexto lugar en 2024 (-0,3 p.p); y Entre Ríos era la sexta más grande en 2014 y pasó al séptimo lugar en 2024, pese a incrementar levemente su nivel de participación (+0,1 p.p). Este movimiento estuvo explicado por la situación de Neuquén: pasó de ser la séptima mayor economía en 2014 (con 2,3% de participación) a ser la quinta en 2024 (con 4,4%), mostrando un crecimiento de 2,1 puntos en la última década, la mayor de todo el país. En el resto de las provincias se observaron también cambios con alta heterogeneidad: por caso, Salta mostró un crecimiento 0,2 puntos porcentuales de participación en los últimos diez años y, por el contrario, Santa Cruz presentó el descenso más importante con una pérdida de 0,3 puntos de participación en el total nacional. Así como las provincias más grandes mantuvieron su posicionamiento (aún con cambios en pesos relativos), pasó lo mismo con las provincias con economías más chicas: tanto en 2014 como en 2024, Catamarca, La Rioja y Formosa se posicionan al fondo de la tabla. Hubo una alta disparidad entre los resultados provinciales en 2024 vs. el año 2014, pero en ese marco se puede identificar a la gran ganadora de la década: la provincia de Neuquén exhibió un incremento del 93,3% de su VAB, siendo el mayor crecimiento del todo el país y con una amplísima distancia sobre el resto. Esta suba estuvo apoyada, fundamentalmente, en un fenomenal incremento del 195,9% en el sector de Explotación de Minas y Canteras por expansión de la actividad de Vaca Muerta; de hecho, este sector explicaba el 36% del VAB neuquino en 2014 y pasó a representar el 57% en 2024. Sin embargo, no fue la única: también Salta y Jujuy (+10,3% y +10,2% respectivamente) mostraron subas de doble dígito; en el caso salteño, la suba se apoyo principalmente en la Enseñanza y la Construcción, mientras que en el caso jujeño se dio sobre todo por expansión de la actividad minera. Otras seis provincias tuvieron también alzas de sus VAB en la última década: La Pampa (8,2%), Santa Fe con (3,7%), Misiones (2,3%), Entre Ríos (2,1%), Tucumán (1,5%) y Corrientes (0,8%), mientras que Córdoba se mantuvo estable(0,0%). Por el contrario, otras catorce jurisdicciones subnacionales mostraron descensos de sus economías: en Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) se observan las más leves, pero
Autor: Redacción General
Ocurrió cerca del mediodía de este miércoles en Villa Don Andrés tras realizar el seguimiento a un Chevrolet Ónix, color azul, conducido por un presunto dealer. En el procedimiento tres personas fueron detenidas luego intentar huir y volcar en el automovil en el que viajaban. Efectivos del Departamento Operaciones de la Policía del Chaco protagonizaron una persecución que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres sospechosos. Cerca de las 11:00 de la mañana, los agentes motorizados que patrullaban la zona sur de Resistencia divisaron un Chevrolet Onix, color azul, que circulaba a gran velocidad por las inmediaciones de Villa Don Andrés. Ante la actitud sospechosa y la negativa del conductor a detener la marcha, se inició un seguimiento que se extendió por varias cuadras. La persecución terminó en la intersección de las calles Julio Acosta y Honduras, donde los sospechosos volcaron y efectivos lograron cercar el vehículo. Al realizar la requisa correspondiente, el personal policial halló en poder de los sujetos más de 100 gramos de una sustancia blanquecina. Ante la presunción de que se trataba de drogas, se solicitó la intervención de la Dirección Antinarcóticos. Los peritos químicos realizaron las pruebas de campo (narcotest), las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína. Por orden de la fiscalía en turno, los involucrados fueron notificados de su aprehensión bajo la causa de “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes”.
Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero, estuvo en Cuaglia La Casa de los Radiadores, ubicada en Julio A. Roca 935 en Resistencia, una empresa con más de 75 años de trayectoria en el rubro automotor. Zdero destacó la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas para generar nuevas oportunidades laborales. “Seguimos firmes en esta idea de fomentar el trabajo y el crecimiento, acompañando al sector privado en una alianza estratégica. Desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo, queremos continuar este proceso para que las empresas puedan seguir incorporando nuevos puestos laborales”, expresó. El mandatario, acompañado del ministro de Gobierno, Julio Ferro, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra y la diputada provincial Mayra Jarenko, explicó que Impulsar Chaco es una plataforma que integra a jóvenes, personas mayores de 40 años, personas con discapacidad y a quienes se encuentran en proceso de recuperación por consumos problemáticos, a través del programa Fortaleza. “Es una herramienta que funciona y que demuestra que esta articulación entre el Estado y el sector privado permite generar empleo genuino. Ya visitamos varias pymes que incorporaron personal mediante este programa y el desafío es llegar a cada rincón de la provincia”, señaló Zdero. “Creemos en la cultura del trabajo” Por su parte, Walter Benamu, propietario de Cuaglia Radiadores, valoró el acompañamiento del Estado provincial. “La empresa tiene 75 años de vida y yo hace 40 que estoy acá. Es la primera vez que el Estado se hace presente para ayudar al sector privado, y eso es importantísimo”, afirmó. Benamu resaltó que, gracias a Impulsar Chaco, incorporaron trabajadores a los que capacitan en refrigeración automotor, ventas y organización de depósitos. “Es muy importante que los jóvenes puedan tener un sueldo, mantener a su familia y crecer trabajando. Creemos en la cultura del trabajo, no en esperar un plan. Notamos un cambio positivo en la mentalidad de los jóvenes, y creemos que el respaldo del Estado provincial es clave para eso”, sostuvo. Por último, uno de los trabajadores incorporados, Jorge, contó su experiencia: “Llegué a través del programa Impulsar Chaco y estoy muy agradecido porque se me abrió una puerta. Estoy trabajando hace un año y estoy muy contento. Agradezco a la empresa y al gobernador por impulsar este programa”. Finalmente, Jorge alentó a otros jóvenes a no bajar los brazos: “Que sigan buscando oportunidades. Gracias a lo que creó el Gobierno hoy puedo trabajar y estoy muy agradecido por eso”.
