El ministro de la Producción de Chaco, en diálogo con CIUDAD TV, abordó dos temas clave para la actual gestión provincial gubernamental: el fallo judicial sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y el conflicto con los agentes de la cartera por el Fondo Estímulo. ”Nosotros no estamos por hacer lo que se hizo en el Chaco en los últimos veinte años, ¿se entiende?”, ratificó En el inicio de la entrevista, Dudik ratificó que el gobierno celebra que el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazara la inconstitucionalidad de la ley, permitiendo reactivar la industria forestal que estaba paralizada por una medida cautelar. ”La verdad que nos sorprendimos, aunque estábamos esperando ansiosos el fallo, y estábamos convencidos de que habíamos hecho muy bien las cosas. Y lo digo porque acá no solo el Poder Ejecutivo ha trabajado en todos los aspectos de la elaboración y luego aprobación de esta ley, sino que hubo una amplia participación – hace un año y medio atrás o un poco más -, de todos los bloques políticos, las instituciones, entidades productivas, universidades y las comunidades aborígenes. Pero, después también hubo que trabajar muchísimo ante la Nación para lograr la acreditación o aprobación”, recordó. Considerando el aporte, ”de muchos elementos para el fortalecimiento que tiene nuestra Dirección de Bosques en el sistema de trazabilidad que se distingue dentro de todas las provincias del norte argentino en ese aspecto”. Indicando que, ”el año pasado logramos que la justicia federal levante la cautelar y, cuando todo parecía encaminarse, apareció una nueva presentación en el inicio de la feria judicial por parte de una organización ambientalista. Esto hizo que nuestro Superior Tribunal de Justicia dictara una nueva cautelar, paralizando todo lo que significa la actividad foresto industrial en el Chaco, que impedía todo con serios perjuicios y una gran incertidumbre hacia delante”. El ministro Dudik reveló que, ”nosotros trabajamos todo enero con nuestro equipo de asesores legales y los técnicos, y conjuntamente con la Fiscalía de Estado preparamos toda la documentación, porque entendíamos y veníamos sosteniendo que el Superior Tribunal de Justicia tomó esa decisión con una información parcial aportada por esta organización de ambientalistas”. ”No obstante, quiero aclarar que no todas las organizaciones de este tipo tienen esa actitud. Nosotros tenemos muy buena relación y además convenio con muchas, pero en esta en particular creo que aportó información parcial”, agregó. ”Por eso es que estamos realmente satisfechos con este fallo que va a permitir que la provincia del Chaco continúe con el desarrollo de la industria forestal, pero también dando un mensaje a quienes quieren invertir en nuestra provincia; porque realmente este tipo de situaciones crea mucha incertidumbre”, aseguró. Diferenciación clave en el manejo del suelo El funcionario también hizo hincapié en separar el aprovechamiento forestal – con extracción selectiva, confección de muebles, producción de carbón y manejo silvopastoril con ganadería – del desmonte o cambio de uso de suelo. ”Una cosa es el aprovechamiento forestal, donde aquel productor presenta un plan, un programa para extraer madera muertao enferma, para transformala en muebles o en carbón. Otra distinta es un productor que presenta un pedido para hacer un deslinde y poder un colocar un alambrado; y una tercera alternativa es presentar un plan para hacer el manejo de bosque nativo para combinar con ganadería aprovechando las pastas naturales. Y otra cosa totalmente distinta es el desmonte, el cambio de uso de suelo”, aclaró el ministro. Sosteniendo que, ”estas cosas hay que diferenciarla. Porque se va a permitir también el cambio de uso de suelo, pero con condiciones estrictas y que están siendo en nuestro Ministerio de la Producción. De tal manera de que se pueda realmente sustituir esa masa boscosa que se extrae, lógicamente con un control y también una trazabilidad importante”. ”Nosotros no estamos por hacer lo que se hizo en el Chaco en los últimos veinte años, ¿se entiende?. Porque cuando tuvimos la oportunidad de poder dar permiso de aprovechamiento de cambio de uso de suelo cuando levantó la cautelar la justicia federal, no lo hicimos. No dimos un solo permiso, ni permitimos que ningún productor ni empresa presente un pedido de cambio de uso de suelo, hasta tanto no tener nuestra reglamentación definida”, advirtió Oscar Dudik. El conflicto gremial por el Fondo Estímulo Consultado al respecto, el titular del Ministerio de Producción mostró su reconocimiento del recorte que se produjo en el monto asignado a los salarios de los agentes de la cartera, pero argumentó – fundamentalmente – que fue por dictámenes legales que eliminaron conceptos mal calculados anteriormente. ”Sabemos que hay un conflicto y una reducción en sus ingresos, eso ya lo aclaré una y mil veces. El Fondo Estímulo es una ley y la vamos a seguir pagando, de hecho, se pagó por complementaria”, comenzó expresando. ”Lo que se hizo fue en función de dictámenes de distintas áreas del Gobierno de eliminar algunos conceptos que – a entender de las reparticiones que intervinieron – no corresponden para el cálculo de ese Fondo Estímulo que es la distribución, del 80% de lo que ingresa al Ministerio como recaudación, entre los empleados de planta de nuestra jurisdicción”, explicó. ”Habrá que seguir trabajando y ver cómo podemos hacer que esos recursos que recibían los empleados se incrementen con los conceptos que están autorizados. Tenemos toda nuestra voluntad para tratar de que el Estado sea eficiente, pero quiero una vez más aclarar de que todo lo tenemos que hacer es en el marco de la ley. Y, por más voluntad que hubiera puesto en seguir abonando el Fondo Estímulo como se venía haciendo, no iba a tener ningún tipo de viabilidad dado los informes contundentes que he recibido de las distintas áreas del Gobierno”, finalizó Dudik.
