Autor: Redacción General

El ministro de Economía de la Nación dijo que daba una décima abajo que el viejo índice, cuando se supone que falta más de una semana para que se termine de elaborar. En el Indec ratifican que daba entre 3,2 y 3,4%. Luis ‘Toto’ Caputo salió a desmentir la primicia de LPO de que la inflación de enero dio arriba de 3 por ciento con el nuevo índice de precios – por lo que le pidieron a Marco Lavagna que no lo difunda – y terminó admitiendo que violó el secreto estadístico del Indec. El ministro de Economía está desesperado por intentar tapar el escándalo de la manipulación de los datos del Indec y aseguró que el nuevo índice daba una décima menos que el anterior, lo que genera la pregunta obvia: ¿por qué hicieron semejante desastre con la credibilidad de las estadísticas si el IPC les daba mejor?. Pero lo peor de todo es que Caputo admitió que violó el secreto estadístico y la independencia del Indec al contar que Lavagna y el nuevo director Pedro Lines le dijeron que el nuevo índice daba una décima menos. Ayer el ministro había dicho, antes de la renuncia de Lavagna, que enero terminó en 2,5%. La publicación del dato de enero está prevista para el 10 de febrero, por lo que Caputo accedió a la información confidencial al menos ocho días antes. No solo accedió a la información confidencial si no que la difundió a los medios y le regaló un activo muy sensible a los operadores del mercado. El índice de inflación es clave para la actualización de los bonos CER, los créditos y plazos fijos UVA, las jubilaciones, los alquileres, las asignaciones sociales, el dato de pobreza y hasta de las bandas de flotación del dólar. Es decir que la gravedad del asunto es doble: Caputo frenó el cambio de índice y perjudicó a todos los que dependen de la actualización de la inflación, y al mismo tiempo les regaló a los operadores el dato de enero ocho días antes. Lo que no puede tapar Caputo es que la inflación con el nuevo índice iba a dar por arriba de 3 por ciento, como reveló LPO. El dato fue confirmado esta mañana por Eduardo Feinmann en radio Mitre. “El nuevo índice iba a dar entre 3,1 y 3,5% de inflación. Para el Gobierno era una pésima noticia. Arrancar el año de esa manera era pésimo”, dijo Feinmann. Caputo lo salió a desmentir en redes asegurando que el nuevo índice daba una décima menos que el anterior, pero el dato de que la inflación estaba arriba del 3 por ciento también fue publicado por el diario Clarín. Fuentes consultadas por LPO reafirmaron que la inflación con el nuevo índice daba más de 3 por ciento y explicaron que el dato todavía es impreciso sencillamente porque no está terminado, lo cual vuelve a agravar el hecho de que Caputo salga a anticipar la cifra. Las fuentes indicaron que lo más probable es que termine siendo entre 3,2 y 3,4 por ciento. Esto también deja en evidencia a los groupies de Caputo del mercado financiero que salieron rápidamente a difundir la versión oficial sobre la diferencia de una décima entre ambos índices, pero no se pusieron de acuerdo si era más o menos. Algunos de los fans de Toto decían ayer que hablar de más de 2,6% era “operación” y hoy ya admitían que podía ser hasta 2,8%. El tema es que la versión de Caputo no se sostiene porque la discusión sobre el cambio de índice viene desde los tiempos de Alberto Fernández y la actualización siempre daba por encima, razón por la que lo fueron frenando. La diferencia era particularmente mayor en los meses con aumentos de tarifas, como fue enero. La Política Online

El tribunal integrado por los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch ratificó así la decisión del Juzgado Federal Nº 2 de Formosa que había rechazado in límine la acción impulsada, entre otros, por el abogado correntino Armando Aquino Britos. Noticia en desarrollo…

El intendente Juan Ibarguren reprochó la decisión judicial al sostener que desconoce la cultura y la economía de su localidad. “No es justo ni inteligente prohibir la actividad por culpa de unos pocos inconscientes”, indicó. El fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que prohibió las actividades motorizadas en la zona de médanos del Municipio de Pinamar, conocido como “La Frontera”, será apelado por el intendente Juan Ibarguren. El funcionario argumentó que la decisión judicial atenta contra la cultura, la tradición y la actividad comercial de los vecinos y turistas en esa ciudad balnearia. El accidente ocurrido a comienzos de enero en “La Frontera”, que hirió de gravedad a Bastián Jerez, marcó un punto de inflexión este verano en la Costa bonaerense. Mientras el chico de ocho años permanece internado en estado delicado, se reactivó la discusión sobre la necesidad o no de regular las actividades en la zona de médanos. Tras una presentación realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, el juez bonaerense Félix Adrián Ferrán prohibió el uso de camionetas 4×4, cuatriciclos y vehículos UTV en La Frontera. Justificó su decisión al remarcar que aunque el sector sea de titularidad privada, el Estado debe garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten cada temporada veraniega. Sin embargo, el intendente local no está de acuerdo. “Yo respeto todas las miradas, pero claramente el fallo plantea una visión que no conoce la realidad de Pinamar”, cuestionó Ibarguren. En diálogo con Pinamar24, el funcionario sostuvo que en la ciudad balnearia “hay miles y miles de vecinos turistas que circulan de manera responsable en UTV, en Jeep, en cuatriciclo, en 4×4″, disfrutando de las playas y los médanos. Y consignó que esa actividad recreativa “brinda mucho trabajo a muchos pinamerenses, comercios, guarderías” y “servicios de mantenimiento”, entre otros. Por tanto, consideró que no es “justo” ni “inteligente” prohibir esa actividad “por culpa de unos pocos inconscientes”. “Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor. Vamos a controlarla y a sancionar con firmeza a quienes corran picadas, hagan maniobras peligrosas o pongan en riesgo a los otros. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, controlando. No queremos el descontrol, por supuesto, por eso apuntamos a los que hacen las cosas mal. Pero prohibir indiscriminadamente creo que no es la solución”, indicó. En sus redes sociales, donde compartió un recorte de la entrevista radial, añadió: “Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad de manera ordenada y segura, sin castigar a quienes hacen las cosas bien”. Por otro lado, en otra entrevista a CNM Radio, Ibarguren se refirió al caso de Bastián, quien atravesó su séptima operación desde que debió ser internado de urgencia. “Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”, consignó. También resaltó que, tras el accidente, el Municipio puso en marcha una serie de medidas de seguridad para controlar que no ocurrieran más hechos de esa magnitud, desde “sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos”, hasta sanciones económicas, secuestro de vehículos, inhabilitación de licencias, y cobro de gastos municipales por operativos, traslados y atención médica. Ibarguren indicó que estas medidas se coordinaron con autoridades de la provincia y la Nación, y que el objetivo propuesto fue alcanzado. Página/12