Bajo la consigna ”No van a ver a los trabajadores de rodillas, les sobra coraje y dignidad”, se reunieron más de 35 gremios industriales que conforman la CSIRA. Allí rechazaron la Reforma laboral y anticiparon protestas. Además aseguraron que desde el gobierno “cambian las reglas para que pierdan los trabajadores”. Junto al Consejo Directivo de la CSIRA estuvieron el senador Mariano Recalde, la diputada y sindicalista Vanesa Siley y el abogado laboralista, Álvaro Ruiz. Allí debatieron los distintos motivos por los cuales este proyecto de ley que envió el ejecutivo es “tremendamente perjudicial para los trabajadores”. “Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, remarcó Recalde, “con el abaratamiento del trabajo, creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó, y el índice de desempleo fue uno de los más bajos” enfatizó el senador. Por otro lado, los oradores coincidieron en que el gobierno busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario”, produciendo leyes que son “contrarias a nuestra Constitución”. “Quieren limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta de acción y de presión” remarcaron. Por su parte, la diputada nacional Vanesa Siley subrayó que esta reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y agregó: “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”. En el intercambio de ideas, se remarcó que esta reforma también plantea la quita del 1% de los aportes a las obras sociales “para dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”. “Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamento, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”. El experto laboralista, Álvaro Ruiz, fue contundente al expresa que “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal, como así también dejar de lado muchas doctrinas y jurisprudencias” y agregó: “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales; pensar eso es retrógrado”. Cerró el encuentro Mario Manrique, de la SMATA, advirtiendo que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores que otras vez quieren ser vulnerados; no van a ver a los trabajadores de rodilla, les sobra coraje y dignidad” expresó; “la gente empezó a darse cuenta lo que está en juego en este momento y sabrán cuidar lo que tanto les costó. También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos….”, concluyó. Estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martinez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), Héctor Laplace (AOMA), Juan Antonio Speroni (SAON), Agustín Amicone (UTICRA), Cristián Jerónimo, (Co-Titular de la CGT), Soledad Calle (UOM) y el Secretario Gremial, Hugo Enrique Benitez (AOTRA), entre otros. La CSIRA es una entidad que agrupa a más de 30 gremios industriales de todo el país, incluyendo la SMATA, UOM, UOCRA y ATILRA, y liderada por Ricardo Pignanelli. Busca proteger la producción nacional y el empleo industrial frente a políticas económicas de ajuste. A denunciado el proceso de “desindustrialización inducida” e “industricidio” que vive el país; como alertar sobre la destrucción de miles de puestos de trabajo industrial y el cierre de PyMes. Infogremiales
Los jueces federales Juan Manuel Iglesias, Fabián Cardozo y Eduardo Belforte dieron a conocer los extensos fundamentos de la sentencia condenatoria contra el clan Hipperdinger y su red de cómplices, acusados de defraudar al Estado con fondos destinados a los más vulnerables. El documento, de más de 700 páginas, detalla con rigor el funcionamiento de una organización criminal que durante años desvió millones de pesos de programas de vivienda para pueblos originarios y comunidades rurales del Chaco. La investigación judicial, que se inició a partir de denuncias de la ex legisladora Ana María Canata y el periodista Luis Alberto Mancini, expone una trama sistemática orquestada desde la Municipalidad de Villa Río Bermejito. Los principales condenados, el ex secretario de Gobierno José Héctor Hipperdinger y su hijo, el asesor legal Héctor Adrián Hipperdinger, junto al ya fallecido intendente Lorenzo Heffner, crearon una red de cooperativas de trabajo ficticias para captar los fondos federales. Según los fundamentos, la organización utilizó como herramienta principal la “Federación de Cooperativas del Impenetrable Chaqueño Ltda.”, una entidad que agrupaba siete cooperativas irregulares. Esta federación, bajo el control absoluto de los Hipperdinger, funcionó como un mero canal para recibir las transferencias del Estado, mientras las obras de viviendas jamás se ejecutaban o se realizaban de manera precaria y defectuosa. El fallo describe con lujo de detalles el mecanismo de desvío de fondos. Los dineros, transferidos por Nación a las cuentas municipales, eran extraídos mediante cheques librados a nombre del propio municipio, pero cobrados personalmente en ventanilla por el intendente Heffner o por José Hipperdinger. Esta maniobra, que burlaba todo control, les permitió disponer físicamente de más de 219 millones de pesos entre 2011 y 2018. La magnitud del fraude quedó al descubierto con las inspecciones de Gendarmería Nacional y auditorías del Tribunal de Cuentas. Los peritos constataron que en las coordenadas donde debían existir viviendas solo había terrenos baldíos, que se informaban ubicaciones duplicadas, y que las pocas casas construidas presentaban graves deficiencias: falta de instalaciones sanitarias y eléctricas, materiales de ínfima calidad y estructuras incompletas. En algunos casos, los supuestos beneficiarios declararon nunca haber recibido una vivienda. El enriquecimiento ilícito de los acusados fue exponencial. Con el dinero de los programas sociales, el clan Hipperdinger construyó un barrio privado de cabañas de lujo –utilizando el prototipo de vivienda social– que alquilaba como complejo turístico, adquirió hoteles, estaciones de servicio, supermercados, numerosos vehículos de alta gama y extensas propiedades. La sentencia fundamenta que estos bienes constituyen el