Autor: Redacción General
El juez Roberto Assef declaró inadmisible la acusación fiscal, con lo cual se frustró la intención del Ministerio Público de la Acusación jujeño de elevar el proceso a juicio oral. Por otro lado, el juez dejó en suspenso la decisión sobre el planteo de nulidad de la causa que había realizado la defensa de Nahuel Morandini. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy deberá elaborar una nueva acusación contra el docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador serigrafista Roque Villegas, quienes la fiscalía jujeña persigue porque hace ya dos años retuitearon un mensaje referido a la vida privada del exgobernador Gerardo Morales. El juez de Control Roberto Assef declaró inadmisible la acusación fiscal en una audiencia a puertas cerradas realizada el lunes último en San Salvador de Jujuy. Así lo confirmó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que integra con Marcos Aldazábal el equipo que ejerce la defensa de Morandini en la causa conocida bajo el hashtag #PresosPorTuitear. La acusación data de principios de 2024, y fue realizada inicialmente por el ahora ex fiscal Walter Rondón. En la audiencia del 9 de febrero, el fiscal Diego Funes mantuvo la acusación contra Morandini y Villegas por “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” contra la esposa del exgobernador Gerardo Morales, Tulia Snopek, y por el delito de “tornar incierta la identidad de una menor de dos años”, la hija de Morales y Snopek. La fiscalía pretendía que se elevara a juicio la causa, pero el juez consideró rechazó la acusación. En la interpretación Gómez Alcorta, el juez le dijo a la fiscalía provincial: “esta pieza -por los materiales que probarían la acusación- con la que vos querés mandar a juicio a estas personas, está mal hecha”. “No queda claro cuáles son los hechos y le demostró un montón de defectos”. Así las cosas, resolvió que si el MPA “quiere seguir adelante tendrá que hacerlo bajo una nueva acusación”, con lo que el proceso se retrotrajo al momento previo a la acusación formal. Por otro lado, el magistrado decidió no tratar por el momento un pedido de la defensa de Morandini de que se declare la nulidad de todo el proceso. La defensa impugnó esta decisión. Además, a pedido del fiscal y de las querellas, el juez extendió el plazo de vigencia de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de publicaciones que pesan contra Morandini y Villegas. “Hace dos años que vienen teniendo esta prohibición y no han mostrado que Nahuel o Roque hayan querido molestar a las víctimas”, sostuvo Gómez Alcorta. El espionaje ilegal en Jujuy El lunes último, al concluir la audiencia, Nahuel Morandini consideró que la resolución del juez es “bochornosa”. “Hemos presentado pruebas suficientes”, afirmó. “Nos colocaron nuevamente en una situación de vulnerabilidad”, lamentó. Morandini consideró que “el juez podría haber dado por finalizada esta causa” basándose en que hubo un “espionaje ilegal”. “No hubo argumentos de parte del Estado jujeño que demostraran la necesidad de realización de esas tareas”, aseveró luego. “Nada indicó que Nahuel Morandini efectivamente cometió el delito de supresión de identidad de una menor (de edad)” o ejerció violencia de género, sostuvo. Sobre las pruebas aportadas por sus abogados relativas al inicio ilegal de la de la causa con tareas de espionaje, Morandini destacó que acreditaron que “el fiscal Walter Rondón había mandado a hacer tareas de inteligencia, con un documento con firma digital fechado el 3 de enero, cuando la causa se inició el 4″. Morandini fue detenido el 4 de enero en las afueras de San Salvador, y Villegas fue detenido en la vía pública. En una entrevista en radio AM530, Gómez Alcorta recordó que Rondón “había mandado a relevar en todas las redes sociales cualquier persona que hicieron alguna alusión a la supuesta infidelidad”, lo que calificó como “Una caza de brujas en redes sociales indiscriminada”. “Esto pudo pasar en Jujuy, porque hubo una década de persecución sobre Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac Amarú”, afirmó. Morandini explicó en declaraciones públicas que si bien tanto él como Villegas habían sido “encarcelados el 4 de enero de 2024 por una denuncia de Tulia Snopek (…), consta en el expediente que el 3 de enero ya nos estaban vigilando a mí, a mi familia, mi hogar y el de Roque. Son tan mamarrachos que eso figura con firma digital”, sostuvo. El 3 de enero de 2024, 24 horas antes de que el apoderado de Tulia Snopek realizara la denuncia, el fiscal Rondón recibió un informe del área de informática del organismo con resultados relativos a tareas de seguimiento en las redes digitales. El informe da cuenta de que el MPA revisó todas las redes digitales (Facebook, X, Tik Tok, Instagram, entre otras) mensajes o posteos relacionados con el chisme viral, y también relativos a la identificación y localización de domicilios de usuarios. Morandini y Villegas estuvieron detenidos 53 días, entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 2024. También fue imputada a finales de enero de 2024 la arquitecta jujeña Lucía González. ¿Repostear es un delito? “Pretenden que todo vuelva a cero”, fue la primera sensación que tuvo el lunes último Roque Villegas, cuando dialogó con este medio, horas después de concluir la audiencia. Para el trabajador independiente, lo amargo del caso pasa por la decisión del juez Assef, que permite a la fiscalía realizar una nueva acusación. “El juez le dio ese plazo para que argumente algo más coherente”, especuló Villegas. Relató luego que en la audiencia del 9 de febrero, ni la fiscalía ni las querellas pudieron demostrar que tanto él como Morandini fueron quienes pergeñaron una operación en redes digitales para desprestigiar la imagen del ex gobernador Morales o la de miembros de su familia. Cuando Villegas mencionó “querellas” en plural, aludió concretamente al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género de Jujuy, a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al ex gobernador en representación de su hija. En el mismo sentido, Villegas