El intendente Juan Ibarguren reprochó la decisión judicial al sostener que desconoce la cultura y la economía de su localidad. “No es justo ni inteligente prohibir la actividad por culpa de unos pocos inconscientes”, indicó. El fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores que prohibió las actividades motorizadas en la zona de médanos del Municipio de Pinamar, conocido como “La Frontera”, será apelado por el intendente Juan Ibarguren. El funcionario argumentó que la decisión judicial atenta contra la cultura, la tradición y la actividad comercial de los vecinos y turistas en esa ciudad balnearia. El accidente ocurrido a comienzos de enero en “La Frontera”, que hirió de gravedad a Bastián Jerez, marcó un punto de inflexión este verano en la Costa bonaerense. Mientras el chico de ocho años permanece internado en estado delicado, se reactivó la discusión sobre la necesidad o no de regular las actividades en la zona de médanos. Tras una presentación realizada por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, el juez bonaerense Félix Adrián Ferrán prohibió el uso de camionetas 4×4, cuatriciclos y vehículos UTV en La Frontera. Justificó su decisión al remarcar que aunque el sector sea de titularidad privada, el Estado debe garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten cada temporada veraniega. Sin embargo, el intendente local no está de acuerdo. “Yo respeto todas las miradas, pero claramente el fallo plantea una visión que no conoce la realidad de Pinamar”, cuestionó Ibarguren. En diálogo con Pinamar24, el funcionario sostuvo que en la ciudad balnearia “hay miles y miles de vecinos turistas que circulan de manera responsable en UTV, en Jeep, en cuatriciclo, en 4×4″, disfrutando de las playas y los médanos. Y consignó que esa actividad recreativa “brinda mucho trabajo a muchos pinamerenses, comercios, guarderías” y “servicios de mantenimiento”, entre otros. Por tanto, consideró que no es “justo” ni “inteligente” prohibir esa actividad “por culpa de unos pocos inconscientes”. “Nosotros no estamos en contra de la actividad, estamos a favor. Vamos a controlarla y a sancionar con firmeza a quienes corran picadas, hagan maniobras peligrosas o pongan en riesgo a los otros. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, controlando. No queremos el descontrol, por supuesto, por eso apuntamos a los que hacen las cosas mal. Pero prohibir indiscriminadamente creo que no es la solución”, indicó. En sus redes sociales, donde compartió un recorte de la entrevista radial, añadió: “Vamos a seguir defendiendo nuestra ciudad de manera ordenada y segura, sin castigar a quienes hacen las cosas bien”. Por otro lado, en otra entrevista a CNM Radio, Ibarguren se refirió al caso de Bastián, quien atravesó su séptima operación desde que debió ser internado de urgencia. “Si hubiese tenido el cinturón de seguridad puesto, no hubiese pasado”, consignó. También resaltó que, tras el accidente, el Municipio puso en marcha una serie de medidas de seguridad para controlar que no ocurrieran más hechos de esa magnitud, desde “sacar de La Olla a los tipos que corrían picadas y generaban caos”, hasta sanciones económicas, secuestro de vehículos, inhabilitación de licencias, y cobro de gastos municipales por operativos, traslados y atención médica. Ibarguren indicó que estas medidas se coordinaron con autoridades de la provincia y la Nación, y que el objetivo propuesto fue alcanzado. Página/12