resultado de un sofisticado lavado de activos. Además de José (15 años de prisión) y Héctor Adrián Hipperdinger (13 años de prisión), fueron condenados otros miembros de la familia y colaboradores, como Rosana Giménez –ex concejal y exesposa de José– a 13 años de prisión, Rolando Oscar Hipperdinger, David Ricardo Lescano –sobrino de Heffner– y a las hermanas Silvia y Alejandra Hipperdinger y Nanci Beatriz Giménez -en los tres casos a tres años de prisión condicional-, quienes cumplieron roles clave en la simulación de contratos, la administración de empresas pantalla y la adquisición de bienes con dinero de origen ilícito. Los jueces destacaron la “afianzamiento estructural y profundo” de la corrupción en la Municipalidad de Villa Río Bermejito, que permitió el vaciamiento del erario público durante años. La sentencia subraya la especial gravedad de los hechos, ya que los fondos defraudados estaban destinados a paliar la emergencia habitacional y humanitaria de comunidades indígenas qom, sumidas en la pobreza extrema y la vulneración sistemática de sus derechos.
El titular de la APA, Jorge Pilar, precisó que, tras el desvío de parte del caudal del río Negro, el agua se dirige hacia el este de la Ruta Nacional N° 11, donde se encuentran los Bajos del Tacuarí, una región en la que la producción ganadera venía manifestando un marcado déficit hídrico debido a la falta de precipitaciones. De esta manera, el agua derivada permite recargar reservorios y bajos naturales, lo que contribuirá a atravesar sin inconvenientes un otoño que podría presentarse con escasas lluvias. Especialistas de la Administración Provincial del Agua (APA) llevan adelante tareas de control y manejo hídrico del caudal del río Negro mediante la operación de la Obra de Control de Laguna Blanca, ante el significativo incremento del caudal proveniente de la alta cuenca como consecuencia de las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas. Esta situación motivó la aplicación del manual de operación de la obra, con el objetivo prioritario de resguardar su integridad estructural. En una primera instancia, se dispuso el cierre parcial de las compuertas, lo que permitió derivar parte del caudal hacia la cuenca del río Salado, una medida que además genera un impacto positivo en la producción ganadera de la zona de los Bajos del Tacuarí. El presidente de la APA, Jorge Pilar, explicó que el desvío se realiza a través de un canal derivador cuya construcción data de fines de la década de 1990. “Luego del cierre parcial de las compuertas de la obra de control, se deriva agua hacia la cuenca del río Salado. Actualmente, el canal derivador opera con un tirante de no más de 40 centímetros, aun con el aporte del Saladillo, que también recibió lluvias importantes entre los meses de diciembre y enero”, detalló. Comienzo de la “Niña débil” En este contexto, Pilar advirtió que, según informes climatológicos internacionales, la región ya se encuentra bajo la influencia del fenómeno de la “Niña Débil”, una fase del fenómeno climático natural que suele asociarse a precipitaciones por debajo de los valores normales. Asimismo, el presidente de la APA, junto a su equipo técnico, verificó el normal funcionamiento de la Obra de Control de Laguna Blanca, que forma parte del sistema de defensas contra inundaciones del Gran Resistencia y cumple un rol estratégico en la regulación del caudal del río Negro durante períodos de lluvias intensas. La operación de las compuertas se realiza exclusivamente para evitar procesos de socavación que podrían afectar los muros de ala de la estructura, siguiendo de manera estricta el manual de operación de la obra. Actualmente, las compuertas permanecen abiertas en un alto porcentaje, lo que permite un paso regulado del agua hacia el Área Metropolitana, sin poner en riesgo la integridad estructural del sistema. Cabe destacar que el manual de operación fue oportunamente verificado y validado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Todo comenzó cuando una docente denunció haber encontrado en una escuela a un hombre desorientado y herido que dijo que su avioneta se estrelló. Un ciudadano de origen colombiano fue detenido en el Chaco. Hay misterio en las provincias de Chaco y Santa Fe por una presunta avioneta que se cayó, un hombre que fue demorado y otro que resultó herido, pero que ahora no aparece. Por el momento no hay una conexión confirmada, pero las sospechas de las autoridades cada vez son más grandes. Todo comenzó el lunes 2 de febrero cuando la directora de la Escuela Nº6146 “Rastreador Fournier”, en la zona rural de Avellaneda en Santa Fe, denunció que halló a un hombre desorientado, nervioso y lesionado y que al consultarle le indicó que su avioneta se había caído en Chaco y que, al no recibir asistencia, empezó a caminar con rumbo desconocido. La mujer relató ante la Policía que el hombre insistía que lo trasladen hasta la ciudad y hasta les ofreció dinero, pero, ante la negativa, decidió irse por sus propios medios, por lo que ahora no se sabe dónde está. Ante la cercanía con Chaco, las autoridades santafesinas dieron aviso a sus colegas de la otra provincia frente a la presunción de una avioneta que se estrelló, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Lo curioso del caso es que ese mismo día, pero a la noche, personal de la Policía Caminera del Chaco demoró a un hombre de nacionalidad colombiana durante un control de rutina sobre la ruta nacional Nº11, a la altura del kilómetro 983, en el cruce con la ruta provincial Nº 13, cerca de la ciudad de Resistencia. Las autoridades explicaron que el hombre circulaba por la banquina con aspecto de mochilero y que, al ser trasladado a la comisaría, constataron que tenía 37 años, era de nacionalidad colombiana, y había ingresado de manera irregular al país. Se informó que la docente no reconoció al detenido como quien había pedido ayuda en la escuela, por lo que hay hermetismo sobre la posible conexión y lo que realmente pudo pasar.