Cecilia González tiene la voz firme pero el corazón partido. Hace casi un año que su hija Guillermina, una niña con síndrome de Angelman, no recibe el control médico que necesita para ajustar el estimulador vagal que le fue implantado en octubre de 2024. “El único ajuste que tuvo fue en agosto del 2025, o sea el año pasado”, relata Cecilia con angustia. Desde entonces, la salud de Guille comenzó a desestabilizarse. El viernes pasado sufrió un estatus convulsivo de casi cuatro horas. “Ella toma mucha medicación y al estar tan medicada, pasarle más medicación es un riesgo muy grande,, explica. El tratamiento de Guillermina es complejo y requiere de un abordaje multidisciplinario que incluye dieta cetogénica, medicación hormonal y el monitoreo constante del estimulador vagal. Ese dispositivo, que regula sus crisis epilépticas, debió haber sido ajustado en diciembre. No fue posible porque la obra social de la familia, InSSSeP, cortó el convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires, el único lugar donde Guille es atendida desde los nueve meses por un equipo especializado en síndrome de Angelman. “Al ser médicos especialistas en esta enfermedad, saben cómo tratar la patología, cuáles son los tratamientos nuevos, lo que ella tolera y lo que no”, sostiene Cecilia. “Eso es lo que uno defiende tanto”. Ante la negativa de la obra social, que ofreció como alternativa el Hospital Güemes, la familia consultó al equipo médico de Guille. La respuesta fue contundente: “Ese lugar no es para ella”. Sin respuestas institucionales, Cecilia decidió pasar a la acción. Organizó una campaña solidaria para reunir los fondos que permitan a Guille viajar a Buenos Aires, donde ya tiene una agenda repleta de turnos. “El lunes 23 tenemos el primer turno, martes 24 otro, miércoles 25 videoelectroencefalograma, jueves 26 con endocrinóloga”, enumera. Solo los estudios médicos demandan un desembolso de aproximadamente cuatro millones de pesos. “El videoelectroencefalograma sale un millón y medio más IVA. Las consultas rondan entre 55 y 70 mil pesos, pero los estudios complejos son los que nos demandan mucho dinero”. Cómo colaborar Para recaudar fondos, la familia vende rifas y este sábado estarán con un puesto de pollos en las afueras del estadio del club Sarmiento, en avenida Alvear al 1977. “Los pollos se reservan hasta el viernes al mediodía”, aclara Cecilia. También reciben donaciones a través del alias “GuilleCarrillo”, todo en minúsculas, a nombre de Cecilia González. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al teléfono 3624944437 o a través de Instagram en la cuenta “Guillermina y Mamá”. La lucha de Cecilia no es solo económica. Desde hace semanas, junto a otras madres, se manifiesta frente a las puertas de la obra social para exigir respuestas. “Cada vez que vamos, está lleno de policías. Cuando una mamá quiere ingresar, no te dejan, o te atienden desde la puerta del centro”, denuncia. “No hay diálogo”. Acompañadas por el abogado Sebastián Ferreyra Negri, presentaron un amparo que ya está en proceso. “Somos un grupo de mamás, yo soy muy ignorante en esos temas, pero el amparo ya está”, dice con honestidad. A pesar del cansancio y la incertidumbre, Cecilia agradece cada gesto solidario. “No sabemos más cómo agradecerle a todo el mundo que se está solidarizando con la causa de Guille y de los pequeñitos de Guillcer”. Mientras tanto, el equipo médico ya les tomó sobreturnos. Solo falta el dinero para pagarlos. “Nosotros ya tenemos los turnos confirmados, los médicos nos dijeron: vengan, que nosotros lo vemos”.
El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargó a Héctor Martínez Sosa y Cía SA en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández. También fue procesado el exadministrador general de la Quinta de Olivos, Hugo Rodríguez. Casanello procesó a la empresa de Martínez Sosa como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Rodríguez es señalado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor”. Al exaministrador de Olivos se lo acusa por facilitar reiterados encuentros entre el broker y el Presidente en la Residencia Presidencial sin dejar constancia alguna y a sabiendas del presunto “plan criminal”. El fallo de Casanello “Los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”, dice la resolución de Casanello. En ese marco, agrega que eso fue “aprovechado por funcionarios infieles para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.“. Un reciente fallo de la sala II de la Cámara Federal porteña apuntó que desde la asunción de Fernández, Héctor Martínez Sosa percibió el equivalente al 59,6 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Según el juez Casanello, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández habría sido beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81. El magistrado dispuso también el procesamiento de otras empresas, entre ellas Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Página/12
El presidente de la empresa, José Bistoletti, estuvo este martes en la localidad de Charata, donde desarrolló una agenda de trabajo territorial junto al intendente Rubén Rach, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos vinculadas al servicio eléctrico. Durante la jornada, las autoridades mantuvieron encuentros con vecinos, en los que se abordaron distintas situaciones planteadas y se recabó información clave para avanzar en soluciones concretas, en el marco de una política de cercanía y presencia activa en el interior provincial, impulsada por el Gobierno del Chaco. Desde la empresa energética provincial se viene desarrollando un recorrido sostenido por distintas localidades del Chaco, en línea con la decisión del Ejecutivo provincial de fortalecer el trabajo territorial y acercar respuestas a cada comunidad, entendiendo que cada localidad presenta realidades particulares que requieren respuestas específicas y trabajo articulado con los gobiernos locales. En este sentido, el presidente de Secheep, José Bistoletti, señaló: “Estamos en las localidades para escuchar a los vecinos, conocer cada situación en particular y trabajar junto a los municipios en la búsqueda de soluciones. La presencia en el territorio es clave para mejorar el servicio y dar respuestas concretas”. Estas acciones forman parte de una línea de trabajo definida por la actual gestión provincial, orientada a mejorar el servicio eléctrico, ordenar situaciones pendientes y acompañar a los usuarios, con una mirada integral que combina gestión, planificación y contacto permanente con la comunidad. La empresa Secheep seguirá con los lineamientos del provincial, de seguir recorriendo las localidades chaqueñas, escuchando a los vecinos y trabajando para acercar soluciones, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, equitativo y acorde a las necesidades de cada región.