El jefe de Gabinete de la cartera que conduce el militar, Guillermo Madero, cuestionó la continuidad de las causas por crímenes de la dictadura y reabrió un debate sensible en vísperas de los 50 años del golpe de Estado. A menos de dos meses de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1976, el Ministerio de Defensa volvió a quedar en el centro de la polémica por una ofensiva pública contra los juicios por crímenes de lesa humanidad. El disparador fue un mensaje difundido en redes sociales por Guillermo Madero, jefe de Gabinete del ministro-militar Carlos Presti, en el que cuestionó que los tribunales federales sigan investigando “crímenes ocurridos hace 50 años”, en línea con un editorial del diario La Nación que puso en duda la legitimidad de esos procesos. El posteo fue publicado el primer día de actividad judicial tras la feria de enero. Allí, Madero sostuvo que los juzgados federales, que también deben investigar narcotráfico y corrupción, se encuentran “colmados” de causas de lesa humanidad que violarían el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El texto replicaba casi de manera literal uno de los argumentos centrales del editorial de La Nación, que presenta los juicios como una fuente de inseguridad jurídica y cuestiona la reapertura de las causas impulsada desde el kirchnerismo. Sin embargo, varios de los datos difundidos en ese marco son desmentidos por estadísticas oficiales. De acuerdo con la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el 84 por ciento de los condenados y procesados por delitos vinculados al terrorismo de Estado cumple prisión domiciliaria. En diciembre pasado, incluso, el represor Eduardo Kalinec —condenado a prisión perpetua— accedió a la libertad condicional, en contradicción con la afirmación de que no existen beneficios para los imputados. La intervención de Madero no fue un hecho aislado. Su trayectoria dentro del Ministerio de Defensa lo ubica desde hace tiempo como una de las voces más activas contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Durante su paso previo por la cartera, fue el primer funcionario en negar información requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que colabora con las Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los niños apropiados durante la dictadura. En marzo de 2024, además, Madero visitó la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se alojan represores condenados por delitos de lesa humanidad. Aunque luego justificó la recorrida como una inspección edilicia, organismos de derechos humanos y fuentes penitenciarias señalaron que el encuentro fue recibido con entusiasmo por los detenidos. Meses después, el Gobierno decidió concentrar allí a la mayoría de los represores presos, en una unidad considerada “VIP” por los organismos. Poco tiempo más tarde, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, dispuso el cierre de los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA), que desde 2010 aportaban información clave a la Justicia para el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Tras esa decisión, el fiscal general Miguel Palazzani solicitó que se preservara el acervo documental. La respuesta oficial llevó la firma de Madero, quien objetó el pedido y derivó el conflicto a la Procuración General. El perfil del funcionario se completa con intervenciones públicas previas. En una columna publicada en Infobae en julio del año pasado, Madero denunció la supuesta “industria” de los juicios de derechos humanos y reivindicó la idea de una “memoria completa”, un concepto habitual en los discursos que relativizan el terrorismo de Estado y equiparan la represión ilegal con la violencia política de los años 70. La nueva arremetida se produce en un contexto particularmente sensible. Carlos Presti, actual ministro de Defensa, es hijo de Roque Presti, uno de los responsables de la represión en La Plata durante la dictadura. En su gabinete también fue designado Daniel Martella, hijo de Santiago Martella, condenado a prisión perpetua en el megajuicio de La Perla, al frente de la Secretaría de Asuntos Internacionales. Ambos nombramientos reforzaron las críticas de organismos de derechos humanos y sectores de la oposición. Con un gabinete fuertemente militarizado y una línea discursiva que vuelve a poner en cuestión los consensos construidos desde 1983, la figura de Guillermo Madero aparece como un articulador político clave dentro del Ministerio de Defensa. A 50 años del golpe, sus declaraciones no solo reabren debates que parecían saldados, sino que también anticipan el rumbo de una gestión que vuelve a tensionar la relación del Estado con las políticas de memoria, verdad y justicia. elDiarioAR

Sucedió en el tren que se dirigía desde Cosquín hacia la capital de Córdoba. El Tren de las Sierras se incendió en la provincia de Córdoba y hubo un gran operativo debido a que varios pasajeros resultaron afectados por inhalación de humo. El incendio se originó en la estación La Calera cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la capital cordobesa y de un momento a otro dos formaciones comenzaron a prenderse fuego. De manera inmediata, según supo la Agencia Noticias Argentinas, se organizó un mega operativo para poner a resguardo a los más de 120 pasajeros a bordo y apagar las llamas. Producto del incendio varias personas tuvieron que ser atendidas con oxígeno por inhalación de humo, pero todas se encuentran fuera de peligro. Desde el cuartel de Bomberos de La Calera comunicaron de manera oficial que el operativo duró cerca de tres horas ante la combustión. Por el momento se desconocen los motivos del inicio de las llamas, aunque las primeras informaciones destacan que las mismas surgieron en los fuelles que unen los vagones. “Nos ayudamos entre todos y todos colaboraron en bajar con tranquilidad para que no pasara a mayores, y gracias que no fue más adelante porque no hubiéramos podido bajar”, explicó uno de los pasajeros al medio El DoceTv.

Por segunda rueda consecutiva, el rojo vuelve a aparecer en las pantallas del mercado financiero argentino. Luego de que las acciones y los bonos tuvieran un enero “ideal”, desde que arrancó febrero la tendencia cambió y tiende a la baja, en un contexto de clima internacional más adverso y la polémica que se generó en torno a la renuncia de Marco Lavagna al Indec. Este martes la Bolsa porteña cede 1,8% y cotiza en 3.050.886 unidades, equivalentes a US$2034 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,1%). En el panel principal, las mayores bajas de la jornada se observan en las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-5,3%), Edenor (-4,4%) y Aluar (-4,3%). La tendencia es más notoria entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, en sintonía con la caída que presentan los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Globant se hunden 12%, seguidos por Edenor (-5,3%), Irsa (-3,8%) y Mercado Libre (-3,7%). Mientras tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1445,54, equivalente a una baja diaria de $6,02 (-0,41%). De esta manera, quedó a una distancia del 8,5% del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1569,40. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1465, una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%). En cambio, el precio promedio del mercado es de $1467,88, de acuerdo con el relevamiento que hace el Banco Central (BCRA) sobre las principales entidades financieras del país. Los tipos de cambio financieros, en cambio, operan al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1459,66, unos $9,43 más que ayer (+0,7%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1499,48, un incremento de $4,72 frente al cierre anterior (+0,3%). Los bonos soberanos operan en terreno negativo en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares muestran caídas del 0,88% (AL35D) y los Globales, de hasta 0,75% (GD46D). El riesgo país rebota una unidad y se ubica en 496 puntos básicos (+0,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. “La reacción inicial de los inversores a los ponderadores en el IPC está reflejando un limitado efecto en los instrumentos financieros. Esto podría estar anticipando que, de fondo, sigue el apetito, al priorizarse las mejoras desde la macro. La expectativa está puesta principalmente en la acumulación de reservas, en avances en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado en la actividad económica para sostener la confianza de los agentes”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. “La continuidad del proceso de acumulación de reservas resulta clave para profundizar la compresión del riesgo país y mejorar la percepción de solvencia de la Argentina. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de reservas internacionales y el riesgo país. En su última emisión en los mercados internacionales, Ecuador presentaba un stock de reservas relativo y un nivel de riesgo país similares a los que exhibe actualmente la Argentina, lo que sugiere que una eventual salida al mercado podría encontrarse relativamente próxima”, señalaron desde la consultora económica Analytica. Sin embargo, este lunes el presidente Javier Milei expresó que por el momento el Gobierno no quiere volver a los mercados internacionales de deuda. En el plan oficialista, la intención es buscar financiamiento mediante otras vías y tener una “escasez de bonos soberanos”, lo que permitiría acelerar la baja del riesgo país. La Nación