Lo solicitó el Juzgado Federal 2 para indagarlo, tras conocerse que el líder venezolano habría sido trasladado al país norteamericano en condición de detenido. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026. El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en 2025 hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal, tratándose así de la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayor parte del crecimiento se concentró en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Conforme al dato aportado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en 2025 el crecimiento fue del 4% y alcanzó en diciembre del año pasado los 12.166 detenidos. El documento registró que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023, sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025. El dato estadístico es parte del informe anual “Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF”, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada. La mayor parte del crecimiento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, en el CPF VI de Mendoza y en el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto). En cuanto a la situación procesal, el reporte señala que casi dos tercios de las personas privadas de libertad en el SPF cuentan con condena firme, mientras que las procesadas sin sentencia cayó de manera sostenida en los últimos años: pasó del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025 Del total de los reclusos en el SPF, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470), mientras que el 6,1% restante (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mujeres, travesti-trans, jóvenes y extranjeros El informe consigna que al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1% del total de la población penal. En relación con 2024, aumentó un 11,3%. Asimismo, se advirtió un incremento en la cantidad de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025, se registraron 10 mujeres embarazadas y 16 mujeres detenidas junto con sus hijos/as, la cifra más alta de los últimos años. Respecto de los jóvenes de entre 18 y 21 años, se destaca una disminución del 19,8% en comparación con el año anterior. A diferencia de lo que ocurre en la población general, entre los jóvenes detenidos en cárceles federales predomina la prisión preventiva, ya que el 63,2% se encuentra en esa situación procesal. En cuanto a las personas extranjeras, el reporte indica que representan el 16% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.942 personas nacidas en otros países.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos supervisó los avances de la obra que se ejecuta en el Cementerio Municipal “Jesús de la Buena Esperanza”, en la localidad de Fontana. Allí, estuvieron el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, acompañado por el intendente Fernando Cuadra y los equipos técnicos. La intervención contempla la construcción de un nuevo muro perimetral, una obra necesaria para mejorar las condiciones de seguridad, orden y delimitación del predio, teniendo en cuenta que actualmente solo uno de sus laterales cuenta con cerramiento. Esta situación generaba dificultades tanto en el control del espacio como en la preservación de las instalaciones existentes. Además, el proyecto prevé la demolición de sectores del muro y columnas que se encuentran en mal estado estructural, lo que permitirá avanzar con una infraestructura más segura y adecuada a las necesidades actuales del cementerio municipal. Los trabajos incluyen la ejecución de aproximadamente 360 metros lineales de muro perimetral, con una estructura reforzada y terminación en ladrillo a la vista, garantizando mayor durabilidad, resistencia y una mejor integración urbana del predio. Durante la recorrida, el ministro Domínguez remarcó la importancia del control, la planificación y el seguimiento permanente de cada obra pública que se ejecuta en la provincia. “La decisión del gobernador Leandro Zdero es clara: supervisar, ordenar y garantizar que cada obra se ejecute correctamente, cuidando los recursos del Estado y respondiendo a las necesidades reales de la comunidad”, señaló. Asimismo, el intendente Fernando Cuadra destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio, subrayando que esta obra permitirá mejorar significativamente las condiciones del cementerio y brindar mayor tranquilidad a las familias que concurren al lugar. La obra forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno provincial en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer servicios esenciales, mejorar los espacios públicos y acompañar el crecimiento ordenado de las comunidades.