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en el marco de una causa por lavado de activos que involucra a un grupo de personas acusadas de canalizar activos provenientes de diferentes ilícitos, entre ellos la narcocriminalidad, con aparente vinculación con la organización criminal de origen brasileña denominada Comando Vermelho. La investigación es impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y se inició a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco. De acuerdo con la investigación, las personas imputadas habrían realizado significativos movimientos de fondos con múltiples contrapartes a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras tradicionales, sin que se identifique debidamente el origen de los fondos operados, sobre todo, teniendo en cuenta que no existía concordancia entre los montos operados y el perfil patrimonial y fiscal de los investigados. La pesquisa permitió detectar una operatorio consistente en la recepción de los activos y su diversificación por medio de operaciones de trading de criptomonedas. Los elementos reunidos permiten suponer un retorno de los fondos al beneficiario final Marcelo Clayton Alves de Sousa, un ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y vinculado a investigaciones penales avanzadas, tanto en Argentina como en la República Federativa de Brasil, por lavado de activos provenientes de actividades criminales, entre ellas, el narcotráfico. Según la hipótesis fiscal, Alves de Sousa estaría sindicado como responsable de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al Comando Vermelho con numerosas terminales en nuestro país. El aporte de los organismos especializados del MPF Para el análisis de trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con la colaboración técnica especializada de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena. A partir del estudio transaccional de información provista por proveedores de servicios de activos virtuales y de fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas, lo que permitió solicitar el congelamiento de criptoactivos alojados en exchanges y de USDT (criptodólares) almacenados en direcciones sin custodia. A partir de la información recibida por diferentes operadoras de criptoactivos, se confirmó la existencia de saldos congelados por USDT 208.693, correspondientes a direcciones incluidas en la investigación, los cuales, a pedido de la fiscalía y por disposición del juzgado, quedaron incautados en carácter de depósito judicial hasta tanto avance el proceso penal. Por último, también se solicitó cautelar ocho participaciones sociales (siete de esas sociedades ubicadas en el extranjero), cuatro vehículos (uno en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios en el extranjero) y diez inmuebles en el extranjero. En línea con los estándares internacionales La investigación del MPF en esta causa se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La primera de ellas promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la segunda se refiere al rol proactivo y a la efectividad de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento. Los resultados obtenidos —que incluyen la sanción penal de los responsables, la aplicación de multas millonarias y la recuperación de activos ilícitos— representan un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico. El caso reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la persecución del lavado de activos y la recuperación de bienes provenientes del delito, como políticas prioritarias orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y económico nacional.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto a la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, recibieron a la intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la infraestructura escolar en la localidad. Durante el encuentro, las autoridades firmaron un convenio de colaboración mutua para llevar adelante acciones de reparación y refacción en los establecimientos educativos que integran el ejido municipal y las áreas rurales que abarca Laguna Blanca. El acuerdo establece que el Ministerio de Educación aportará los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad de Laguna Blanca proveerá personal idóneo para la ejecución de los trabajos. El primer edificio en ser intervenido será el Jardín de Infantes N°168, cuyos trabajos, según adelantó la intendente Panzardi, comenzarán de inmediato, con el objetivo de que los niños inicien el ciclo lectivo en un establecimiento refaccionado. En ese sentido, Panzardi explicó que esta primera etapa contempla una refacción integral del edificio, y que posteriormente se proyecta una ampliación de la institución. “Tenemos la expectativa de poder ampliarlo en una segunda etapa, por eso vamos a seguir trabajando juntos y continuar dialogando con el Gobierno provincial”, señaló. Asimismo, la intendente destacó la importancia de la participación comunitaria en el proceso y convocó a las familias y a la comunidad educativa del Jardín N° 168 a sumarse a este trabajo. “Queremos que los niños, los docentes y toda la comunidad puedan volver a una institución limpia, ordenada y segura”, expresó. Panzardi agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y, en especial, del gobernador Leandro Zdero, a quien planteó inicialmente la situación. “Se preocupó personalmente para que pudiéramos avanzar en la coordinación de estos trabajos”, remarcó. Por su parte, la ministra Naidenoff destacó la articulación con los gobiernos municipales como una herramienta clave para garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar el crecimiento y desarrollo de las comunidades educativas en toda la provincia.