Así como pasó con el “IPC del Congreso” en el kirchnerismo, se difundirá el cálculo de inflación con la canasta suspendida. Un riesgo político y económico. El gobierno ya está constatando en carne propia el costo de haber pospuesto la aplicación del nuevo IPC para el momento en que -según la definición de Toto Caputo- “el proceso de desinflación esté consolidado”. Y ese costo es la pérdida de credibilidad, algo potencialmente grave para un presidente que, como Javier Milei, ha declarado que la baja de la inflación es la “job description” que le encomendó el electorado. Ni bien se conoció la noticia de la salida de Marco Lavagna del Indec y la justificación de Caputo, comenzó a verse en los medios y las redes sociales una catarata de críticas por parte de economistas de todas las tendencias, que le reprochaban a Caputo el haber supeditado un cambio metodológico a una cuestión de oportunismo político. Peor aun, dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, que en su momento habían avalado tácitamente la falsificación estadística que se hizo en el Indec entre 2007 y 2015, no perdieron la oportunidad y también se sumaron a la acusación de que “la inflación la dibuja Caputo”. La polémica recién empieza, e implica varios riesgos y situaciones políticamente incómodas para el gobierno. Una situación altamente probable es que economistas independientes empiecen a publicar todos los meses el IPC calculado sobre la base de la nueva canasta cuya aplicación quedó en suspenso. El lunes, después de las declaraciones de Caputo, corrieron versiones en el sentido de que, con el cambio estadístico, el IPC de enero daría una cifra superior al 2,8% de diciembre -se habla incluso de hasta un 3,4%-, mientras que, según adelantó el propio ministro, con la metodología vigente habrá un IPC de 2,5%. El cálculo con la metodología nueva no es difícil de hacer: basta con tomar las mismas variaciones de la canasta del Indec pero cambiando las ponderaciones. Así, por ejemplo, el rubro “vivienda, electricidad, gas y otros”, que se calcula como un 9,4% del presupuesto familiar, pasaría a tener una ponderación de 14,5%. De la misma manera, la categoría “comunicaciones”, donde se incluye la conexión a internet y telefonía móvil, pasaría a significar un 5,1% de la canasta, lejos del 2,8% que se refleja hoy. En sentido contrario, el rubro de alimentos, tradicionalmente el de mayor peso en el presupuesto familiar, pasaría del actual 26,9% a un 22,7%. Estos cambios llevan inevitablemente a una suba del IPC en un momento de la economía en el que los servicios están aumentando más rápido que los bienes. Dicho en palabras de Caputo, todavía no se completó el cambio de precios relativos -sobre todo, por la necesidad de una mayor suba de tarifas de servicios públicos, algo imprescindible para que no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal. El potencial de un índice paralelo Hasta ahora, se han hecho esos cálculos, aunque no han tenido gran difusión. En 2024, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%. Mientras que en 2025, el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. La mayor diferencia del primer año de la gestión Milei obedece a que fue un momento de fuerte suba de tarifas -aumentaron un 248% frente a 94% del rubro alimentos-. Al aplicar una canasta con mayor ponderación de bienes que se servicios, ese “tarifazo” se ve atenuado en el promedio. Pero si se hubiese aplicado la nueva metodología, el IPC habría reflejado con mayor fidelidad el impacto en el presupuesto familiar. En 2025, en cambio, los aumentos fueron más uniformes entre los rubros de la canasta, por lo que no hay una diferencia significativa entre la metodología vieja y la nueva. Pero, para 2026, hay posibilidades de que la situación se torne más parecida a la de 2024. Todavía hay un margen de suba de los servicios públicos y precios regulados, que había estado relativamente contenido en el último trimestre y que empezará a sentirse a partir de febrero. Es decir, hay probabilidad de que en 2026 el IPC con la nueva canasta arroje cifras más altas que las de la metodología vigente. Crisis política a la vista Y la oportunidad política está al alcance de la mano para cualquier crítico del gobierno: elaborar todos los meses un “IPC blue” que refleje cuál es la inflación “paralela” a la del relevamiento oficial. No sólo es fácil de hacer, sino que resulta tentador desde el punto de vista político. Y, por cierto, tiene un antecedente histórico con la “inflación del Congreso”. En el mandato de Cristina Kirchner, un grupo de diputados opositores, liderados por Patricia Bullrich, elaboraban un promedio de la inflación estimada por una serie de consultoras, e informaban todos los meses. En general, el número del Congreso daba más del doble del registro oficial del Indec. Y ese índice adquirió popularidad, al punto que se lo usó como referencia de ajuste de precio en varios rubros. El propio Axel Kicillof, siendo ministro, mostraba estadísticas en las que incluía la “inflación Pato Bullrich”. No era el único indicador alternativo. Otro de peso era el elaborado por los asesores económicos de la central sindical CGT. Para no entrar en polémica con Cristina, lo presentaban como “inflación de la góndola”, dando a entender que no necesariamente se mantenía la misma ponderación de la canasta del Indec. Lo cierto es que también ese índice daba más del doble del oficial, y se usaba de hecho en las negociaciones de ajuste salarial. ¿Qué pasaría ahora si se demorase varios meses la aplicación de la nueva canasta del Indec porque el gobierno considera que “no se completó el proceso de desinflación”, pero al mismo tiempo se hiciera público un indicador alternativo que gozara de mayor credibilidad que el IPC oficial? A juzgar por el antecedente histórico, sería un problema político grave. Si fuera cierto que el IPC de enero daba 3,4% con la nueva metodología, entonces se daría la situación

En un trabajo conjunto, la Administración Provincial del Agua (APA), la Municipalidad de Resistencia y la Policía del Chaco llevaron adelante un operativo de erradicación de un asentamiento y de un basural ubicados en un canal central de desagüe del Río Negro. Las tareas se desarrollaron en el asentamiento Ávalos, en la zona de proyección de calle Ávalos y avenida Martina, donde se desplegó maquinaria pesada y camiones municipales para la remoción de residuos y la liberación del canal obstruido. El operativo tuvo como objetivo principal mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos ante lluvias intensas y reforzar las condiciones de salubridad, seguridad ambiental y orden urbano en el sector. Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje, proteger el ambiente y brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona.