La Justicia concluyó que utilizó su cargo para direccionar causas, cobrar sobornos y ocultar fondos de origen ilegal mediante un entramado familiar que operó durante más de una década. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó este martes al exjuez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y por encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, al concluir que utilizó el Juzgado Federal N° 1 como una herramienta para obtener y legitimar beneficios económicos ilegítimos. El veredicto comenzó a leerse pasadas las 15 y avanzó durante la tarde, con el análisis de los hechos atribuidos al exmagistrado y a otros integrantes del entramado investigado. Para el tribunal, quedó probado que la corrupción judicial fue sistemática, organizada y sostenida en el tiempo. Al ingresar al análisis del fondo de la causa, las juezas dieron por acreditado el delito de lavado de activos y señalaron que los acusados montaron un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito del dinero y a incorporarlo al patrimonio con apariencia de legalidad. Según expuso el tribunal, cada integrante cumplió un rol específico, coordinado y complementario, y la estructura familiar funcionó como soporte estable del esquema de lavado. En ese contexto, se remarcó que los hechos configuran un caso paradigmático de corrupción judicial, ya que la función pública fue utilizada como medio para la obtención y legitimación de fondos ilícitos. El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se desarrolló a lo largo de más de 130 audiencias, con alrededor de 300 testigos y un volumen significativo de prueba documental y digital. La acusación del Ministerio Público Fiscal se sostuvo finalmente sobre 25 imputados. El rol central de Bento y su entorno El fallo asignó a Bento un papel determinante dentro del esquema. Indicó que fue quien seleccionó inversiones, definió titularidades y canalizó fondos, utilizando a integrantes de su familia para dar cobertura formal a bienes y operaciones. El tribunal mencionó de manera expresa a su esposa, Marta Boiza, como parte clave del engranaje patrimonial, y sostuvo que Luciano y Nahuel Bento participaron en operaciones cruzadas destinadas a justificar movimientos de dinero y titularidades. Incluso se acreditó que bienes fueron colocados a nombre de un hijo con discapacidad, lo que fue considerado una instrumentalización de su situación personal. Al analizar el delito de asociación ilícita, el TOF adelantó que tiene por probado que la organización funcionó al menos desde 2007, con una estructura estable, división de roles y orientación permanente a delinquir. En ese marco, Bento fue condenado como jefe de la asociación ilícita, al considerar que desde esa posición ordenaba el curso de las maniobras destinadas a obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas. El objetivo del engranaje, según el fallo, fue convertir resoluciones judiciales en una fuente de ingresos. El tribunal identificó además a Diego Alfredo Aliaga como el principal operador del esquema, señalado como el nexo entre los distintos integrantes y responsable de articular el circuito de sobornos. El tribunal también condenó a Bento por falsedad ideológica. Uno de los hechos analizados fue la obtención, en 2011, de un crédito hipotecario subsidiado del Banco Nación, solicitado junto a su esposa pese a no reunir los requisitos legales, ya que el matrimonio era propietario de múltiples inmuebles. Asimismo, se abordó la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, en 2021, donde se insertó una declaración falsa al consignar que Boiza no era persona políticamente expuesta, pese al cargo que ejercía su esposo al momento de la operación.
Tras la corrección de la rueda previa, los títulos soberanos en dólares muestran variaciones acotadas, mientras inversores operan con cautela. Los bonos en dólares muestran un comportamiento mixto este miércoles 4 de febrero, tras la fuerte corrección registrada en la rueda previa y el riesgo país perfora los 500 puntos básicos, en 499. En ese marco, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,2% de la mano del Bonar 2041 y el Global 2029, en tanto ceden hasta 0,2% el Global 2030, 2035 y el Bonar 2038, en medio de la cautela de los inversores y tras el anuncio de postergación de la salida a los mercados internacionales para 2026. “El BCRA continua comprando dólares en el MULC y suma ya más de USD1250mn en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales. En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre.”, señaló Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS. Por otra parte, el S&P Merval opera con un alza del 1,2% mientras que medido en dólares, sube 0,9% a 2.054,07 puntos. Las acciones con subas destacadas son lideradas por Telecom (4,4%), Banco Macro (2,7%), IRSA (2,4%) y Comercial del Plata (2,1%). Ámbito
La pareja estaba separada y en pleno trámite de divorcio, pero un mensaje de voz del hombre cambió la decisión judicial. En Corrientes, la Justicia dictó un fallo inédito al restituirle los derechos hereditarios a una mujer basándose, casi exclusivamente, en la última voluntad de su marido expresada en un audio de WhatsApp. La pareja llevaba poco más de un año separada de hecho. El hombre, que padecía una enfermedad terminal avanzada, ya había iniciado los trámites de divorcio vincular. Sin embargo, poco antes de morir, sintió la necesidad de dar marcha atrás y se comunicó con su abogado. “Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla”, decía el mensaje que se convirtió en la prueba central del caso. En ese mismo audio apareció una frase que conmovió a los jueces: “Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda”. Una batalla legal contra el Código Civil En las primeras instancias, la Justicia de Corrientes le había dado la espalda a la mujer. Basándose en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial —que excluye al cónyuge de la herencia si hay una separación de hecho o un divorcio en curso—, los jueces consideraron que ella no tenía derecho a los bienes. Sin embargo, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que decidió aplicar un criterio más humano y menos “mecánico”. Por mayoría, los magistrados entendieron que el audio certificado ante escribano demostraba una intención real de reconciliación y de protección hacia su esposa. Para los ministros Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, no se puede aplicar la ley de forma automática sin mirar el contexto. El tribunal consideró que el hombre fue claro al querer frenar el divorcio. Y aunque no fue una ratificación en una audiencia formal, la Justicia validó el mensaje como una prueba inequívoca de su deseo. A pesar de que hubo un voto en disidencia —el del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación original se había dado en un contexto de violencia familiar—, la decisión final favoreció a la viuda. TN