La UEJN, liderada por Julio Piumato, convoca a medida de fuerza desde las 12 hs con movilización a la Cámara Nacional del Trabajo y adhesión a la protesta de la CGT contra la reforma laboral, en rechazo al acuerdo de traspaso firmado entre Nación y CABA que avanza por decreto y requiere aprobación legislativa. La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) ejecuta este miércoles un paro nacional de actividades a partir de las 12 horas, acompañado de una movilización masiva a la Cámara Nacional del Trabajo (Lavalle 1554, Capital Federal), en repudio al acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña. La medida de fuerza, dispuesta por unanimidad por la Comisión Directiva Nacional de la UEJN tras consultar al Consejo Federal, responde al Decreto 95/2026 -publicado en el Boletín Oficial – que delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir convenios de transferencia, y al acuerdo concretado el 10 de febrero entre Adorni y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, que establece un traspaso progresivo. Según el convenio, las nuevas causas laborales quedarán bajo jurisdicción de la Ciudad una vez aprobado por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña, mientras las causas en trámite continúan en la Justicia Nacional hasta agotar instancias. El Gobierno busca tratar el acuerdo junto con la reforma laboral en el Senado, donde uno de sus artículos alude directamente al traspaso. La dura respuesta de los judiciales Julio Piumato, secretario general de la UEJN, calificó la iniciativa como un “sorpresivo intento de disolución del fuero del trabajo” y afirmó que “en tiempo récord salió un decreto que le da al jefe de Gabinete las facultades para firmar convenios de transferencia de competencia del fuero del trabajo a la Justicia de la Ciudad”. Para Piumato, se trata de una acción “inaudita y claramente contraria a la Constitución, a las leyes, a los derechos de los trabajadores y de las y los judiciales, tanto trabajadores como magistrados y funcionarios”. El dirigente sindical sostuvo que la medida “prácticamente disuelve el fuero del trabajo” y anunció un repudio total: “Vamos a defender el fuero de los trabajadores, la independencia de la Justicia que necesita nuestra Argentina y nuestra Constitución nacional”. Describió la convocatoria como de “lucha absoluta” y confirmó que, tras la movilización a la Cámara, los judiciales se sumarán a la marcha convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras se desmonta algo que es fundamental para el ejercicio de la dignidad, la libertad y la justicia de todos los trabajadores argentinos y de los judiciales en particular”, enfatizó Piumato. “Es un día de lucha, paramos y movilizamos en todo el país, a paso de vencedores, más que nunca defendemos lo nuestro, la Justicia y la Patria”. En su comunicado oficial, la UEJN rechaza el traspaso como parte de un plan para ”quitar derechos, debilitar la protección legal de los trabajadores (en beneficio de los grandes grupos económicos) y poner de rodillas a la Justicia del Trabajo”, un fuero conquistado con años de lucha y organización sindical. La entidad subraya que la Justicia laboral es una herramienta fundamental para equilibrar la relación entre capital y trabajo, y que atacar el fuero equivale a atacar directamente los derechos de toda la clase trabajadora. La protesta judicial se enmarca en una jornada de alta tensión política, con el Senado debatiendo la reforma laboral y múltiples sectores sindicales movilizados contra las políticas del Gobierno. La CGT convocó una marcha al Congreso en paralelo, a la que se sumarán los judiciales tras su concentración en la Cámara Nacional del Trabajo. Mundo Gremial
El economista y ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó hoy que el Gobierno necesita “un plan de estabilización”, que genere “un fenómeno de expansión” de la economía, y consideró que eso es más preocupante que el índice de inflación. “Hace falta un relanzamiento, un plan de estabilización, de shock, que lleve la inflación inmediatamente a cero, con pátina ortodoxa, que va a ser muy difícil dada la ideología del Gobierno”, aseguró Melconian en declaraciones al programa “Esta mañana” de Radio Rivadavia. Para Melconian, al Gobierno “le faltan corregir precios relativos, eso lo sabíamos desde el primer día”, dijo y agregó: “Se necesita un plan de shock que provoque un fenómeno de expansión, que nos saque de la estanflación y tenga una dinámica simultanea de apertura económica”. “Lo que tiene que estar fuera de discusión es que 30 por ciento anual (de inflación) es mejor que 300 por ciento”, aseveró, y tras recordar que “un viceministro de economía de este Gobierno aseguró que la inflación ya fue”, se preguntó: “¿Dónde está ese viceministro con un 2,9 de inflación?”. Melconian afirmó que “el Gobierno a lo largo de dos años no ha logrado quebrar la estanflación, es decir una economía que está parada y con inflación”, ya que el nivel de actividad “cayó y después rebotó, pero ya está en niveles iguales a otros del 2011 para acá”. El economista dijo que la inflación “bajó de 300 a 30, pero todavía da la pelea en un 2 por ciento mensual”. Advirtió que el programa económico “está entrando en un formato de falta de musculatura” y, hasta ahora, “no hay ninguna reforma estructural, ninguna desregulación”.
Se trata de la Etapa II – B de la Red Federal de Concesiones, que incluye tramos en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis El Ministerio de Economía autorizó este miércoles el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. El proceso abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. La medida fue oficializada mediante la Resolución 112/2026, publicada en el Boletín Oficial, y había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que el objetivo es “modernizar” la infraestructura vial. La licitación se divide en cuatro tramos. El corredor Mediterráneo comprende 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país; el Puntano abarca 720 kilómetros y funciona como eje para el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637 kilómetros, vincula accesos a puertos y nodos logísticos; y el Portuario Norte, de 528 kilómetros, conecta polos industriales y portuarios. Las obras alcanzarán a las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188 y 193, además de los accesos A005 y A008. Según Caputo, el esquema busca reemplazar el modelo actual por uno “sin subsidios”, con mayor participación privada en la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores. El llamado a licitación se publicará durante siete días en el Boletín Oficial y en el sitio web de la cartera económica. También se creó una comisión evaluadora ad hoc para llevar adelante el proceso. La iniciativa forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de tramos de la red vial nacional con el objetivo de reducir el déficit y equilibrar las cuentas públicas. La Nación