Máximo Pisetta Báez, chaqueño y vicepresidente del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), describió en detalle en CIUDAD TV el corazón del reclamo de las pequeñas y medianas empresas frente a la Ley de Bases y el DNU 70/2023. ”Aunque se habla de una ‘modernización laboral’, existe una brecha enorme entre lo que negocian las cúpulas y la realidad de una Pyme en el interior del país”, disparó. ”Lo mío es defender a la estructura productiva, defender al que trabaja, al que produce, al empresario y al empleado. Porque no estoy hablando de defender solo al empresario, sino también al empleado que es el que nos ayuda a ganar plata, para decirlo crudamente. Entonces, no hago una defensa del empresariado, pero claramente se necesita una reforma laboral”, explicó a modo de presentación. Representatividad y lobby El dirigente apuntó que los puntos clave de lo que se está debatiendo o pergueñando tiene las ausencias de organizaciones como el MONAPY, y sólo aparecen las representaciones del Estado, la Unión Industrial Argentinay la CGT. Se quejó con firmeza que las PyMEs, a pesar de representar el 99% de las unidades productivas en Argentina según datos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a menudo quedan fuera de la “letra chica” que define su operatividad diaria. ”Claramente ustedes habrán leído o habrán visto quiénes estuvieron sentados en la mesa del diseño de la nueva reforma o de modernización laboral. Está sentados el sector de las grandes empresas y el sindicalismo. ¿Ustedes saben cuál es el el sector que más empleo genera?: las pymes. Y no estamos ni tenemos representación. O sea, estamos ausentes en el diseño, en la conformación de lo que vamos a hacer con la reforma laboral”, recisó Pisetta Báez. Reconoció que, ”la reforma busca atacar las multas por falta de registro de trabajo en blanco” -, lo cual alivia la contingencia del despido. Sin embargo, eso actúa sobre el final de la relación laboral. Indicando que el reclamo del sector que representa es conocer cuál es el incentivo que el gobierno propone para el inicio de la generación de trabajocon una medida apuntada a formalizar a los 10 millones de personas ‘en negro’. ”Hay un tema y si ustedes lo analizan se van a dar cuenta muy rápido. Es decir, somos el sector que genera el 43% del Producto Bruto Interno (PBI) que provoca siete de cada diez puestos de empleo y, por sobre todas las cosas, el sector que se encuentra generando riqueza y valor. Estamos hablando de un proceso que también ocurre allá en los últimos pueblitos de la Argentina profunda, y donde las grandes empresas llegan solo con sus productos, no producen”, resaltó el vicepresidente de MONAPY. Insistiendo en ratificar que, somos, digamos, el principal actor de la economía”. ”Nosotros no tenemos ni por cerca el poder de lobby que tienen las grandes empresas. Pero sí somos una montaña de hormigas que estamos diseminadas por todo el país y, obviamente, cada uno está haciendo lo que puede”, agregó. Admitiendo que cada firma Pyme no cuentan dentro de las mismas con una estructura jurídica y contable. ”Las grandes empresas tienen una conformación distinta, una espalda y músculo distintos, y así se juntan entre cinco o seis tipos y tienen un poder de lobby descomunal que pueden inclusive – y han hecho y lo muestra la historia argentina – poder cambiar gobiernos”, afirmó. El proyecto de Ley Integral Pyme del MONAPY Máximo Pisetta Báez, en ese sentido, enfocó sus apreciaciones sobre esta iniciativa sectorial que, a diferencia de la reforma general que busca el gobierno libertario, es una norma integral que apunta a atacar cinco factores claves: financiamiento, presión tributaria, burocracia, litigiosidad y la falta de incentivos a la contratación. ”Si no estamos sentados en el diseño del principal objetivo que tiene la Argentina, que es qué vamos a hacer con el empleo y los 10 millones de trabajadores en negro, lo que vemos es seguir generando más el empleo informal que el formal”, aseguró. Revelando que, ”nosotros vimos el borrador o lo que ya está plasmado y, más allá de algún que otro punto en el tema de la litigiosidad o la contingencia del despido, que ocurre cuando una relación laboral ya está plasmada o que ya se produjo, no vemos nada que podamos decir que a partir de ahora se generarán dos millones de puestos de empleo por año. No hay en esta reforma nada de eso”. ”Dentro del MONAPY habíamos divisado y realizado un estudio profundo con el equipo técnico donde se logró sacar a la luz que los problemas troncales que atravesaban a todo el sector, desde el pizero al de la metal mecánica, a todos. Eran cinco puntos cruciales”, lamentó. El contexto recesivo El dirigente empresario recordó, además, los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que confirman que la caída del consumo y la falta de crédito están golpeando la estructura productiva, provocando el cierre de miles de unidades en los últimos meses. ”La gran pregunta que queda en el aire es si el Gobierno abrirá canales para que el sector que genera el 70% del empleo tenga voz propia en el Congreso Nacional”, resaltó. ”Yo no vengo ni soy la contra para nada, y quiero que a Milei le vaya bien, pero necesitamos en la Argentina generar producción y trabajo. Porque hay una cuestión muy simple, muchachos: no hay forma de que un país pueda salir adelante sin industrias y sin producción”, finalizó Pisetta Báez.