En diálogo con CIUDAD TV, el director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, criticó la decisión del gobierno nacional de postergar la nueva ponderación de inflación prometida por la actual gestión y que derivó en la renuncia del extitular del INDEC, Marco Lavagna. A su vez, el economista pronosticó aumentos tarifarios importantes para 2026. En declaraciones a CIUDAD TV, el director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó la reciente decisión del gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), una medida que ha generado cuestionamientos sobre la independencia del INDEC y la credibilidad de las estadísticas oficiales. “El problema no es únicamente en términos de opinión pública; el IPC también está atado a otros indicadores de la economía como la deuda pública, los plazos fijos, los créditos UVA, la banda cambiaria del dólar y la propia negociación salarial”, señaló Pegoraro. Respecto a la intervención política en el organismo estadístico, recordó que “hace un poquito menos de 20 años el INDEC tuvo una intervención política, eso produjo obviamente una pérdida de credibilidad muy fuerte”. Aunque reconoció que el instituto “con mucho trabajo se normalizó”, advirtió que la actual demora en actualizar los ponderadores –basados en una encuesta de gastos de 2004– alimenta desconfianza. “Se le echó un poco más de leña al fuego”, graficó. Sobre los cambios que introduciría la nueva metodología, explicó: “No se cambia la forma de medir, cambia lo que se llaman los ponderadores”. Destacó que la actualización reflejaría mejor gastos esenciales actuales como wifi, plataformas digitales o servicios públicos, cuyo peso en el índice está subrepresentado. “Por ejemplo, hoy pagar wifi y el celular es un gasto esencial de un hogar; antes no lo era”, ilustró. “El ministro no puede decidir que metodología usar” Pegoraro vinculó la postergación con una estrategia política ante las próximas subas tarifarias. “Si se aplicaba el índice nuevo, el impacto de las subas que está pensada para este año, sumado al retiro de subsidios, iba a pegarle muy fuerte al dato de inflación”. Criticó además la injerencia del ministro de Economía en la decisión: “El INDEC debiera ser independiente; no puede el ministro decidir qué tipo de metodología usar, con argumentos aparte muy débiles”. Sobre la posibilidad de que el gobierno acceda a datos antes de su publicación oficial, consideró: “Si nos ponemos muy técnicos, podríamos decir que Caputo violó el secreto estadístico”. Aunque dudó de que haya consecuencias judiciales, alertó sobre el riesgo de perder credibilidad: “Ese dejar de creer no es únicamente que Caputo pierde autoridad; es que en esos dos o tres días entre que vos dijiste algo y se comunica el dato oficial, en el mercado pasan cosas”. 2026: el año de los tarifazos Finalmente, respecto al impacto en el noreste argentino, pronosticó incrementos tarifarios más fuertes en 2026, al no haber elecciones que frenen los ajustes. “Vamos a tener, seguramente, un incremento en tarifas que va a ser bastante más fuerte del que hemos tenido el año pasado”, anticipó, y añadió que, en un contexto de ingresos estancados, “cualquier puntito extra de suba te va a pegar mucho más fuerte en el bolsillo”. La entrevista concluye con una reflexión sobre la confianza: “A medida de cómo vaya reaccionando el INDEC o cómo vaya trabajando de hora en más, se va a poder recomponer por lo menos cierta parte de la confianza medio deteriorada este último tiempo”.
El Ministerio de Salud Pública, notificó el primer caso de Dengue del 202 en unpaciente mayor de edad de Capital con antecedentes de viaje y que presenta “buena evolución”. Se dispusieron operativos de bloqueo. Salud Pública recuerda las medidas preventivas. Se analizaron un total de 69 muestras y una registró un caso positivo y se mantiene la vigilancoia epidemioógica Se informó que el movimiento turístico, habitual en esta época del año, puede generar un aumento del riesgo de circulación viral. La persona que viaja a zonas donde hay registro de casos de Dengue, debe usar repelente y reforzar los cuidados. El Dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución con dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras. Ante la sospecha o confirmación de un caso se activa el bloqueo vectorial, que incluye el recorrido de la zona con tareas de relevamiento, fumigación, control focal, búsqueda de febriles y recomendaciones para la prevención de esta patología. Salud Pública reitera la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua. Vacunación Está disponible la vacuna contra el Dengue para personas de entre 15 a 59 años. Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales. Momarandu
Un cabo de la Policía Federal se instaló esta mañana frente a las rejas de Balcarce 50 con una pancarta. La seguridad se mantiene en alerta ya que el efectivo porta su arma reglamentaria. Una situación de tensión se vivió esta mañana en la puerta de la Casa de Gobierno, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante la situación interna de la fuerza. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hombre se apostó frente a la reja perimetral con una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona. Quién es El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista. Dónde trabaja Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se ha confirmado si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación. Qué denuncia Según el reporte preliminar, el cabo Montiel exterioriza un reclamo por “irregularidades en la Institución”. A través de la pancarta que exhibe frente a la Casa Rosada, busca visibilizar presuntos manejos indebidos o fallas estructurales dentro de la Policía Federal, eligiendo el punto político más sensible del país para exponer el conflicto interno.