Este miércoles 11 de febrero en la ciudad de Resistencia (Chaco) se lleva adelante una medida de fuerza que paralizó el servicio de transporte urbano, el paro también alcanzó a la empresa Ataco Norte que presta el servicio interprovincial Chaco-Corrientes. Un paro de transporte urbano de pasajeros se lleva adelante en la ciudad de Resistencia y sus alrededores, en nuestra provincia, durante toda la jornada de este miércoles.La medida tiene un impacto colateral en Corrientes Capital, ya que la empresa Ataco Norte, que presta el servicio interprovincial Chaco-Corrientes, está sumada al paro. Hay solamente una firma, de las dos, que está prestando el servicio interprovincial. La medida de fuerza es porque las empresas de colectivo de la vecina orilla, pagaron solamente el 50% de los salarios a los trabajadores. Corrientes Hoy
La medida de fuerza de los choferes se extenderá durante toda la jornada porque a los trabajadores les adeudan la mitad del salario. De esta manera los usuarios del transporte público del Gran Resistencia volverán a verse afectados debido a un paro de colectivos anunciado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco. El paro de colectivos afecta a usuarios del Área Metropolitana y la medida de fuerza se extenderá durante toda la jornada y responde a la falta de pago del 50% restante de los salarios correspondientes a enero. Desde el gremio confirmaron que las empresas abonaron solo la mitad de los sueldos en el cuarto día hábil, y que aguardaron hasta este martes el pago del saldo, el cual nunca se concretó.Ante esta situación, los trabajadores resolvieron avanzar con la protesta, dejando nuevamente sin servicio a miles de usuarios. El secretario general de UTA Chaco, Raúl Abraham, explicó que las empresas justificaron el incumplimiento en la demora o falta de subsidios.“Esperábamos hasta hoy (por el martes 10) para que paguen el resto, pero nos dijeron que no pueden hacerlo. Por eso tenemos que iniciar la medida y ver qué reacción hay por parte del empresariado y del Gobierno”, señaló en declaraciones periodísticas. Abraham adelantó además que el mismo miércoles por la tarde evaluarán con los delegados si el paro continuará en función de las respuestas que puedan surgir.El dirigente sindical describió el crítico momento que atraviesa el sistema de transporte en la provincia como algo que “nunca pasó” y como “la peor época”. El conflicto salarial vuelve a impactar de lleno en los usuarios, que una vez más se quedarán sin colectivos para trasladarse durante toda la jornada del miércoles en el área metropolitana. Diario Norte
El exmédico de la Policía bonaerense murió condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Participó en torturas y partos clandestinos, mientras aún persiste el reclamo por los desaparecidos y los bebés apropiados. Jorge Antonio Bergés, exmédico de la Policía bonaerense y uno de los represores más emblemáticos del terrorismo de Estado, murió en las últimas horas. Estaba condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Su fallecimiento se produjo con una deuda histórica aún abierta: el destino de miles de desaparecidos y de niños y niñas apropiados ilegalmente sigue sin conocerse. Bergés había jurado ejercer la medicina para preservar la vida, pero utilizó ese rol para participar activamente del aparato represivo. Sobrevivientes lo señalaron como responsable directo de torturas y de partos clandestinos en centros ilegales de detención, donde bebés nacidos en cautiverio fueron luego apropiados. Un médico al servicio del terrorismo de Estado Nacido en Avellaneda en 1942, Bergés integró la estructura represiva de la Policía bonaerense durante los años más crudos del terrorismo de Estado. Su nombre aparece asociado al Pozo de Banfield y a otros centros clandestinos, donde no solo asistía partos de mujeres secuestradas sino que también supervisaba sesiones de tormento. Entre los testimonios más contundentes figura el de la física y profesora universitaria Adriana Calvo, quien lo reconoció como el médico que la obligó dar a luz en un auto en movimiento, le arrancó la placenta de un tirón y la obligó a limpiar la escena del parto. Calvo también relató otros nacimientos clandestinos ocurridos en condiciones inhumanas, cuyos bebés continúan desaparecidos. Bergés fue señalado, además, por su participación directa en torturas a detenidos políticos, entre ellos el periodista Jacobo Timerman, y por su rol en la apropiación sistemática de hijos e hijas de personas desaparecidas. En 2004 fue condenado junto al excomisario Miguel Etchecolatz por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, una hija de desaparecidos nacida en cautiverio. En ese juicio se sentó un precedente histórico: por primera vez se condenó a represores que no habían sido apropiadores directos, pero sí engranajes clave del plan criminal. A lo largo de los años, Bergés acumuló múltiples imputaciones por privación ilegal de la libertad, tormentos y delitos vinculados al robo de bebés. Con la reapertura de las causas tras la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, volvió a prisión y finalmente recibió una condena a prisión perpetua. Un final sin verdad ni reparación completa Aunque murió condenado, el fallecimiento de Bergés vuelve a poner en evidencia una herida abierta. Mientras su familia pudo despedirlo, miles de familias continúan sin saber qué ocurrió con sus seres queridos desaparecidos ni dónde están los niños y niñas apropiados durante la dictadura. Su muerte no clausura la responsabilidad histórica ni judicial del terrorismo de Estado. Por el contrario, refuerza el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia frente a un pasado que aún exige respuestas. Perfil
Entre los fallecidos se encuentra el del sospechoso de ser el tirador, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de la escuela con una “herida autoinfligida”. Al menos diez personas murieron tras producirse un tiroteo en una escuela situada al oeste de Canadá y uno de los fallecidos es el presunto autor del ataque, según informaron fuentes policiales locales. La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) indicó que, además, varias personas sufrieron heridas de diversa consideración durante el episodio y fueron asistidas por los médicos, según un informe de Xinhua al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. En tanto, la Policía precisó que seis personas fueron encontradas sin vida dentro de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica, mientras que otra falleció de camino al hospital y otros dos cuerpos fueron hallados en una vivienda cercana que se cree está relacionada con el caso. La RCMP manifestó que el cadáver del sospechoso de ser el tirador fue encontrado en el interior de la escuela, con una “herida autoinfligida”, mientras que dos personas con heridas potencialmente mortales fueron trasladadas en avión a un hospital y otras 25 están siendo evaluadas por lesiones en un centro médico local. En tanto, la escuela primaria de Tumbler Ridge que se encuentra cerca del lugar donde sucedió el tiroteo fue puesta brevemente bajo confinamiento, pero la Policía permitió que los estudiantes sean entregados a sus padres, mientras se investigan los motivos que desencadenaron el hecho.