Desde el Departamento de Antecedentes Personales informaron los valores de los distintos certificados y trámites administrativos, que incluyen antecedentes personales, verificaciones vehiculares, peritajes y documentación vinculada a empresas de seguridad privada. La medida alcanza a una amplia gama de gestiones habituales realizadas por la ciudadanía y forma parte de la adecuación de costos prevista para el año en curso. Nuevos valores vigentes desde el 1 de febrero de 2026 Certificado de conducta: $2.880 Certificado de domicilio: $1.728 Información sumaria: $2.304 Actas por colisión de tránsito: $8.640 Verificación de automóviles y similares: $9.600 verificación de motos y similares: $4.800 Verificación fuera de planta: $17.280 Grabado RPA: $4.800 Grabado RPM: $2.400 Informes sobre peritajes de motos: $2.400 Informes sobre peritajes de autos: $4.800 Constancias de peritajes para revisión técnica: $4.800 Oficios de vehículos y motos secuestrados por el municipio: $2.400 Visado del certificado de aptitud psicofísica del personal de empresas de seguridad privada: $5.760 Examen de aptitud psicofísica con visado del certificado para empresas de seguridad privada: $17.280 Desde el organismo remarcaron que el incremento alcanza, entre otros, a los certificados de domicilio, información sumaria, antecedentes personales y verificaciones, e instaron a la comunidad a tener en cuenta los nuevos valores al momento de iniciar los trámites correspondientes durante el 2026.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó una adecuación presupuestaria del 211,27% para un proyecto de infraestructura de internet en barrios populares presentado por la empresa ARGENGRAFT, elevando el financiamiento total del Aporte No Reembolsable a 888 millones 639 mil 908 pesos. La Resolución 17 de 2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, destina 538 millones 886 mil 968 pesos a los ítems pendientes de ejecución del Plan de Inversiones del proyecto correspondiente al período noviembre 2023 – noviembre 2025, presentado por ARGENGRAFT Sociedad de Responsabilidad Limitada, con CUIT 30-71137089-3. El proyecto había sido aprobado originalmente mediante Resolución del ENACOM 1.656 de 2023, que adjudicó a la firma un Aporte No Reembolsable de 349 millones 752 mil 940 pesos para su ejecución en el marco del Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, conocido como Programa RENABAP. De acuerdo con los considerandos de la norma, la firma presentó la solicitud de adecuación acompañando los presupuestos actualizados relativos a los ítems aún no ejecutados, en cumplimiento de los lineamientos vigentes aprobados por Resolución del ENACOM 1.860 de 2022. Estos lineamientos establecen el procedimiento para la adecuación de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversiones. La Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo del ENACOM verificó la documentación presentada y determinó una variación del 211,27 por ciento, estableciendo que el monto de ajuste aplicable a los ítems pendientes asciende a los 538 millones 886 mil 968 pesos, de acuerdo con lo previsto en el punto 10 de los lineamientos aprobados. El Programa RENABAP fue aprobado mediante Resolución del ENACOM 726 de 2020 y prorrogado por Resolución 1.409 de 2022. La convocatoria para la presentación de proyectos de despliegue y mejora de redes de acceso a internet de banda ancha en barrios y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares fue establecida mediante Resolución 950 de 2020, y su vigencia fue modificada a través de las Resoluciones 159 de 2021, 370 de 2021, 1.736 de 2021 y 1.409 de 2022. El Pliego de Bases y Condiciones que rige estos proyectos fue sustituido por Resolución 1.967 de 2022, que estableció que los proyectos adjudicados bajo las resoluciones previas continuarán rigiéndose por el Pliego vigente al momento de su adjudicación hasta la finalización de los mismos. El Decreto 6 de 2025 ordenó la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, manteniendo vigente la política pública prevista por la Ley 27.078 y la obligación de realizar los aportes correspondientes. Posteriormente, la Resolución del Enacom 3 de 2025 estableció que los licenciatarios de servicios TIC deben continuar realizando el aporte según la forma y mecanismos utilizados, y el Decreto 312 de 2025 asignó al Enacom la recaudación y administración de dichos fondos.

El Ministerio Público de París confirmó que el registro de la sede tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social. La sede de la red social X fue allanada por las autoridades francesas que, además, citaron a Elon Musk para que comparezca ante la Justicia el próximo 20 de abril para un interrogatorio. Así lo anunció la Fiscalía de Francia en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y la investigación que está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN), se produce tras dos denuncias realizadas el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025, respectivamente. “Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, informó la fiscalía de París en el escrito. La investigación se inició a principios de 2025 y la misma busca determinar la responsabilidad de la empresa en la manipulación algorítmica que afecta el debate democrático, así como su presunta complicidad en delitos graves que incluyen la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenido negacionista a través de su inteligencia artificial, Grok. En tanto, medios internacionales destacan que el Ministerio Público de París confirmó que la entrada y registro en la sede nacional de X tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social y, además, se citó a Musk y a Linda Yaccarino para el próximo 20 de abril de 2026 bajo la figura de audición voluntaria. Según la fiscal Laure Beccuau, este procedimiento busca ofrecer a los directivos la oportunidad de explicar su postura y detallar las medidas de cumplimiento normativo que pretenden implementar para ajustarse a la legislación local.

En declaraciones a CIUDAD TV, el veterinario Javier Aranda explicó cuáles son las precauciones que se deben tener con las mascotas durante las jornadas de temperaturas extremas. El veterinario Javier Aranda aseguró que para hacer frente a las temperaturas extremas en esta parte del país y evitar los golpes de calor las mascotas deben tener “los mismos cuidados que los adultos mayores o los niños”. “Muchas veces los de pelaje negro son mucho más propensos a tener los golpes de calor porque el color negro y el color oscuro absorben mucho más la luz”, explicó el especialista. En ese sentido, recordó que “los perros no transpiran, no sudan como nosotros”. “Los perros eliminan el calor o la sudoración a través de la respiración y de los pulpejos y muchas veces ese problema se ve superado con la temperatura del cuerpo cuando tienen un golpe de calor que sube demasiado la temperatura del cuerpo, no pueden eliminar la suficiente cantidad de calor a través de la respiración y entonces ahí es donde empieza el problema”, describió Aranda. El veterinario desaconsejó rapar a las mascotas al advertir que “muchas veces ese pelo largo forma como una capa aislante de la temperatura externa y cuanto más mullida, más aislante es”. “Muchas veces si nosotros se lo cortamos lo estamos exponiendo al animal al calor externo entonces yo no recomiendo el corte de pelo, sobre todo en el verano”, subrayó. Admitió que si se trata de una cuestión estética, “le pegamos una cortada de pelo al perro, le rebajamos un poco y podemos mantenerlo así pero no al ras de la piel porque encima muchas veces se producen lesiones en la piel y sobre todo la máquina lo que hace es irrita esa piel”. Noticia en desarrollo…