La adhesión al régimen se realiza de manera exclusiva a través del sitio web oficial atp.chaco.gob.ar, ingresando con CUIT y Clave Fiscal. El régimen mantiene los beneficios previstos en la normativa vigente, que incluyen reducción de intereses y condonación de multas, de acuerdo con la modalidad de pago elegida y la cantidad de cuotas seleccionadas. La Administración Tributaria Provincial (ATP) informa que se encuentra vigente el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, que entró en vigencia el 1º de febrero y permite la adhesión hasta el 31 de mayo de 2026, conforme a lo establecido por la Ley N° 3898-F y su modificatoria Ley N° 4213-F. Este régimen permite regularizar todas las obligaciones fiscales provinciales vencidas hasta el 31 de octubre de 2025, incluyendo los principales tributos administrados por la ATP. Entre los conceptos alcanzados se encuentran el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con deuda hasta septiembre de 2025; el Régimen Simplificado Provincial, hasta octubre de 2025 inclusive; el Impuesto de Sellos; el Fondo para la Salud Pública; el Impuesto Inmobiliario Rural; tasas retributivas de servicios; multas no firmes y planes de pago caducos o vigentes comprendidos en la normativa. Asimismo, se habilita la refinanciación de planes del mismo régimen que hayan caducado. Requisitos para adherir Para acceder al régimen, los contribuyentes deberán contar con Clave Fiscal; tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico; registrar una CBU, salvo en los planes de pago al contado; tener presentadas las declaraciones juradas de los impuestos involucrados; efectuar el pago del anticipo dentro de los dos días hábiles posteriores al envío del plan; y mantener regularizados los períodos posteriores al último período permitido por ley. El régimen mantiene los beneficios previstos en la normativa vigente, que incluyen reducción de intereses y condonación de multas, de acuerdo con la modalidad de pago elegida y la cantidad de cuotas seleccionadas. Por último, la Administración Tributaria Provincial recuerda que se encuentran disponibles los canales oficiales de atención para consultas o asistencia. Los interesados pueden comunicarse telefónicamente al 3624488700, opción 2; ingresar a atp.chaco.gob.ar o escribir al correo electrónico atp.atcontribuyente@chaco.gob.ar. El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00.
Desde el Ministerio de Salud el Chaco insisten en que muchos de los recipientes donde el mosquito se reproduce no cumplen ninguna función y deben ser eliminados. Entre ellos, se destacan: latas, botellas, neumáticos en desuso, trozos de plástico, lonas y bidones cortados. En aquellos casos en los que los recipientes se utilicen de manera permanente, se recomienda evitar la acumulación de agua. Para ello, es fundamental darlos vuelta – como baldes, palanganas o tambores – o bien cambiar el agua y cepillarlos con frecuencia, especialmente los bebederos de mascotas. Asimismo, se solicita a la población mantener patios y espacios abiertos limpios y ordenados, ya que la prevención comienza en los hogares y requiere del compromiso de toda la comunidad. Desde la cartera sanitaria remarcan que la participación activa de los vecinos es clave para reducir la proliferación del mosquito y evitar la transmisión del dengue. Vacunación contra el Dengue En paralelo, el Ministerio de Salud continúa con la campaña de vacunación contra el Dengue en toda la provincia. La vacuna Qdenga está destinada a personas de entre 15 y 59 años, quienes pueden acercarse a las postas habilitadas, Centros de Salud o puestos sanitarios para aplicarse la primera dosis o completar el esquema, en caso de que hayan transcurrido tres meses desde la primera aplicación. Las vacunas son gratuitas y forman parte de la estrategia integral de prevención que se lleva adelante en todo el territorio provincial.
Un informe de la consultora PxQ muestra que la actualización del índice de precios, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, arroja registros de inflación más altos en 2024 y una mayor caída del salario real. Un informe reciente de la consultora PxQ aporta elementos para analizar cómo los cambios —anunciados, postergados o parcialmente aplicados— modifican la lectura de la inflación y, en consecuencia, del poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con la consultora que conduce el ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, el dato de enero, con la nueva estructura metodológica, habría arrojado una alza de 3% mensual, con mayor incidencia en provincias donde la discrecionalidad del relevamiento es más significativa. Lavagna dejó su cargo ocho días antes de la fecha prevista para la publicación del IPC con nueva metodología. Horas después, el Gobierno confirmó que sería reemplazado por Pedro Lines, hasta entonces director técnico del instituto. Los cambios no pasaron inadvertidos a ocho días de la actualización del IPC estaba prevista para enero de 2026, luego de haber sido anunciada oficialmente en el informe técnico de octubre de 2025. De acuerdo con los estándares internacionales, los índices de precios deben actualizar sus ponderadores cada cinco años para reflejar los cambios en los patrones de consumo de los hogares. En Argentina, ese proceso se demoró durante décadas. El IPC vigente se apoya en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, a pesar de que existe una encuesta más reciente correspondiente a 2017/18. Según señala PxQ, esa postergación respondió tanto a los costos que implica relevar nuevas encuestas como a la inestabilidad macroeconómica que atravesó el país de manera recurrente. El Gobierno había informado que, tras el reacomodamiento de precios relativos de 2024 y la desaceleración inflacionaria de 2025, el IPC pasaría a calcularse con base en la ENGHo 2017/18 a partir de enero de 2026. Sin embargo, el cambio quedó en suspenso. En una entrevista radial, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el criterio oficial: “renunció porque se ha estado trabajado en