El Partido Justicialista Distrito Chaco manifiesta su absoluto rechazo a la sanción de la de “Modernización Laboral” enviada por Javier Milei al Congreso de la Nación. Comunicado del Consejo Provincial del PJ: La iniciativa legislativa es un compendio de pérdidas de derechos para la clase trabajadora argentina, se reescriben los conceptos de vacaciones, jornada laboral, indemnización por despido, huelga, en favor del sector patronal. Se suspende la ultraactividad de los Convenios Colectivos, y se limita el accionar de Asociaciones Sindicales en su capacidad de convocar a Asambleas, paros y medidas de fuerza. Se implementará el FAL, Fondo de Asistencia Laboral, un sistema nuevo de indemnizaciones por despidos, que libera al sector patronal del pago de las mismas. Se genera un régimen de incentivo a la Formalización Laboral. y otro para regularizar relaciones laborales no registradas, una suerte de blanqueo laboral, sin multas, deudas, ni sanciones penales para la patronal. Impositivamente, recorta contribuciones al sistema de seguridad social, potenciando su desfinanciamiento y consagra una quita de impuestos para los sectores más ricos y prósperos de Argentina, agravando la inequidad contributiva y afectando severamente a la masa coparticipable de impuestos, que obligara a nuevos ajustes en las provincias. El Chaco perdería 83.000 millones de pesos, dinero más que suficiente para reinstaurar la cláusula gatillo de los docentes y el fondo estimulo del Ministerio de la Producción. Nuestra Provincia agravará sensiblemente su ya complicada situación fiscal. En este marco, restrictivo de Derechos laborales, además se establecen una serie de derogaciones normativas, entre ellas, la Ley 12908, Estatuto del periodista. Que fuera sancionada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Garantizando, derechos para el sector, y la independencia profesional de miles de periodistas, al combatir la precariedad laboral, preservar la confidencialidad de sus fuentes y un régimen indemnizatorio particular por cese de la relación laboral. La derogación de esta ley no solo afecta a periodistas profesionales, sino a la Democracia misma, que requiere de periodistas independientes que garanticen calidad democrática. Instamos a Senadores y Diputados Nacionales chaqueños a votar negativamente este proyecto de ley y evitar una doble traición: al pueblo trabajador, lesionando sus derechos laborales y al pueblo chaqueño, evitando una nueva caída de $ Ochenta y Tres Mil Millones, por ingresos coparticipables.
El oficialismo tendrá 40 minutos para presentar el dictamen. La oposición tiene a disposición casi diez horas para hablar en el recinto. Luego de la votación en general, habrá otras 26 particulares que corresponden a cada Título del proyecto de Ley de Modernización Laboral. Tras la reunión formal que se llevó a cabo este martes en el despacho de Victoria Villarruel, La Libertad Avanza -con el visto bueno de los aliados y los bloques dialoguistas- propuso que el Plan de Labor Parlamentaria de la sesión sobre la Modernización Laboral se lleve a cabo “a reglamento”, dando un máximo de 20 minutos por discurso a cada legislador y otros 40 para los cierres de bancadas. La sesión extraordinaria de este miércoles 11 está convocada a las 11.00 y el quórum no corre ningún riesgo. Patricia Bullrich, en el rol de miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, deberá leer las modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre dentro del plazo de los 40 minutos. El despacho al que accedió parlamentario.com, revela que hay un total de 28 modificaciones tal como la exministra anunció este martes en el Salón de las Provincias de la Cámara alta. Sin embargo, una alta fuente del oficialismo mencionó que “puede haber cambios muy chiquitos de redacción” que, lógicamente, llevarán su tiempo de corrección durante el desarrollo de la sesión. Atendiendo a las labores del miembro informante, seguida por las cuestiones de privilegio y los discursos de la oposición dentro de los plazos fijados en el artículo 163 del reglamento del Senado (20 minutos para cada senador y 40 minutos para los presidentes de bancada), los referentes libertarios y de bloques aliados más optimistas creen que la votación general recién será “muy” pasadas las 23. A partir de ese momento comienza la votación en particular que será por Títulos: el primero será el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; sigue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo; y así hasta llegar al XXVI que deroga varios Estatutos, entre ellos, el del periodista profesional. La Libertad Avanza llega al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar en el tablero. Una vez que la general se vote, se llevarán a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título. Con optimismo, desde el oficialismo consideran que esto sucederá a la medianoche y que se extenderá hasta las 2 de la madrugada, pero todo puede pasar. Mientras tanto, en las afueras del Congreso, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se van a movilizar desde las primeras horas del miércoles. Pese a que las fuerzas de seguridad desplegarán el Protocolo Antipiquetes para repeler los cortes de calle, varias arterias de la zona se verán afectadas por la presencia de los gremios. Parlamentario
En el mes de noviembre de 2025, el empleo registrado en el sector privado mostró una caída del 0,2% mensual a nivel país, cifra que equivale a una pérdida de 13.114 puestos de trabajo contra el mes anterior, siendo así la sexta baja consecutiva para este indicador. En ese marco, también la provincia del Chaco presentó un resultado negativo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación procesados por la consultora Politikon Chaco. La provincia del Chaco registró en noviembre 2025 unos 71.170 trabajadores en el sector privado formal, presentando un descenso del 0,3% contra el mes anterior, lo que equivale a la pérdida de unos 224 empleos durante el mes de análisis. Así, se observa una profundización en el deterioro del mercado de trabajo chaqueño en este segmento, ya que de los once meses del año, el empleo privado chaqueño creció solo en enero (0,3%), se mantuvo estable en marzo (0,0%) y cayó en los otros nueve meses. De este modo, el saldo de lo que va del año deja una pérdida neta de 2.638 puestos de trabajo en el Chaco. El panorama negativo del empleo también se observa en la comparación más larga: por un lado, la variación interanual de empleo de noviembre 2025 vs. igual mes de 2024 marca un retroceso del 3,5% (-2.546 empleos); por otra parte, desde que asumió la actual gestión nacional, el Chaco acumula una pérdida de 6.504 empleos (-8,4% vs. noviembre de 2023). A la par, otro agravante de