Un cuerpo de 40 brigadistas forestales con autobombas, camionetas y UTVs ya trabajan en la zona. Fue a pedido de la Agencia Federal de Emergencias. Axel Kicillof envió un contingente de brigadistas y equipamiento pesado para combatir el fuego en Chubut. A pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país. El ministerio de Seguridad movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Según se informó, este equipo de élite está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso. El despliegue busca garantizar la efectividad del operativo en la compleja topografía de Chubut. Además, la provincia de Buenos Aires envió una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia. El parque automotor desplegado incluye 14 camionetas para transporte rápido y logística. Un camión autobomba 4×4 URO diseñado específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles y dos vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las “zonas rojas” donde los vehículos convencionales no pueden acceder. El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, en Chubut, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo. Allí, las altas temperaturas del fin de semana con fuertes ráfagas de viento complicaron aún más el comportamiento del fuego. El gobierno de Ignacio Torres decidió en las últimas horas cortar la ruta provincial 71 desde el tramo Cholila hasta el empalme con la ruta nacional 40. En tanto, el incendio en Puerto Patriada continúa contenido en un 85%, de acuerdo al informe emitido este domingo por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut. El organismo precisó que el sector del arroyo El Blanco permanece activo en todo su perímetro. Desde el gobierno señalaron que la situación se volvió especialmente compleja luego de las 16 horas del domingo, cuando el aumento repentino del viento generó reactivaciones severas. “Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica”, destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras. LPO

Durante enero de 2026, los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron un total de $ 417.856 millones, presentando una variación del 0,5% interanual en términos reales y -60,1% respecto al mes previo. Chaco enfrentó el mes pasado vencimientos por $ 37.313 millones y colocó un bono y Letras por unos $ 94.418 millones, según el informe de la Consultora Politikón. Visto por el tipo de servicio enfrentado, el 78% de los pagos correspondientes a amortización de capital y el 22% a intereses. Por su lado, al observar por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos fueron por Letras y el 33% a Bonos; finalmente, visto por moneda de pago, el 63% de los pagos fueron en pesos y el 37% en dólares. Vencimientos de títulos públicos, por jurisdicción La provincia de Buenos Aires concentró el 50,1% del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de enero por un total $ 209.532 millones que surgen de pagos de dos instrumentos en pesos (Letras LBE26 y LBO26); en segundo lugar quedó la provincia de Córdoba con vencimientos por $ 66.417 millones (15,9% del total) por vencimientos instrumentos en dólares (CO26 y CO32D). La provincia de Chubut se ubicó en el tercer lugar con vencimientos por $ 43.857 millones (10,5% del total) por pago de servicios del bono en dólares (PUL26); la provincia de Neuquén le sigue en el ranking con $ 37.341 millones (8,9% del mes) que derivan del pago de servicio de capital y renta de una Letra en dólares (BNA26). La provincia del Chaco enfrentó vencimientos por $ 37.313 millones (8,9% del total) por dos pagos de un Bono local (BLL26) y tres Letras de Tesorería (BLE26, BL2E6 y BL3E6); y la provincia de Entre Ríos por otros $ 12.027 millones (2,9%) de dos bonos en pesos (ERL26 y ERE27). Más atrás, se posicionó la provincia de Tierra del Fuego con vencimientos por $ 8.364 millones (2,0%) por pago de servicios de su bono internacional en dólares (TFU27) y la provincia de La Rioja con $ 2.472 millones (0,6%) por tres bonos en pesos (PROR3, RIE27 y RIL32), estos dos últimos nominados en dólares pero pagaderos en pesos.Finalmente, Misiones y Río Negro registraron vencimientos menores y entre ambos explican solo el 0,1% del total del mes (por $ 534 millones). Vencimientos en moneda extranjera En el mes de análisis, cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera. CÓRDOBA. Bonos en dólares CHUBUT. Bono en dólares NEUQUÉN. Letras en dólares TIERRA DEL FUEGO. Bono en dólares De este modo, el total efectivamente pagado en moneda extranjera (dólares en todos los casos) durante enero 2026 fue por USD 107.735.520 (37% del total del mes). Emisiones de títulos públicos provinciales. Enero 2026 Por otro lado, en enero de 2026 solo dos provincias realizaron colocaciones en el mercado por un total de $ 361.574 millones (-21,7% real interanual y -84,6% real mensual). En ese marco, la provincia de Buenos Aires explicó el 74% de las colocaciones del mes por un total de $ 267.156 millones que surgen de la colocación de tres Letras del Tesoro (todas a descuento). Luego, la provincia del Chaco colocó unos $ 94.418 millones (26% del mes) correspondiente a un bono en pesos (TAMAR con margen); y tres reaperturas de Letras de Tesorería. Politikón Chaco