la nueva metodología y Marco quería implementarlo ahora. Con el presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya esté consolidado. (…) Vamos a mantener esta metodología hasta que el proceso de desinflación ya esté consolidado”. Tapar el sol con la mano PxQ reconstruyó una estimación a partir de los ponderadores de la ENGHo 2017/18. El ejercicio permite comparar qué hubiera ocurrido si el índice de enero de 2026 se hubiese calculado con la nueva estructura de consumo. Según el informe, el IPC de ese mes habría registrado un aumento de 3,0%, por encima del 2,5% que esperaba el Gobierno y que el propio Caputo ratificó públicamente. La diferencia no surge de un cambio generalizado en los precios, sino del peso que adquieren ciertos rubros en la nueva metodología. En particular, los aumentos tarifarios aplicados por las provincias tienen un impacto mayor cuando se utilizan los ponderadores de la ENGHo 2017/18. PxQ estima que esos ajustes habrían aportado 0,8 puntos porcentuales al IPC de enero, frente a 0,5 puntos bajo la metodología vigente. El informe subraya un aspecto clave del proceso: el INDEC toma conocimiento de los aumentos tarifarios provinciales durante diciembre, pero esa información solo se vuelve plenamente accesible para analistas y público general una vez que las provincias publican los cuadros tarifarios, lo que en este caso ocurrió el 2 de febrero. Algo similar sucede con las tarifas de servicios públicos de alcance nacional. En estos casos, la diferencia de impacto entre metodologías ronda los 0,3 puntos porcentuales. Más allá del episodio puntual, PxQ se detiene en las diferencias estructurales entre la ENGHo 2004/05 y la 2017/18. Los cambios tecnológicos y los nuevos patrones de consumo reducen el peso relativo de los bienes —en especial alimentos— y aumentan la participación de los servicios. En términos de ponderadores, las mayores caídas se observan en Alimentos y bebidas no alcohólicas (-4,3 puntos porcentuales), Prendas de vestir y calzado (-3,1) y Restaurantes y hoteles (-2,4). En sentido contrario, crecen Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,1), Transporte (2,3) y Comunicación (2,3). Cuando se reconstruye la inflación mensual con ambas metodologías, las diferencias no resultan significativas en la mayoría de los períodos, con una excepción clara: 2024. Ese año, marcado por el proceso de recomposición de precios relativos y fuertes aumentos tarifarios, muestra divergencias relevantes entre ambos índices. Según PxQ, con la metodología basada en la ENGHo 2017/18, la inflación anual de 2024 habría sido de 132,2%, frente al 117,8% informado oficialmente, lo que implica una brecha de 16,1 puntos porcentuales. En cambio, en 2025 los resultados prácticamente coinciden: 31,5% con la metodología actual y 31,9% con la nueva. Si se toma como base noviembre de 2023, inicio del actual gobierno, la inflación acumulada asciende a 259,4% con el IPC vigente y a 275,6% con el calculado sobre la ENGHo 2017/18. Estas divergencias no son solo estadísticas. Tienen efectos directos sobre la medición del salario real. PxQ analiza la evolución de los ingresos utilizando ambas metodologías para deflactar las series salariales. Con los datos disponibles hasta noviembre de 2025, el Índice de Salarios General aparece por encima del nivel de noviembre de 2023 en ambos casos. Sin embargo, el informe advierte que una parte relevante de esa mejora se explica por la serie de salarios no registrados, cuya medición se encuentra bajo cuestionamiento. Cuando se observa el salario privado registrado, las diferencias se vuelven más claras. Deflactado por el IPC actual, el salario real muestra una caída de 1,2% respecto de noviembre de 2023. Con la nueva metodología, la pérdida asciende a 5,5%. Es decir, el cambio en la medición del IPC amplía la caída del poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El informe de PxQ no discute la necesidad de actualizar la metodología del IPC. El Destape
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenó la prohibición del video del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado de 23 puñaladas por menores de edad a fines de diciembre en la ciudad de Santo Tomé. Además, se espera para este miércoles una audiencia clave. Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados de la madre de la víctima, se lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas y remarcó: “Estamos conformes porque es algo que trabajamos durante la Feria Judicial y nos dieron lugar”. Conforme al escrito que accedió este medio, el tribunal estableció que los medios audiovisuales deben abstenerse de divulgar y reproducir filmaciones, imágenes y audios del crimen cometido el 18 de diciembre. Se trata de una medida cautelar que había solicitado Romina Monzón como consecuencia del “daño promovido” por la viralización del video, motivo por el que “se libró oficio a Meta, Facebook, X, TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp y demás plataformas digitales, a fin de que retiren bloqueen, eliminen y desindexen” el material referido al asesinato. Asimismo, la jueza Viviana Nameda Marco ordenó al ENACOM y otros canales de televisión que no publiquen los videos “bajo el apercibimiento de la ley”. Por su parte, este miércoles a las 11 se llevará a cabo una audiencia multipropósito en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe con el objetivo de definir medidas para los dos menores de 14 años que son inimputables. Los implicados habían quedado bajo la órbita de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, pero luego recuperaron la libertad debido a su edad. Se espera que el organismo ofrezca posibles reglamentaciones de seguridad respecto de los sindicados. La audiencia será presidida por el juez penal Gustavo Urdiales. El caso se encuentra caratulado como homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, Milagros A., de 16 años, está alojada en un Instituto de Menores, mientras que su madre fue imputada como partícipe necesaria y permanecerá arrestada con prisión preventiva.