suma a la situación: el volumen actual de empleo es el más bajo desde enero de 2021, momento donde el trabajo estaba transitando una recuperación luego de los impactos de la pandemia. Dicho de otro modo: la cantidad de trabajadores privados formales de la actualidad están en mínimos de los últimos 58 meses en la provincia. ¿Qué pasó en el país? Como se indicó previamente, a nivel nacional el empleo privado formal cayó 0,2% mensual en noviembre, perdiendo 13.114 puestos de trabajo en todo el país respecto al mes anterior. Este descenso se explica principalmente por las caídas en sectores como la Industria Manufacturera (-0,4%), Comercio (-0,4%) y Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler (-0,3%), entre otros. A nivel acumulado de la era Milei (noviembre 2025 vs. noviembre de 2023, desestacionalizado) son 192.328 los empleos perdidos en el sector privado formal (-3,0%). Entre los desempeños provinciales de noviembre, solo cuatro distritos presentaron subas mensuales del empleo privado formal: Neuquén (0,8%), Jujuy (0,5%), Entre Ríos (0,3%) y Tucumán (0,2%); al tiempo que Santa Fe no mostró variación (0,0%); por el contrario, los otros diecinueve subnacionales registraron caídas, con Formosa presentando la más fuerte (-1,1%). Politikón Chaco
La amenaza de medida de fuerza en el interior del país se vio disuelta luego de que el Ministerio de Capital Humano se valiera de este recurso. A través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Capital Humano ha resuelto dictar la conciliación obligatoria en el marco de la disputa salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que representa a las prestatarias del servicio en el interior del país. Esta intervención oficial tiene como propósito central desactivar el plan de lucha anunciado por el sindicato. De este modo, se busca asegurar la operatividad del transporte público y evitar las interrupciones que amenazaban con perjudicar el traslado de miles de ciudadanos en diversos puntos del territorio nacional. De acuerdo con la información oficial, la medida entra en vigencia a partir de este miércoles 11 de febrero y se extenderá por un periodo inicial de 15 días hábiles. Bajo este régimen legal, tanto el gremio como la cámara empresarial están obligados a retrotraer el escenario laboral al estado previo al inicio de la controversia. En términos prácticos, esta resolución exige que el sindicato liderado por la UTA deje sin efecto cualquier medida de acción directa —como paros o asambleas— y se abstenga de iniciar nuevas protestas durante el tiempo que dure el proceso. Por su parte, las empresas de transporte deben garantizar el despliegue habitual de sus unidades y la prestación regular de todas las frecuencias. Desde el área de Capital Humano se emitió una intimación formal dirigida a la UTA para que, a través de sus delegados, se garantice la normalidad en la prestación del servicio en el interior. El objetivo es evitar que se produzcan cancelaciones, demoras injustificadas o cualquier tipo de perjuicio directo contra los derechos de los usuarios. Simultáneamente, el Poder Ejecutivo ha instado a las partes a retomar las mesas de negociación en la sede de la Secretaría de Trabajo. Se busca que, en este nuevo espacio de diálogo, los actores logren acercar posiciones y alcanzar un acuerdo salarial superador que ponga fin al conflicto de manera definitiva. Finalmente, el Ministerio de Capital Humano recalcó la importancia del diálogo social y la negociación colectiva como herramientas de resolución. No obstante, subrayó que la prioridad del Estado es salvaguardar un servicio esencial y proteger el interés general, asegurando que el sistema de transporte funcione sin contratiempos mientras se desarrolla la etapa de mediación formal. Minuto Uno
El Ministerio de Salud informó el parte epidemiológico semanal correspondiente al período comprendido entre el domingo 1 y el sábado 7 de febrero, en relación a la situación del Dengue en la provincia. Durante esos días se notificaron 21 casos, de los cuales no se registraron casos positivos ni casos probables, según los datos oficiales. Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de mantener y reforzar las medidas de prevención, especialmente la eliminación de recipientes que puedan acumular agua, principal criadero del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. Asimismo, recordaron a la población la necesidad de continuar con las acciones de descacharrado, el uso de repelente y la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles con Dengue, como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y malestar general. Las autoridades sanitarias continúan con el monitoreo permanente de la situación epidemiológica y solicitan el compromiso de la comunidad para sostener las acciones preventivas.
Seguían este martes a la noche las manifestaciones de un sector importante de las fuerzas de seguridad que reclama mejoras salariales y laborales. Ante esta tensa situación, el Gobierno santafesino recibía a la medianoche a interlocutores para tratar de destrabar el conflicto. a su vez, dijeron que hay “niveles de operatividad aceptables”, con efectivos en la calle cumpliendo tareas Mientras continuaban las protestas policiales en la entrada de la Jefatura de la Unidad Regional II y en la ciudad de Santa Fe, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia informaron que el Gobierno mantiene los canales de diálogo abiertos con los agentes que reclaman mejoras salariales y laborales. Tal es así, que el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, y el de Economía. Pablo Olivares, recibían en la medianoche a los interlocutores del sector de la fuerza de seguridad que realiza el reclamo. Ante este llamado al diálogo, la situación frente a Jefatura, en Ovidio Lagos al 5200, seguía tensa, pero se abría un frente de expectativa ante la posibilidad de un ofrecimiento que deje conforme al sector de la Policía que sostenía la protesta. Al mismo tiempo, desde la Provincia remarcaban que el patrullaje policial en las calles de la ciudad se mantenía en niveles “aceptables” durante la noche de este martes y madrugada del miércoles. Entrada la noche de este martes, Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, salió a aclarar la posición del Gobierno luego de que la ruidosa protesta en Jefatura se recrudeciera durante la tarde, con sirenazo y corte de calle por Ovidio Lagos, con móviles – entre patrulleros y motos – encendidos. La protesta se reavivó cuando cerca de las 17 llegó el expolicía e interlocutor de los agentes que protestan, Gabriel Sarla, y contó que no había prosperado la reunión en la sede de Gobernación en Rosario, ya que fue atendido por una funcionaria de segunda línea. Rosario 3