El inicio de la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico abre una oportunidad estratégica para fortalecer la economía local y optimizar el uso de los recursos destinados a la salud. El avance de la obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO) no solo representa un paso fundamental para ampliar el acceso a la salud en la provincia, sino que también abre un escenario de impacto económico positivo para el Chaco. Actualmente, una parte significativa de los recursos destinados a la atención de patologías cardiológicas y oncológicas de alta complejidad se canaliza a través de derivaciones a centros ubicados en otras provincias. Esos traslados implican costos elevados asociados a prácticas médicas, logística, alojamiento y transporte, que hoy se realizan fuera del territorio chaqueño. La construcción de IACCO comienza a sentar las bases para revertir esa dinámica. Al contar con un centro de alta complejidad en la provincia, una porción sustancial de esos recursos podrá permanecer y circular en la economía local, fortaleciendo el sistema de salud y generando un efecto multiplicador en distintos sectores vinculados a la actividad sanitaria, científica y tecnológica. En ese sentido, el proyecto se inscribe en una mirada integral del desarrollo: invertir en salud también es invertir en eficiencia, en uso responsable de los recursos y en crecimiento económico. La obra del IACCO habilita un modelo que busca mejorar la atención médica y, al mismo tiempo, contribuir a un sistema más sostenible para la provincia. Para transformar el sueño en realidad es fundamental el aporte de diferentes sectores que en forma colaborativa se suman para mantener el avance sostenido de una obra que permitirá fortalecer el sistema de salud de la provincia y la región. Con la obra ya en marcha, el Instituto comienza a consolidarse como una respuesta estructural a una necesidad sanitaria histórica y como una oportunidad para que el Chaco fortalezca su capacidad de resolver, dentro de su propio territorio, demandas que durante años debieron atenderse fuera de la provincia. El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.

El intendente de Machagai cuestionó el proyecto oficial y pidió escuchar a todos los sectores para lograr una actualización normativa que proteja a los trabajadores y contemple las necesidades de las pymes. Desde el corazón productivo del Chaco, el intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, sentó postura en torno a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en torno a la pidió seriedad y amplitud en el debate. “Sí es necesario actualizar nuestra legislación laboral, pero hay que hacerlo desde una perspectiva global y no a las apuradas como busca el gobierno libertario”, afirmó el referente peronista, marcando una postura proactiva pero firme en defensa de la sociedad. García, que viene de participar de la reunión en la que la Federación Argentina de Municipios (FAM) analizó la iniciativa, insistió en que no se puede sacar de manera improvisada y apresurada una ley tan crucial. “Atendamos las posturas de todos los sectores, de los trabajadores y de los empresarios, especialmente las pymes”, propuso, subrayando la necesidad de resguardar los derechos conquistados sin ignorar la urgencia de modernizar el marco laboral para formalizar a millones de trabajadores informales. García hizo hincapié en varios artículos del proyecto (126, 128, 130, 131 y 132) que ya han sido cuestionados seriamente por el empresariado por poco claros, limitar la productividad, atacar derechos laborales consagrados en la Constitución y propender a una mayor litigiosidad e inequidad. Su llamado se nutre del alerta emitido por la FAM, de la que forma parte, que advierte que el proyecto oficial “no genera empleos, sino que acelera despidos” y representa un retroceso histórico. Sin embargo, “Juanchi” amplía el foco: también recoge los reparos de las cámaras empresarias chaqueñas, que señalan graves riesgos de imprevisibilidad y conflictividad en artículos clave del texto oficial. “Este proyecto, así como está, va contra derechos ya consagrados y podría generar más litigiosidad que la actual”, explicó el intendente, haciendo eco de las observaciones de FECHACO y la CAME sobre artículos que debilitan la negociación colectiva y abren espacio a desigualdades salariales.“Hay que mejorar la ley, pero dando perspectiva a todos. Propiciamos que el tema se discuta más en ámbitos que incluyan a las pymes”, enfatizó. García cerró con un principio rector: “Creemos firmemente en la actualización, pero sin improvisar. El resguardo del trabajador y sus derechos, junto a la protección del capital de las pymes y una modernización genuina, deben ser pilares irrenunciables de cualquier consenso posible”. De esta manera, “Juanchi” García, desde el interior profundo de la provincia, se pone al frente de un llamado al diálogo que busca evitar tanto la regresión como la precipitación.

El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Jaime César Etchelouz, denunció que recibió amenazas de muerte a través de audios enviados por el secretario general de ATE, en el contexto de un conflicto administrativo que involucra a personal del hospital y la aplicación de normas laborales. El caso ya está bajo investigación judicial. Según la denuncia presentada por Jaime César Etchelouz ante la Comisaría Cuarta de la Ciudad Termal, los mensajes intimidatorios provinieron de Ricardo Luna, quien ocupa la secretaría general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sáenz Peña. De acuerdo con lo reportado por medios locales, la disputa surgió a partir de una notificación administrativa emitida por el área de Recursos Humanos del hospital, donde se instaba a que cierto personal cumpliera con sus horarios laborales habituales al no contar con licencia gremial vigente. En la declaración policial, Etchelouz sostuvo que los audios enviados por Luna contenían expresiones directas que ponían en riesgo su integridad física. El funcionario dejó constancia de que las amenazas fueron explícitas y que los archivos de audio se encuentran a disposición de la Justicia como prueba del hecho. Tras evaluar la gravedad de la situación, el director solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona. El procedimiento policial incluyó la certificación de la denuncia y la recepción de los elementos probatorios aportados por Etchelouz. Las actuaciones ya quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación y analizar la posible adopción de medidas legales. El director expresó su intención de impulsar acciones penales contra el dirigente de ATE y dejó registro de la existencia de los audios intimidatorios. Infobae

Lo confirmó este lunes 2 de febrero el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), será, según el funcionario, del 8% de impacto para los usuarios. Es cuando hay mayor demanda ya que está a pleno la temporada estival con temperaturas que ascienden hasta 40°. El interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, fue consultado este lunes 2 de febrero en una radio de la ciudad de Corrientes por un aumento de la tarifa eléctrica en la provincia y confirmó que habrá una variación en la tarifa eléctrica a partir de este mes. Explicó que el viernes pasado (30 de enero) la Secretaría de Energía de la Nación publicó los nuevos precios estacionales, lo que implica un incremento aproximado del 8% en la tarifa final para los usuarios, mientras que el precio mayorista de la energía sube alrededor de un 20%. “El ajuste no lo dispone la Provincia, sino el Estado nacional. Es parte del esquema de actualización mensual que se viene aplicando desde hace más de un año”, aclaró. Hay que recordar que el último bimestre de 2025: noviembre y diciembre ya se habían aplicado subas de alrededor del 15%. Corrientes Hoy